Bonifacio Torres Ferrer

Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
20/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Bonifacio Torres Ferrer

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 23/02/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B...Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta y sus anexos, agréguese a los autos y téngase a la Presidente de la Junta Especial Número cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, rindiendo su informe justificado. Ahora, del escrito inicial de demanda origen del presente asunto, se advierte que fue promovido por Bonifacio Torres Ferrer alegando violaciones a sus garantías de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional, dada la omisión de la Junta Especial Número cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de emitir el auto de radicación en términos de lo establecido en el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo, así como notificar el mismo a las partes, al indicar que el uno de octubre de dos mil veinte, el quejoso presentó demanda laboral ante la Junta responsable, demandando al Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento del estado de invalidez, el otorgamiento y pago de una pensión correspondiente al estado de invalidez, entre otras prestaciones, al que le fue otorgado el número de juicio 915/2020, habiéndose presentado el quejoso y su apoderado ante la responsable a fin de requerirle que señale fecha y hora para la audiencia inicial y se notifique a las partes de la misma, respecto de la cual indica ha sido omisa. Por su parte, de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas; se advierte que en el juicio laboral de origen 915/2020, el dos de octubre de dos mil veinte, la Junta responsable emitió un acuerdo en el que ordenó radicar la demanda laboral promovida por el quejoso y darle trámite conforme a la vía especial establecida en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo y en términos del artículo 893 de la citada ley se señaló las nueve horas del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución; proveído que se notificó tanto a la parte actora, aquí quejosa, como a la parte demandada, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Por lo anterior es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal transcrito se tiene que esta causa de improcedencia opera, entre otros casos, cuando haya quedado sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, lo que trae como resultado que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la pretendida trasgresión constitucional, como si el acto combatido en amparo no hubiera afectado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión en el sentido señalado, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la propia autoridad responsable, o bien, por otra facultada para ello. Por lo tanto, para considerar, que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que, el acto deba quedar insubsistente, sin huella alguna. Lo anterior, atento a la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisándose que si bien el proveído en el cual la autoridad responsable admitió a trámite la demanda laboral fue emitido el dos de octubre de dos mil veinte, esto es con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante este órgano de control constitucional (siete de enero de dos mil veintiuno); cierto es también, que la notificación del mismo, tanto a la parte actora, como a la demandada en el juicio laboral, se llevó a cabo hasta el diecisiete de febrero del año en curso, esto es, con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, por tanto a esa fecha aún subsistía la violación de la cual se duele el quejoso. Así, al haberse ordenado la radicación de la demanda laboral promovida por el quejoso, y señalarse fecha y hora para el desahogo de la audiencia conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, cuya omisión constituye el acto reclamado, dentro de los actos del expediente 915/2020 del índice de la Junta responsable, se pone de manifiesto que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, porque cesaron los efectos de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo y en consecuencia, con apoyo además en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de garantías fuera de audiencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª./J.10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por cuanto hace a la certificación de la secretaría, en el sentido de que en este asunto se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, en razón a lo resuelto en este acuerdo, se dejan sin efectos las mencionadas fecha y hora. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Juez Marisol Barajas Cruz, Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado, en relación con la Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de este año, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta y sus anexos, agréguese a los autos y téngase a la Presidente de la Junta Especial Número cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, rindiendo su informe justificado. Ahora, del escrito inicial de demanda origen del presente asunto, se advierte que fue promovido por Bonifacio Torres Ferrer alegando violaciones a sus garantías de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional, dada la omisión de la Junta Especial Número cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de emitir el auto de radicación en términos de lo establecido en el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo, así como notificar el mismo a las partes, al indicar que el uno de octubre de dos mil veinte, el quejoso presentó demanda laboral ante la Junta responsable, demandando al Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento del estado de invalidez, el otorgamiento y pago de una pensión correspondiente al estado de invalidez, entre otras prestaciones, al que le fue otorgado el número de juicio 915/2020, habiéndose presentado el quejoso y su apoderado ante la responsable a fin de requerirle que señale fecha y hora para la audiencia inicial y se notifique a las partes de la misma, respecto de la cual indica ha sido omisa. Por su parte, de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas; se advierte que en el juicio laboral de origen 915/2020, el dos de octubre de dos mil veinte, la Junta responsable emitió un acuerdo en el que ordenó radicar la demanda laboral promovida por el quejoso y darle trámite conforme a la vía especial establecida en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo y en términos del artículo 893 de la citada ley se señaló las nueve horas del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución; proveído que se notificó tanto a la parte actora, aquí quejosa, como a la parte demandada, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Por lo anterior es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal transcrito se tiene que esta causa de improcedencia opera, entre otros casos, cuando haya quedado sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, lo que trae como resultado que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la pretendida trasgresión constitucional, como si el acto combatido en amparo no hubiera afectado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión en el sentido señalado, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la propia autoridad responsable, o bien, por otra facultada para ello. Por lo tanto, para considerar, que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que, el acto deba quedar insubsistente, sin huella alguna. Lo anterior, atento a la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisándose que si bien el proveído en el cual la autoridad responsable admitió a trámite la demanda laboral fue emitido el dos de octubre de dos mil veinte, esto es con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante este órgano de control constitucional (siete de enero de dos mil veintiuno); cierto es también, que la notificación del mismo, tanto a la parte actora, como a la demandada en el juicio laboral, se llevó a cabo hasta el diecisiete de febrero del año en curso, esto es, con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, por tanto a esa fecha aún subsistía la violación de la cual se duele el quejoso. Así, al haberse ordenado la radicación de la demanda laboral promovida por el quejoso, y señalarse fecha y hora para el desahogo de la audiencia conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, cuya omisión constituye el acto reclamado, dentro de los actos del expediente 915/2020 del índice de la Junta responsable, se pone de manifiesto que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, porque cesaron los efectos de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo y en consecuencia, con apoyo además en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de garantías fuera de audiencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª./J.10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por cuanto hace a la certificación de la secretaría, en el sentido de que en este asunto se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, en razón a lo resuelto en este acuerdo, se dejan sin efectos las mencionadas fecha y hora. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Juez Marisol Barajas Cruz, Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado, en relación con la Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de este año, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.PARO

  3. Principal

    ...Vista la demanda de cuenta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número ********************/********************21-V, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, XII y XV de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de solicitud de protección de derechos humanos, promovida por********************, en contra de la autoridad y actos señalados en dicho ocurso. Hágase notar que en cumplimiento al artículo 17 constitucional, en aras de una pronta y expedita administración de la Justicia Federal y por ser un hecho notorio para la suscrita, los oficios para las autoridades se dirigirán con las denominaciones correctas de las que se tiene conocimiento que existen. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitarse por separado y duplicado el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte promovente y la suscrito tampoco advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas por el artículo 127 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no versa sobre extradición o que de consumarse sea de imposible reparación. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con apoyo en el artículo 115 de la citada ley, se señalan las DIEZ HORAS CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la audiencia constitucional en este asunto, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo de acuerdo a la agenda de audiencias de este juzgado. Asimismo, hágasele saber a las partes que, de ser su deseo, pueden estar presentes, vía remota, en la audiencia respectiva, ello, tomando en cuenta el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, y atendiendo a que el Acuerdo General 21/**************************************** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en su artículo 5, fracción II, se establece que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias. Lo anterior siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/**************************************** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por tanto, de conformidad con el artículo 27, fracciones III y IX del Acuerdo General 