Blanca Margarita Flores Ortega
Expediente 198/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Blanca Margarita Flores Ortega
Actuaciones
- Principal
X... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
X... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Blanca Margarita ..., por propio derecho, contra actos de la Jueza Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 198/2023-X. Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, con relación al 107 fracción IV, del propio ordenamiento, como a continuación se verá. Del artículo citado en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; pudiendo reclamar en ella las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En el particular, la parte quejosa reclama la resolución de trece de febrero del año en curso, dictada por la Jueza Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintiséis de enero de la presente anualidad, en el que la citada autoridad responsable tuvo por desahogada la vista dada al ahora tercero interesado, respecto del incidente de oposición a la actualización de avalúo del bien inmueble materia de la sociedad conyugal en el citado procedimiento. Lo anterior dentro del incidente de objeción de actualización de avaluó el cual se tramitó a su vez en el diverso de liquidación de sociedad conyugal, sin que la parte quejosa tenga la calidad de tercera extraña, pues no aduce la ilegalidad de su llamamiento en dicha incidencia -máxime que ella la promovió- pues se encuentra impuesto de las actuaciones, por ello que dicho acto queda regido por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, es decir, no pueden analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En efecto, la actuación reclamada no puede considerarse como la última en el procedimiento de origen, pues el acto reclamado fue dictado dentro del incidente de objeción de actualización de avaluó el cual se tramitó a su vez en el diverso de liquidación de sociedad conyugal, los cuales se encuentran pendientes de resolver, por lo que el juicio de amparo indirecto, no es la vía idónea para atacar lo reclamado en esta instancia. Además, el acto reclamado está directamente vinculado al cumplimiento de la sentencia que disolvió el vínculo matrimonial; esto es, sin consignar alguna circunstancia sustantiva ajena a la cosa juzgada de las que excepcionalmente hacen procedente el juicio de amparo biinstancial en la etapa de ejecución, como lo son, por ejemplo, apercibimientos graves; la imposición de multas o que impliquen afectaciones a la libertad personal, entre otros análogos; tampoco es un acto que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia que impida, obstaculice o retrase dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la citada ley, con relación al numeral citado aplicado a contrario sensu, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "....", el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, de conformidad con el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el usuario "...". Sin que pase inadvertido que también señale como domicilio para oír y recibir notificaciones uno ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; sin embargo, la Ley de Amparo no prevé la posibilidad de que se tengan dos domicilios para el mismo efecto; de ahí que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), se prefiera el uso de medios electrónicos. AUTORIZADOS. De igual forma se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a los profesionistas que mencionan, siempre que tengan debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.
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