BLANCA ROSA RODRIGUEZ GUTIERREZ y Otros.
Expediente 883/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Blanca Rosa Rodriguez Gutierrez
- BLANCA ROSA RODRIGUEZ GUTIERREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese el ocurso de la parte quejosa por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; al respecto, se acuerda: vista la certificación que antecede, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, exhiba ocho copias idénticas en todas sus partes del escrito original de agravios, pues son necesarias para correr traslado a las partes, esto es, dos para los Agentes del Ministerio Público de la Federación (el de la adscripción y el de la superioridad), tres para las autoridades responsables, dos para los terceros interesados y una para agregar al presente expediente. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, con apoyo en el artículo 88 de la Ley de Amparo, se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las once horas con diez minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 883/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Los oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la quejosa los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 883/2023, promovido por ... y .., ambas de apellido ..z, en su calidad de coherederas, y ..., albacea de la sucesión a bienes de ..., la última por conducto de su apoderado ...o, contra actos de la Primera Sala, Juez y Actuario, los últimos adscritos al Juzgado Trigésimo Primero, todos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, la demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a las autoridades su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden familiar-civil seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca ... por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, en la que confirmó el proveído de cinco de mayo de este año, emitido en el juicio sucesorio ... del índice del Juzgado Trigésimo Primero Familiar de esta Ciudad, donde desestimó la propuesta realizada para garantizar el cargo de albacea conferido. TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por las autoridades, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen y toca que remitieron, respectivamente; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El uno de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado Trigésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, tuvo a Aida y Edelsa María ambas de apellidos Rodríguez Gutiérrez, denunciando la sucesión intestamentaria a bienes de Efraín Rodríguez Cervantes, ordenándose girar los oficios correspondientes y al Agente del Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional. II. El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, teniendo el testamento público abierto se sobreseyó el juicio sucesorio intestamentario y se ordenó abrir el sucesorio testamentario a bienes de .... III. El diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la junta de herederos en la que ..., aceptó y protestó el cargo de albacea que el autor de la sucesión le confirió en el testamento, haciéndole del conocimiento que conforme el artículo 781 del Código Civil Adjetivo local si entra en la administración de los bienes de la herencia, dentro de tres meses deberá garantizar el manejo de su cargo con sujeción a los dispuesto en los numerales 1708 y 1709 del Código Civil, salvo que los interesados le dispensaran de esa obligación. IV. Así, en escrito presentado el dieciocho de abril de este año, el albacea y las coherederas ... y ... ambas de apellidos ..., propusieron que se garantizara el manejo del cargo de albaceazgo, con la parte alícuota que les correspondía a las coherederas respecto de la masa hereditaria del juicio. V. En proveído de cinco de mayo siguiente, entre otras cuestiones, se tuvieron por hechas las manifestaciones de las promoventes y con fundamento en el precepto 1708 del Código Civil no se tuvo como garantía del cargo de albacea la propuesta realizada. VI. Inconformes con dicha determinación promovieron recurso de apelación el cual resolvió la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca ..., en la que confirmó dicho proveído. Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. La parte quejosa sostiene que la sentencia que se combate carece de fundamentación y motivación, pues conforme al artículo 1710 del Código Civil de la Entidad si el testador no pudo liberar al albacea de garantizar su cargo los coherederos si lo pueden hacer, por lo que si para una parte cierto acto no es está prohibido, debe permitírsele. Se violenta el artículo 14 Constitucional pues no se consideró que dos coherederas dispensaron de garantizar el cargo de albacea y dos no, ya que de los artículos que citó la Sala responsable en ninguno se observa que hubiera dos excepciones para liberar la exhibición de la garantía al albacea, siendo incongruente con lo solicitado, de ahí que no hay sustento legal ni suficiente en la determinación reclamada. Para sustentar sus argumentos cita los criterios aislados de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.", "PRINCIPIO PRO-PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", "NORMAS LIMITADORAS DE LA ACTIVIDAD DEL INDIVIDUO.", "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO ARGUMENTE INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAUSTUVIDAD DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN AQUÉLLOS MENCIONE CUÁLES FUERON LAS CONSIDERACIONES OMITIDAS.", y la jurisprudencia de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD.". Decisión: Los conceptos de violación son inoperantes porque no controvierten los argumentos específicos que sostuvo la Sala responsable para justificar el sentido de su decisión, lo cual es indispensable en los asuntos de estricto derecho. Lo anterior conforme la tesis de jurisprudencia 1a./J. 65/2019 (10a.), de la Décima Época. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1153, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS. El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora bien, a fin de determinar si en un juicio sucesorio intestamentario opera la suplencia de la queja con base en la protección a la familia, es menester dilucidar cuándo se está en presencia de casos en que se vulnera su orden y desarrollo, siendo que estaremos en ese supuesto cuando se ven trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de orden público, lo que no se traduce en la protección de los miembros del núcleo familiar en lo individual, sino a las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Por tanto, si la finalidad del juicio sucesorio intestamentario consiste esencialmente en la división y adjudicación de los bienes del autor de la sucesión a favor de los herederos, quienes tienen el deber de soportar las cargas de la herencia; es claro que sólo se encuentran en juego intereses económicos y que las consecuencias que pudieran producirse no lesionan al grupo familiar, pues no varían su configuración o el orden existente, sino que redundan en cuestiones estrictamente patrimoniales, por lo que no opera la suplencia de la queja con base en la última parte de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; lo anterior, siempre y cuando en el juicio sucesorio intestamentario no se encuentren inmiscuidos derechos de menores de edad o "incapaces", pues es evidente que en tales supuestos la suplencia de la queja opera en su mayor amplitud. No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que en ese tipo de juicios es necesario analizar si el accionante acreditó su entroncamiento con el autor de la sucesión de manera que pueda determinarse si tiene o no derecho a la herencia, pues lo cierto es que el reconocimiento o desconocimiento del grado de parentesco que se dice une al presunto heredero con el de cujus sólo surte efectos en relación con el juicio de petición de herencia, esto es, para saber si está en aptitud de obtener alguna porción de los bienes del autor de la sucesión por tener el carácter de heredero. Lo anterior, sin embargo de ninguna manera puede ser susceptible de modificar el vínculo filial o el estado civil de alguna persona.". En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. " Y en el caso, el suscrito juzgador advierte que los razonamientos elaborados por la parte quejosa no confrontan directamente los argumentos empleados por la Sala, pues la parte demandante se enfoca, de nueva cuenta, en lo relativo a que los coherederos si pueden liberar al albacea de garantizar su encargo, lo cual torna inoperantes sus conceptos de violación, ya que ello es insuficiente para vencer las consideraciones de la autoridad. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS." En efecto, el análisis de la causa de pedir apunta a que la quejosa se duele medularmente de que la autoridad dejó de atender que dos coherederas dispensaron de garantizar el cargo de albacea y dos no; que carece de fundamentación y motivación el acto, pues si era procedente la petición que realizaron al juzgado de origen de que las coherederas promoventes garantizaran con su parte alícuota que les correspondía de la masa hereditaria del juicio, el cargo de la albacea. Sin embargo, la Sala, para confirmar estableció que los agravios eran parcialmente fundados pero insuficientes para modificar el auto; al tenor de las siguientes razones: a) Le asiste razón a las inconformes al señalar que la juzgadora se apoyó en lo dispuesto en el artículo 1708 del Código Civil, sin exponer los argumentos en que sustentaba su decisión, de ahí que resultaba dable analizar la procedencia o improcedencia de la solicitud. b) De constancias de autos se observa que el albacea aceptó y protestó el cargo conferido, el cual le fue discernido con el cúmulo de derechos y obligaciones inherentes a su encargo, haciéndole del conocimiento que conforme el artículo 781 del Código Adjetivo local dentro de los tres meses siguientes debía garantizar el manejo de su cargo con sujeción a lo dispuesto en los ordinales 1708 y 1709 del Código Civil, salvo que todos los herederos la dispensaran de su obligación. c) De esas disposiciones se desprende dos casos de excepción a saber 1. Que todos los herederos lo dispensen de garantizar y 2. Cuando dicho representante de la sucesión también sea coheredero y su porción baste para tal efecto, mientras siga conservando sus derechos hereditarios, sin que de las constancias se advierta que la albacea designada se encuentre en los aludidos extremos, pues no fue dispensada por todos los hederos nombrados en la sucesión y del testamento otorgado, no tiene el carácter de coheredera, por lo que le corresponde garantizar su encargo, en términos del artículo 1708 del Código Civil, esto es, con fianza, hipoteca o prenda