Bolivar Chávez Orihuela

Expediente 368/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
368/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Bolivar Chávez Orihuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, con fecha de engrose treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la cual se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por BOLÍVAR CHÁVEZ ORIHUELA. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE DEVUELVEN COPIAS Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable denominada Director General del Centro SCT Michoacán, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado un legajo de copias certificadas, devuélvanse las mismas a su lugar de origen, toda vez que ya fue resuelto el presente juicio y resulta innecesaria su permanencia en este Juzgado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede se desprende que en el presente juicio no obran glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Finalmente, háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ******************** contra actos del Director General del Centro SCT en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado y remitido el dieciocho siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Centro SCT en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otra autoridad; en los términos siguientes: "LA VALIDACIÓN Y/O PERMISO EFECTUADO Y OTORGADO POR LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CENTRO SCT MICHOACÁN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, QUE REALIZA RESPECTO DEL OFICIO ********************, A TRAVÉS DEL CUAL AUTORIZÓ A ******************** SER PERMISIONARIO EN EL TRAMO CARRETERO 1860 MORELIA-PÁTZCUARO RUTA 14, DEL KILÓMETRO ********************. LA VALIDACIÓN VERBAL EFECTUADA EL DIRECTOR DEL DENTRO SCT MICHOACÁN, QUE REALIZA RESPECTO DEL OFICIO ********************, A TRAVÉS DEL CUAL AUTORIZÓ A ******************** SER PERMISIONARIO EN EL TRAMO CARRETERO 1860 MORELIA-PÁTZCUARO RUTA 14, DEL KILÓMETRO ********************.". En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, el juzgado del conocimiento radicó y admitió la demanda con el expediente número ******************** de su índice, requirió a las autoridades responsables su informe justificación y otorgó la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción. Asimismo, en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el mencionado órgano jurisdiccional reconoció el carácter de tercero interesado en este juicio a ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. TERCERO. Returno. El veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Distrito estimó que el conocimiento del asunto correspondía a este Juzgado Tercero de Distrito, por ser quien conoció el último antecedente promovido contra los actos que fueron materia del diverso juicio de amparo ********************; por ello ordenó la remisión de los autos para que este se proveyera lo conducente. CUARTO. Avocamiento y trámite del juicio. Mediante auto de doce de abril de dos mil veintidós, este Juzgado Federal se avocó en el conocimiento del asunto, el que ahora quedó registrado bajo el expediente número ******************** admitió a trámite el asunto, dio vista a la quejosa con el informe rendido y requirió la diversa autoridad señalada como responsable Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que lo emitiera; asimismo, otorgó la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, el veintisiete de enero de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto de naturaleza administrativa, cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El oficio número ********************, de treinta de abril de dos mil dieciocho, emitido en contestación a la solicitud presentada por ********************, en la que se compensa su autorización para explotar el servicio público de arrastre y salvamento en carreteras de jurisdicción Federal, respecto del tramo de la nueva autopista ******************** del kilómetro ******************** al ********************, y se rectifica el tramo autorizado ******************** (********************), para explotar el aludido servicio en los tramos antedichos. Ello en la inteligencia de que el interesado debería satisfacer determinados trámites administrativos para que dicha autorización continuara teniendo validez. No se soslaya que en su demanda de amparo el quejoso pretende atribuir al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Michoacán, el acto que señala como "validación y/o permiso efectuado" incluido verbal, respecto del citado oficio número ********************; sin embargo, de la interpretación integral de su libelo se colige que su pretensión es controvertir en este juicio constitucional el supuesto permiso que se contiene en aquel oficio, a favor del aquí tercero interesado, por lo que únicamente debe tenerse como acto reclamado este último. Sin que esto implique alguna limitación en su accionar porque al ser dicho oficio la génesis del presente asunto, de ser procedente este juicio de amparo y de obtener sentencia favorable, el quejoso podrá ser restituido en el pleno goce de sus derechos humanos violentados. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones, negó la emisión del oficio reclamado. Por el contrario, como se reitera en el siguiente considerando, se encuentra acreditada la existencia del mencionado oficio número ********************, de treinta de abril de dos mil dieciocho, el cual se encuentra signado por el Director General del Centro SCT Michoacán, de modo que debe excluirse alguna intervención de la unidad jurídica. Máxime que la parte quejosa no ofreció alguna prueba tendente a demostrar la emisión del oficio reclamado al titular de la unidad jurídica, de manera que, acorde a lo expuesto, debe concluirse su inexistencia. Al respecto se invoca, la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". En mérito de lo anterior lo que se impone es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Michoacán. