Blanca Rosa Rodríguez Arronte

Expediente 524/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
524/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2016

Partes del expediente

  • Blanca Rosa Rodríguez Arronte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En quince de junio de dos mil dieciséis, el licenciado Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que el término de diez días concedidos para recurrir la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, transcurrió para al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, parte quejosa y tercero interesado del treinta de mayo al diez de junio de dos mil dieciséis sin contar los días inhábiles que mediaron entre estos; sin que las partes hubiesen recurrido dicha sentencia. La anterior notificación surtió sus efectos en términos del numeral 31 de la ley de la materia.- CONSTE. En la misma fecha el Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías 524/2016-I-B. CONSTE. Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 524/2016-I-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el segundo punto resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos de la circular CCJ/05/2016, autorizado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el diez de mayo de dos mil dieciséis, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 524/2016-I-B, promovido por Blanca Rosa Rodríguez Arronte, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de marzo de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Blanca Rosa Rodríguez Arronte, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de treinta y uno siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Luego, por acuerdo de seis de mayo se fijaron las diez horas con treinta y un minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se atribuyen los actos reclamados y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, los actos reclamados consisten en: La omisión de la Junta de cerrar la instrucción en el conflicto laboral 277/09. La omisión de la Junta de dictar laudo en el conflicto laboral 277/09. TERCERO. Certeza del(los) acto(s). Son ciertos los actos reclamados, ya que así lo manifestó el presidente de la Junta al rendir el informe justificado (foja 21). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causas de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Respecto del acto reclamado identificado como 1 en el considerando segundo, consistente en la omisión de la Junta de cerrar la instrucción en el expediente 277/09, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. La aludida regla general se funda en esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. La demanda de amparo se presentó el treinta de marzo de dos mil dieciséis. El presidente de la Junta exhibió copia certificada del acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis, emitido en el conflicto 277/09 (foja 22); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Del examen de la documental resulta que el veinte de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al auxiliar para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo. Luego, es inconcuso que a la instauración del juicio de amparo, la falta de cierre de instrucción reclamada ciertamente existía. No obstante, el acto positivo desplegado motu proprio por la autoridad responsable, consistente en el cierre de instrucción en el conflicto de origen, realizado por acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis, trajo consigo la destrucción de los efectos de la omisión reclamada, de forma total e incondicional, en virtud que el quejoso obtuvo su pretensión, esto es, que la Junta cerrara la instrucción. A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que no dejó huella que amerite ser borrada a través de un fallo protector. Sirven como apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley, procede sobreseer en el juicio de amparo por cuanto al acto reclamado identificado como 1 en el considerando segundo de este fallo. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones en torno al acto reclamado 1, porque aquél no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Resulta aplicable esta jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Razones de improcedencia alegadas por la autoridad responsable. El presidente de la Junta manifiesta que debe atenderse a las circunstancias del caso, porque la Junta cuenta con múltiples asuntos y, además, opera el principio legal de primero en tiempo primero en derecho. La improcedencia alegada debe desestimarse porque está estrechamente relacionada con el fondo del asunto, ya que plantea que el acto reclamado está justificado. Sirve como apoyo esta jurisprudencia: Tesis: P./J. 135/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187973 86 de 112 Pleno Tomo XV, Enero de 2002 Pag. 5 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Con independencia de lo anterior, toda vez que este juzgador no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia contra el restante acto reclamado, procede su estudio. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. Procede el análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, mismos que no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, circunstancia que no la deja en estado de indefensión, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución. Tal consideración se apoya en esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164618 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Pag. 830 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En suma, la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable viola su derecho a la impartición de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal. El concepto es infundado. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.192/2007: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171257 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Pag. 209 Jurisprudencia(Constitucional) ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. El principio de justicia pronta se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de resolver la controversia ante ella planteada dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Así, tenemos que la impartición de justicia ciertamente es una obligación de la autoridad, empero, su factibilidad está sujeta a la satisfacción en el procedimiento, de las condiciones procesales necesarias para su ejercicio. Antes de continuar se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, ya que el conflicto de origen data del 2009. El artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo dice en lo conducente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: (.)" Conforme al precepto transcrito, el cierre de instrucción en el procedimiento laboral está sucedido de la elaboración del proyecto de laudo, de manera que dicho cierre es un requisito sine qua non para que la Junta esté en posibilidades de emitir laudo y decidir así la controversia. Como se expuso en el considerando cuarto, el presidente de la Junta aportó copia certificada del acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis, por el cual, la Junta declaró cerrada la instrucción en el conflicto de origen y turnó los autos al auxiliar para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo. Lo anterior evidencia que a la presentación de la demanda de amparo, ocurrida el treinta de marzo de dos mil dieciséis, el conflicto de origen no se encontraba en estado de resolución y, por consiguiente, no había surgido la obligación de la Junta de dictar laudo, por lo que menos puede decirse que transcurrió el plazo que la Ley Federal del Trabajo le impone para emitirlo y no lo hizo. En ese tenor, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País sostuvo en la jurisprudencia 2a./J.50/97, que la omisión de la autoridad de dictar laudo, no es inconstitucional en sí misma, sino que su inconstitucionalidad depende de tres condiciones: 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; 2) Que el juicio se encuentre en estado de resolución y; 3) Que haya transcurrido el plazo que la ley establece para su dictado. La jurisprudencia 2a./J.50/97 dice a la letra: Tesis: 2a./J. 50/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197499 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Octubre de 1997 Pag. 304 Jurisprudencia(Laboral) LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. En el particular, si bien está acreditado el requisito 1), porque la quejosa es parte en conflicto de origen, no menos cierto resulta que no concurren los requisitos 2) y 3), porque a la instauración del juicio de amparo el conflicto 277/09 no se encontraba en estado de resolución y por tal motivo, no puede determinarse que feneció el plazo que la ley impone a la Junta para fallar sin que lo hubiera hecho; de tal suerte que la omisión de la Junta de dictar laudo, reclamada por la quejosa, no puede estimarse violatoria de su derecho a recibir justicia pronta, consagrado por el artículo 17 de la Carta Magna. Así, ante lo infundado del concepto de violación y al no haber queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta de dictar laudo en expediente 277/09. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Blanca Rosa Rodríguez Arronte, contra el acto identificado como 1 en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Blanca Rosa Rodríguez Arronte, contra el acto identificado como 2 en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos aducidos en el considerando quinto. TERCERO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en dicho acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el nueve de noviembre de dos mil trece, determinó conceder el amparo y protección a BEATRÍZ CORTIZO BARAJAS, respecto de los artículos 94 bis 8, 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil trece; 59 a 64 y 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se reclamaron a las autoridades, Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de Morelos, así como respecto de los actos de aplicación de dichas normas, traducidos en el cobro de la cantidad de $13,600.00 (trece mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles; así como de $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de su adicional, en aplicación de los artículos 94 bis 8, 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, 12 y 13 de la Ley de Ingresos de Emiliano Zapata, para el ejercicio fiscal dos mil trece, reclamado al Presidente, Tesorero y Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos; así como de $3,059.00 (tres mil cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), que incluye el pago de su adicional, a razón de $611.00 (seiscientos once pesos 00/100 moneda nacional), en aplicación de los artículos 59 a 64 y 77 fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, reclamados del Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Por auto de tres de enero de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia de amparo, requiriendo a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil quince, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, por cuanto a la Secretaría de Hacienda y Subsecretaría de Ingresos, ambos del Gobierno del Estado de Morelos. En proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se realizó la actualización por concepto del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, y se determinó que la cantidad a devolver es de $18,431.17 (dieciocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 17/100 moneda nacional). En acatamiento a lo anterior, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por oficio acordado el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0000622, el cual se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por la cantidad actualizada que hace un total de $18,431.17 (dieciocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 17/100 moneda nacional), por concepto de reintegro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa a la fecha no se haya presentado a recoger el cheque correspondiente, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el referido título de crédito, además con dicha situación se dio vista a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Sustenta lo anterior, el criterio que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 584/2015, derivado del juicio de amparo 2053/2014-IV del índice de juzgado, mediante proveído cinco de enero de dos mil dieciséis, estableció lo siguiente: "CUARTO. Con fundamento en el artículo 297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante el Juzgado de Distrito del conocimiento si cobró el cheque 0046346, por el monto de $13,041.94 (trece mil cuarenta y un pesos 94/100 M.N.), apercibida que de no hacerlo se determinará el cumplimiento de la sentencia de amparo respecto del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y del Tesorero de Xochitepec, Morelos, con las constancias que obren en autos." [Lo subrayado es propio de este juzgado]. Es decir, para el Máximo Tribunal la omisión del quejoso de pronunciarse sobre el cumplimiento, cuando se ha expedido el cheque respectivo a su favor y se puso a su disposición, sin que manifestara si lo recibió, motivo suficiente para que este Juzgado con base en las constancias de autos, como es el cheque 0000622 de fecha veinte de abril del dos mil dieciséis, expedido a nombre de la parte quejosa, por