Blanca Evelda Lucero Escalante

Expediente 161/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
161/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Blanca Evelda Lucero Escalante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2021-V, promovido por la licenciada **********, en su carácter de defensora particular de **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por la licenciada **********, en su carácter de defensora particular de **********, la cual fue recibida el ocho siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, de la que reclamó: [.] auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal **********/2020, dictado en mi contra el día doce de febrero de 2021, como probable responsable del delito de USURPACIÓN DE PROFESIONES [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de nueve de marzo del año en curso, la demanda de amparo se registró con el número **********/2021-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público que interviene en el proceso penal de origen **********/2020 y a Mirna Patricia Herrera Escalante y Víctor Alejandro López Estrada, y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. El auto de vinculación a proceso dictado el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal **********/2020, en contra de **********, por los hechos que la ley señala como delito de usurpación de profesiones, previsto y sancionado por el artículo 319, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, convino en la existencia del acto de que se duele la justiciable, a saber, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal **********/2020, por el injusto penal descrito con antelación. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez responsable, así como las videograbaciones de las audiencias celebradas el ocho y doce de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal **********/2020, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertirse causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional del escrito de demanda. QUINTO. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los cuales, en síntesis, dicen: 1. Que se violentaron en contra de su representada las garantías de debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, contenidas en los numerales 1º, 14, 16, 17 y 19 Constitucionales; pues por lo que hace al primer hecho que se le imputa, de los datos de prueba aportados por la Representación Social, no se advierte que la justiciable se haya ostentado como profesionista médico en la red social denominada Facebook, pues no se citó alguna dirección electrónica. 2. Continúa diciendo la defensa, que en lo relativo al segundo hecho, la Juzgadora de origen debió realizar un criterio de razonabilidad, al advertir que la formulación de la imputación fue deficiente, pues no se citaron las circunstancias de tiempo del hecho materia del reproche; por lo que al ir más allá coadyuvó con la Fiscalía. 3. Finalmente, la letrada refiere que la agente del Ministerio Público formuló imputación por el injusto penal contemplado en el ordinal 319 del Código Penal Estatal; sin embargo, dicho ordinal fue reformado con anterioridad a febrero de dos mil veinte, de ahí que el auto de vinculación a proceso no cumple con los parámetros establecidos en la ley. Luego, como a la quejosa **********, le resulta el carácter de imputada, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Los conceptos de violación esgrimidos, son infundados, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas: En principio debe puntualizarse que los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. (.) Código Nacional de Procedimientos Penales 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De la interpretación armónica de dichos preceptos se obtiene que, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO REQUISITOS FORMALES REQUISITOS DE FONDO A) Que se haya formulado imputación. 1) En la resolución correspondiente, se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de delito. B) Se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. 2. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. C) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que podrá duplicarse a petición del imputado. 3. Que no esté plenamente comprobada en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Tomando como punto de partida lo anterior, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional reúne los requisitos anotados. Así, por lo que hace a los requisitos formales, obtenemos lo siguiente: A) Que se haya formulado imputación. Este requisito se encuentra cumplido pues del registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, se advierte que (14:44) se individualizaron los defensores particulares designados, **********, quienes se identificaron con cédulas profesionales **********, respectivamente, aceptando el cargo conferido. Enseguida, la Representante Social actuante (14:48), formuló imputación contra la aquí quejosa, **********, para lo cual realizó una exposición detallada de los hechos que se le atribuyen y que se desprenden de los registros de la investigación, en los términos siguientes: La agente del Ministerio Público le comunicó a **********, que entre el veintiséis de enero al dieciocho de febrero de dos mil veinte, se ostentó como profesionista médico, a través de la red social denominada Facebook; lo anterior, sin haber cursado la carrera de medicina en alguna escuela autorizada, además de no contar con el título que le permitiera ejercer la profesión; consultando a diversas personas y expidiendo recetas médicas a nombre de la doctora **********, con el número de cédula ********** (sic) misma que corresponde a diversa profesionista en técnico químico industrial a nombre de **********, hechos ocurridos en el consultorio denominado **********, ubicado en el cruce de las calles **********, en esta ciudad. Asimismo, que en el mes de febrero de dos mil veinte, ofreció servicios de médico general en el consultorio mencionado, a ********** (el nombre correcto es **********), a quien revisó físicamente, tomándole temperatura y utilizando un aparato para escuchar el corazón; luego, le expidió una receta a nombre de **********, con el número de cédula profesional citado con antelación. Atento a ello, la Representación Social le indicó que el ilícito materia de la imputación, se encuentra comprendido en el numeral 319, fracciones I y II (usurpación de funciones), en términos de los ordinales 17, fracciones I y III, 18, fracción I y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Además, que las personas que deponen en su contra son **********, en su carácter de Directora Estatal de Profesiones, representada por el licenciado ********** agente de la Policía de Investigación adscrito a la Unidad de Delitos contra la Paz. En este sentido, (14:58) a solicitud de la defensa, la agente del Ministerio Público realizó la clasificación jurídica del hecho imputado; el primero se clasifica en el artículo 319, fracción II, de consumación dolosa, autor material y continuo; mientras que el segundo 319, fracción I, de consumación dolosa, autor material e instantáneo. Por lo tanto, es inconcuso que el requisito que nos ocupa está plenamente cumplido. B) Que se haya dado a la imputada la oportunidad de declarar. Este requisito se cumple en tanto que, de la videograbación, se obtiene que, en la audiencia de formulación de la imputación (14:57), la Juez de Control se aseguró de que la imputada estuviera debidamente informada de sus derechos y con la asistencia técnica y adecuada de un defensor. Asimismo, hizo de su conocimiento el derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de toda persona imputada y la cuestionó sobre si era su deseo declarar, aclarándole que tenía el derecho de no hacerlo, conforme a la garantía que le otorga dicho precepto constitucional; a lo que, previa consulta con su defensa, manifestó su voluntad de reservarse. En ese tenor, puede colegirse que la resolución reclamada efectivamente cumple con el requisito objeto de estudio, en virtud de que la quejosa **********, tuvo la oportunidad de declarar respecto de los hechos que se le imputan. C) Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que la inculpada sea puesta a disposición de la Juez de Control o dentro de la duplicidad de dicho término. Este elemento se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso; lo anterior con excepción de que la imputada solicite la duplicidad de dicho plazo constitucional. Ahora, siguiendo con la reproducción de la audiencia de formulación de la imputación, se advierte que la Juez de Control hizo saber a las partes que la audiencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se dictaba en cumplimiento a la sentencia pronunciada por esta Juzgadora en diverso juicio de amparo, a efecto de resolver la situación jurídica de ********** dentro de la causa penal **********/2020; luego, en uso de la palabra, la agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de la aquí quejosa citando el contenido de los datos de prueba (13:02); acto seguido, la Juez de Control explicó a la imputada dicha circunstancia y le hizo saber que podría solicitar que su situación jurídica se resolviera en la propia audiencia, dentro del término de setenta y dos horas o dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas (15:52). De lo que se sigue que, previa consulta con su defensa solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que la Juez de origen fijó las nueve horas del doce de febrero de dos mil veintiuno para tal efecto. Así, a las nueve horas con treinta y un minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, el Juez resolvió vincular a proceso a la justiciable, en los términos que más adelante se precisaran. Por lo que es dable colegir que la Juez de Control, resolvió la situación jurídica de la aquí quejosa, dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, con lo que el requisito que nos ocupa está colmado. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Ahora bien, debe acotarse que como requisito fundamental de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo - motivar- que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión. Siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, Materia Común, página 162, de la Novena Época, registro 176546, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Así, la fundamentación y motivación no puede soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, pues aun cuando los Jueces de Control no tienen acceso a la carpeta de investigación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, ante las partes presentes en la audiencia. En ese contexto, una vez analizado el disco versátil que contiene la audiencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, se advierte que la Juez de Control cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y los ordinales 319, en vinculación con el 18, fracción I, 17, fracciones I y III, y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, los datos de prueba y argumentos puestos a su consideración por las partes. Así también, de la reproducción audiovisual correspondiente, puede advertirse que expuso en su resolución, los razonamientos que consideró oportunos, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la imputada y su defensa pudieron conocer los preceptos legales que facultaron a la juzgadora a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico-jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantiza su derecho a una debida defensa. Por tanto, es dable colegir que la Juez de Control, sí cumplió con el requisito formal de que toda resolución debe estar fundada y motivada. Para una mayor comprensión de dicho requisito formal, conviene distinguir entre lo que es la falta de fundamentación y motivación, de la indebida fundamentación y motivación. Por lo primero, debe entenderse la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; lo cual puede dispensarse, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia, sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las funden, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. En tanto que, la indebida fundamentación y motivación, se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste, por lo que se constituye como un requisito de fondo, mismo que, en el caso que nos ocupa, será materia de estudio en párrafos subsecuentes. Sin embargo, en el caso concreto, la Juez del proceso, citó los preceptos legales que sirvieron de sustento para emitir el auto de vinculación a proceso en contra de **********; aquellos relacionados con la valoración de los datos de prueba aportados por la Fiscalía; y los que prevén el injusto penal materia de la imputación. Ahora, por lo que respecta a los requisitos de fondo, de la resolución que constituye el acto reclamado se obtiene: 1. Que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito consiste en que en la resolución se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito en comento, mismo que se cumple, ya que, de la videograbación relativa a la audiencia vinculatoria, se advierte que la Juez responsable, en este tópico retomó en sus términos los hechos materia de formulación de imputación y la clasificación jurídica establecida por la agente del Ministerio Público, y fueron precisamente los hechos comprendidos por la imputada. Atento a ello, se da respuesta al concepto de violación esgrimido por la defensa, en el sentido de que no se cumplió con las circunstancias de tiempo, respecto de los hechos imputados; pues contrario a su decir, la Juez de origen, por