Brandon Alejandro Rodríguez Tovar
Expediente 681/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Brandon Alejandro Rodríguez Tovar
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual informa que la titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto concluido, el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el artículo 14 fracción III, una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis del artículo 19, fracción I inciso b). Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Visto el oficio 11286/2023 que suscribe el Secretario de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias del juicio de amparo 153/2023-III del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Br********************, contra actos del Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, Sede y Base Salvatierra y otras autoridades; al respecto, se acuerda: Fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 681/2023-IV. Del oficio de cuenta se advierte que el quince de los actuales, en el indicado juicio de amparo, se determinó hacer la separación de los actos reclamados al haberse considerado que eran diversos y estaban desvinculados entre sí, por lo que en el presente juicio constitucional únicamente se conocerá del acto reclamado consistente en: La orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal ********************, en su calidad de instigador del hecho que la Ley señala como delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondía al nombre de ******************** y homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de ********************. Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente, debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. En la especie, debe decirse que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente del amparo manifiesta que acude a esta instancia constitucional reclamando precisado con antelación. En ese contexto, se advierte que este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que el acto reclamado tendrá ejecución dentro la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito de la ciudad de León, Guanajuato. Ello se estima así, toda vez que de las manifestaciones vertidas por el propio solicitante del amparo en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del, cuyo rubro dice: DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que se encuentra recluido en el ********************, lo que además manifiesta bajo protesta de decir verdad, urbe que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este tribunal. Por tanto, toda vez que la ejecución del acto tildado de inconstitucional surte efectos fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, opera la hipótesis contenida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, en donde se establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo cual hace patente la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto. Amén de que, en el caso en concreto, el quejoso reclama una orden tendente a privarlo de su libertad, la cual por su naturaleza requiere ejecución material y, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que actualmente se encuentra recluido en el ********************, por lo que resulta indudable que su ejecución tendrá lugar en dicho centro de reclusión. Cabe agregar que en el caso que nos ocupa el quejoso señaló como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Guanajuato, quien de conformidad con el Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se advierte que tiene competencia en todo el territorio del Estado, aunado que tal y como se estableció al resolver el conflicto competencial 5/94, por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO EN EL MISMO ESTADO EN MATERIA DE AMPARO, CUANDO CORRESPONDE AL QUE EJERCE JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE PRETENDE REALIZARSE EL ACTO RECLAMADO, AUNQUE NO EXISTA SEÑALAMIENTO DE AUTORIDADES EJECUTORAS RADICADAS EN ESE SITIO.", ninguna disposición legal prohíbe que los Directores de la Policía Ministerial, giren instrucciones a determinados agentes policiacos para que cumplimenten el acto reclamado en el lugar de residencia del quejoso, el cual, inminentemente se ejecutaría en ********************, en el que actualmente se encuentra recluido. En razón de lo anterior, de conformidad al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial en el que se encuentra recluido el quejoso y, en todo caso, se ejecutarían la órdenes reclamadas. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, se ordena: a. Remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, para lo que tenga a bien ordenar. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. En otro orden, se tiene al quejoso, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************, al carecer de cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En otro contexto, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ******************** dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, no ha lugar a señalar las cuentas de correo electrónico personal que indica para recibir notificaciones, en razón de que para poder recibir notificaciones electrónicas, deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece los lineamientos que deben seguir las partes en el juicio de amparo a efecto de poder tener acceso al expediente electrónico y, en su caso, realizar promociones y recibir notificaciones por ese medio. No obstante, téngasele proponiendo los correos electrónicos que cita, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas y no sea posible su realización en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.
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