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Como se mencionó, es cierto el acto atribuido al Director General del Centro SCT en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, toda vez que al rendir su informe justificado hizo manifestaciones en ese sentido, en torno a la emisión del oficio reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con la copia certificada del oficio número ********************, de treinta de abril de dos mil dieciocho, que se reclama en este juicio constitucional. Documental pública que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, con independencia de las consecuencias jurídicas que haya generado el oficio número ******************** -tomando en cuenta los diversos medios ordinarios y extraordinarios de defensa promovidos en contra de los diversos oficios ******************** y ********************, que guardan relación con el citado oficio reclamado-, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 63, fracción V, en virtud de que el quejoso debió agotar previamente al juicio de amparo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en estricto cumplimiento a la regla de derecho que deriva del principio de definitividad. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional resulta improcedente respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En la fracción citada se estatuye el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer, en contra de los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que estima lesivos de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como lo es el juicio de amparo, salvo los casos de excepción que ahí se prevén. Debe decirse que los medios ordinarios de defensa son creados en las leyes para que el afectado los haga valer, sólo en caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales tiene la posibilidad de acudir al juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de dicha autoridad. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Ahora bien, los artículos 1, 2 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como el segundo transitorio del decreto por el que se creó, señalan lo siguiente: "Artículo. 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas. Artículo. 2. Esta Ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente. (...) Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. (...) TRANSITORIOS (...) SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta Ley, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por este ordenamiento. Los recursos administrativos en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán conforme a la ley de la materia. Por su parte, el artículo 3, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa prescribe: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (...) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;" Los artículos 1, 2, fracción I, y 29, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señalan lo siguiente: "Artículo 1. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. Artículo 2. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: I.- Secretarías de Estado, y (...) Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos: (...) IX.- Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas;" Por otro lado, la vigente Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, prevén lo siguiente: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal "ARRASTRE, SALVAMENTO Y DEPÓSITO Artículo 55.- Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos se sujetarán a las condiciones de operación y modalidades establecidas en los reglamentos respectivos." Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares "ARTÍCULO 6o.- Serán objeto de permiso expedido por la Secretaría los servicios siguientes: (.) III. Arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos ARTÍCULO 11.- Las personas interesadas en obtener permisos para prestar servicios de arrastre y arrastre y salvamento, deberán reunir los requisitos determinados en las fracciones I a VIII, X, XIV y penúltimo párrafo del artículo 7o. Adicionalmente, para el servicio de arrastre y salvamento, deberán presentar croquis de la ruta solicitada ARTÍCULO 17.- Los permisos contendrán, según la naturaleza del servicio, lo siguiente: (.) XI Tramo autorizado, tratándose del servicio de arrastre y salvamento.". De los artículos antes transcritos, lleva a concluir que en términos de los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las disposiciones de esa ley son aplicables supletoriamente a los actos, procedimientos y resoluciones administrativos de la Administración Pública Federal Centralizada.. Además, en términos del artículo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la exposición de motivos que dio origen a ésta, se advierte la clara intención del legislador de someter a este ordenamiento la eficacia y validez de los actos de la Administración Pública Federal, a fin de crear un sistema uniforme que dé certeza y seguridad jurídica a las relaciones de ésta con los particulares, ya que del mencionado transitorio se colige que con la emisión de esa ley quedaron derogados los recursos específicos previstos en las diversas leyes administrativas, estableciendo como medio de impugnación, de manera genérica e imperativa, el recurso de revisión previsto en el citado artículo 83 de ese ordenamiento o, en su caso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo previsto por el artículo 3º, fracción XII de la Ley Orgánica de ese Tribunal. Pues bien, de la transcripción de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se observa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes forma parte de la Administración Pública Federal Centralizada; que en términos del artículo 36, fracción IX, dentro de su actuación administrativa se encuentra la de establecer otorgar los permisos para la explotación de las vías federales, a través del servicio de arrastre y salvamento, en los términos de las disposiciones legales respectivas; para ello, la persona interesada debe hacer la solicitud respectiva y, de reunir los