Blanca Margarita Miranda Rivera

Expediente 496/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
496/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Blanca Margarita Miranda Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído donde se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el precepto Vigésimo del acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió legajos de constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por recibido el oficio del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo solicitado, remite las constancias requeridas en la radicación del presente asunto. En ese sentido y tomando en consideración que de los incidentes de suspensión remitidos por la autoridad oficiante, se observa que ya fueron resueltos, únicamente se ordena realizar el cambio de carátula respectiva. Por otro lado, se advierte mediante las resoluciones dictadas en el cuaderno incidental remitido, que no se solicitó garantía alguna al promovente en virtud de la naturaleza del acto y a los efectos de la concesión, de lo que el suscrito toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, particularmente de la información remitida por el Juez responsable, de la cual se advierte que sobreviene la improcedencia del juicio; al efecto se provee: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El acto reclamado es el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno emitido en el expediente ... del índice del Juez Décimo Tercero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México -hoy Cuadragésimo Octavo Civil de Proceso Escrito de esta Ciudad-, donde se ordenó el levantamiento del embargo trabado sobre las cuentas bancarias a nombre de la accionante, y ordenó requerirle el pago de $1´379,000.00 (un millón trescientos setenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de lo condenado en el procedimiento primigenio. Ejecución llevada a través de la diligencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, donde se ordenó el embargo del treinta por ciento del excedente de su salario mínimo. SEGUNDO. INFORMACIÓN ALLEGADA. Fueron recibidas las constancias e informes remitidos por el juez responsable al homólogo federal Decimotercero, que por tratarse de actuaciones judiciales, se les otorga valor pleno, en términos de los ordinales 129 y 202 de la legislación adjetiva federal supletoria mencionada, donde se corrobora que el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución en un procedimiento donde la quejosa es parte y ha comparecido a defender sus derechos. TERCERO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El presente juicio de amparo es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie no se actualizan, pues la promovente no alega falta de llamamiento e incluso, ha comparecido al mismo en defensa de sus derechos. Por lo anterior, se advierte que la quejosa está obligada a agotar el recurso de revocación, para combatir el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, así como la diligencia de catorce de marzo de dos mil veintidós. Al efecto se cita, por analogía, la tesis I.8o.C.12 C (11a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, registro 2024651, de rubro y texto: "EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA CONTRA EL AUTO QUE SE NIEGA A PERFECCIONARLO (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Hechos: El actor en un juicio ejecutivo mercantil solicitó al Juez de primera instancia perfeccionar el embargo trabado en el juicio, a lo que recayó auto negando la petición. No conforme, interpuso recurso de apelación que el tribunal de alzada desechó por considerar que no procedía con efectos de tramitación inmediata, sino de tramitación conjunta con la definitiva. En contra de esta determinación el promovente interpuso recurso de reposición fallado en el sentido de confirmar el auto impugnado, por lo que, nuevamente inconforme, el actor promovió juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: Es procedente la apelación de tramitación inmediata contra el acuerdo que en el juicio ejecutivo mercantil se niega a perfeccionar el embargo. Justificación: Del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, se desprende que la apelación de tramitación inmediata procede contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias, y aunque el embargo promovido en la vía ejecutiva mercantil técnicamente no constituye una providencia precautoria, una interpretación extensiva del citado precepto -que es aquella que extiende el ámbito de aplicación de la norma a un caso que aun no estando literalmente previsto en ella, debe estimarse comprendido en la misma, atendiendo a la intención del legislador- lleva a concluir que es aplicable en contra del auto que niega el perfeccionamiento del embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil. En efecto, la interpretación extensiva no amplía el contenido real de la norma, sino que impide que supuestos de hecho comprendidos en ella escapen a su disciplina por un injustificado respeto a la falta de expresiones literales. En ese sentido, aunque el dispositivo en cuestión menciona que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra la resolución que recaiga a las "providencias precautorias", debe entenderse también referido al embargo decretado en el juicio ejecutivo, porque si éste inicia con el aseguramiento de bienes, no hay razón para diferir su realización o su perfeccionamiento para después de la sentencia, como sucedería reservando el trámite de la apelación hasta ese momento, no obstante que el aseguramiento debe ser previo; máxime que no existe diferencia de fondo entre el embargo precautorio y el embargo con base en un título ejecutivo, pues en ambos lo que se busca es asegurar los derechos del acreedor, esto es, la eventual ejecución de la condena, y si bien, técnicamente el embargo derivado de un título ejecutivo no es medida cautelar, en el sentido de que haya que justificar el peligro en la demora, que es presupuesto en las providencias precautorias, esa circunstancia no impide que ambos cumplan la misma función, de asegurar la eventual ejecución de la sentencia." El medio de impugnación citado encuentra su fundamento, en términos de los artículos 1334 y 1335, ambos del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Ello es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que procede este recurso, en tratándose de juicios cuya cuantía no permita acceder a una apelación, lo que en el caso ocurre, al ser el asunto de origen tramitado inicialmente ante un juez de cuantía menor, donde la suerte principal asciende a $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100, moneda nacional). Al respecto, se cita la jurisprudencia con número de registro 2005047, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." De igual modo, la jurisprudencia de registro 163734, que refiere: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. Finalmente, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de la Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, página 8, en Materia Común, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En mérito de lo expuesto, al no haberse agotado el medio de defensa otorgado por la Ley, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, por lo que, se actualiza la causal de improcedencia referida en el presente auto; consecuentemente procede a decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Ahora bien, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional. Considerar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Federal, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

