Boris Izaguirre Jerez

Expediente 868/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
868/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Boris Izaguirre Jerez
  • Agente del Ministerio Publico Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. En atención a su contenido, con el que solicita se informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo 868/2022; al respecto, hágase de su conocimiento, que por auto de diez de febrero de este año, el suscrito se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************en representación de********************o********************; sin embargo, en el mismo auto se desechó la demanda de derechos fundamentales, al advertirse que cesaron los efectos del acto reclamado por el promovente; así las cosas, seguida la secuela procesal, el veintidós de marzo de la presente anualidad, causó estado el auto dictado el diez de febrero pasado, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales y se ordenó su archivo definitivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en consideración que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el diez de febrero del año en curso, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, se establece que el presente juicio de susceptible de depuración, esto a pesar de que se desechó la demanda de garantías y conforme a lo establecido por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de destrucción; sin embargo, al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, se estima que dicha medida tiene efectos definitivos, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución que lo tuvo por concluido, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el capítulo 7 numeral 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto se establece como fecha probable de depuración el veintidós de marzo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, y anexos. En atención a su contenido, téngasele remitiendo los autos del juicio de amparo ********************de nuestro índice, así como copia certificada de la resolución dictada en el conflicto competencial número ********************de su estadística judicial, en el cual se resolvió lo siguiente: "Primero. Se declara que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto 868/2022, promovido por ********************, en representación de ******************** o ********************Segundo. Remítanse los autos del citado juicio de amparo indirecto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, para los efectos legales procedentes." En tal virtud, el que suscribe se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ******************** o********************; acúsese recibo vía interconexión, háganse las anotaciones correspondientes y agréguense a estos autos únicamente los originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del conflicto competencial interpuesto. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente reclama la retención injustificada del quejoso, por más de treinta días, en la Estación Migratoria de Veracruz, Veracruz, perteneciente al Instituto Nacional de Migración, oficina de representación de Veracruz, así como la creación, aprobación, sanción y promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración, y su aplicación. En el caso, el que suscribe estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se analiza por virtud de la sustitución procesal de actos en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Puntualizado lo anterior, tenemos que en el segundo supuesto se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el uno de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos "A", del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación, en Veracruz, Veracruz, con el cual informó que mediante acuerdo de salida de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se suspendió el acuerdo de presentación de ********************; por tanto, el directo quejoso continuará su procedimiento administrativo migratorio fuera de la Estancia Provisional; además, refirió que el "Acuerdo de Salida", no es un documento de libre tránsito y que el directo quejoso está impedido de abandonar la entidad federativa de Veracruz; asimismo, mediante "Notificación de Salida" de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, le fueron entregados sus valores a dicho extranjero y procedió a su salida de la Estancia Provisional "B" en Veracruz. Lo que se corrobora con las documentales remitidas por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos "A", del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación, en Veracruz, Veracruz, consistentes en copia certificada del acuerdo de salida ********************, notificación de salida de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas Por tanto, no existe motivo para la promoción del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En mérito de lo anterior es evidente que la autoridad, responsable, con el acuerdo de salida de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, que suspendió el acuerdo de presentación de ********************, realizado el veintiséis de agosto pasado, procedió a dar salida a dicho quejoso de la Estancia Provisional "B" en Veracruz, en la que se encontraba al momento de haber promovido la demanda de amparo. Por tanto, es dable concluir que los efectos del acto reclamado consistente en la retención injustificada del quejoso por más de treinta días en la Estación Migratoria de Veracruz, Veracruz, perteneciente al Instituto Nacional de Migración, oficina de representación de Veracruz, han cesado, en razón de que ya fue otorgada su salida como se detalló con anterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia VIII.1o. J/28, con número de registro digital 169736, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, mayo de dos mil dieciocho, página 862, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE IMPUGNA UN LAUDO CON EL QUE SE PRETENDIÓ DAR CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DICTA UN ACUERDO PLENARIO POR EL CUAL LA TIENE POR NO CUMPLIDA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA JUNTA RESPONSABLE AÚN NO HAYA DECLARADO LA INSUBSISTENCIA DE AQUÉL. El acuerdo plenario emitido por el Tribunal Colegiado de Circuito por el cual tiene por no cumplida la ejecutoria de amparo que concedió la protección constitucional a la parte quejosa respecto de un laudo dictado por la Junta en acatamiento a ella, debe ser observado ineludiblemente por ésta; en tal virtud, cualquier juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo con el que se pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria es improcedente por haber cesado los efectos del acto reclamado, con independencia de que la autoridad responsable todavía no haya declarado la insubsistencia de ese laudo, pues con el aludido acuerdo cesan los efectos de éste, al ordenar que quede sin efectos y se pronuncie uno nuevo en el que se cumplan los lineamientos de la ejecutoria de amparo, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio con apoyo en el artículo 74, fracción III, de esta ley." Asimismo, cobra aplicación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.3o.C.92 K, aparece publicado en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Igualmente aplicable resulta el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que con el número III.3o.C.23 K, aparece publicado en la página 410, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199560, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." Ahora, en relación al acto reclamado por el promovente, consistente en la creación, aprobación, sanción y promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración, así como su aplicación, resulta innegable que al haber cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, obviamente, resulta improcedente el juicio de amparo, contra el acto reclamado antes mencionado, pues de la interpretación teleológica de la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, esta última se habla de que el juicio de amparo es improcedente respecto de "resoluciones" dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Entonces, no se puede desvincular el estudio de la ley aquí reclamado, del correspondiente análisis a su acto de aplicación, por lo que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley, tal y como acontece en el acto concreto. Esta afirmación encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Primera Parte, página 251, de número de registro digital 232361, con rubro y texto siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Por lo que, no se debe desvincular el estudio de las disposiciones normativas reclamadas del análisis relativo al acto de aplicación; de ahí que, al resultar improcedente el amparo en cuanto a la aplicación concreta de las disposiciones normativa reclamada, y tomando en consideración que la técnica de este medio de control constitucional conlleva a estudiar primero la improcedencia del juicio por cuanto al primer acto concreto de aplicación y, de ser improcedente por éste, es improcedente la norma reclamada. Consecuentemente, con fundamento en los artículos, 113, en relación al artículo 61, fracción IX y XXI, de la Ley de Amparo, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ******************** o ********************Notifíquese vía electrónica al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de enero de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad.********************Atento a su contenido, téngasele informando que tuvo por admitido el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, para conocer de la demanda formulada por ********************; radicándose el expediente ********************.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juarez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano