Braulio Vargas Díaz
Expediente 1085/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Braulio Vargas Díaz
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese a los autos el oficio y anexo que suscribe el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en la ciudad del mismo nombre, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 17/2022, del índice de este juzgado, derivado del juicio de amparo en que se actúa, que fue enviado para notificar a la defensora del quejoso los proveídos de veintidós y treinta y uno de diciembre, ambos de dos mil veintiuno; realícese las anotaciones de baja en el libro de gobierno correspondiente, sin que sea necesario acusar recibo, por ser el propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes quien lo genera. En atención al requerimiento realizado, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que indica en la notificación de cuenta, lo anterior para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensora. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado vía correo electrónico por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado por este órgano de control constitucional en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno y, para tal efecto, designa a la licenciada Lisbeth Nayeli Verónica Soto Arroyo, como defensor del quejoso ********. Sin que obste a lo anterior que el oficio de cuenta carezca de firma autógrafa, ya que al encontrarse firmado digitalmente y haberse remitido vía correo electrónico institucional, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19, se acuerda su contenido. Requiérase a la defensora pública federal Lisbeth Nayeli Verónica Soto Arroyo, en las instalaciones que ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública de esta ciudad para que, dentro del término de tres días, acepte y proteste el cargo de defensor público federal y/o asesor jurídico del quejoso privado de la libertad Braulio Vargas Díaz, por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar de manera electrónica, en el que constará su firma electrónica; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19.
- Principal
Se agrega constancia de notificación personal y se ordena designación de defensor público. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia de notificación personal a través de la cual el quejoso Braulio Vargas Díaz, en atención al requerimiento formulado en auto de veintidós de diciembre del año en curso, solicita la designación de un defensor público que lo represente en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, y toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", y en virtud de que en la constancia de notificación personal de cuenta expresó que solicita la designación de un defensor público que lo represente en el presente juicio de amparo, a fin de proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, párrafo primero, 77, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, 17 de la Constitución Federal; 8.2, incisos d) y e), 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y con copia de la demanda de amparo, requiérase a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que represente y asesore jurídicamente al quejoso durante la tramitación del presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial 43/2019 de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja."
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