  4. Principal

    (AVISO)EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL 03 DE JUNIO DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÌDO DE 01 DE JUNIO DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Visto el estado procesal de los autos, particularmente de la información remitida por el Juez responsable, de la cual se advierte que sobreviene la improcedencia del juicio; al efecto se provee: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El acto reclamado es el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno emitido en el expediente ... del índice del Juez Décimo Tercero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México -hoy Cuadragésimo Octavo Civil de Proceso Escrito de esta Ciudad-, donde se ordenó el levantamiento del embargo trabado sobre las cuentas bancarias a nombre de la accionante, y ordenó requerirle el pago de $1,379,000.00 (un millón trescientos setenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de lo condenado en el procedimiento primigenio. Ejecución llevada a través de la diligencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, donde se ordenó el embargo del treinta por ciento del excedente de su salario mínimo. SEGUNDO. INFORMACIÓN ALLEGADA. Fueron recibidas las constancias e informes remitidos por el juez responsable al homólogo federal Decimotercero, que por tratarse de actuaciones judiciales, se les otorga valor pleno, en términos de los ordinales 129 y 202 de la legislación adjetiva federal supletoria mencionada, donde se corrobora que el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución en un procedimiento donde la quejosa es parte y ha comparecido a defender sus derechos. TERCERO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El presente juicio de amparo es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie no se actualizan, pues la promovente no alega falta de llamamiento e incluso, ha comparecido al mismo en defensa de sus derechos. Por lo anterior, se advierte que la quejosa está obligada a agotar el recurso de revocación, para combatir el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, así como la diligencia de catorce de marzo de dos mil veintidós. Al efecto se cita, por analogía, la tesis I.8o.C.12 C (11a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, registro 2024651, de rubro y texto: "EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA CONTRA EL AUTO QUE SE NIEGA A PERFECCIONARLO (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Hechos: El actor en un juicio ejecutivo mercantil solicitó al Juez de primera instancia perfeccionar el embargo trabado en el juicio, a lo que recayó auto negando la petición. No conforme, interpuso recurso de apelación que el tribunal de alzada desechó por considerar que no procedía con efectos de tramitación inmediata, sino de tramitación conjunta con la definitiva. En contra de esta determinación el promovente interpuso recurso de reposición fallado en el sentido de confirmar el auto impugnado, por lo que, nuevamente inconforme, el actor promovió juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: Es procedente la apelación de tramitación inmediata contra el acuerdo que en el juicio ejecutivo mercantil se niega a perfeccionar el embargo. Justificación: Del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, se desprende que la apelación de tramitación inmediata procede contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias, y aunque el embargo promovido en la vía ejecutiva mercantil técnicamente no constituye una providencia precautoria, una interpretación extensiva del citado precepto -que es aquella que extiende el ámbito de aplicación de la norma a un caso que aun no estando literalmente previsto en ella, debe estimarse comprendido en la misma, atendiendo a la intención del legislador- lleva a concluir que es aplicable en contra del auto que niega el perfeccionamiento del embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil. En efecto, la interpretación extensiva no amplía el contenido real de la norma, sino que impide que supuestos de hecho comprendidos en ella escapen a su disciplina por un injustificado respeto a la falta de expresiones literales. En ese sentido, aunque el dispositivo en cuestión menciona que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra la resolución que recaiga a las "providencias precautorias", debe entenderse también referido al embargo decretado en el juicio ejecutivo, porque si éste inicia con el aseguramiento de bienes, no hay razón para diferir su realización o su perfeccionamiento para después de la sentencia, como sucedería reservando el trámite de la apelación hasta ese momento, no obstante que el aseguramiento debe ser previo; máxime que no existe diferencia de fondo entre el embargo precautorio y el embargo con base en un título ejecutivo, pues en ambos lo que se busca es asegurar los derechos del acreedor, esto es, la eventual ejecución de la condena, y si bien, técnicamente el embargo derivado de un título ejecutivo no es medida cautelar, en el sentido de que haya que justificar el peligro en la demora, que es presupuesto en las providencias precautorias, esa circunstancia no impide que ambos cumplan la misma función, de asegurar la eventual ejecución de la sentencia." El medio de impugnación citado encuentra su fundamento, en términos de los artículos 1334 y 1335, ambos del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Ello es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que procede este recurso, en tratándose de juicios cuya cuantía no permita acceder a una apelación, lo que en el caso ocurre, al ser el asunto de origen tramitado inicialmente ante un juez de cuantía menor, donde la suerte principal asciende a $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100, moneda nacional). Al respecto, se cita la jurisprudencia con número de registro 2005047, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." De igual modo, la jurisprudencia de registro 163734, que refiere: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. Finalmente, la Jurisprudencia P.-J. 11-2018 (10a.), de la Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, página 8, en Materia Común, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En mérito de lo expuesto, al no haberse agotado el medio de defensa otorgado por la Ley, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, por lo que, se actualiza la causal de improcedencia referida en el presente auto; consecuentemente procede a decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Ahora bien, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional. Considerar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Federal, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA."

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano