Blanca Torres Martínez
Expediente 600/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Blanca Torres Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintiséis de julio del año en curso, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 600/2021; R E S U L T A N D O: PRIMERO. BLANCA TORRES MARTÍNEZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de Juan José García Ortiz, Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca y Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca (SEMARNAT), consistentes en: la falta de contestación a sus escritos presentados ante las referidas delegaciones con fecha once y doce de mayo de esta anualidad; que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de treinta y uno de mayo de este año, esta juzgadora admitió la demanda de mérito, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. TERCERO. Se hace la precisión que en proveído de quince de junio del año en curso, en términos del oficio SEPLE/CJD/002/1946/2021, de dos de junio de esta anualidad, del secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a las partes que a partir del dieciséis de junio del citado año, la licenciada Elia Irma Hernández Antonio, desempeña las funciones de jueza de Distrito de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con motivo de la licencia prejubilatoria y retiro voluntario, del licenciado Amado Chiñas Fuentes, quien fungió como titular de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. CUARTO. Por auto de trece de julio de dos mil veintiuno, se dejó de tener como responsable a la autoridad que la parte quejosa denominó como: "Juan José García Ortiz, Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca", y se ordenó cesar toda comunicación con la misma, dada su inexistencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La falta de acuerdo a su escrito presentado ante el Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca, el doce de mayo de dos mil veintiuno. TERCERO. La encargada del despacho de la Delegación Federal en el Estado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; negativa que se acepta en los términos planteados. Ello es así, pues la inexistencia del acto reclamado estriba en que la quejosa BLANCA TORRES MARTÍNEZ, no aportó como prueba documental el acuse de recibo original que contenga la petición formulada a la responsable el doce de mayo de dos mil veintiuno, del que se advierta el sello fechador de la dependencia o la constancia de recepción con firma original del servidor público respectivo, a fin de acreditar que efectivamente le realizó una petición a la que no ha recaído respuesta; siendo que en asuntos como el presente (falta de contestación a escrito), queda a cargo de la parte quejosa la prueba que determine la existencia del acto reclamado. Se invoca en lo conducente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." En esas condiciones, y ante la inexistencia del acto reclamado, conlleva a sobreseer en el presente asunto en términos del artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 600/2021 promovido por BLANCA TORRES MARTÍNEZ. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que ha transcurrido el plazo concedido a la quejosa BLANCA TORRES MARTÍNEZ, en proveído de quince de junio del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hubiera realizado manifestación alguna; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y con fundamento en el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se deja de tener como responsable a la autoridad que denominó como: "Juan José García Ortiz, Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca", y se ordena cesar toda comunicación con la misma; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Con lo anterior, instrúyase al analista jurídico SISE, a efecto de que haga la aclaración correspondiente en el referido sistema. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte, se encuentra transcurriendo el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de junio de esta anualidad, respecto al requerimiento formulado en el mismo; por tanto, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, en consecuencia se difiere y se fijan las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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