a su elección. d) De ahí que no era procedente que los coherederos sea quienes deban garantizar con su porción hereditaria los posibles daños y perjuicios que se pudieran generar por una mala o deficiente administración del albacea, siendo éste el directamente responsable de asumir la obligación del cargo que voluntaria y libremente aceptó desempeñar, quien ha de responder con sus propios medios o recursos por sus acciones u omisiones en el desempeño, pues de lo contrario podría asumirlo con la debida diligencia sabiendo que a pesar de su actuar no se verá afectado en su patrimonio. e) En ese orden, aun cuando la juez no hubiere expresado los motivos que la condujeron a emitir una determinación en forma en que lo hizo, la misma se estima correcta dado que es acorde a las constancias de autos, así como el fundamento legal en que la sustentó, de aquí que a ningún fin practico conduciría su modificación cuando no cambiaría el sentido del fallo, dado que la decisión adoptada de no tener por garantizado el albaceazgo en la forma propuesta se encuentra ajustado a derecho. Por tanto, la viabilidad de tales posturas es lo que debió controvertir la parte quejosa, y no solo enfatizar su defensa en la posibilidad de que dos herederos dispensen al albacea; por lo que a criterio del suscrito los argumentos y razones específicas que sustentan la decisión no fueron directa y eficazmente atacadas. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia XX. J/54 de la Octava Época, con registro: 213355. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, en Materia(s): Común, Página: 80, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.". No pasa inadvertido que la parte quejosa invocó diversos precedentes judiciales en su demanda, empero, al declararse inoperantes sus conceptos de violación, no hay mayor razón para abordar los aspectos inherentes sobre su aplicabilidad. Orienta lo anterior, el criterio jurisprudencial VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, en Materia(s): Común, Página: 3552, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA." Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación deben desestimarse, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal; pues en el presente caso opera el principio de estricto derecho. Negativa que se hace extensiva al acto que se reclama del juez y Actuario de origen en su carácter de ejecutores, ya que no se impugna su actuación por vicios propios, sino como consecuencia de la sentencia de segunda instancia cuya constitucionalidad se hace preservar al tenor de las razones de esta sentencia. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ... y ..., ambas de apellido ..., en su calidad de coherederas, y ..., albacea de la sucesión a bienes de ..., la última por conducto de su apoderado Christian Buenrostro Nieto, contra actos de la Primera Sala, Juez y Actuario, los últimos adscritos al Juzgado Trigésimo Primero, todos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante .., Secretaria que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permiten las cargas de este Juzgado Federal. Doy fe.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LAS TERCERAS INTERESADAS DE REFERENCIA NO ACUDIERON AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LES REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO, EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LES NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 883/2023, promovido por ... y .., ambas de apellido ..z, en su calidad de coherederas, y ..., albacea de la sucesión a bienes de ..., la última por conducto de su apoderado ...o, contra actos de la Primera Sala, Juez y Actuario, los últimos adscritos al Juzgado Trigésimo Primero, todos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, la demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a las autoridades su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden familiar-civil seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca ... por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, en la que confirmó el proveído de cinco de mayo de este año, emitido en el juicio sucesorio ... del índice del Juzgado Trigésimo Primero Familiar de esta Ciudad, donde desestimó la propuesta realizada para garantizar el cargo de albacea conferido. TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por las autoridades, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen y toca que remitieron, respectivamente; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El uno de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado Trigésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, tuvo a Aida y Edelsa María ambas de apellidos Rodríguez Gutiérrez, denunciando la sucesión intestamentaria a bienes de Efraín Rodríguez Cervantes, ordenándose girar los oficios correspondientes y al Agente del Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional. II. El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, teniendo el testamento público abierto se sobreseyó el juicio sucesorio intestamentario y se ordenó abrir el sucesorio testamentario a bienes de .... III. El diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la junta de herederos en la que ..., aceptó y protestó el cargo de albacea que el autor de la sucesión le confirió en el testamento, haciéndole del conocimiento que conforme el artículo 781 del