Blas Guadalupe Sandoval Perez
Expediente 800/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Blas Guadalupe Sandoval Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 800/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, BLAS GUADALUPE SANDOVAL PÉREZ, promovió demanda de amparo contra actos del Síndico Municipal del Distrito de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, que hizo consistir en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAMA: La restricción a la quejosa para tener acceso al inmueble arrendado, así como la desocupación del inmueble arrendado y desalojo de mis pertenecías por parte de la responsable, que se encontraban en el inmueble que tengo arrendado con la quejosa (caseta marcada con el número 22, ubicada en la planta baja del Mercado Municipal del Distrito de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca), sin que exista determinación alguna fundada y motivada por la responsable en la cual se me haya realizado requerimiento y apercibimiento conforme a derecho y debidamente notificado para poder llevar a cabo dicho acto del que me duelo. Violándose con el acto consumado por la responsable flagrantemente mis garantías constitucionales consagradas en los artículos 1°, 5°, 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por consecuencia, se violan mis derechos fundamentales de privación de mis posesiones y derechos, entre otros." Actos que estima violan los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1°, 5°, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Recepción y desechamiento de demanda. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, a la que se le asignó el número 800/2021, y en proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se desechó por improcedente; inconforme con esa determinación la parte quejosa promovió recurso de queja en su contra, tocando conocer de ese recurso al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. Por ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil veintidós, el citado Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de queja número 359/2021 de su índice, para que se dejara sin efecto el auto recurrido y se proveyera lo conducente respecto a la admisión de la demanda. TERCERO. Admisión y trámite. En cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal de Alzada, en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La desocupación del inmueble arrendado consistente en caseta número veintidós, ubicada en la planta baja del Mercado Municipal del Distrito de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, así como el desalojo de sus pertenencias. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Síndico Municipal del Distrito de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, no rindió su informe justificado, no obstante de haber quedado legalmente notificado de la petición del mismo como se advierte de las constancias de autos; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal de orden público que debe ser examinado de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo, lo aleguen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, atento a lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley. ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ." Conforme a tales preceptos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, es decir, es improcedente siempre que no se produzca una afectación real y actual en el derecho subjetivo que le asiste o bien, teniendo un interés legítimo, éste no sea afectado de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, en relación con la existencia de una afectación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, y 2) una afectación real y directa a él; además, para la procedencia del juicio no basta que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que se requiere también que quien promueva el juicio sea el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Respecto de la afectación a los intereses legítimos del particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó al sustentar la tesis 2a./XVIII/2013, que el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo, no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Tal criterio se encuentra visible a página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." De esta forma, debe estimarse que la procedencia de la acción de amparo sigue siendo delimitada, pues el reconocimiento del interés legítimo como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad, ya que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad. Con base a lo expuesto, y tomando en consideración que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo, que supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; se establece que en el caso particular, en cuanto a la orden de desocupación del inmueble que dice tener en arrendamiento, consistente en la caseta número veintidós, ubicada en la planta baja del Mercado Municipal del Distrito de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, así como el desalojo de sus pertenencias, la quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico, debido a que no demostró tener en arrendamiento el inmueble citado, pues no aportó el contrato que hubiera celebrado al respecto, de donde se pudiera advertir las clausulas pactadas en el mismo, así como que se encuentra cumpliendo con las mismas, y ningún otro documento con el que demostrara encontrarse efectuando el pago correspondiente a dicho arrendamiento. Y si bien, ofreció los documentos que anexó a su demanda, consistentes en los oficios de siete de octubre de dos mil veinte, veintiséis de febrero y catorce de junio de dos mil veintiuno, signados por el Síndico de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, en los que le requiere se ponga al corriente con los pagos de la referida caseta, así como de dos escritos de la quejosa dirigidos a la autoridad responsable, en los que le solicita prórroga para efectuar los pagos requeridos, era necesario, como se dijo exhibir copia del contrato de arrendamiento para estar en aptitud de conocer las clausulas pactadas en el mismo, como así también lo manifestó el Tribunal de Alzada en el recurso de queja 359/2021. En consecuencia, al no estar en autos acreditado fehacientemente el interés jurídico de la quejosa, se configura la aludida causa de improcedencia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por BLAS GUADALUPE SANDOVAL PÉREZ, respecto de los actos señalados en el considerando segundo de este fallo, reclamados al Síndico Municipal del Distrito de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, en términos del último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte, se encuentra transcurriendo el término de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la autoridad responsable Síndico Municipal del Distrito de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, rinda su informe justificado; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
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