lo que hace al primer hecho narrado por la agente del Ministerio Público, estableció que en las fechas comprendidas del veintiséis de enero al dieciocho de febrero de dos mil veinte, la justiciable se ostentó como profesionista médico, a través de la red social denominada Facebook, lo anterior, sin haber cursado la carrera de medicina en alguna escuela autorizada; asimismo, no contaba con el título correspondiente que le permitiera ejercer la profesión, consultando a diversas personas y expidiendo recetas médicas a nombre de doctora **********, con número de cédula ********** (sic), misma que corresponde a diversa profesionista en técnico químico industrial a nombre de Mirna Patricia Herrera Escalante, ello en el consultorio denominado **********, ubicado en la calle Pradera de Urique, cruce con calle L********** en esta Ciudad. Del mismo modo, en lo que respecta al segundo hecho, destaco que en el mes de febrero de dos mil veinte, ofreció servicios de médico general en el consultorio denominado Marcial, ubicado en el domicilio precisado con antelación, pues ostentándose como médico, sin contar con título expedido por la autoridad correspondiente, revisó a Víctor Alejandro López Estrada, a quien le tomó la temperatura y utilizó un aparato para escuchar el corazón, luego le expidió una receta a nombre de la doctora **********, con numero de cedula ********** (sic), la cual pertenece a la profesionista **********, que la acredita como técnico químico industrial. Además, la Juez del proceso refirió que aún y cuando **********, manifestó no recordar la fecha exacta en que ocurrieron los hechos, lo cierto es que indicó que ello fue en el mes de febrero, lo cual es concordante con lo expuesto por Mirna Patricia Herrera Escalante, prima de **********, periodicidad en la cual aquélla se da cuenta de que su cédula estaba siendo utilizada por la imputada. De ahí que la Juez de origen cumplió con dicho requisito -citar las circunstancias de tiempo- en que ocurrieron los hechos materia de la imputación; sin que con ello se vulnere el derecho de defensa de la quejosa, pues Víctor Alejandro López fue enfático en precisar que los hechos ocurrieron un día martes del mes de febrero de dos mil veinte, además de hacer entrega de la receta que le fue expedida al departamento de profesiones, con lo queda en aptitud de ofertar las probanzas que a su interés corresponda, tal y como lo precisó su defensa en audiencia de doce de febrero pasado. 2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Ahora, a fin de verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con tal requisito resulta necesario acudir a la descripción del delito que se imputa a la justiciable **********. Al respecto, el título vigesimoprimero, capítulo segundo, artículo 319, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, establecen: TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CAPÍTULO II USURPACIÓN DE PROFESIÓN Artículo 319. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2019) Se impondrán de dos a seis años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa, a quien: (ADICIONADA, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2019) I. Se atribuya el carácter de auxiliar, técnico o profesionista u ostente postgrado, especialidad o certificación, sin haber cursado los estudios correspondientes en instituciones educativas con reconocimiento de validez oficial y obtenido el título, grado académico, certificación o autorización respectivos conforme a las leyes aplicables, y ofrezca o desempeñe sus servicios con ese carácter; o (ADICIONADA, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2019) II. Sin atribuirse ninguna de las calidades anteriores, lleve a cabo actividades que, de acuerdo con la ley, solo pueden desempeñar quienes cuenten con cédula profesional o de especialidad, certificación o autorización expedidas por la autoridad competente u organismos legalmente facultados para ello. (ADICIONADO, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2019) Si como consecuencia de las actividades que, en los supuestos descritos, realice el sujeto activo, se causan otros delitos, las penas correspondientes a ellos se agregarán a las que establece este artículo. Por lo que previo a establecer los razonamientos por los que esta Juzgadora arriba a la conclusión de que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía, se establece que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que existe la probabilidad que la imputada lo cometió o participó en su comisión; es necesario acotar que en sus motivos de disenso, la parte quejosa señaló que dicho ordinal fue reformado con anterioridad al año dos mil veinte, de ahí que consideró la Juez se equivocó al vincular a proceso a su representada. Dicho concepto de violación es infundado, pues la Juzgadora del proceso, de manera textual, indicó que el numeral 319, en su fracción I, refiere que se comete el delito de USURPACIÓN DE PROFESIONES cuando una persona se atribuye el carácter de auxiliar, técnico o profesionista u ostente posgrado, especialidad o certificación sin haber cursado los estudios correspondientes en instituciones educativas con reconocimiento de validez oficial y obteniendo el título grado académico, certificación y autorización respectivos conforme a las leyes aplicables, y ofrezca o desempeñe sus servicios con ese carácter. Y por lo que hace a la fracción II, del numeral 319, del Código Penal, refirió que reza de la siguiente manera: sin atribuirse ninguna de las calidades anteriores se lleve a cabo actividades que de acuerdo con la ley solo pueden desempeñar quienes cuenten con cédula profesional o de especialidad, certificación o autorización expedidas por la autoridad competente o por los organismos legalmente facultados para ello. Si como consecuencia de esas actividades que, en los supuestos descritos, realice el sujeto activo, se causan otros delitos, las penas correspondientes a ello se agregaran a las que establece el artículo". De lo que se tiene, que la Juez responsable realizó el estudio del injusto penal materia de la formulación de la imputación, que se encontraba vigente al momento de la comisión del hecho, según Decreto LXVI/RFCOD/0381/2019 I.P.O, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el nueve de noviembre de dos mil diecinueve, Una vez resuelto lo anterior, de la lectura de los preceptos transcritos tenemos que efectivamente los hechos reconocidos por la ley como el delito de usurpación de profesión, para ser susceptible de originar el dictado de auto de vinculación a proceso, implica que los datos de prueba aportados por la fiscalía hagan referencia a que alguien, teniendo conocimiento de que no contaba con título profesional o autorización para ejercer una profesión reglamentada, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5º