12/**************************************** ya mencionado, la suscrita determina que se cumplen las condiciones para la utilización de este método de comunicación y que se cumplen los principios rectores del procedimiento. Así las cosas, es dable precisar que para el desahogo de la audiencia de mérito a través de videoconferencia en tiempo real deberán de observarse las reglas establecidas en el artículo 28 del Acuerdo General indicado siendo las siguientes: "I. El órgano jurisdiccional notificará el citatorio para audiencia, el cual permitirá que todas las partes interesadas estén en posibilidad de acudir. El citatorio considerará un lapso de hasta quince minutos previos que permita a los intervinientes prepararse para el desahogo de la audiencia que establezca la normatividad aplicable, así como la implementación de la logística operacional. II. Tratándose de audiencias o sesiones públicas, podrá generarse una clave de acceso que dará a quien tenga interés en presenciarla la posibilidad de hacerlo, sin que pueda participar en la misma, utilizando el formato comúnmente conocido como seminario o conferencia web o en línea, o "webinar". En caso de no ser eso posible, la publicidad se garantizará con el registro de la videoconferencia para su posterior consulta. III. En el proveído en el que se fije la fecha y hora en la que tendrá lugar, se deberán indicar los datos necesarios para acceder a la respectiva videoconferencia por vía electrónica y se requerirá a las partes para que indiquen, en la promoción electrónica mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. El citatorio se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. IV. Previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, el responsable técnico y/o el personal de apoyo realizarán las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico. V. Transcurrido el lapso de preparación y llegada la hora de la audiencia, la secretaria o secretario encargado de dar fe hará constar las partes que se encuentren presentes, se verificará su identidad, su personalidad y capacidad procesal, y se declarará iniciada. En caso de que ninguna persona adscrita al órgano jurisdiccional esté investida de fe pública, la juzgadora o juzgador deberá hacer constar verbalmente esta situación. VI. Durante el desarrollo de la audiencia, las y los titulares deberán verificar que las partes intervinientes estén en posibilidad de observar, escuchar y comunicarse con todas las personas que participan en ésta, de manera clara y simultánea, salvo en los casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de quien participa o cuando algunos intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo. En todo caso deberá velarse por los derechos de las partes y el cumplimiento a los principios rectores de cada procedimiento. VII. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de la audiencia, la o el juzgador determinará las medidas que estime necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, supuesto en el que señalará una hora o fecha posterior para su reanudación. En los casos en que a criterio de la o el titular del órgano jurisdiccional resulte imposible desahogar la audiencia previamente ordenada a través del uso de videoconferencia, ordenará su desahogo de manera presencial. En cualquier caso, se fundará y motivará la determinación respectiva, sin que ello implique formal ni tácitamente una revocación de su determinación inicial. VIII. Cuando así resulte procedente conforme a la legislación aplicable, en la audiencia se dará cuenta con las promociones y las pruebas ofrecidas por las partes previamente o durante ésta, de conformidad con las reglas aplicables según la materia de que se trate. La DGGJ emitirá lineamientos para que, en adición al registro mismo de la videoconferencia, las pruebas respectivas puedan vincularse con el expediente del asunto respectivo IX. Tratándose del desahogo de alegatos orales, el día y hora previsto para el desahogo de la audiencia se dará el uso de la voz a las partes, sus representantes o autorizados. Cuando la diligencia respectiva se desahogue ante tribunales colegiados de Circuito, éste deberá estar debidamente integrado. Consecuentemente, se encuentra prohibida la celebración de audiencias que no hayan sido publicitadas, que pretendan escuchar a una o sólo a algunas de las partes, así como las que se celebren sólo ante uno de los integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado. X. Cuando en una audiencia deba escucharse a niñas, niños o adolescentes, las y los titulares deberán velar porque su comparecencia, aun por videoconferencia, cumpla con los estándares constitucionales que rigen su derecho a participar en los asuntos que afecten sus derechos. De la misma forma, durante el desahogo de la audiencia deberá realizar los ajustes razonables para personas con discapacidad, así como velar por que quienes tienen derecho a ello, cuenten con traductor, intérprete, asesor jurídico, defensor público o con la asistencia o presencia de quienes deban participar conforme a la Constitución y las leyes aplicables. XI. Al concluir la sesión se levantará un acta en la que se harán constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado, salvo en aquéllos procedimientos en los que el registro mismo de la audiencia cumpla con dicha finalidad conforme a la legislación aplicable. XII. Las audiencias, sesiones y diligencias judiciales se registrarán y el personal facultado para ello deberá relacionarla con el expediente electrónico respectivo, siguiendo para ambos aspectos las pautas establecidas en el punto 3 del Anexo Técnico. El registro de las diligencias, audiencias y, tratándose de sesiones, de la porción respectiva al asunto del que se trate, será parte del expediente electrónico." Entonces, para poder desahogarse la diligencia a través de