requisitos pertinentes, se le expedirá la autorización a su favor, señalando el tramo carretero para la prestación del servicio. En tal contexto, se puede concluir que los actos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes relacionados con los permisos de operación con vinculación a la explotación de las vías generales de comunicación, son de carácter administrativo y no están excluidos de la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, los particulares que se consideran afectados por los actos y resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de los actos relacionados de los mencionados actos, deben agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o, en su caso, al ser optativo, promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (este último de manera forzosa), en cumplimiento a lo prescrito por el artículo 3º, fracción XII de la Ley Orgánica de ese Tribunal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXXXVIII/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, página 300, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ADMINISTRATIVOS. LOS PREVISTOS EN LAS DIVERSAS LEYES ADMINISTRATIVAS SE ENCUENTRAN TÁCITAMENTE DEROGADOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y LOS PRECEPTOS QUE AÚN NO SE DEROGAN EXPRESAMENTE SE CONSERVARÁN PARA SOLUCIONAR AQUELLOS MEDIOS DE DEFENSA INTERPUESTOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHA LEY. El artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994, establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a dicha ley, particularmente los recursos administrativos de los diferentes ordenamientos que se refieren a las materias reguladas por ella, las cuales están acotadas por su artículo 1o. que señala que es aplicable a toda actividad de la administración pública federal (centralizada y paraestatal), con exclusión de su campo de aplicación de las materias fiscal, responsabilidades de servidores públicos, justicia agraria, justicia laboral, funciones constitucionales del Ministerio Público, y respecto de las materias de competencia económica y prácticas desleales de comercio internacional y financiera, con una exclusión parcial, toda vez que a ellas les será aplicable el título tercero A, relativo a la mejora regulatoria; además, el referido artículo transitorio prevé que aquellos recursos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor de la nueva ley adjetiva se resolverán conforme a la ley de la materia. Por su parte, el artículo 9o. del Código Civil Federal establece que la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. En atención a lo expuesto, a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, todos los recursos que hubieran estado previstos en las diferentes leyes administrativas que regulen materias que entran en el campo de aplicación de aquella ley, se encuentran tácitamente derogados, y los preceptos que aún no lo estén expresamente se conservan para solucionar los medios de defensa interpuestos antes de su entrada en vigor". De igual forma sirve de apoyo a los asertos anteriores, la jurisprudencia 116/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, octubre de 1999, materia común, página 447, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular.". Ahora bien, la parte quejosa reclama el oficio número ********************, de treinta de abril de dos mil dieciocho, emitido en contestación a la solicitud presentada por ********************, en la que se compensa su autorización para explotar el servicio público de arrastre y salvamento en carreteras de jurisdicción Federal, respecto del tramo de la nueva autopista ******************** del kilómetro ******************** al ********************, y se rectifica el tramo autorizado ******************** (********************), para explotar el aludido servicio en los tramos antedichos. Ello en la inteligencia de que el interesado debería satisfacer determinados trámites administrativos para que dicha autorización continuara teniendo validez. En tal virtud, si dicho acto fue emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que forma parte de la Administración Pública Federal y se encuentra relacionado con la expedición de permisos para la explotación de las vías generales de comunicación, entonces estaba obligada, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar el recurso de revisión o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el 3º, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cabe precisar que en la tesis X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. En efecto, el acto reclamado constituyó la manifestación unilateral de la voluntad administrativa, que recayó la petición o instancia realizada por el tercero interesado al considerar fijar los tramos carreteros que se compensan y rectifican a favor de ********************, para explotar el servicio público de arrastre y salvamento en carreteras de Jurisdicción Federal. Acto que el aquí quejoso pretende someter a análisis de regularidad constitucional, al considerar que le asiste un mejor derecho para la prestación del servicio aludido en determinados tramos carreteros. Bajo tales premisas, debe concluirse que antes de accionar en este juicio de amparo, el quejoso debió forzosamente agotar el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del oficio reclamado. Al respecto, cabe destacar que en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, bajo las siguientes consideraciones: Debe precisarse que en dicho juicio no se prevén mayores requisitos que los establecidos por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual se cumple la condición establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Este tópico se encuentra definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el máximo tribunal determinó que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues -concluyó- que un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales. La jurisprudencia tiene el progresivo 27/2016 (10a.), con número de registro 2011289, visible en la página 1194, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Cuando el acto carezca de fundamentación. De un examen objetivo del acto reclamado, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, permite advertir que se emitió con apoyo en diversas normas jurídicas, tales como artículos legales y reglamentarios, de ahí que no carece de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. No se actualiza esta excepción, toda vez que su operatividad requiere que únicamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución, sin que se propongan argumentos de legalidad, lo que no ocurre en el caso, pues la lectura integral de la demanda de amparo, permite advertir que la parte quejosa se duele de cuestiones atinentes a la legalidad del acto reclamado. