Brayan Omar Segovia Aguirre
Expediente 353/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Brayan Omar Segovia Aguirre
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós... en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de once de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido...Notifíquese.
- Principal
I. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda presentada por *******; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 353/2022-IV e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse. El artículo 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia en materia común I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [. . .] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a ese numeral, se prevé que será autoridad responsable para efectos del amparo -con independencia de su naturaleza formal y poniendo énfasis en su actuación material- la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto y que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la nueva legislación, ahora se contempla como actos de autoridad, los de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De esta forma, si bien es verdad que los actos provenientes de particulares, por regla general, no son susceptibles de control constitucional por vía de amparo, lo cierto es que dichos actos de particulares, por excepción, sí pueden ser materia del juicio constitucional cuando su contenido pueda equipararse a los actos de una autoridad, y se desprende que esa situación equiparable se presenta cuando se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria. Así, los elementos esenciales para reconocer autoridad al comportamiento de los particulares susceptible de control constitucional por vía del amparo, se presentan cuando un particular en agravio de otro le crea, modifica o extingue situaciones; además, esas situaciones creadas por el particular respecto del otro tienen un contenido jurídico, es decir, se basan en el marco normativo, y además son impuestas de forma unilateral y obligatoria. Debiendo tenerse presente, que la unilateralidad implica que, en una relación de dos o más personas la situación jurídica se circunscribe o determina solamente por una de las partes, y además, por lo que toca al nexo de obligatoriedad, debe tenerse presente que esta situación se actualiza cuando existe una consecuencia para casos de incumplimiento, que es precisamente la cualidad de las obligaciones. Los aspectos anteriores provocan que ahora el particular que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral frente a otros particulares, afectando sus derechos a través de la norma general, debe considerarse entonces como particular con autoridad equiparada para efectos del amparo. El propósito perseguido por el legislador del juicio de amparo vigente buscó garantizar de forma más amplia los derechos del gobernado, buscando alcanzar ahora actos que antes no era posible -o resultaba discutible- enjuiciar por vía del amparo, lo que evidentemente se logra al equiparar a los actos de autoridad los que provengan de particulares. En la actualidad, la Ley de Amparo prevé expresamente la llamada eficacia horizontal de los derechos fundamentales al momento en que ya son susceptibles de control constitucional los actos de particulares frente a otros particulares; sin embargo, todavía no existe una definición completa ni un desarrollo acabado para describir cómo es que ese control horizontal se pondrá en práctica, razón por la cual, la definición de estos aspectos debe formarse a partir de la solución de casos concretos, como el presente. Así, el nuevo concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo no permite que se reclamen a través de la vía constitucional todos los actos de particulares que vulneren los derechos fundamentales, sino sólo aquellos "equivalentes a los de autoridad" y que estén "determinados por una norma general", supuesto en el cual debe partirse de que la "autoridad particular" aunque aparentemente esté en una relación de coordinación o igualdad, en realidad se ubica en una relación material de "supra a subordinación" respecto de un gobernado, donde su actuar opera como si fuera materialmente igual o similar al del poder público. Esto es, los actos equivalentes a los de autoridad, a que se refiere el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio relativo contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de manera que se asimile al servicio que, en su lugar, brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del ente estatal. En la especie, la parte quejosa señaló como autoridades responsables a María de los Ángeles Rojas Téllez, Nancy Cibely Navarro y Guadalupe Arce la primera como apoderada de la Administración San Alejandro, Asociación civil, y la última como encargada de la caseta de acceso de vigilancia de acceso al coto Hacienda San Alejandro, en el fraccionamiento Hacienda del Seminario, en esta ciudad, perteneciente a la empresa Vakandi Seguridad Privada, cuya actividad de la referida asociación civil, se encuentra regulada en la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa, cuyos preceptos legales, que en la especie interesan, señalan: "ARTICULO 2o.