Braulio Ernesto Carrillo Arrieta
Expediente 470/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Braulio Ernesto Carrillo Arrieta
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De acuerdo a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, pues no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general en comento. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del referido acuerdo general, se precisa que en el presente expediente no existe ningún documento original que devolver a las partes V. Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General en comento, se precisa en el presente expediente no existe ningún documento original por devolver a las partes. VII. Devolución de constancias. En diverso sentido, la autoridad responsable Juez Curto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, remitió pruebas documentales, con las cuales se formó un cuaderno auxiliar por separado; sin embargo, dado el estado procesal del presente juicio, resulta innecesaria su retención; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen. VIII. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. IX. Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 470/2020, promovido por Braulio Ernesto Carrillo Arrieta, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, Braulio Ernesto Carrillo Arrieta solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: La falta de emplazamiento a un juicio seguido en su contra y, como consecuencia, la orden de desposesión o desalojo del bien inmueble ubicado en avenida Las Mañanitas, número 233, fraccionamiento Las Mañanitas, en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El quince de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se requirieron los informes justificados, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se dio vista a la representante social adscrita y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, inició en términos del acta precedente. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado tiene competencia para resolver el juicio, conforme a los artículos 33 fracción IV y 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado mediante su similar 12/2016, toda vez que los actos reclamados tuvieron ejecución en esta ciudad en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La diligencia de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 121/2009 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, al que se ostenta tercero extraño por equiparación, así como todas las actuaciones subsecuentes y sus consecuencias jurídicas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, rindieron su informe justificado, tal como se precisa a continuación: No AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME 1 Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Niega 10842 2 Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Niega 10891 3 Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Niega 10892 4 Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Familiar y Civil, de esta ciudad. Niega 10886 Como se observa, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Aunado a ello, el peticionario de amparo no aportó ninguna prueba que desvirtuara dicho aserto; en consecuencia, es patente la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de tales actos y autoridades. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo que se corrobora con las actuaciones del juicio de origen, remitidas por la aludida autoridad judicial; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Improcedencia de la acción constitucional. En la especie, el suscrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. .". Establecido lo anterior, debe decirse que doctrinariamente se ha definido al emplazamiento como el acto procesal cuya finalidad es dar a conocer a la contraparte de quien ejerce un derecho ante el órgano jurisdiccional sobre la existencia de una demanda y la correspondiente posibilidad que tiene de contestarla. El objeto de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con el derecho de audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es, de entre los diversos derechos de seguridad jurídica que reconoce el artículo 14 constitucional, destaca el de audiencia previa, el cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Por tanto, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que el gobernado conozca la existencia del procedimiento mismo y esté en aptitud de preparar su defensa; que se le otorgue la posibilidad de presentarla a través de la organización de un sistema de pruebas y que, quien estime lo contrario cuente, a su vez, con el derecho de réplica a fin de desvirtuar las afirmaciones de su parte contraria; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." (Correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo II, diciembre de 1995, página 133, registro digital 200234). El derecho de audiencia debe protegerse en conjunción con el de debido proceso legal, pues si bien es cierto que un juicio se inicia precisamente con el llamamiento que se hace al demandado, también lo es que todos los actos procesales que en él se producen, incluyendo el emplazamiento, deberán llevarse a cabo en los términos establecidos en la legislación procesal que resulte aplicable, acorde al principio de seguridad jurídica (legalidad), previsto en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, en el que textualmente se establece: "[...] en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento [...]". En ese sentido, si en la especie el acto reclamado lo constituye la diligencia de emplazamiento del aquí quejoso al juicio ejecutivo mercantil 121/2009 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, que llevó a cabo María Dolores Verdugo López, fedataria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad, en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil nueve, cuya ilegalidad alega la parte quejosa en los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo; por tanto, dicha servidora pública debió ser señalada como autoridad responsable en el sumario en que se actúa, a fin de integrar debidamente la litis en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, si en la substanciación del presente juicio de amparo no se señaló a dicha autoridad como responsable, no obstante que se encuentra directamente vinculada a la diligencia de emplazamiento reclamada, entonces, es jurídicamente imposible examinar la constitucionalidad de la expresada diligencia, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. Aunado a lo anterior, es necesario precisar que en auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa a fin de que, dentro del término de quince días, en su caso, manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de amparo y llamar como autoridad responsable a la licenciada María Dolores Verdugo López, fedataria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad, quien, como se dijo, llevó a cabo el emplazamiento materia de reclamo y, de ser el caso, formulara conceptos de violación al respecto; mismo que le fue notificado de manera personal, por conducto de su autorizado, veintitrés de febrero del año en curso, sin que dentro del término de quince días otorgado ampliara su demanda de amparo. Así, en acuerdo de veintidós de marzo del año actual, se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa impuesto en el diverso de quince de febrero de esta anualidad, por lo que se ordenó continuar con el trámite del presente sumario únicamente respecto de las autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil y Titular de la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad. Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 12/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días- aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta." (Correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 687, registro digital 2006096). Así las cosas, el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, por lo que, si no se señaló a éste con tal carácter, jurídicamente es imposible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído. En mérito de lo anterior, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VII.A.T. J/6 del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." (Correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo III, junio de 1996, página 738, registro digital 202332). Sobreseimiento que se hace extensivo a todas las actuaciones posteriores a dicho emplazamiento reclamadas en vía de consecuencia a la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, ya que la parte quejosa no las combatió por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad la hizo derivar de la que, en su opinión, adoleció el emplazamiento reclamado. En diverso sentido, por lo que respecta al pedimento presentado por la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, al no formar parte de la litis constitucional en el juicio de amparo, el suscrito no está obligado a contestarlos. Encuentra aplicación, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." (Jurisprudencia III.1º.A J/1 (10ª.), correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2016, registro 2011344). Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el amparo promovido por Braulio Ernesto Carrillo Arrieta, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil y Titular de la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días concedido a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, tal como se ordenó en auto de quince de febrero del año en curso, lo que se desprende de la constancia de notificación correspondiente, de donde se advierte que quedó notificada el veintitrés de febrero del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, por lo que se continúa con la tramitación del juicio sin la intervención de la autoridad respecto de la cual se dio vista. Notifíquese.
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