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza esta excepción, dado que, como se vio, los medios ordinarios de defensa procedentes en contra del acto reclamado se encuentran previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación; en el caso, la parte quejosa no reclamó ley alguna. Tampoco se advierte que la peticionaria de amparo se ostente como tercera extraña, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Incluso, no es obstáculo para llegar a la anterior conclusión el hecho de que se pudiera considerar que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues aún así, esa circunstancia no exime de la obligación de agotar el recurso o medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Así es, en la especie, este juzgado no advierte motivo por el que la parte quejosa estuviera exenta de agotar el medio ordinario de defensa que, como ya se dijo, previamente a la promoción del juicio de amparo se encontraba en condiciones de interponer el recurso de revisión o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual constituye un medio ordinario de defensa. Consecuentemente, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la propia ley. Finalmente, al decretar el sobreseimiento en el juicio, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos del representante social adscrito, en virtud de que no forman parte de la litis, ni en ellos se invoca diversa causal de improcedencia. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de las autoridades responsables y acto precisado, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-LFSL

  3. Principal

    POR MEDIO LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE; V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ******************** contra actos del Director General del Centro SCT en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado y remitido el dieciocho siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Centro SCT en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otra autoridad; en los términos siguientes: "LA VALIDACIÓN Y/O PERMISO EFECTUADO Y OTORGADO POR LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CENTRO SCT MICHOACÁN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, QUE REALIZA RESPECTO DEL OFICIO ********************, A TRAVÉS DEL CUAL AUTORIZÓ A ******************** SER PERMISIONARIO EN EL TRAMO CARRETERO 1860 MORELIA-PÁTZCUARO RUTA 14, DEL KILÓMETRO ********************. LA VALIDACIÓN VERBAL EFECTUADA EL DIRECTOR DEL DENTRO SCT MICHOACÁN, QUE REALIZA RESPECTO DEL OFICIO ********************, A TRAVÉS DEL CUAL AUTORIZÓ A ******************** SER PERMISIONARIO EN EL TRAMO CARRETERO 1860 MORELIA-PÁTZCUARO RUTA 14, DEL KILÓMETRO ********************.". En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, el juzgado del conocimiento radicó y admitió la demanda con el expediente número ******************** de su índice, requirió a las autoridades responsables su informe justificación y otorgó la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción. Asimismo, en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el mencionado órgano jurisdiccional reconoció el carácter de tercero interesado en este juicio a ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. TERCERO. Returno. El veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Distrito estimó que el conocimiento del asunto correspondía a este Juzgado Tercero de Distrito, por ser quien conoció el último antecedente promovido contra los actos que fueron materia del diverso juicio de amparo ********************; por ello ordenó la remisión de los autos para que este se proveyera lo conducente. CUARTO. Avocamiento y trámite del juicio. Mediante auto de doce de abril de dos mil veintidós, este Juzgado Federal se avocó en el conocimiento del asunto, el que ahora quedó registrado bajo el expediente número ******************** admitió a trámite el asunto, dio vista a la quejosa con el informe rendido y requirió la diversa autoridad señalada como responsable Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que lo emitiera; asimismo, otorgó la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, el veintisiete de enero de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto de naturaleza administrativa, cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El oficio número ********************, de treinta de abril de dos mil dieciocho, emitido en contestación a la solicitud presentada por ********************, en la que se compensa su autorización para explotar el servicio público de arrastre y salvamento en carreteras de jurisdicción Federal, respecto del tramo de la nueva autopista ******************** del kilómetro ******************** al ********************, y se rectifica el tramo autorizado ******************** (********************), para explotar el aludido servicio en los tramos antedichos. Ello en la inteligencia de que el interesado debería satisfacer determinados trámites administrativos para que dicha autorización continuara teniendo validez. No se soslaya que en su demanda de amparo el quejoso pretende atribuir al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Michoacán, el acto que señala como "validación y/o permiso efectuado" incluido verbal, respecto del citado oficio número ********************; sin embargo, de la interpretación integral de su libelo se colige que su pretensión es controvertir en este juicio constitucional el supuesto permiso que se contiene en aquel oficio, a favor del aquí tercero interesado, por lo que únicamente debe tenerse como acto reclamado este último. Sin que esto implique alguna limitación en su accionar porque al ser dicho oficio la génesis del presente asunto, de ser procedente este juicio de amparo y de obtener sentencia favorable, el quejoso podrá ser restituido en el pleno goce de sus derechos humanos violentados. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones, negó la emisión del oficio reclamado. Por el contrario, como se reitera en el siguiente considerando, se encuentra acreditada la existencia del mencionado oficio número ********************, de treinta de abril de dos mil dieciocho, el cual se encuentra signado por el Director General del Centro SCT Michoacán, de modo que debe excluirse alguna intervención de la unidad jurídica. Máxime que la parte quejosa no ofreció alguna prueba tendente a demostrar la emisión del oficio reclamado al titular de la unidad jurídica, de manera que, acorde a lo expuesto, debe concluirse su inexistencia. Al respecto se invoca, la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". En mérito de lo anterior lo que se impone es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Michoacán. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Como se mencionó, es cierto el acto atribuido al Director General del Centro SCT en el Estado de Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, toda vez que al rendir su informe justificado hizo manifestaciones en ese sentido, en torno a la emisión del oficio reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con la copia certificada del oficio número ********************, de treinta de abril de dos mil dieciocho, que se reclama en este juicio constitucional. Documental pública que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, con independencia de las consecuencias jurídicas que haya generado el oficio número ******************** -tomando en cuenta los diversos medios ordinarios y extraordinarios de defensa promovidos en contra de los diversos oficios ******************** y ********************, que guardan relación con el citado oficio reclamado-, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 63, fracción V, en virtud de que el quejoso debió agotar previamente al juicio de amparo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en estricto cumplimiento a la regla de derecho que deriva del principio de definitividad. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional resulta improcedente respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En la fracción citada se estatuye el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer, en contra de los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que estima lesivos de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como lo es el juicio de amparo, salvo los casos de excepción que ahí se prevén. Debe decirse que los medios ordinarios de defensa son creados en las leyes para que el afectado los haga valer, sólo en caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales tiene la posibilidad de acudir al juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de dicha autoridad. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Ahora bien, los artículos 1, 2 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como el segundo transitorio del decreto por el que se creó, señalan lo siguiente: "Artículo. 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas. Artículo. 2. Esta Ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente. (...) Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. (...) TRANSITORIOS (...) SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta Ley, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por este ordenamiento. Los recursos administrativos en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán conforme a la ley de la materia. Por su parte, el artículo 3, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa prescribe: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (...) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;" Los artículos 1, 2, fracción I, y 29, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señalan lo siguiente: "Artículo 1. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. Artículo 2. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: I.- Secretarías de Estado, y (...) Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos: (...) IX.- Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas;" Por otro lado, la vigente Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, prevén lo siguiente: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal "ARRASTRE, SALVAMENTO Y DEPÓSITO Artículo 55.- Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos se sujetarán a las condiciones de operación y modalidades establecidas en los reglamentos respectivos." Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares "ARTÍCULO 6o.- Serán objeto de permiso expedido por la Secretaría los servicios siguientes: (.) III. Arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos ARTÍCULO 11.- Las personas interesadas en obtener permisos para prestar servicios de arrastre y arrastre y salvamento, deberán reunir los requisitos determinados en las fracciones I a VIII, X, XIV y penúltimo párrafo del artículo 7o. Adicionalmente, para el servicio de arrastre y salvamento, deberán presentar croquis de la ruta solicitada ARTÍCULO 17.