Código Civil Adjetivo local si entra en la administración de los bienes de la herencia, dentro de tres meses deberá garantizar el manejo de su cargo con sujeción a los dispuesto en los numerales 1708 y 1709 del Código Civil, salvo que los interesados le dispensaran de esa obligación. IV. Así, en escrito presentado el dieciocho de abril de este año, el albacea y las coherederas ... y ... ambas de apellidos ..., propusieron que se garantizara el manejo del cargo de albaceazgo, con la parte alícuota que les correspondía a las coherederas respecto de la masa hereditaria del juicio. V. En proveído de cinco de mayo siguiente, entre otras cuestiones, se tuvieron por hechas las manifestaciones de las promoventes y con fundamento en el precepto 1708 del Código Civil no se tuvo como garantía del cargo de albacea la propuesta realizada. VI. Inconformes con dicha determinación promovieron recurso de apelación el cual resolvió la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca ..., en la que confirmó dicho proveído. Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. La parte quejosa sostiene que la sentencia que se combate carece de fundamentación y motivación, pues conforme al artículo 1710 del Código Civil de la Entidad si el testador no pudo liberar al albacea de garantizar su cargo los coherederos si lo pueden hacer, por lo que si para una parte cierto acto no es está prohibido, debe permitírsele. Se violenta el artículo 14 Constitucional pues no se consideró que dos coherederas dispensaron de garantizar el cargo de albacea y dos no, ya que de los artículos que citó la Sala responsable en ninguno se observa que hubiera dos excepciones para liberar la exhibición de la garantía al albacea, siendo incongruente con lo solicitado, de ahí que no hay sustento legal ni suficiente en la determinación reclamada. Para sustentar sus argumentos cita los criterios aislados de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.", "PRINCIPIO PRO-PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", "NORMAS LIMITADORAS DE LA ACTIVIDAD DEL INDIVIDUO.", "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO ARGUMENTE INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAUSTUVIDAD DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN AQUÉLLOS MENCIONE CUÁLES FUERON LAS CONSIDERACIONES OMITIDAS.", y la jurisprudencia de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD.". Decisión: Los conceptos de violación son inoperantes porque no controvierten los argumentos específicos que sostuvo la Sala responsable para justificar el sentido de su decisión, lo cual es indispensable en los asuntos de estricto derecho. Lo anterior conforme la tesis de jurisprudencia 1a./J. 65/2019 (10a.), de la Décima Época. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1153, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS. El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora bien, a fin de determinar si en un juicio sucesorio intestamentario opera la suplencia de la queja con base en la protección a la familia, es menester dilucidar cuándo se está en presencia de casos en que se vulnera su orden y desarrollo, siendo que estaremos en ese supuesto cuando se ven trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de orden público, lo que no se traduce en la protección de los miembros del núcleo familiar en lo individual, sino a las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Por tanto, si la finalidad del juicio sucesorio intestamentario consiste esencialmente en la división y adjudicación de los bienes del autor de la sucesión a favor de los herederos, quienes tienen el deber de soportar las cargas de la herencia; es claro que sólo se encuentran en juego intereses económicos y que las consecuencias que pudieran producirse no lesionan al grupo familiar, pues no varían su configuración o el orden existente, sino que redundan en cuestiones estrictamente patrimoniales, por lo que no opera la suplencia de la queja con base en la última parte de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; lo anterior, siempre y cuando en el juicio sucesorio intestamentario no se encuentren inmiscuidos derechos de menores de edad o "incapaces", pues es evidente que en tales supuestos la suplencia de la queja opera en su mayor amplitud. No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que en ese tipo de juicios es necesario analizar si el accionante acreditó su entroncamiento con el autor de la sucesión de manera que pueda determinarse si tiene o no derecho a la herencia, pues lo cierto es que el reconocimiento o desconocimiento del grado de parentesco que se dice une al presunto heredero con el de cujus sólo surte efectos en relación con el juicio de petición de herencia, esto es, para saber si está en aptitud de obtener alguna porción de los bienes del autor de la sucesión por tener el carácter de heredero. Lo anterior, sin embargo de ninguna manera puede ser susceptible de modificar el vínculo filial o el estado civil de alguna persona.". En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. " Y en el caso, el suscrito juzgador advierte que los razonamientos elaborados por la parte quejosa no confrontan directamente los argumentos empleados por la Sala, pues la parte demandante se enfoca, de nueva cuenta, en lo relativo a que los coherederos si pueden liberar al albacea de garantizar su encargo, lo cual torna inoperantes sus conceptos de violación, ya que ello es insuficiente para vencer las consideraciones de la autoridad. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS." En efecto, el análisis de la causa de pedir apunta a que la quejosa se duele medularmente de que la autoridad dejó de atender que dos coherederas dispensaron de garantizar el cargo de albacea y dos no; que carece de fundamentación y motivación el acto, pues si era procedente la petición que realizaron al juzgado de origen de que las coherederas promoventes garantizaran con su parte alícuota que les correspondía de la masa hereditaria del juicio, el cargo de la albacea. Sin embargo, la Sala, para confirmar estableció que los agravios eran parcialmente fundados pero insuficientes para modificar el auto; al tenor de las siguientes razones: a) Le asiste razón a las inconformes al señalar que la juzgadora se apoyó en lo dispuesto en el artículo 1708 del Código Civil, sin exponer los argumentos en que sustentaba su decisión, de ahí que resultaba dable analizar la procedencia o improcedencia de la solicitud. b) De constancias de autos se observa que el albacea aceptó y protestó el cargo conferido, el cual le fue discernido con el cúmulo de derechos y obligaciones inherentes a su encargo, haciéndole del conocimiento que conforme el artículo 781 del Código Adjetivo local dentro de los tres meses siguientes debía garantizar el manejo de su cargo con sujeción a lo dispuesto en los ordinales 1708 y 1709 del Código Civil, salvo que todos los herederos la dispensaran de su obligación. c) De esas disposiciones se desprende dos casos de excepción a saber 1. Que todos los herederos lo dispensen de garantizar y 2. Cuando dicho representante de la sucesión también sea coheredero y su porción baste para tal efecto, mientras siga conservando sus derechos hereditarios, sin que de las constancias se advierta que la albacea designada se encuentre en los aludidos extremos, pues no fue dispensada por todos los hederos nombrados en la sucesión y del testamento otorgado, no tiene el carácter de coheredera, por lo que le corresponde garantizar su encargo, en términos del artículo 1708 del Código Civil, esto es, con fianza, hipoteca o prenda a su elección. d) De ahí que no era procedente que los coherederos sea quienes deban garantizar con su porción hereditaria los posibles daños y perjuicios que se pudieran generar por una mala o deficiente administración del albacea, siendo éste el directamente responsable de asumir la obligación del cargo que voluntaria y libremente aceptó desempeñar, quien ha de responder con sus propios medios o recursos por sus acciones u omisiones en el desempeño, pues de lo contrario podría asumirlo con la debida diligencia sabiendo que a pesar de su actuar no se verá afectado en su patrimonio. e) En ese orden, aun cuando la juez no hubiere expresado los motivos que la condujeron a emitir una determinación en forma en que lo hizo, la misma se estima correcta dado que es acorde a las constancias de autos, así como el fundamento legal en que la sustentó, de aquí que a ningún fin practico conduciría su modificación cuando no cambiaría el sentido del fallo, dado que la decisión adoptada de no tener por garantizado el albaceazgo en la forma propuesta se encuentra ajustado a derecho. Por tanto, la viabilidad de tales posturas es lo que debió controvertir la parte quejosa, y no solo enfatizar su defensa en la posibilidad de que dos herederos dispensen al albacea; por lo que a criterio del suscrito los argumentos y razones específicas que sustentan la decisión no fueron directa y eficazmente atacadas. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia XX. J/54 de la Octava Época, con registro: 213355. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, en Materia(s): Común, Página: 80, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.". No pasa inadvertido que la parte quejosa invocó diversos precedentes judiciales en su demanda, empero, al declararse inoperantes sus conceptos de violación, no hay mayor razón para abordar los aspectos inherentes sobre su aplicabilidad. Orienta lo anterior, el criterio jurisprudencial VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, en Materia(s): Común, Página: 3552, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA." Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación deben desestimarse, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal; pues en el presente caso opera el principio de estricto derecho. Negativa que se hace extensiva al acto que se reclama del juez y Actuario de origen en su carácter de ejecutores, ya que no se impugna su actuación por vicios propios, sino como consecuencia de la sentencia de segunda instancia cuya constitucionalidad se hace preservar al tenor de las razones de esta sentencia. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ... y ..., ambas de apellido ..., en su calidad de coherederas, y ..., albacea de la sucesión a bienes de ..., la última por conducto de su apoderado Christian Buenrostro Nieto, contra actos de la Primera Sala, Juez y Actuario, los últimos adscritos al Juzgado Trigésimo Primero, todos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante .., Secretaria que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permiten las cargas de este Juzgado Federal. Doy fe."
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