Bonfilio Pozos Galván
Expediente 464/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Bonfilio Pozos Galván
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Aceptación de competencia. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual acusa recibo del diverso oficio por el cual este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías e informa que mediante proveído de dos de octubre del año en curso, aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo bajo el número estadístico 1330/2023. Archivo y anotaciones en el libro de control electrónico. Así las cosas, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido; y, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo. Valoración documental cuaderno principal. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, inciso b, del artículo 19 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es destruible, toda vez que este juzgado de Distrito careció de competencia legal para conocer del mismo, y dado a que no se encuentra dentro de los criterios de valoración que pueda ser calificado de relevancia documental o conservable, ni obra en autos ninguna determinación de información reservada con motivo de alguna solicitud de acceso a la información calificada. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de seis meses a que se establece en el primer párrafo del citado artículo 19 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento a prevención. Téngase recibido el escrito signado por ********************, por el cual atiende al requerimiento planteado en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad el domicilio del ********************. Identificación promovente. Vista de nueva cuenta la demanda y escrito aclaratorio, que promueve ********************, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en la ciudad de San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 16 y 17 Constitucionales, la cual, registró su ingreso en el libro de control electrónico respectivo, bajo el número 464/2023-I-III. Incompetencia. Ahora bien, este Juzgado de Distrito considera carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado por el promovente del amparo, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: ........... Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, resulta pertinente destacar que el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Así, de las dos primeras reglas competenciales se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si la determinación reclamada tiene o no ejecución material. En el caso, de la demanda de amparo y del escrito de cumplimiento a la prevención se observa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar todos y cada uno de los actos válidos y eficaces para lograr la notificación y emplazamiento a ********************, en los autos del expediente ....... de su índice, en los cuales el quejoso, bajo protesta de decir verdad, señala que dicha persona moral es parte demandada y que ubica su domicilio en ********************Por tanto, en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución; ello, porque el acto reclamado tiene un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya ejecución será ante en la ciudad de San Luis Potosí lugar de residencia tanto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, como de la parte enjuiciada ********************. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no solo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos omisivos en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material; empero, ha precisado que los actos negativos omisivos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Ahora, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de efectuar, en la especie, dictar el laudo dentro del procedimiento de origen. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, éste tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que en la especie, la parte quejosa reclama la omisión de emplazar al juicio a la parte demandada ********************, ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilata la resolución definitiva del procedimiento laboral. Además, la ejecución material del emplazamiento condigo habrá de verificarse precisamente en la ciudad de San Luis Potosí, por lo que a juicio de quien esto resuelve, se considera que resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde deban tener ejecución los actos reclamados, esto es, el que ejerce jurisdicción en la ciudad de San Luis Potosí, capital, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese Municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013, en su artículo 4, fracción IX. Lo anterior encuentra sustento, por identidad de razones, en la jurisprudencia 2a./J.17/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. ......... Consecuentemente, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma con sus copias, vía mensajería acelerada, al Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por el numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de doce de septiembre de dos mil veintitrés, a la tercera interesada.... que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, agréguese a los presentes autos el 9579/2023, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la citada comunicación dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se encuentra localizada a foja 243, tomo XI, marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ...... Notifíquese; hágase personalmente a las partes tercera interesada, quejosa y fiscal adscrito."
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, al quejoso.... que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Identificación promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 464/2023. Prevención. Conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese sentido, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con tres copias de su escrito aclaratorio: Precise el lugar en donde se ubica el domicilio de ********************, parte demandada en los autos del juicio de origen ********************, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, cuya omisión de practicar su emplazamiento constituye el acto reclamado en el presente juicio. Requerimiento que se le formula en atención a que de la lectura íntegra de la demanda de derechos fundamentales, no se advierte esa información, misma que resulta necesaria para el trámite del sumario. Apercibimiento en caso de no cumplir con la prevención. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Acceso a expediente electrónico para consulta. Como lo solicita el peticionario del amparo, se autoriza el acceso para la consulta del expediente electrónico a través del usuario "********************", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la oficial judicial "A" para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la mencionada legislación, a ..... Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa."
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