la cantidad correcta a devolver de $18,431.17 (dieciocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 17/100 moneda nacional), por el banco BBVA Bancomer, es suficiente para tenerla por cumplida; pues como se precisó, basta que la quejosa acuda a recogerlo en el horario que se le indicó para que la autoridad municipal haga entrega del mismo, y tomando en cuenta, por analogía, la ejecutoria de la Jurisprudencia P/J16/2012 (10a), de la Suprema Corte de Justicia del Nación: Tesis: P./J. 16/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001883 1 de 1 Pleno Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1 Pag. 10 Jurisprudencia(Común) "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. MEDIOS IDONEOS PARA ACREDITARLO RESPECTO DE LAS QUE CONCEDAN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y DE SUS ACTOS DE APLICACIÓN." Se llega a la conclusión que la expedición del cheque por parte de la autoridad resulta un medio idóneo para tener por acreditado el cumplimiento del fallo, pues el hecho de que el quejoso no acuda a recogerlo no impide que se tenga por cumplido el fallo protector, ya que tal cuestión no es atribuible a la autoridad mencionada. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciséis. En consecuencia, se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el diez de noviembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a MARCELA RIVERA JUÁREZ, para los siguientes efectos: "LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A MARCELA RIVERA JUÁREZ, respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos y respecto del sistema normativo que regula el impuesto adicional previsto en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que se le reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de la cantidad de $288.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 M.N.); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó al Ayuntamiento y Tesorero del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos." Por auto dictado el ocho de diciembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en virtud de la falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil quince, se ordenó remitir este expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en Turno, para la sustanciación del incidente de inejecución de sentencia, quedando radicado en el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con el número 82/2015. Por acuerdo de trece de octubre de dos mil quince, se recibió el testimonio correspondiente a la ejecutoria emitida en sesión de treinta de septiembre de dos mil quince, en el Incidente de Inejecución de Sentencia aludido, que ordenó devolver los autos a este Juzgado para el efecto de requerir el cumplimiento de la sentencia a los nuevos titulares, esto es, al Tesorero, Presidente y Cabildo, todos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. Así, luego de diversos requerimientos, por auto de seis de abril de dos mil dieciséis, se actualizó la cantidad a devolver, resultando un total de de $477.88 (cuatrocientos setenta y siete pesos 88/100 moneda nacional), por lo que se le requirió a la autoridad responsable su devolución. En acatamiento a lo anterior, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por oficio acordado el catorce de abril de dos mil dieciséis, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0000399, el cual se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por la cantidad que hace un total de $477.88 (cuatrocientos setenta y siete pesos 88/100 moneda nacional), por concepto de devolución del impuesto adicional sobre adquisición de bienes inmuebles. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa a la fecha no se haya presentado a recoger el cheque correspondiente, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el referido título de crédito; además, con dicha situación se dio vista a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos. Por consiguiente, sólo bastará que la referida contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Sustenta lo anterior, el criterio que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 584/2015, derivado del juicio de amparo 2053/2014-IV del índice de juzgado, mediante proveído cinco de enero de dos mil dieciséis, estableció lo siguiente: "CUARTO. Con fundamento en el artículo 297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante el Juzgado de Distrito del conocimiento si cobró el cheque 0046346, por el monto de $13,041.94 (trece mil cuarenta y un pesos 94/100 M.N.), apercibida que de no hacerlo se determinará el cumplimiento de la sentencia de amparo respecto del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y del Tesorero de Xochitepec, Morelos, con las constancias que obren en autos." [Lo subrayado es propio de este juzgado]. Es decir, para el Máximo Tribunal, la omisión del quejoso de pronunciarse sobre el cumplimiento, cuando se ha expedido el cheque respectivo a su favor y se puso a su disposición, sin que manifestara si lo recibió, es motivo suficiente para que este Juzgado, con base en las constancias de autos, como es el cheque 0000399 de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, expedido a nombre de la parte quejosa MARCELA RIVERA JUÁREZ, por la cantidad correcta a devolver de $477.88 (cuatrocientos setenta y siete pesos 88/100 moneda nacional), por el banco BBVA Bancomer; pues, como se precisó, basta que la quejosa acuda a recogerlo, para que la autoridad municipal haga entrega del mismo, y tomando en cuenta, por analogía, la ejecutoria de la Jurisprudencia P/J16/2012 (10a), de la Suprema Corte de Justicia del Nación: Tesis: P./J. 16/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001883 1 de 1 Pleno Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1 Pag. 10 Jurisprudencia(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. MEDIOS IDONEOS PARA ACREDITARLO RESPECTO DE LAS QUE CONCEDAN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y DE SUS ACTOS DE APLICACIÓN. Se llega a la conclusión de que la expedición del cheque por parte de la autoridad resulta un medio idóneo para tener por acreditado el cumplimiento del fallo, pues el hecho de que el quejoso no acuda a recogerlo no impide que se tenga por cumplido el fallo protector, ya que tal cuestión no es atribuible a la autoridad mencionada, sino a la propia quejosa; aunado a la circunstancia de que este órgano jurisdiccional está imposibilitado legalmente para coaccionar a la quejosa para que ejerza su derecho de cobro. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguense las constancias de notificación que anteceden, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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