Constitucional, como lo es la profesión de medicina; se atribuyó el carácter de profesionista, sin haber cursado los estudios correspondientes en instituciones educativas con reconocimiento de validez oficial y obtenido el título, grado académico, certificación o autorización respectivos conforme a las leyes aplicables, además de ofrecer y desempeñar sus servicios con ese carácter (fracción I); además de llevar a cabo actividades que, de acuerdo con la ley, solo pueden desempeñar quienes cuenten con cédula profesional o de especialidad, certificación o autorización expedidas por la autoridad competente u organismos legalmente facultados para ello (fracción II). La agente del Ministerio Público (horario 13:02), citó como datos de prueba los siguientes: (resumen de los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público, lo cual se trascribe en cursiva) 1. Oficio DEP 162/2020, de doce de febrero de dos mil veinte, signado por la Directora Estatal de Profesiones y dirigido al Fiscal de Distrito Zona Norte, mediante el cual remitió siete anexos, e informó que ante esa Dirección se presentó Mirna Patricia Herrera Escalante, a interponer una queja en contra de **********, informando que vía Facebook, se percató que su cédula profesional número **********, se utiliza con el nombre de Doctora **********, como médico general, usurpando funciones que no le corresponden, misma que labora en esta ciudad, en la denominada Farmacia Marcial, ubicada en calle P**********. Asimismo, se agregó una impresión de la receta médica que en la red social Facebook publicó **********; y en la parte superior aparece Doctora **********, medicina general, UACJ, cédula profesional **********, seguido del logotipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; asimismo en la parte inferior aparece el domicilio Pradera de Urique, número nueve mil cuatrocientos dos, colonia Pradera de la Sierra, Ciudad Juárez, Chihuahua; en la esquina superior derecha aparece un sello donde enuncia Doctora Blanca Escalante, medicina general, UACJ, cédula profesional ********** (sic) y el número de teléfono **********. El segundo anexo, consiste en copia de una cédula profesional con la leyenda en la parte superior cédula **********, las siglas SEP, la fotografía de una femenina, así como la firma del titular; en el anverso, reza Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, cédula **********, en virtud de que **********, cumple con los requisitos exigidos por la ley reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y su Reglamento, se le expide en Educación de tipo media superior la cedula personal con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de técnico como químico industrial. Búsqueda realizada el once de febrero de dos mil veinte, por la Directora Estatal de Profesiones, en el Registro Nacional de Profesionistas, respecto de **********, la cual arrojó registros coincidentes de **********, pero ninguno con el nombre de aquélla. Asimismo, se realizó la búsqueda de la cédula profesional número **********, arrojando como resultado el nombre de Mirna Patricia Herrera Escalante, en el rubro de profesión técnico químico industrial, expedida en el año dos mil nueve. Receta médica expedida al paciente Víctor López, y en la parte superior del documento aparece Doctora **********, medicina general, UACJ, cédula profesional **********, dentro de la cual le prescribe diversos medicamentos así como las indicaciones para su consumo, y en la parte inferior la dirección calle **********, Ciudad Juárez, Chihuahua, México; seguido de un sello de Doctora **********, medicina general UACJ, cédula profesional **********, así como el número de teléfono celular ********** y lo que al parecer es una firma. Copia del oficio DEPCJ 28/2020, dirigido al Maestro **********, abogado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, solicitándole información respecto de si ********** y/o **********, cuenta con registros de estudios en ese plantel. Oficio 10091-2020 de trece de febrero de dos mil veinte, dirigido a la Secretaría de Educación y Deporte, Dirección de Profesiones, Supervisora Administrativa de la Dirección Estatal de Profesiones, signado por el Abogado General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por medio del cual dio respuesta al oficio DEPCJ 28/2020, comunicando que en la Dirección de Servicios Académicos no cuenta con registro o antecedente de **********, ni que haya estado inscrita en alguno de los programas que ofrece esa Institución. 2. Oficio UIDVAR-548/2020, de veintidós de julio de dos mil veinte, suscrito por la Coordinadora de la Unidad de Investigación, Acusación y Ejecución de los Delitos Varios, en Parral, Chihuahua, mediante el cual remite la denuncia presentada el seis del citado mes y año, en la que aparece como víctima ********** y la sociedad, y como imputada **********, ello con motivo de que los hechos ocurrieron en esta ciudad, la cual generó la carpeta de investigación 32 2020/1627. 3. Denuncia presentada por **********, quien manifestó: que el veintiséis de enero de dos mil veinte, se encontraba en la red social Facebook, percatándose que su prima **********, quien reside en esta ciudad, realizó una publicación en la que aparecía como doctora, acompañándola de un número de cédula, lo cual le llamó la atención, toda vez que su prima no cuenta con estudios profesionales, reconociendo el número de cédula como suyo, y una vez que lo comparó se percató que efectivamente es su número de cédula; por lo que acudió a la oficina estatal de profesiones en la ciudad de Chihuahua, donde la entrevistaron y proporcionó copia de los documentos con los que contaba. Asimismo, refiere que solicitó la ayuda de su amiga Mónica, a efecto de que acudiera al domicilio que aparecía en la receta; por lo que el dieciocho de febrero, Mónica se presentó en el inmueble ubicado en la calle Pradera de Urique, número nueve mil cuatrocientos, de la colonia Praderas de la Sierra, en esta ciudad, informándole que el mismo se encuentra habitado como consultorio, entró a consulta y le extendieron una receta donde aparece el número de cédula 6011548, y el nombre de su prima. 