- El régimen de propiedad en condominio de inmuebles puede originarse: I.- Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o locales de que conste un edificio o que hubieran sido construidos sobre un inmueble con partes de uso común pertenezcan a distintos propietarios; II.- Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o locales, que se construyan dentro de un inmueble, pero contando éste con partes comunes e indivisibles, cuya propiedad privada se reserve en los términos del artículo anterior, se destinen a la enajenación a personas distintas; y, III.- Cuando el propietario o propietarios de un inmueble lo dividan en diferentes departamentos, viviendas, casas o locales para enajenarlos a distintas personas, siempre que exista un lugar común de propiedad privada, que sea indivisible. ARTICULO 3o.- Para la constitución del régimen de la propiedad en condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, la cual deberá contener: I.- La constancia de haber obtenido declaración de la Dirección de Obras Públicas Municipales, en el sentido de ser realizable el proyecto del condominio, en virtud de ajustarse a las disposiciones legales sobre desarrollo y planificación urbanos y prestación de servicios públicos, así como de los permisos de construcción y salubridad, que requiérase este tipo de obras; II.- La situación, dimensiones y linderos del terreno que corresponda al condominio de que se trate, con especificación precisa de su separación del resto del área, si está ubicado dentro de un conjunto o unidad habitacional. Asimismo, cuando se trate de construcciones vastas (sic), los límites de los edificios o de las alas o secciones que de por sí deban constituir condominios independientes, en virtud de que la ubicación y número de co-propiedades origine la separación de los condominios en grupos distintos; III.- La descripción general de las construcciones y de la calidad de los materiales empleados o que vayan a emplearse; IV.- La descripción de cada departamento, vivienda, casa o local, su número, situación, medidas, piezas de que conste, espacio para estacionamiento de vehículos si lo hubiere, y demás datos necesarios para identificarlo; V.- El valor nominal que para los efectos de esta Ley se asigne a cada departamento, vivienda, casa o local, así como el porcentaje que le corresponda sobre el valor total, también nominal, de las partes en condominio; VI.- El destino general del condominio y en especial de cada departamento, vivienda, casa o local; VII.- Los bienes de propiedad común y su destino, con la especificación y detalles necesarios y, en su caso, su situación, medidas, partes de que se compongan, características y demás datos necesarios para su identificación; VIII.- Las características de la póliza de fianza que deben exhibir los obligados, para responder de la construcción de la obra, así como de sus vicios. El monto de la fianza y su término serán fijados por las autoridades que expidan las licencias o permisos de construcción; y, IX.- Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la propia escritura. Al Apéndice de la escritura se agregarán, debidamente certificados por el Notario, el plano general, los planos de cada uno de los departamentos, viviendas, casas o locales y lugares comunes, así como el Reglamento del propio condominio. De la documentación anterior y de las demás que se juzguen necesarias, se entregarán al Administrador copias certificadas notarialmente, para el debido desempeño de su cargo. ARTICULO 4o.- La escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio de inmuebles, que reúna los requisitos de esta Ley, deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. ARTICULO 5o.- En todo contrato para la adquisición de derechos sobre los departamentos, viviendas, casas o locales sujetos al régimen de propiedad en condominio, se insertarán las declaraciones y cláusulas conducentes de la escritura constitutiva, haciéndose constar, además, que se entrega al interesado una copia del Reglamento del Condominio, certificada por Notario Público." "ARTICULO 25.- La Asamblea de Condóminos es el órgano supremo del condominio. Las Asambleas podrán ser de grupo de condóminos o generales. Serán de grupo de condóminos las convocadas para resolver casos como los previstos en el Artículo 33, las demás serán generales. Para unas y otras rigen las siguientes prevenciones: I.- Las generales deberán celebrarse cuando menos una vez por año y las de grupo cuantas veces sea necesario, de acuerdo con esta Ley y el Reglamento del Condominio; II.- Cada condómino gozará de un número de votos igual al porcentaje del valor que su departamento, vivienda, casa o local, represente en el total del condominio; III.- En el caso de condóminos que hayan celebrado contrato con garantía hipotecaria o compra-venta con reserva de dominio en virtud del cual de cumplirse en sus términos lleguen a ser propietarios, gozarán de un número de votos proporcional al precio que hubieren pagado y corresponderá al acreedor la otra proporción del porcentaje. Esta prevención sólo regirá si los acreedores asisten a la Asamblea; IV.