Blanca Renata Zaragoza Peña Aguirre
Expediente 12/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Blanca Renata Zaragoza Peña Aguirre
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Se agrega a los autos el escrito de Blanca Renata Zaragoza Peña Aguirre, por propio derecho y en su carácter de apoderada legal o representante legal de la persona moral CFE Distribución, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que los documentos digitalizados y anexados al escrito de demanda son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos; con lo anterior, se tiene por desahogada la prevención efectuada en autos, por lo que se ordena proveer lo conducente. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudable de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se reclama se estima consentido tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, como en seguida se pondrá de manifiesto. El artículo 61 en su fracción XIV de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones legales: Del estudio integral de la demanda de amparo, atento a los conceptos de violación formulados, privilegiando la tutela de derechos humanos formulados por la parte impetrante, se obtiene que en esencia reclama a la autoridad responsable Procuraduría Federal del Consumidor Oficina Defensa del Consumidor, Zona General Emiliano Zapata, lo siguiente: La omisión de suspender actividades y continuar con el procedimiento de diversos expedientes radicados ante la responsable donde es parte, en los que se señalaron fechas para el desahogo de audiencias en el mes de enero de dos mil veintiuno, incumpliendo con ello lo establecido en los acuerdos de veinticuatro y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, publicados en el Diario Oficial de la Federación, por los que se establecen las medidas preventivas y extraordinarias que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad producida por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), tendientes a suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, así como las recomendaciones sanitarias emitidas al respecto por la Secretaría de Salud Pública Estatal y Federal, no obstante el cambio de semáforo rojo en el Estado de Morelos desde el pasado veinticuatro de diciembre pasado. Asimismo, la parte quejosa en el escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, refiere que no obstante el cambio de semáforo rojo en el Estado de Morelos desde el pasado veinticuatro de diciembre pasado, la autoridad responsable continúa actuando de manera normal sin acatamiento ni suspensión alguna dentro de diversos expedientes en los que se fijaron diferentes fechas para la audiencia de conciliación, procedimientos en los que tiene la calidad de parte proveedora de servicios ante la Procuraduría Federal del Consumidor Oficina Defensa del Consumidor, Zona General Emiliano Zapata. Tal circunstancia constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo. Sentado lo anterior, debe precisarse que el reclamo de la parte quejosa tiene su origen en el cambio de semaforización a rojo en el Estado de Morelos decretado por el Ejecutivo, a partir del veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, sin que la autoridad responsable haya suspendido el procedimiento en los expedientes donde funge como parte. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Ahora bien, el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo la parte promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Lo anterior tiene sustento en la tesis I.8o.C.15 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que aparece visible en la página 2380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, correspondiente a la Décima Época, registro 2009762, de rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." Asimismo, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". En el caso que nos ocupa, dada la naturaleza del acto omisivo que se reclama no existe fecha de su notificación, sin embargo es dable establecer que desde el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, la parte quejosa tuvo conocimiento del cambio de semaforización en el Estado de Morelos, pues es un hecho público y notorio que a partir de ese fecha se suspendieron nuevamente las actividades no esenciales en el Estado, lo cual fue informado a la población en general por diversos medios informativos (radio, televisión, prensa, entre otros), así como en las páginas de internet oficiales de la Secretaría de Salud del Estado y Gobierno del Estado. Lo que se invoca como hecho notorio conforme a lo establecido en el artículo 88 del Código federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior por su contenido, la jurisprudencia XX.2o. J/24, con número de registro digital 168124, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, Novena Época, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Así, como quedó apuntado, al menos desde el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, la parte quejosa tuvo conocimiento del cambio de semáforo rojo en el Estado de Morelos, por lo que a partir de esa fecha estuvo de aptitud de reclamar las omisiones de la autoridad responsable de suspender sus actividades, y por ende, ordenar la suspensión de los diversos procedimientos en los expedientes en que es parte. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama desde esa fecha, el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda ha transcurrido, comenzando a partir del veintiocho de diciembre pasado (día hábil siguiente) y feneció el dieciocho del mes y año en curso, sin contar los días inhábiles que mediaron en dicho plazo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en línea por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, como se aprecia de la boleta de turno y de la evidencia criptográfica adjunta, el diecinueve de enero de dos mil veinte, ha transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para su presentación y como consecuencia legal, se ha consentido tácitamente el acto que se reclama. