Bolivar Chávez Orihuela
Expediente 1111/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bolivar Chávez Orihuela
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. SE ORDENA VINCULAR EL EXPEDIENTE. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, como se proveyó mediante diverso proveído de cinco de enero del año en curso, y como lo solicita el promovente de mérito se comisiona a Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que se haga disponible el expediente electrónico para efectos de su vinculación con el expediente 1220/2021-I-2 del juzgado oficiante de lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales procesales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintidós. SE ORDENA VINCULAR EL EXPEDIENTE. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, como lo solicita se comisiona a Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que se haga disponible el expediente electrónico para efectos de su vinculación con el expediente 1220/2021-I-2 del juzgado oficiante de lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales procesales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno.********************FIRME DESECHADA********************Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de dieciocho de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por********************en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes.********************SE ORDENA ARCHIVO********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.******************** Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por Bolívar Chávez Orihuela, contra actos de la Dirección General del Centro SCT MICHOACÁN, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VIII-1111/2021. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El oficio de veintinueve de octubre de dos mil veinte, relativo a la convocatoria a enrolamiento en el tramo carretero Morelia-Pátzcuaro del kilómetro 3+200 al 32+200, marcada con el oficio SCT.6.15.0.173/2021, así como el convocatorio que se entregó a Rafael Galván Galván y Autotransporte de Grúas Morelia S.A. de C.V. Ahora bien, se procede al análisis de la demanda de amparo promovida por Bolívar Chávez Orihuela, contra actos de la Dirección General del Centro SCT MICHOACÁN, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, en términos de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en la Tesis PC.III.L. J/5 L (10a), localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)"; en esa virtud, procede analizar el libelo constitucional generador del presentes juicio. Así, los artículos 62 y 113, de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso se considera actualizada la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional que prevé el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción III, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Preceptos legales que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la lectura del último apartado transcrito, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre y cuando se surta alguna de estas dos hipótesis: I. Que se trate de la resolución definitiva dictada en ese asunto, II. Tratándose de actos intermedios, estos deben tener una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tales como la vida, la libertad, la salud, etc. En el caso, el acto reclamado se trata de un acto dictado durante la substanciación de un procedimiento administrativo de elaboración de rol de servicios de arrastre y salvamento en carreteras, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual está regulado en los artículos 45-C y 45 D del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, que refieren: "Articulo 45C.- En aquellos tramos carreteros en donde estén autorizados dos o más permisionarios del servicio de arrastre y salvamento, deberán elaborar de común acuerdo, un rol de servicio que regule su operación. Los permisionarios tendrán en todo tiempo, la oportunidad de establecer o modificar de común acuerdo el rol de servicios correspondiente, garantizando en todo momento la prestación ininterrumpida, puntual y eficiente del servicio. Los acuerdos que al efecto adopten deberán constar por escrito, con la concurrencia y conformidad de todos los permisionarios o de sus legítimos representantes. Los acuerdos entre los permisionarios deberán ser registrados ante el Centro SCT que corresponda a su domicilio. Una vez registrado el rol, deberá notificarse el mismo a la Policía Federal Preventiva, para su oportuna aplicación. "Articulo 45D.- Si al momento de establecerse el rol de servicios, los permisionarios no logran llegar a un acuerdo, la Secretaría fijará un plazo improrrogable de diez días hábiles para que de común acuerdo los mismos establezcan el rol y sometan a su consideración el documento que lo contenga, apercibiéndolos de que en caso de no hacerlo, será la Secretaría quien determinará el rol del servicio, y se procederá a notificar a todos los permisionarios autorizados." Procedimiento que es de aquellos que se conocen como "seguidos en forma de juicio", llevado a cabo por autoridades distintas de tribunales (administrativos), pues éstos comprenden no sólo aquéllos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes sino también aquéllos mediante los que la autoridad administrativa prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al caso por analogía al no oponerse a lo previsto en la actual Ley de Amparo, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, abril de 2003, página 196, que informa: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUÉLLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.". En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un proceso de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva, y si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones al procedimiento. Así las cosas, en el oficio que constituye el acto reclamado, la autoridad señalada como responsable, convocó al aquí quejoso para que acudiera a las instalaciones de la Dirección General del Centro SCT Michoacán, para el establecimiento del rol de servicios en el tramo Morelia - Pátzcuaro del kilómetro 3+200 al 32+200, el cual tiene autorizado en permiso el aquí quejoso, mismo que coincide con los autorizados a Rafael Galván Galván, Saúl Esteban Chávez Álvarez y Autotransportes de Grúas Morelia S.A. de C.V., lo que evidencia, como se dijo que en el caso se está ante la presencia de un acto emitido durante un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En tales condiciones, para determinar si ese acto es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere el inciso b), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos emitidos dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Atendiendo a lo anterior, el oficio en comento, contiene, lo que aquí interesa: "Por medio del presente se le CONVOCA para que acuda a las 12:00 horas del día 19 de noviembre de 2021 a las oficinas de la Dirección General del Centro SCT Michoacán (edificio "A"), ubicadas en periférico Paseo de la república, número 7040, colonia los Ejidos, código postal 58180 en Morelia, Michoacán, lo anterior para el establecimiento del rol de servicios en el tramo Morelia-Pátzcuaro del kilómetro 3+200 al 32+200, el cual tiene autorizado en su permiso y que coincide con los autorizados al C. Rafael Galván Galván, Saúl Esteban Chávez Alvarez y Autotransportes de Grúas Morelia S.A. de C.V. Apercibiéndole que de no acudir, se llevara a cabo en presencia de los permisionarios que acudan a la diligencia, cabe mencionar que si los permisionarios no llegaran a ningún acuerdo, este Centro SCT Michoacán, establecerá el rol de servicios al que deberán sujetarse quedando sin efecto cualquier rol anterior al que se celebre." Como se ve del contenido del oficio reclamado, en él la autoridad comunicó al quejoso la convocatoria de enrolamiento a fin de establecer el rol de servicios en el tramo Morelia-Pátzcuaro del kilómetro 3+200 al 32+200; pero de su contenido no se advierte que con su emisión la autoridad responsable afecte de manera directa algún derecho sustantivo del quejoso, tales como la vida, la salud, la libertad o la integridad, entre otros. Por lo tanto, no se trata de un acto irreparable y desde esta perspectiva el amparo es improcedente. Entonces, al considerar que el acto de que se trata es de carácter intraprocesal, sin ser de imposible reparación, no es impugnable en la instancia constitucional por lo que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), aplicados en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por BOLÍVAR CHÁVEZ ORIHUELA, contra actos de la Dirección General del Transporte del Centro SCT MICHOACÁN, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Ello, porque de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, máxime que la parte quejosa anexó el oficio que contiene el acto reclamado a su demanda, lo cual permitió su estudio para determinar la causa de improcedencia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, virtud a que de una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho se advierte que no cuentan con su cédula profesional registrada y si bien es cierto, manifiesta que exhibe copia certificada de la cédula profesional de Rogelio Adrián Ibarra Alonzo, de una revisión de las constancias que exhibe con su demanda, no se advierte la misma. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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