Blanca Rosa Fernández Guerrero

Expediente 958/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
958/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Blanca Rosa Fernández Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    VII... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ..., el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral citado.

  2. Principal

    VII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Blanca Rosa ..., por propio derecho; contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 958/2022-VII. Previo a realizar algún pronunciamiento al respecto, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, bajo las siguientes consideraciones: En principio, es menester señalar que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y no en los casos en que se refieran a adjetivos o procesales, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable; pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III, del artículo 107 Constitucional. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso. Ahora, el acto que se reclama es la omisión de realizar el emplazamiento a juicio de la demandada Bancopel Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple en los autos del procedimiento ordinario laboral 932/2022-II, que se ordenó practicar mediante exhorto dirigido al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. De lo anterior se advierte que dicho acto no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica del quejoso, esto es, no afecta directa e inmediatamente sus derechos fundamentales y, por ende, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no reviste el carácter de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud de que la omisión reclamada, respecto a los datos aportados no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana.... En ese tenor, si bien la peticionaria de amparo aduce como derecho violado, el protegido por el artículo 17 constitucional, que regula el derecho de acceso a la justicia, debe analizarse el caso concreto para determinar si se está ante una abierta dilación o paralización del procedimiento. Lo anterior, en atención a que si bien de la lectura de la demanda y el anexo que adjunta se advierte que la autoridad que señala como responsable Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en Naucalpan de Juárez, el veintitrés de mayo del año en curso, admitió la demanda interpuesta por Blanca Rosa Fernández Guerrero, ordenando el debido llamamiento a juicio a Bancopel Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple. También, se advierte que posteriormente, el veinticinco de julio pasado, se emitió un proveído en donde se ordenó girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, con la finalidad de que informara el Juzgado de Distrito, en turno, que conoció de la comunicación oficial enviada 849/2022 con la que se ordenó el emplazamiento de Bancopel Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, por lo que se concluye que si dicha información se solicitó el veinticinco de julio de dos mil veintidós, y, la demanda que se provee, fue recibida el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, es incuestionable que no ha transcurrido un lapso de tiempo que haga concluir que hay una abierta dilación o paralización total del procedimiento. De ahí que, este atraso, que hasta el momento no es imputable al Tribunal Laboral Federal en cita, pues recientemente proveyó lo conducente para dar prosecución al asunto, de ninguna forma se puede considerar como de imposible reparación, ya que la dilación se encuentra dentro de los parámetros naturales de todo procedimiento por lo que de ninguna forma infringe un derecho sustantivo. Y sin que se pueda imputar dilación a las diversas autoridades jurisdiccionales con residencia en Nezahualcóyotl, pues como se desprende aún no se cuenta con el dato de a que autoridad se le turnó el exhorto librado. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último a contrario sensu, y la diversa invocada, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO QUEJOSO En términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82 del acuerdo general conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, únicamente las notificaciones de carácter personal, se le practicarán vía electrónica en el correo con usuarios "LuceroKph" y "liclmarianoju", como expresamente lo solicita la quejosa, en el entendido de que la promovente queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En lo que hace al resto de notificaciones, practíquensele por medio de lista. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet de las actuaciones del presente juicio de amparo, en virtud que al realizar la búsqueda correspondiente se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, los usuarios citados en el párrafo que antecede. Por lo que hace al correo electrónico y número telefónico que señala, ténganse como medios alternos para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS Se autoriza a las personas que indica, en términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, pues al tratarse de un asunto en materia laboral promovido por la parte trabajadora, conforme a la primera parte del segundo párrafo, del citado numeral, aplicado a contrario sensu, no se requiere la acreditación para ejercer la profesión de licenciado en derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníquese que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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