Blanca Leticia Aguilar Luna

Expediente 1274/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 31 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1274/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
31/12/2019

Partes del expediente

  • Blanca Leticia Aguilar Luna

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 1274/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa Blanca Leticia Aguilar Luna reclama a las autoridades responsables, entre otros actos, la orden de citación dictada en su contra. Por tanto, respecto del referido acto reclamado, consistente en la orden de citación dictada en su contra, el suscrito Secretario encargado del despacho estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". En ese sentido, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" El numeral 107, de la Carta Magna precisa la procedencia del amparo contra actos de un tribunal judicial, y previene, en su fracción III, los casos en que son competentes para conocer de ellos, los Jueces de Distrito en vía de amparo indirecto, cuyos casos se reiteran en lo conducente en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tratándose de actos realizados fuera de juicio o después de concluido; esto es, de una interpretación sistemática de ambos preceptos, se colige que el juicio de amparo indirecto, es procedente contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando su ejecución sea de imposible reparación. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales "el proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme."; consideración que se reproduce en el artículo 170, fracción I, párrafo final, de la Ley de Amparo, en relación a que "en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." En ese contexto, en el caso particular, si el reclamo consiste en "la orden de citación dictada en su contra", dicha citación se trata de un acto fuera de juicio o procedimiento penal, emitido justo antes de que inicie. Por otra parte, si bien ha quedado claro que el acto que se analiza, fue dictado fuera de juicio, lo cierto es que su ejecución no es de imposible reparación, al no afectar por sí mismo la libertad personal del investigado. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del agente del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse la comparecencia forzosa del investigado, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Bajo esa tesitura, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". En mérito de ello, dado que en el caso se reclamó la orden de citación dictada en su contra, como forma de conducción al procedimiento penal, no procede el juicio de amparo indirecto de conformidad con el criterio jurisprudencial transcrito, por lo que al haberse acreditado de forma notoria e indudable la causal de improcedencia señalada en párrafos que anteceden, se desecha parcialmente la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Blanca Leticia Aguilar Luna, contra los restantes actos reclamados al 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que la parte quejosa señala como autoridades responsables a los Jueces Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla; sin embargo, no ha lugar a tenerlos con dicho carácter, atendiendo a que mediante oficios 5537 y CJ506 signados por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, se informó el cierre de dichos juzgados, lo cual evidencia la inexistencia de las autoridades señaladas. Finalmente, no ha lugar a tener como autoridades responsables a las que fueron señaladas como: "13. DIRECTOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE PUEBLA" y "15. C. JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN CON SEDE EN PUEBLA, PUEBLA"; lo anterior es así, pues es un hecho notorio para el suscrito Secretario encargado del despacho que la denominación actual y correcta de dichas autoridades son: Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, tal y como lo precisó la parte quejosa en su escrito de demanda, capitulo III, autoridades responsables 11 y 14; por tanto, se tienen como autoridades responsables en el presente sumario constitucional a dichas autoridades, lo anterior para los efectos legales conducentes. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá(n), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el registro audiovisual de las audiencias en las que se hubieren dictado los actos reclamados, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. Ahora, respecto a los Jueces Penales de la ciudad de Puebla, se hace de su conocimiento que, si bien las autoridades que la parte quejosa denominó como Jueces Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, todos de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, no son consideradas como responsables en el presente juicio, ya que dichos órganos a la fecha no existen -con motivo de su cierre-, ello no implica que no rindan sus informes respecto de las causas penales que fueron returnadas a cada uno de los demás juzgados penales de la ciudad de Puebla, las cuales estaban radicadas en los referidos juzgados extintos. Dicho de otra manera, se requiere a los Jueces Penales de la ciudad de Puebla, para que rindan sus informes justificados respecto de los registros que obren en la totalidad de sus respectivas bases de datos, incluyendo las causas penales que les hayan sido returnadas. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". TERCERO INTERESADO. Una vez que se reciban los informes justificados respectivos se estará en condiciones de advertir la existencia de la parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Jesús Daniel Martínez Pérez y Alma Rosa Pérez Aranda, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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