- Los permisos contendrán, según la naturaleza del servicio, lo siguiente: (.) XI Tramo autorizado, tratándose del servicio de arrastre y salvamento.". De los artículos antes transcritos, lleva a concluir que en términos de los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las disposiciones de esa ley son aplicables supletoriamente a los actos, procedimientos y resoluciones administrativos de la Administración Pública Federal Centralizada.. Además, en términos del artículo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la exposición de motivos que dio origen a ésta, se advierte la clara intención del legislador de someter a este ordenamiento la eficacia y validez de los actos de la Administración Pública Federal, a fin de crear un sistema uniforme que dé certeza y seguridad jurídica a las relaciones de ésta con los particulares, ya que del mencionado transitorio se colige que con la emisión de esa ley quedaron derogados los recursos específicos previstos en las diversas leyes administrativas, estableciendo como medio de impugnación, de manera genérica e imperativa, el recurso de revisión previsto en el citado artículo 83 de ese ordenamiento o, en su caso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo previsto por el artículo 3º, fracción XII de la Ley Orgánica de ese Tribunal. Pues bien, de la transcripción de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se observa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes forma parte de la Administración Pública Federal Centralizada; que en términos del artículo 36, fracción IX, dentro de su actuación administrativa se encuentra la de establecer otorgar los permisos para la explotación de las vías federales, a través del servicio de arrastre y salvamento, en los términos de las disposiciones legales respectivas; para ello, la persona interesada debe hacer la solicitud respectiva y, de reunir los requisitos pertinentes, se le expedirá la autorización a su favor, señalando el tramo carretero para la prestación del servicio. En tal contexto, se puede concluir que los actos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes relacionados con los permisos de operación con vinculación a la explotación de las vías generales de comunicación, son de carácter administrativo y no están excluidos de la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, los particulares que se consideran afectados por los actos y resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de los actos relacionados de los mencionados actos, deben agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o, en su caso, al ser optativo, promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (este último de manera forzosa), en cumplimiento a lo prescrito por el artículo 3º, fracción XII de la Ley Orgánica de ese Tribunal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXXXVIII/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, página 300, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ADMINISTRATIVOS. LOS PREVISTOS EN LAS DIVERSAS LEYES ADMINISTRATIVAS SE ENCUENTRAN TÁCITAMENTE DEROGADOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y LOS PRECEPTOS QUE AÚN NO SE DEROGAN EXPRESAMENTE SE CONSERVARÁN PARA SOLUCIONAR AQUELLOS MEDIOS DE DEFENSA INTERPUESTOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHA LEY. El artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994, establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a dicha ley, particularmente los recursos administrativos de los diferentes ordenamientos que se refieren a las materias reguladas por ella, las cuales están acotadas por su artículo 1o. que señala que es aplicable a toda actividad de la administración pública federal (centralizada y paraestatal), con exclusión de su campo de aplicación de las materias fiscal, responsabilidades de servidores públicos, justicia agraria, justicia laboral, funciones constitucionales del Ministerio Público, y respecto de las materias de competencia económica y prácticas desleales de comercio internacional y financiera, con una exclusión parcial, toda vez que a ellas les será aplicable el título tercero A, relativo a la mejora regulatoria; además, el referido artículo transitorio prevé que aquellos recursos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor de la nueva ley adjetiva se resolverán conforme a la ley de la materia. Por su parte, el artículo 9o. del Código Civil Federal establece que la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. En atención a lo expuesto, a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, todos los recursos que hubieran estado previstos en las diferentes leyes administrativas que regulen materias que entran en el campo de aplicación de aquella ley, se encuentran tácitamente derogados, y los preceptos que aún no lo estén expresamente se conservan para solucionar los medios de defensa interpuestos antes de su entrada en vigor". De igual forma sirve de apoyo a los asertos anteriores, la jurisprudencia 116/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, octubre de 1999, materia común, página 447, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular.". Ahora bien, la parte quejosa reclama el oficio número ********************, de treinta de abril de dos mil dieciocho, emitido en contestación a la solicitud presentada por ********************, en la que se compensa su autorización para explotar el servicio público de arrastre y salvamento en carreteras de jurisdicción Federal, respecto del tramo de la nueva autopista ******************** del kilómetro ******************** al ********************, y se rectifica el tramo autorizado ******************** (********************), para explotar el aludido servicio en los tramos antedichos. Ello en la inteligencia de que el interesado debería satisfacer determinados trámites administrativos para que dicha autorización continuara teniendo validez. En tal virtud, si dicho acto fue emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que forma parte de la Administración Pública Federal y se encuentra relacionado con la expedición de permisos para la explotación de las vías generales de comunicación, entonces estaba obligada, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar el recurso de revisión o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el 3º, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cabe precisar que en la tesis X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. En