- La votación será personal, nominal y directa, pudiéndose delegar la representación y determinar otras formas y procedimientos, si el Reglamento del Condominio lo permite; V.- Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría simple de votos, excepto en los casos en que esta Ley y el Reglamento del Condominio prescriba una mayoría especial; VI.- Cuando un solo condómino represente más del 50% de los votos, se requerirá, además, el 50% de los votos restantes, para que sean válidos los acuerdos; VII.- Las Asambleas serán presididas por quien designe el Reglamento del Condominio. El Administrador fungirá como Secretario si es persona física y en caso de ser persona moral, por un representante de ésta; VIII.- Los condóminos y acreedores registrados podrán convocar a Asamblea sin intervención del Administrador y del Comité de Vigilancia, cuando acrediten ante Notario Público o Juez competente, que representan como mínimo la cuarta parte del valor del condominio; y, IX.- Las actas de la Asamblea serán autorizadas por Notario Público, así como por los Presidentes de la Asamblea y del Comité de Vigilancia. ARTICULO 26.- Cuando la asamblea se celebre en virtud de primera convocatoria, se requerirá un quórum del 90% de votantes. Cuando se realice por segunda convocatoria, el quórum será cuando menos del 51% de votantes. Si la Asamblea se efectuare en razón de tercera convocatoria, las resoluciones se adoptarán por la mayoría de los presentes. Las determinaciones adoptadas por la Asamblea en los términos de esta Ley, el Reglamento del Condominio y demás disposiciones aplicables, obligan a todos los condóminos, incluyendo a los ausentes o disidentes. ARTICULO 27.- La Asamblea tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I.- Nombrar y remover libremente al Administrador, en los términos del Reglamento del Condominio, excepto a los que funjan por el primer año, que serán designados por quienes otorguen la escritura constitutiva del condominio. El Administrador podrá ser alguno de los condóminos y la Asamblea fijará la remuneración correspondiente, que será renunciable, si éste acepta servir gratuitamente el cargo; II.- Precisar las responsabilidades del Administrador frente a terceros y las que corran a cargo de los condóminos, por actos de aquél, ejecutados en el desempeño de su cargo; III.- Nombrar y remover libremente al Comité de Vigilancia; IV.- Resolver sobre la clase y monto de garantía que deba otorgar el Administrador, respecto del fiel desempeño de su encargo y el manejo de los fondos a su cuidado, tanto para el mantenimiento y administración del condominio, como el de reserva para la reposición de implementos; V.- Examinar y aprobar el estado de cuenta anual que presente el Administrador; VI.- Discutir y aprobar el presupuesto de gastos para cada año; VII.- Establecer las cuotas a cargo de los condóminos para constituir un fondo destinado a los gastos de mantenimiento y administración, y otro fondo de reserva, para la adquisición o reparación de implementes (sic) y maquinaria con que deba contar el condominio. El pago podrá dividirse en mensualidades, que deberán cubrirse por adelantado. El monto de estos fondos se integrará en proporción al valor de cada departamento, vivienda, casa o local, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 3o., Fracción V de esta Ley. Las primeras aportaciones para la constitución de ambos fondos, serán determinadas en el Reglamento del Condominio. El fondo de mantenimiento y administración deberá ser suficiente para contar anticipadamente con el numerario que cubra los gastos de tres meses. El fondo de reserva, mientras no se aplique, deberá invertirse en valores de renta fija, redimibles a la vista; VIII.- Promover lo procedente ante las autoridades competentes, cuando el Administrador infrinja esta Ley, la escritura constitutiva, el Reglamento del Condominio, así como cualquier disposición legal aplicable; IX.- Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de las atribuciones del Administrador; X.- Modificar la escritura constitutiva y el Reglamento del Condominio, en los casos y condiciones que ambos prevean, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; y XI.- Las demás que le confiera esta Ley, la escritura constitutiva, el Reglamento del Condominio y demás preceptos legales aplicables." De ahí que, las relaciones jurídicas entre el quejoso y la Administración San Alejandro, Asociación Civil, no son de supra a subordinación, donde dicha asociación se encuentre en un plano superior por virtud de la ley, sino que, se trata de un grupo de personas que convinieron en reunirse, para realizar un fin común que no está prohibido por la ley y que no tiene carácter preponderantemente económico. Lo anterior es así, pues se trata de una relación de coordinación entre particulares para beneficio de los condóminos, derivada de la constitución del coto Hacienda San Alejandro y la regulación de vigilancia y acceso al mismo, conforme a la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa. Luego, esas relaciones pertenecen al derecho