4. Declaración ante el agente del Ministerio Público de treinta de junio de dos mil veinte, a cargo de Víctor Alejandro López Estrada, quien manifestó: que en el mes de febrero, sin recordar la fecha exacta, solo que era un martes, tenía un fuerte dolor de cabeza, por lo que acudió a la farmacia denominada "Marcial", la cual se encontraba pintada en color azul y señalaba que era farmacia y consultorio, ubicada frente a un supermercado González, ahí preguntó por el doctor y le indicaron que se encontraba enseguida de la farmacia; por lo que ingresó en una puerta contigua a la farmacia y detrás de un escritorio estaba una mujer sentada, con bata color blanco, la cual tenía bordado el nombre de Doctora Blanca Escalante, misma que era de estatura media de aproximadamente un metro con cincuenta y ocho centímetros y cabello teñido rubio, quien le preguntó los síntomas que tenía, diciéndole que le dolía mucho la cabeza, luego lo pasó a una cama que se encontraba a un costado, donde le tomó la presión y la temperatura, se puso el aparato para escuchar el corazón, diciéndole "ok, te voy a recetar unos piquetitos", se dirigió a su escritorio, observando que tenía una libreta con recetas, llenó la receta que le dio, firmándola y sellándola, diciéndole que la surtiera en la farmacia "**********", a lo que él le preguntó si podía hacerlo en otro lugar, cobrándole la cantidad de cincuenta pesos, entregándole la receta, por lo que se retiró del lugar. Sin embargo, le pareció extraño lo recetado para un simple dolor de cabeza, de ahí que decidió verificar en la página de profesiones el número de cédula que aparecía en la receta, advirtiendo que la misma corresponde a otra persona, motivo por el cual no surtió el medicamento; luego acudió al departamento de profesiones en esta ciudad, comunicando lo sucedido, haciéndoles entrega de la receta original que le fue proporcionada. 5. Reconocimiento realizado el dos de julio de dos mil veinte, ante el agente del Ministerio Público, por parte de **********, diligencia en la que se le puso a la vista un documento que tiene los logotipos del escudo de la ciudad de Chihuahua, así como de la Universidad de Ciudad Juárez, con el nombre de la Doctora Blanca Escalante, mismo que fue remitido por la Secretaría de Profesiones, realizándole las siguientes preguntas: ¿Que manifieste si lo reconoce?, contestó: que lo reconoce por la firma y los logotipos de la universidad y del escudo, y por todos los medicamentos que le recetó. ¿Quién se la expidió?, contestó: la Doctora **********. ¿Por qué se la expidió?, Contestó: porque le dolía mucho la cabeza y acudió a esa farmacia donde ella se encontraba. ¿Usted vio si ella escribió la receta?, contestó: Sí, yo miré cuando ella me estaba anotando todos los medicamentos que me recetó. ¿Vio si ella firmó la receta?, contestó: Sí la miré cuando la firmó y también la selló. ¿Cómo era la persona que emitió la receta?, contestó: femenina, de estatura media de un metro cincuenta y ocho, treinta y cinco a cuarenta años de edad, complexión rellena, cabello teñido rubio, vestía una bata en color blanco, con un bordado que decía Doctora Blanca Escalante. 6. Parte informativo de dos de julio de dos mil veinte, realizado por el agente de la policía de investigación, **********, en el que proporcionó una serie de tres fotografías de la denominada farmacia "**********", ubicada en la calle ********** (sic), en las cuales se observan los cruces de las calles, la fachada de la farmacia "servicio médico y farmacia contamos con doctora los domingos" 7. Oficio 4689 de tres de julio de dos mil veinte, remitido por la Coordinación Jurídica y Consultiva de la COESPRIS, remitiendo el expediente de la farmacia "**********", obrando el aviso de funcionamiento y como médico adscrito a dicha farmacia a la licenciada **********; sin aparecer dato legítimo de **********. 8. Reconocimiento por fotografía realizado ante el agente del Ministerio Público, en el que **********, a quien se le preguntó si podía reconocer a través de fotografía a la persona que le expidió la receta mencionada en su declaración, manifestando que sí podía hacerlo ya que la tuvo frente a él el día de la consulta por un lapso de ocho a diez minutos, describiéndola como quien vestía una bata blanca, bordada con el nombre de Doctora **********, de estatura media de un metro cincuenta y ocho, treinta y cinco a cuarenta años de edad, complexión rellena, cabello teñido rubio, agregando que solamente ese día la vio. Así, una vez que tuvo a la vista un conjunto de fotografías de personas del sexo femenino, con características físicas similares, obtenidas del sistema denominado "qubus" y numeradas del uno al cuatro, siendo éstas, en el número uno **********; número, dos **********; número tres ********** (no proporcionó datos del número cuatro) identificando a la número tres como la persona que lo consultó en la farmacia, coincide su peinado y forma de cejas, y que no presenta ninguna diferencia al día que lo atendió. 9. Parte informativo de veintidós de julio de dos mil veinte, signado por **********, quienes señalaron que, en esa misma data, a las doce horas con veintiséis minutos el radio operador, reportó una usurpación de profesiones en el domicilio ubicado en calle Pirineos, número tres mil diecisiete, interior cuatro, de la colonia **********; una vez constituidos en dicho sitio a las doce horas con cuarenta minutos, localizaron a un grupo de personas en un domicilio sin pintar y barandal negro, dirigiéndose a ellos una femenina que vestía camiseta blanca y pantalón de mezclilla, de nombre **********, manifestándole que su madre le pidió llevarla con un médico, llamándole a una persona que le habían recomendado como doctora, la cual, vía telefónica le comunicó que la consultaría en su domicilio; una vez en el inmueble la doctora de nombre ********** le informó que tenía covid-19. En este acto, la defensa precisa que este último antecedente corresponde a una investigación distinta, que no guarda relación con los hechos materia de la imputación, circunstancia con la que manifiesta su conformidad la Representación Social. Ahora bien, de un ponderado análisis de los datos de prueba expuestos por la Representación Social, se estima que la autoridad responsable actuó apegada a derecho, en cuanto a que son aptos y suficientes para establecer que se han cometido los hechos determinados como delito de USURPACIÓN DE PROFESIONES, así como la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, en tal sentido, la Juez de Control responsable consideró que con los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público (transcritos en párrafos precedentes), se presumen acreditados los hechos que ley prevé como el delito precisado con antelación, y que se atribuye a **********. Lo anterior es así, pues puede advertirse claramente que la Juez de Control, al resolver la situación jurídica de la quejosa **********, concretizó la imputación que la agente del Ministerio Público le atribuyó, estrictamente en cuanto al primer hecho, estableció que en el periodo comprendido del veintiséis de enero al dieciocho de febrero de dos mil veinte, **********, se atribuyó el carácter de profesionista médico a través de la red social denominada Facebook, sin haber cursado la carrera de medicina en alguna escuela autorizada; pues no contaba con el título correspondiente que le permitiera ejercer la profesión, consultando a diversas personas y expidiendo recetas médicas a nombre de doctora **********, con número de cédula ********** (sic), misma que corresponde a ********** y que la acredita como técnico químico industrial, hechos ocurridos en el consultorio denominado **********, ubicado en la calle Pradera de Urique, cruce con calle ********** en esta Ciudad. Lo anterior, tal y como lo refiere la Juez, quedó establecido con lo manifestado ante la Representación Social en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, por **********, quien en lo medular manifestó: que el veintiséis de enero de dos mil veinte, se encontraba revisando su página en la red social denominada Facebook, percatándose que su prima **********, quien vive en Ciudad Juárez, hizo una publicación donde aparece como doctora, acompañada de un número de cédula; publicación que le llamó la atención, ya que su prima no cuenta con estudios profesionales, además de que reconoció el número de cédula, ya que corresponde al de ella. Por lo que acudió a la ciudad de Chihuahua, donde le tomaron una entrevista respecto del documento que proporcionó, siendo éste la cédula profesional número **********, con el cual ********** se promocionaba en la página de Facebook, ofertando servicios médicos como doctora; motivo por el cual su denuncia fue canalizada a esta ciudad. Continúa diciendo la denunciante, que solicitó el auxilio de su amiga Mónica, quien el dieciocho de febrero del presente año, acudió al domicilio ubicado en calle **********, en esta ciudad, informándole que se encontraba habitado como consultorio, que entró a consulta y que le expidieron una receta en donde aparecía precisamente el número de su cédula profesional. De ahí que la Juzgadora de origen, acertadamente determinó que por tener ese parentesco consanguíneo es que **********, pudo percatarse de que la imputada estaba utilizando una cédula que no le correspondía, además de que no contaba con estudios profesionales para publicarse u ofertar servicios en el área médica; además de que **********, sí se aceptaba como doctora, pues contrario a lo que manifestó la defensa, en razón de que hizo un análisis técnico jurídico en cuanto al vocablo respecto a la formulación de la imputación ("atribuirse"-"ostentarse"), al momento de una persona publicarse en una página pública como es la red social denominada Facebook y ofertar trabajos o servicios en el área de la medicina, y además acompañar un respectivo número de cédula, se advierte que pretende dar confianza a la ciudadanía para tener ese catálogo o cartera de cliente y poderlos atender. Concatenado a lo expuesto por la denunciante, la Juzgadora del proceso, a fin de establecer que la imputada no cursó ningún grado académico, tomó en consideración los anexos allegados por la Dirección Estatal de Profesiones, incluso el oficio DEP 162/2020 de doce de febrero de dos mil veinte, dirigido al Fiscal Zona Norte, a través del cual, la Directora Estatal de Profesiones informó que **********, acudió ante su presencia a interponer una queja por el mal uso de una numeración, la cual le fue asignada al haber cursado la carrera de técnico químico industrial; así como que su prima **********, se estaba anunciando en la página denominada Facebook, como médico o doctora, y que el domicilio en el cual estaba laborando se ubica en la calle **********. Además de la impresión de la receta médica que publicó ********** en la red social de Facebook, advirtiendo que en la parte superior aparece doctora **********, medicina general UACJ, cédula profesional **********, seguido del logotipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la parte inferior aparece el domicilio precisamente en la cual fue consultada **********, amiga de la denunciante, y en la esquina superior derecha un sello donde se anuncia doctora ********** medicina general UACJ, cédula profesional la mencionada y el número telefónico **********. El segundo anexo consistió en una copia de una cédula profesional en la cual en la parte superior del lado de enfrente se anuncia la cédula 6011548, siglas SEP, fotografía de una femenina y firma del titular, por el lado anverso, copia de la cédula profesional, Secretaria de Educación Pública y Dirección General de Profesiones y número de cédula **********, en virtud de que Mirna Patricia Herrera Escalante cumple con los requisitos exigidos por la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y se expide en educación tipo superior medio, cédula profesional en efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de técnico químico industrial. Igualmente, se presentó la búsqueda llevada a cabo el once de febrero de dos mil veinte en el Registro Nacional de Profesionistas, por la directora general de Profesiones, respecto de **********, la cual arrojó como resultado diversos nombres, los cuales fueron coincidentes con **********, pero ninguno con BLANCA EVELDA ESCALANTE LUCERO; así como de la cédula profesional ********** (sic), la cual corresponde a **********, en el rubro de profesiones aparece técnico químico industrial, expedida en el año dos mil nueve. Además de la receta médica, expedida a nombre del paciente Víctor López; el oficio DEPCJ 28/2020 enviado al abogado general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la respuesta que recayó al mismo, en el que informó que una vez que se hizo una búsqueda sobre los registros y antecedentes de esa institución, no encontró registro de que ********** haya cursado alguno de los programas que ofrece dicha universidad, es decir, en ninguna rama académica, ni de medicina, ciencias sociales, ingeniería o alguna otra; lo que como bien lo estableció la Juez, corrobora el dicho de **********. Así, la Juez concluyó que con los datos de prueba aportados, se puede establecer, que **********, no cuenta con los requisitos para poder ejercer la profesión de médico, pues la Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua, en su artículo 5º, establece las profesiones que requieren título para su ejercicio, es decir, para ejercer en el Estado cualquiera de las profesiones reconocidas oficialmente como carreras completas dentro de los planes de estudio en las instituciones de educación media superior y superior, es necesario contar con el título correspondiente, y que esas profesiones serán determinadas conforme a las normas que expidan las autoridades competentes con relación a los planes de estudio de dichas escuelas legalmente autorizadas por el Estado de Chihuahua, por la Federación o por otros Estados sujetos a la reciprocidad del lugar de residencia del profesionista en los términos del artículo 121 de la Constitución Federal. Aunado a lo expuesto, la Juez de origen, destacó, que acorde a lo establecido en el artículo 28 bis, fracción I y segundo párrafo, de la Ley General de Salud, los