efecto, el acto reclamado constituyó la manifestación unilateral de la voluntad administrativa, que recayó la petición o instancia realizada por el tercero interesado al considerar fijar los tramos carreteros que se compensan y rectifican a favor de ********************, para explotar el servicio público de arrastre y salvamento en carreteras de Jurisdicción Federal. Acto que el aquí quejoso pretende someter a análisis de regularidad constitucional, al considerar que le asiste un mejor derecho para la prestación del servicio aludido en determinados tramos carreteros. Bajo tales premisas, debe concluirse que antes de accionar en este juicio de amparo, el quejoso debió forzosamente agotar el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del oficio reclamado. Al respecto, cabe destacar que en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, bajo las siguientes consideraciones: Debe precisarse que en dicho juicio no se prevén mayores requisitos que los establecidos por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual se cumple la condición establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Este tópico se encuentra definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el máximo tribunal determinó que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues -concluyó- que un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales. La jurisprudencia tiene el progresivo 27/2016 (10a.), con número de registro 2011289, visible en la página 1194, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Cuando el acto carezca de fundamentación. De un examen objetivo del acto reclamado, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, permite advertir que se emitió con apoyo en diversas normas jurídicas, tales como artículos legales y reglamentarios, de ahí que no carece de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. No se actualiza esta excepción, toda vez que su operatividad requiere que únicamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución, sin que se propongan argumentos de legalidad, lo que no ocurre en el caso, pues la lectura integral de la demanda de amparo, permite advertir que la parte quejosa se duele de cuestiones atinentes a la legalidad del acto reclamado. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza esta excepción, dado que, como se vio, los medios ordinarios de defensa procedentes en contra del acto reclamado se encuentran previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación; en el caso, la parte quejosa no reclamó ley alguna. Tampoco se advierte que la peticionaria de amparo se ostente como tercera extraña, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Incluso, no es obstáculo para llegar a la anterior conclusión el hecho de que se pudiera considerar que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues aún así, esa circunstancia no exime de la obligación de agotar el recurso o medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Así es, en la especie, este juzgado no advierte motivo por el que la parte quejosa estuviera exenta de agotar el medio ordinario de defensa que, como ya se dijo, previamente a la promoción del juicio de amparo se encontraba en condiciones de interponer el recurso de revisión o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual constituye un medio ordinario de defensa. Consecuentemente, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la propia ley. Finalmente, al decretar el sobreseimiento en el juicio, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos del representante social adscrito, en virtud de que no forman parte de la litis, ni en ellos se invoca diversa causal de improcedencia. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de las autoridades responsables y acto precisado, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-LFSL

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 368/2022 promovido por Bolívar Chávez Orihuela contra actos del Director General del Centro SCT Michoacán, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Por otra parte, la secretaria CERTIFICA: Que es un hecho notorio para este Juzgado que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación se advierte que en sesión celebrada el quince de diciembre de dos mil veintidós, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió la revisión fiscal 224/2022. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado Rafael Galván Galván, por conducto de su apoderado Valente Álvarez Reyes; quien se encuentra debidamente emplazado y apersonado, como se advierte de las constancias. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede y en cuanto a la certificación de cuenta, se ordena tener a la vista al momento de resolver la sentencia emitida el quince de diciembre de dos mil veintidós, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro de la revisión fiscal 224/2022. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Director General del Centro SCT Michoacán, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con residencia en esta ciudad; y, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Michoacán, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con sede en esta capital. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable Director General del Centro SCT Michoacán, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con residencia en esta ciudad, adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de la convocatoria de enrolamiento número SCT.6.15.0.386/2008 de fecha treinta de abril de dos mil ocho; y, La Presidenta de la Sala Regional del Pacífico- Centro del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta capital, en atención al contenido del informe justificado rendido por la indicada autoridad responsable, remitió lo siguiente: Copia certificada del juicio contencioso administrativo número 280/2020-21-01-6-0T, con la que se ordenó formar cuaderno de pruebas por separado. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.

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