ese recurso se necesita que las partes cuenten con alguno de estos dispositivos y enlaces de telecomunicación. - Tipos de dispositivos: Codec, Computadora Pc o Laptop, tableta, smarthphone (teléfonos inteligentes). - Tipos de enlace o telecomunicación: MPLS, satelital, celular (mínimo 4g), Wireless (inalámbrica) o DSL (residencial). O, en caso de no contar con alguno de dichos dispositivos y/o enlaces, que cuenten con algún teléfono fijo ya sea de casa u oficina, pues a través de ellos, se desahogará la diligencia. Asimismo, se necesita que proporcione un correo electrónico a donde se le puedan mandar los datos y la liga para poder enlazarse a la videoconferencia. En el entendido que la participación de las partes por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. De tal manera que, de ser el deseo de las partes tener participación en la diligencia de mérito, se les requiere para dado el caso de que sí cuenten con lo peticionado en el párrafo que antecede, expresen su interés, como máximo, diez días antes de la fecha fijada para el desahogo de la audiencia de mérito, a efecto de realizar la organización respectiva, proporcionando para ello un correo electrónico y número telefónico con la finalidad de que se le haga llegar, como ya se dijo, los datos y liga para poder enlazarse a la videoconferencia. INFORME JUSTIFICADO Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) su informe con justificación que deberá(n) rendir dentro del término de quince días, con estricto apego a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: Que rinda(n) su(s) informe(s) justificado(s), respecto de la totalidad de los actos reclamados, en el término legal contado a partir de que reciba(n) el oficio relativo a este acuerdo. Acompañe(n) copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se le(s) reclama(n), exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Mencione(n) el nombre correcto y completo del quejoso, así como el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. En la inteligencia de que si la(s) autoridad(es) responsable(s) no rinde(n) su informe justificado, o lo hace(n) sin remitir lo solicitado, se le(s) impondrá, en la sentencia respectiva, una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la ley de la materia. INFORMEN SI SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Requiérase a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento lo informe(n) de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo; asimismo, informe(n) si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, y de ser así indique(n) el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto; con el apercibimiento de no hacerlo, en términos del precepto 251 de la legislación mencionada se le(s) impondrá multa individualizada equivalente a treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la ley en cita, dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado en materia de amparo, y con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso k) de la propia legislación, notifíquesele la admisión del presente asunto, corriéndole traslado con copia de la demanda de mérito. En razón de lo anterior, se ordena que dicha notificación y cualquier otra que de manera personal deba realizarse en el presente asunto, les sean notificados vía correo electrónico a la dirección luz.jimenez@pgr.gob.mx que fue proporcionada para tal efecto, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales. Para tal efecto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a efecto de que transmitan, vía correo electrónico, dichas comunicaciones a la dirección indicada, debiendo elaborar constancia correspondiente. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO De conformidad con el inciso b), fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercero interesada al ********************; ahora, de conformidad con el inciso b), fracción II, del artículo 26 de la ley de la materia, emplácese al Instituto citado con copia de la demanda de amparo por medio de oficio que al efecto se libre. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de la parte quejosa, la presuncional en su doble aspecto, sin perjuicio de que sea relacionada en la audiencia constitucional; asimismo, en relación con la prueba que ofrece consistente en la instrumental de actuaciones relativas al juicio laboral 915/**************************************** del índice de la responsable, resérvese de acordar lo conducente hasta en tanto dicha autoridad rinda su informe con justificación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado de la demanda de amparo; como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a ********************, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/****************************************, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/****************************************, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelve(n) el(los) oficio(s) con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo(s) a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) destinataria(s) por inexistencia de la(s) misma(s), se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella(s), y en su oportunidad se tendrá(n) por inexistente(s), lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la(s) autoridad(es) en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/********************09 de 18 de marzo de ********************09, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable y autoridad tercero interesada, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/********************12 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de ********************13, Tomo 2, página 1253, registro ********************02576, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada...

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