Blandina Olvera Muñoz

Expediente 386/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
386/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • Blandina Olvera Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es destruible y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Téngase recibido el escrito de cuenta signado por Blandina Olvera Muñoz, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio, promovida por Blandina Olvera Muñoz, contra actos del Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Valles, San Luis Potosí y otra autoridad, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: "1.- Del C. OMAR CUAUHTEMOC GARCIA IXTA, en su calidad de Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de ciudad Valles, S.L.P.; a) En desacato a la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Sala Reqional de San Luis Potosí, en el expediente 1070/21-25-01-2-ST de la Suspensión Definitiva, para que dicho Instituto me reconozca las semanas de cotizaciones, correspondientes al periodo del 01 de octubre de 2016 al 30 de septiembre del año 2020, como lo demostrare con la prueba que anexare en el capítulo correspondiente. 2.- Del C. ARTURO YÁÑEZ RESÉNDIZ, en su calidad de Titular del departamento de afiliación y vigencia de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de ciudad Valles, S.L.P., El restablecimiento inmediato de las semanas de cotización de la suscrita como empleada del C. HUGO ANDRADE MERCHAN, correspondientes al periodo comprendido del 01 de octubre del año 2016 al 30 de septiembre del año 2020. La continuación al derecho de continuar con el seguro voluntario solicitado, admitido y autorizado por dicho funcionario, en virtud de que se me suspendió el pago por los meses de febrero del año en curso, a la fecha." Bien, respecto al acto reclamado al Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en el desacato a la sentencia relativa a la suspensión definitiva, concedida dentro del expediente 1070/21-25-01-2-ST, que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se actualiza la causa de improcedencia que se deriva del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". De los preceptos en cita, se obtiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley; por tanto, la noción de perjuicio -para que proceda la acción- presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 514, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 563, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 232899, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO: La fracción I, del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada y, a su vez, el artículo 4° de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la Ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la Ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el hecho de promover ese juicio es personalísimo". En el caso, como se precisó, la promovente reclama el desacato a la suspensión definitiva, dictada dentro del expediente 1070/21-25-01-2-ST, que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual fue concedida para el efecto de que la autoridad demandada, considerara para cualquier trámite las semanas cotizadas de la ahora quejosa Blandina Olvera Muñoz, en el régimen obligatorio, en el periodo del uno de octubre de dos mil dieciséis, al treinta de septiembre de dos mil veinte. Determinación emitida con motivo de la demanda presentada por Hugo Andrade Merchan y Blandina Olvera Muñoz, como patrón y trabajadora, respectivamente, en la que demandaron la nulidad del oficio 238/2021, dictada en el expediente CCSLP 649/2020, por la que el Consejo Consultivo de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, resolvió el recurso de inconformidad, en la que confirmó la legalidad del oficio 259103950200/591/2020 de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por el que el Titular de la Subdelegación Ciudad Valles de la Delegación Estatal en San Luis Potosí del Instituto Mexicano del Seguro Social, comunica la baja de la trabajadora del régimen obligatorio del seguro social; demanda que únicamente se admitió respecto del patrón y no así por la citada trabajadora, según se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la promovente, así como de las documentales que anexa. Conforme con lo anterior, se tiene que en la especie la promovente del amparo es ajena a la relación procesal establecida en el procedimiento cuyo incumplimiento a la suspensión definitiva concedida reclama, dado que, si bien demandó la nulidad de la resolución relativa al recurso de inconformidad que confirmó la diversa que ordenó su baja del régimen obligatorio del seguro social, la misma le fue desechada, por lo que al ser ello así, carece de legitimación procesal para instar el juicio constitucional, pues la circunstancia de que la promovente pueda resentir una lesión en sus derechos, como consecuencia o repercusión de la conducta omisiva que reclama, no da base para la interposición del amparo, al no ser parte en el procedimiento que decretó la medida cautelar de que se trata. Por tanto, es inconcuso que, respecto al acto reclamado en estudio, la presente instancia constitucional resulta improcedente en términos de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción I del numeral 5 y 6, todos de la Ley de Amparo. En lo atinente a los diversos actos reclamados al Titular del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, consistentes en el restablecimiento inmediato de las semanas de cotización como empleada de Hugo Andrade Merchan, correspondientes al periodo comprendido del uno de octubre de dos mil dieciséis al treinta de septiembre de dos mil veinte y la continuación al derecho de preservar el seguro voluntario solicitado, admitido y autorizado por el funcionario que señala como responsable, en virtud de que, aduce se le suspendió el pago por los meses de febrero del año en curso, a la fecha, procede desechar la demanda, en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De las normas transcritas, se obtiene que, la acción de amparo, procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, tratándose del Instituto Mexicano del Seguro Social, es importante destacar que dicho organismo tiene reconocido un doble carácter, a saber: como organismo fiscal autónomo y como ente asegurador, en sustitución del patrón. En el primer caso, actúa en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, caso en el cual interviene como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y, en el segundo, opera como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y el patrón, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, hipótesis en que actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por ende, cuando el instituto de mérito realiza actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con sus asegurados, estará desprovisto de su carácter de autoridad, ya que se conducirá bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actuarán en un mismo plano. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." En la especie, la quejosa expresamente señaló que del Titular del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, reclama el restablecimiento inmediato de las semanas de cotización como empleada de Hugo Andrade Merchan, correspondientes al periodo comprendido del uno de octubre de dos mil dieciséis, al treinta de septiembre de dos mil veinte, así como la continuación al derecho de preservar el seguro voluntario, pues señala que en fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, fue dada de baja del régimen obligatorio por el citado patrón y el veintiséis de octubre posterior, fue presentada y aceptada su solicitud para la continuación voluntaria en dicho régimen. Lo que pone de manifiesto que, conforme con las anteriores consideraciones, se sigue que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente encargado de proporcionar seguridad social, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, ya que actúa en sustitución del patrón al otorgar dicho beneficio, por lo cual, sus relaciones con los trabajadores son de coordinación entre particulares en un plano de igualdad y, por consecuencia, los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de los Tribunales Federales en materia laboral, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social, que establece: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sobre esa base, los actos reclamados al Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, no se consideran como de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, respecto de éstos se actualiza la causa de improcedencia prevista en prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. No es óbice a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, página 829, con registro digital 2011888, bajo la voz: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." dado que de las manifestaciones de la quejosa, realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que exhibe, se advierte de manera clara y manifiesta que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme los razonamientos expuestos en la presente determinación, ya que aun y cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, pues de todas suertes se arribaría a la conclusión anotada. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por...Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 386/2021-II-F. PREVENCIÓN. Ahora, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 108 del propio ordenamiento, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con cuatro copias de su escrito aclaratorio: Precise el acto que reclama en el presente juicio, pues en el capítulo relativo señala como tales los siguientes: "En desacato a la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Sala Regional de San Luis Potosí, en el expediente 1070/21-25-01-2-ST de la Suspensión Definitiva, para que dicho Instituto me reconozca las semanas de cotizaciones, correspondientes al periodo del 01 de octubre de 2016 al 30 de septiembre del año 2020, como lo demostrare con la prueba que anexare en el capítulo correspondiente." "El restablecimiento inmediato de las semanas de cotización de la suscrita como empleada del C. HUGO ANDRADE MERCHAN, correspondientes al periodo comprendido del 01 de octubre del año 2016 al 30 de septiembre del año 2020." "La continuación al derecho de seguro voluntario solicitado, admitido y autorizado por el C. ARTURO YÁÑEZ RESÉNDIZ, en su calidad de Titular del departamento de afiliación y vigencia de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de ciudad Valles, S.L.P., en virtud de que se me suspendió el pago por los meses de febrero a la fecha de dicho seguro voluntario como consecuencia del acto reclamado en el inciso c) como lo demostrare con las pruebas que anexare en el capítulo correspondiente." Sin embargo, en el capítulo de antecedentes, en el punto número nueve señala que junto con Hugo Andrade Merchan, interpuso juicio de nulidad en contra de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que aduce se comunicó la baja de la quejosa a partir del uno de octubre de dos mil dieciséis. Asimismo, en el punto número quince refiere que el catorce de agosto del año en curso, solicitó la constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual aún no aparecen las cotizaciones correspondientes al periodo comprendido del uno de octubre de dos mil dieciséis al treinta de septiembre de dos mil veinte, ni las cotizaciones del seguro voluntario pagado hasta el mes de enero de la presente anualidad. Por otra parte, en el capítulo de conceptos de violación, en el último párrafo del primer punto refiere que la autoridad demandada se encuentra violentando los derechos humanos de seguridad social y acceso a la salud y/o atención médica, en perjuicio de la impetrante; y en el segundo punto, señala que le causa agravio su dada de baja por el hecho de que la autoridad suponga que el patrón Hugo Andrade Merchan la dio de alta únicamente con la intención de obtener los beneficios que corresponden al régimen Obligatorio del Seguro Social, para aspirar a una pensión por edad. Por ende, no queda claro el acto que en esta vía combate la quejosa por lo que deberá precisar si reclama: El incumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el expediente 1070/21-25-01-2-ST; La omisión de restablecer las semanas de cotización de la quejosa correspondientes al periodo comprendido del uno de octubre de dos mil dieciséis al treinta de septiembre de dos mil veinte; La omisión de reconocer las cotizaciones del seguro voluntario pagado del mes de octubre de dos mil veinte hasta el mes de enero del año en curso; La negativa de permitirle continuar pagando el seguro voluntario, o bien, La baja como trabajadora a partir del uno de octubre de dos mil dieciséis. Lo anterior toda vez que, de la lectura íntegra de su ocurso de demanda se advierte que constituyen actos que de manera directa o indirecta podrían derivar del expediente de origen. De cada acto que señale como reclamado deberá señalar a qué autoridad se lo atribuye; así como, bajo protesta de decir verdad, deberá ampliar el capítulo de antecedentes y conceptos de violación en relación éste. En caso de reclamar la baja como trabajadora a partir del uno de octubre de dos mil dieciséis, deberá señalar también, bajo protesta de decir verdad, la fecha y modo en que tuvo conocimiento de la baja. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se tendrá por no presentada la presente demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte como lo solicita la quejosa, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Gabino Villeda Hernández, por así hacer sido solicitado. SEÑALAMIENTO DE ARTÍCULO 4. No pasa inadvertido que la promovente señaló en su demanda el artículo 4 Constitucional, como uno de los preceptos violados por considerar que la seguridad social puede entenderse como la medida que establece el Estado para garantizar a cada persona su derecho a la atención médica digna y apropiada; sin embargo, no ha lugar a proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, toda vez que de la lectura de dicho ocurso, atento a lo narrado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, los actos que reclama no giran en torno a la falta de atención médica que, por consiguiente pudiera en peligro su vida. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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