Brayan Flores Islas y Otros.

Expediente 752/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
752/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Brayan Flores Islas y Otros.
  • Juan Carlos Pérez Segovia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró firme el auto de sobreseimiento fuera de audiencia emitido en el presente juicio; asimismo, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido y fue clasificado como destruible. Sin embargo, en acuerdo de ocho de octubre del año inmediato anterior, se proveyó respecto de la suspensión de plano solicitada, la cual fue concedida. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que refiere: "[.] 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables"." Se modifica el destino del presente expediente y se determina que el mismo es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de treinta de noviembre del presente año, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de las medidas; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Incidental

    Téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el diverso comunicado enviado por el Agente del Ministerio Público 03 de Detenidos y Lesionados de la Unidad de Tramitación Común, con residencia en esta ciudad, por el que rinde su informe previo; al respecto, se acuerda: Únicamente glósese para que obre como corresponda, toda vez que el dieciocho de octubre del año en curso, se celebró la audiencia incidental.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, en especial a las manifestaciones hechas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Alto Impacto y el Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Alto Impacto, ambos con sede en Guanajuato, capital, en proveídos de diez y once de noviembre del año en curso, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI, del numeral 61, de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: Los impetrantes atribuyeron a las responsables Fiscal General del Estado de Guanajuato y otras autoridades, actos de tortura, incomunicación, ilegal detención y traslado involuntario con fines de desaparición forzada así como la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial. Por tanto, de acuerdo con la información proporcionada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Alto Impacto y el Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Alto Impacto, ambos con sede en Guanajuato, capital, en proveídos de diez y once de los actuales, se desprende que: Mediante oficio UECS/5215/2021, dirigido al Juez de Control en turno de Valle de Santiago, Guanajuato, el nueve de octubre del año en curso, los aquí quejosos fueron dejados a su disposición en calidad de detenidos, en el interior del Centro de Reinserción Social Mil de dicha ciudad. Posteriormente, en audiencia pública de control de detención, llevada a cabo el diez de octubre de la presente anualidad, por videoconferencia el Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Valle de Santiago, emitió auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos *****************, por el hecho que ley señala como delito de secuestro agravado en agravio de ************************. Por tanto, es evidente que el acto tildado de inconstitucional, cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a los solicitantes del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, si bien es cierto que: i) en su demanda los peticionarios del amparo reclamaron actos de tortura; ii), de las constancias que adjuntó el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual se devolvió el exhorto ************, se advierte que la actuaria adscrita a ese órgano jurisdiccional asentó que cuatro de los quejosos, a saber, ****************, presentaban lesiones en sus rostros; iii) de los certificados médicos que remitió el titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se desprende que algunos de los peticionarios tenían lesiones; también lo es que este órgano jurisdiccional dio vista a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, y se giró oficio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con copia de lo actuado, para que actuarán conforme a sus atribuciones constitucionales y obligaciones convencionales y de conformidad con los estándares nacionales e internacionales para la investigación de la tortura o malos tratos.

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