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, que aparve consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, correspondiente a la Novena Época, registro: 163172, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.". Asimismo, es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro establece lo siguiente "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.". Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia, puesto que no se trata de un amparo en el que se reclamen normas autoaplicativas o procedimiento de extradición; tampoco se trata el acto reclamado de una sentencia condenatoria en un proceso penal; no se está ante actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Finalmente, pese lo alegado por la quejosa en su demanda, el acto reclamado tampoco implica peligro de privación de la vida o riesgo a la salud, pues en su caso lo que aquí se reclama es la omisión de suspender actividades y continuar con el procedimiento de diversos expedientes radicados ante la responsable donde es parte, con motivo del cambio de semáforo en el Estado de Morelos, acto que por sí mismo no pone en peligro de privación de la vida y salud, pues implicaría asumir necesariamente que toda persona actualmente, por el sólo hecho de que se haya decretado semáforo rojo en el Estado de Morelos con motivo de la contingencia de salud indicada, estaría en la posición de perder la vida, aceptando que no tomaría medida alguna personal para evitarlo poniéndose en situación de riesgo voluntariamente. Por lo que el acto reclamado no atenta la vida ni el derecho a la salud, máxime que la promovente del amparo no expresa en su demanda ni acredita de manera indiciaria, encontrarse en el supuesto de vulnerabilidad de alto riesgo de contagio por el COVID-19, según lo dispuesto en los acuerdos de veinticuatro y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, publicados en el Diario Oficial de la Federación, por los que se establecen las medidas preventivas y extraordinarias que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad producida por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismos que la propia quejosa invoca en su escrito de garantías. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV en relación con el artículo 17 ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Blanca Renata Zaragoza Peña Aguirre, por su propio derecho, y en su carácter de apoderada legal de la Comisión Federal de Electricidad Distribución, contra actos del Procuraduría Federal del Consumidor Oficina Defensa del Consumidor, Zona General Emiliano Zapata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.MIDM*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto el escrito de demanda con evidencia criptográfica que contiene la firma de BLANCA RENATA ZARAGOZA PEÑA AGUIRRE, por su propio derecho y según pretende en su carácter de apoderada legal o representante legal de CFE DISTRIBUCIÓN, contra actos de la PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ZONA GENERAL EMILIANO ZAPATA; fórmese el expediente 12/2021-I, que por orden le corresponde. PREVENCIÓN Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la peticionaria de amparo para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito bajo protesta de decir verdad, y con las copias necesarias para correr traslado a todas las partes aclare su demanda de amparo en los siguientes términos: ÚNICO.- La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la referida ley. Por su parte, la parte promovente BLANCA RENATA ZARAGOZA PEÑA AGUIRRE, se ostenta como apoderada legal o representante legal de CFE DISTRIBUCIÓN, sin que acredite fehacientemente ese carácter como al efecto lo establece el artículo 11 de la ley en mención. Habida cuenta de que, conforme a la jurisprudencia 2a./J.124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES.", es obligación del promovente que comparezca en representación de la parte quejosa presentar el documento con que lo acredite desde la presentación de la demanda. Lo anterior, ya que si bien la promovente señaló que acreditaba su personalidad con copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas otorgado mediante instrumento notarial número 44,137, pasado ante la fe del Notario Público 174 de la Ciudad de México, mismo que anexó electrónicamente a la demanda; sin embargo, omitió manifestar bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Lo antedicho, de conformidad con el artículo 3 fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Así, conforme con el numeral transcrito, la promovente de amparo debe manifestar bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico que exhibió es copia íntegra e inalterada del documento impreso, lo que dicha parte no cumplió. En consecuencia, se requiere a la parte quejosa para que en el término concedido, acredite con constancia fehaciente el carácter con que se ostenta, o en su caso, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento electrónico que exhibió es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". Asimismo, es aplicable por analogía, la tesis I.4o.C. 26 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.". APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a la anterior prevención, dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo por cuanto hace a CFE DISTRIBUCIÓN, de conformidad con el artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO ELECTRÓNICO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario "BlancaZaragoza". EXPEDIENTE ELECTRÒNICO. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice al usuario indicado la consulta del Expediente Electrónico del presente juicio. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice el uso de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
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