profesionistas que pueden prescribir medicamentos son los médicos, los cuales deberán de contar con cédula profesional expedida por autoridades educativas competentes, los pasantes en servicio social de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros, ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría. Hechos que, correctamente consideró la Juez, encuadran en el numeral 319, fracción II, del Código Penal, por hechos acaecidos del veintiséis de enero al dieciocho de febrero de la presente anualidad. Sin que cambie el sentido de dicha determinación lo expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que no se mencionó la dirección electrónica en la que aparece la publicación en la página de Facebook que se atribuye a **********; pues como ya se dijo,********** fue enfática en señalar que ella vio dicha publicación, lo cual hizo del conocimiento de la Dirección Estatal de Profesiones, incluso se llevó a cabo la impresión de la receta que aparecía publicada en dicha página; además, de que obra la receta médica que le fue expedida a **********, lo que hasta este momento procesal, resulta suficiente para establecer que la imputada participó en la comisión del hecho que se le atribuye. Luego, en lo relativo al segundo hecho materia de la imputación, la Juez determinó que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía, se tenía por acreditado el hecho respecto a que en el mes de febrero de dos mil veinte, ********** ofreció servicios de médico general, sin contar con el título expedido por la autoridad correspondiente, en el consultorio mencionado denominado Marcial, en el domicilio ubicado en la calle Pradera de Urique, cruce con calle ********** en esta Ciudad. Lo que se acreditó con el deposado de **********, quien indicó que sin recordar la fecha exacta, pero fue en el mes de febrero, a él le dolía la cabeza, que era muy fuerte el dolor y acudió al médico en una farmacia denominada Marcial, la cual estaba pintada de color azul y ahí se mencionaba que existía un consultorio; también, para ubicar o dar mayor credibilidad a su dicho, señaló que frente a ese lugar se encontraba un super mercado denominado González, él decidió ingresar y preguntar por el doctor, le informaron que sí había un doctor a un lado de la farmacia y a un lado estaba una puerta contigua a la farmacia. Refirió que, al ingresar, se encontraba detrás de un escritorio una mujer sentada, quien llevaba una bata blanca que tenía bordado el nombre de ********** y el adjetivo de doctora; describiendo a la mujer como estatura media, aproximadamente de un metro con cincuenta y ocho centímetros, cabello color teñido de rubio, quien lo atendió, por lo que el confió de que estaba ante una profesionista del área médica, la cual lo interrogó respecto de los síntomas que tenía, lo cual a él le generó confianza, en virtud de que obviamente al ingresar a un consultorio en el cual le habían dicho en la farmacia que se encontraba enseguida, al estar una persona con una bata blanca, lo cual es un instrumento propio para las personas que pertenecen al área médica y máxime a los médicos; incluso el examen fue más haya toda vez que lo pasó a una camilla, que tenía a un costado, le tomó la presión, la temperatura y ella se puso el aparato para escuchar el corazón y le dijo "te voy a recetar unos piquetitos", advirtiendo que efectivamente tenía un libro de recetas, le expidió una receta firmando la persona y le refirió que tenía que surtirla en la farmacia Marcial. Sin que la Juez dejara de atender que la consulta se pagó a un precio muy bajo -cincuenta pesos-; con todo, ello dio cuenta de la franqueza del testimonio de dicha persona, en cuanto a que no pretendió alterar lo que vivió y padeció; pues no obstante que puso en riesgo su salud al ser atendido por una persona que se dijo ser médico, que se ubicaba a un costado de un consultorio, con la indumentaria propia de una doctora, quien le recetó diversos medicamentos, además de que en dicho documento aparecía como médico y contaba con un número de cédula, documento que una vez que tuvo a la vista lo reconoció como el mismo que se le expidió, con lo cual precisamente acreditó su dicho en cuanto a los hechos que padeció . Lo cual acertadamente engarzó con la noticia criminal que dio Mirna Patricia Herrera Escalante y las documentales aportadas por la Directora Estatal de Profesiones; pues las constancias en comento, dan certeza al dicho de Mirna Patricia, en cuanto a que el número de cédula que era utilizado de manera dolosa por ********** no le pertenece, toda vez que no existe dato fehaciente de que haya acreditado los estudios para ostentarse como médico general, tal y como lo hacía saber a los pacientes que recibía en el domicilio antes mencionado, como en el caso particular ocurrió con **********; lo que acredita el supuesto jurídico establecido en el numeral 319, fracción I, del Código Penal Estatal. Sin soslayar que la defensa hace referencia a que el tipo penal contenido en la fracción I, del numeral 319, en estudio, hace referencia que se sanciona al sujeto activo que se atribuya el carácter de auxiliar, técnico o profesionista u ostente postgrado, especialidad o certificación; empero, la imputada no ostentó contar con un posgrado, entendiéndose como tal los estudios de especialización que se cursan tras la graduación de la licenciatura. No obstante, dicha diferencia lingüística, no redunda en beneficio de su representada, pues con los datos de prueba aportados al sumario, se establece de manera probable, que se ostentó como profesional médico, pretendiendo así atribuirse la emisión de una cédula, sin que exista documento fehaciente que lo acredite. De ahí que este Juzgadora considera acertado lo resuelto por la resolutora de origen, pues la Representación Social, en ejercicio de su quehacer investigador, llevó a cabo las actuaciones necesarias para aportar los datos de prueba que fueron valorados por la Juez de Control, a saber, las declaraciones de ********** y **********, que se ven corroborados a través de las documentales aportadas por la Dirección Estatal de Profesiones. Datos de prueba que son aptos y suficientes, para pronunciar el auto de vinculación a proceso en contra de la justiciable por los hechos ilícitos que se le imputan. De ahí que la Juez de Control responsable haya considerado, de manera correcta y justificada que esos datos de prueba, interpretados en su conjunto, resultaban idóneos por lo menos para esa etapa procesal, que se ha cometido el hecho tipificado por la norma penal como usurpación de profesiones, previsto y sancionado en el artículo 319, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de ********** y **********, respectivamente; y también que existe la probabilidad de que ********** lo cometió, atribuyéndole una participación