Blanca Tellez Elizalde
Expediente 545/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 01/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Blanca Tellez Elizalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, dejando si efectos las medidas decretadas en el incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvase la documental exhibida por la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, consistente en el duplicado del proceso 25/2017 de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado (anexo I) requiriéndole para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
- Principal
PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** contra el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra el ******************** en el proceso penal ********************y su ejecución, reclamado a las autoridades responsables en su carácter de ordenadora 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo Puebla y como ejecutora: 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, destacamentado en San Martín Texmelucan, en términos del considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta y, atento a su contenido, téngase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla devolviendo debidamente diligenciado el despacho 429/2017, mediante el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, emplazara a la tercera interesada ********************; por tanto, téngase por realizado el emplazamiento en cuestión, dése de baja el despacho de mérito en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que fueron señaladas las doce horas con diez minutos del treinta de junio de dos mil diecisiete (foja 44 vuelta) para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, es evidente que no mediaran los ocho días de vista concedidos a la citada parte tercera interesada para que se imponga totalmente de los autos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, procede diferir la referida audiencia, señalándose para tal efecto las diez horas con treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil diecisiete. Con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, destacamentado en San Martín Texmelucan, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo.
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