Brayan Adrian Lazaro Villalobos
Expediente 62/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Brayan Adrian Lazaro Villalobos
Actuaciones
- Principal
Juzgado Federal asume competencia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, mediante el cual acusa recibo de los autos originales relativos al juicio de amparo 40/2023-II de su índice (62/2023-II de esta estadística), e informa que no insiste en la competencia declinada a este Juzgado de Distrito, por lo que se avocó a su conocimiento; de lo que se toma el debido conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, hágase la anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
Recepción de incompetencia. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, residente en Puente Grande, al cual adjunta la demanda de amparo promovida por Brayan Adrián Lázaro Villalobos, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, y otras autoridades, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la citada demanda de amparo y remite el expediente ********************. Acúsese recibo. No se acepta competencia. Ahora bien, de la lectura de la resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo ******************, del índice del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, se advierte que dicho juzgado declinó la competencia para conocer y resolver del juicio de amparo promovido por Brayan Adrián Lázaro Villalobos, a favor de este órgano jurisdiccional, por estimar que se configura la hipótesis prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; sin embargo, de manera respetuosa, la suscrita estima carecer de competencia, por las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia" Las bases constitucionales que regulan el juicio de amparo, establecen que éste procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, de autoridades Federales que restrinjan la soberanía de los Estados, o de autoridades de las entidades que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Señalan, además, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra actos u omisiones de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Lo que denota, en lo que interesa, que la competencia territorial en el juicio de amparo se fija atendiendo a la ejecución del acto reclamado. En esa línea, los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, fijan las reglas para determinar la competencia por territorio de la siguiente manera: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Las normas reproducidas retoman lo establecido en el orden fundamental, respecto a que es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde: a) El acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto no requiere de ejecución material, el del lugar donde se haya presentado la demanda. Como se ve, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión se precisan como actos reclamados de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, sin prejuzgar y únicamente para efectos de esta resolución, los siguientes: a) Del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, la omisión de dar respuesta a su escrito enviado el nueve de agosto de dos mil veintidós, en el que solicitó una nueva audiencia para resolver de manera correcta su situación jurídica, con respecto al quantum de la prisión privativa de la causa penal ********************. b) De la oficina de la Defensoría de oficio de las instalaciones del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, la omisión de dar respuesta a su escrito enviado el mismo nueve de agosto de dos mil veintidós, solicitando apoyo para obtener la nueva audiencia reseñada en el párrafo que antecede. c) Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución de Guanajuato, la omisión de dar respuesta a la controversia que elevó el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, al no haber obtenido respuesta de los dos ocursos descritos en los incisos que anteceden. Así, la Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, estimó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, aduciendo que se actualizaba la primer regla prevista en el numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, la relativa a que la competencia de un Juez de Distrito se determina en razón de que en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, al estimar que los actos reclamados carecen de ejecución material en el circuito de su competencia, enfatizando lo anterior únicamente haciendo mención a la controversia presentada ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema penal Acusatorio con competencia en Ejecución de Guanajuato y añadiendo que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato. Empero, quien esto provee respetuosamente expresa que no comparte tales consideraciones, por los siguientes motivos: De inicio, debe hacerse énfasis en la naturaleza de los actos reclamados, los cuales contrario a lo sostenido por el juez declinante son meramente de carácter omisivo y, por ende, no requieren una ejecución material. Partiendo de lo anterior, se aduce estamos en presencia de la tercer regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, que se refiere a que cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. Se asevera lo anterior, porque, en el caso, es claro que la parte quejosa precisó en su escrito de demanda que se duele de la omisión de dar respuesta a los escritos enviados a cada una de las autoridades que señala como responsables, a fin de que se señale una nueva audiencia para resolver su situación jurídica con respecto a descontar el quantum de la prisión preventiva de su causa penal ******************** del índice del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande. Ahora bien, quien resuelve estima que en el caso particular, las omisiones reclamadas constituyen un acto que no requiere de ejecución material, ya que se trata de abstenciones, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física del quejoso, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse dar respuesta a lo peticionado por él en cada uno de los ocursos que asevera no han sido respondidos por las responsables. Lo que de suyo hace, que en el caso particular se esté omisiones simples que carecen de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con las abstenciones reclamadas, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. En consecuencia, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Pensar lo contrario, implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia de este juicio es la omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables por su falta de respuesta. Por lo anterior, es que no se acepta la competencia planteada, determinando esta Juzgadora Federal no ser legalmente competente por cuestión territorial para conocer de la demanda que nos ocupa, pues como se dijo en acápites precedentes, los actos que se reclaman son de carácter meramente omisivos, esto es, que no requieren de una ejecución material; de ahí que si la Ley de Amparo establece que es Juez competente cuando el acto reclamado no requiere ejecución material aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, en este caso, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, entonces, atendiendo a las tres reglas de competencia que establece el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo, es que ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, pues los actos reclamados como se precisaron son de carácter omisivo, y, por ende, contrarios a lo que sostuvo la homóloga federal, éstos no tendrán ejecución material, por lo que al carecer de ésta, como ya se dijo, debe conocer el Juez de Distrito en el lugar donde se presentó la demanda de amparo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las principales constancias que fueron tomadas en consideración para la presente determinación, y devuélvanse los autos originales del juicio de amparo ******************** al Juez Federal declinante, solicitándole atentamente se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente y comunicar la determinación que tenga a bien asumir en el mismo. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).
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