privado ya que se encuentran en un plano de igualdad, pues como se desprende del propio régimen del condominio en comento, el hecho de que éste se encuentre sustentado en lo que dispone la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa, no implica de alguna manera que las funciones de la citada asociación, estén determinadas por ese cuerpo normativo, sino que las funciones están debidamente determinadas en la escritura pública en la cual se constituyó el condominio, y del cual el propietario del inmueble es parte y se obligó a respetar y cumplir las decisiones que tome la asamblea de condóminos como órgano supremo del condominio, y demás órganos de administración y representación. En efecto, todos los actos jurídicos que lleve a cabo la citada asociación civil en relación con dicha actividad, aunque encuentren sustento en normas de carácter general, tienen como fuente original un pacto entre particulares; de ahí que no sean equivalentes a los de una autoridad, cuya naturaleza se identifica por la unilateralidad y su obligatoriedad, sin importar el consenso del particular. Además, las sanciones de que puede ser objeto el propietario u ocupante del inmueble, como miembro de la citada asociación, no derivan de lo dispuesto por una norma general a la cual están sujeta dicha persona jurídica, sino a lo estipulado en el acta constitutiva respectiva, y del reglamento interno, lo cual si bien puede ser acorde a lo que dispone la ley, las autoridades del condominio no están facultadas para dar cumplimiento en forma unilateral a sus determinaciones, para afectar la esfera jurídica del condómino, sino que en todo caso, necesariamente tendrían que acudir a dilucidar su controversia, ante una autoridad jurisdiccional. De esta manera, la negativa de permitir el acceso, así como los actos que tuvieron origen en la misma, no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, se reitera, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil. Al respecto es aplicable, por existir analogía, la tesis I.8o.C.13 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, publicada el siete de agosto de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil." Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º., fracción I y 5º., fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que pase inadvertido el criterio contenido en la tesis 2a./J. 54/2012 del rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." pues en la especie, basta la lectura de la legislación aplicable, para establecer el carácter de autoridad que el quejoso pretende atribuir a las señaladas como responsables, sin que se requiera otros elementos de prueba para resolver en el sentido señalado. Sirve de apoyo a lo anterior, por existir analogía, la jurisprudencia PC.I.A. J/121 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.), DE RUBRO: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", NO RESULTA EXACTAMENTE APLICABLE, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ESTÁ RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. De conformidad con la aclaración al rubro de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, no se definió, de manera generalizada, que en el auto inicial que recae a la presentación de una demanda, los jueces de Distrito estén impedidos para determinar si un acto proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente, que dicho supuesto se da cuando el acto reclamado consiste en el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas". En ese orden de ideas, cuando el acto reclamado está relacionado con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, cuestión diversa a la reestructuración de las tarifas para el suministro y la venta de la energía referida, la aplicación de la jurisprudencia dependerá del carácter manifiesto e indudable de ese carácter, lo cual, en el caso concreto, no se actualiza, toda vez que actualmente no existe jurisprudencia de carácter obligatorio que defina si la Comisión Federal de Electricidad al actuar en la prestación del servicio de referencia tiene o no dicho carácter, por lo que su determinación es propia de la sentencia de fondo, toda vez que para ello se requiere de un análisis profundo realizado por el Juez de Distrito, tomando en cuenta la reforma constitucional y legal en materia energética. (Registro digital: 2016323, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, página 1550). III. Domicilio y autorizado. Téngase como domicilio procesal, el que indica en su escrito de cuenta y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Krixtoc Edén Ocegueda Arámburo, por contar con el registro en dicho sistema. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VI. Se exhorta a la parte promovente a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte promovente a que haga uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a la parte promovente a que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID-19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la parte promovente y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial.
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