de autora material, de conformidad con el numeral 21, fracción I, comisión dolosa de conformidad con el numeral 18, fracción I, respecto del hecho en perjuicio de Mirna Patricia Herrera Escalante, este es de conformidad con el numeral 17, fracción III y el cometido en perjuicio de Víctor Alejandro López Estrada, de conformidad con el numeral 17, fracción I, todos del Código Penal del Estado; ello, en el grado de probabilidad que es el estándar que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto son suficientes para que emitir un auto de vinculación a proceso, pues para ello ponderó, de manera preponderante, los deposados de los denunciantes que conocieron los hechos que expusieron ante la agente del Ministerio Público, de manera directa, sin que se advierta que hayan emitido su versión de los hechos con una finalidad distinta a la de hacer del conocimiento del ministerio público los hechos que les constaron, tampoco se advierte que hayan sido con el afán de perjudicar a la imputada, por lo que se desprenden indicios que permiten establecer la actualización de la conducta que se le reprocha. De ahí que sea dable colegir que, de acuerdo con la pretensión ministerial, es manifiesto que la conducta investigada se trata de un actuar doloso, en cuanto a que existen datos de que la sujeto activo actuó con conocimiento de los elementos de los hechos con apariencia de delito, pues se advierte que conocía los elementos objetivos del hecho y no obstante quiso su realización. Así, los datos de prueba y medios de prueba se estiman correctamente ponderados por la Juez de Control, al haber sido considerados idóneos por ser actuaciones realizadas por personal en ejercicio de sus facultades legales, expresando detalles, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En este orden, es infundado lo sostenido por la quejosa en el concepto de violación sintetizado, en el sentido de que la Juez del proceso violentó su derecho al debido proceso, las garantías jurídicas y de legalidad. Se dice lo anterior, pues para el dictado de la vinculación a proceso, no se requiere de un cumulo probatorio amplio, porque el representante social no presenta pruebas formalizadas para el hecho y menos la responsabilidad de la imputada, sino solo hace referencia a los datos que establezcan en grado de probabilidad que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. En efecto, el auto de vinculación a proceso es una fase previa al juicio oral, pues forma parte de la etapa de investigación en la que la imputada es informada de que existen hechos por los cuales la autoridad ministerial realiza una investigación sobre su persona; sin embargo, al ser un acto procesal que afecta derechos fundamentales, debe satisfacer estándares mínimos de protección judicial, por lo que en la decisión de vinculación a proceso se debe precisar la fundamentación y motivación de los datos de investigación por los que se ha llegado a ese convencimiento. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, para decidir sobre la vinculación a proceso el juzgador debe emplear un grado de razonabilidad, a partir del contraste entre lo expuesto por la representación social y por la defensa o por el indiciado en vía de réplica, teniendo como normas rectoras la legalidad (la cita de hechos tipificados como delitos y datos de información), la confrontación (entre las versiones y la información que pueda confirmarlas); la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por las partes) asegurando con ello el interés del Estado en la impartición de justicia y salvaguarda de los derechos de las partes. La valoración razonable se vincula al deber de fundar y motivar adecuadamente la determinación judicial. Esto implica que el juzgador no puede limitarse a la enunciación genérica de los datos de la carpeta de investigación, sino que debe justificarlos y ponderarlos de forma pormenorizada, exponiendo de manera particular el alcance y peso de cada uno de los datos de investigación, encuadrando la conducta a la norma penal, permitiendo identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Además, entre el sistema tradicional y el actual (acusatorio y oral), en éste cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión **********/2013 en sesión de doce de febrero de dos mil catorce, señaló que de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primer párrafo del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución General, y del análisis de la exposición de motivos de dicha reforma, se advierte que el Constituyente reformador determinó, en principio, que la investigación en el procedimiento penal y la consecuente acusación se apoyarían solo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido, y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos, y la existencia de la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. También precisó que en el sistema penal acusatorio, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se encuentran regulados dentro de la etapa de investigación que da inicio al procedimiento penal, cuya finalidad tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos constitutivos del delito y la determinación sobre la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por lo que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito lo investigará y en su caso promoverá la persecución penal. Ello, dijo, porque de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional reformado, el Agente del Ministerio Público promoverá y dirigirá la investigación, quien podrá realizar por sí mismo -o encomendar a la policía-, todas las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, pudiendo allegarse para ello de diversos medios de investigación. Por tanto, señala la Superioridad, debe considerarse a la etapa de investigación como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, y es por ese motivo que el registro de los medios anteriormente señalados, de considerarse idóneos, pertinentes y suficientes para formular la acusación, se llevará a cabo en la carpeta de investigación que al efecto integre el Ministerio Público; sin embargo, tales actuaciones carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia, por disposición expresa de la fracción III del Apartado A del artículo 20 Constitucional, salvo que se autorice el anticipo de prueba o la incorporación por lectura o reproducción en la audiencia de juicio oral. En tal virtud, refiere la Primera Sala, el Ministerio Público, para solicitar el dictado de una orden de aprehensión o formular la imputación, solo hará una recolección de los datos; siendo relevante destacar que el Agente Investigador está obligado a no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable y, sobre todo, cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. Así, la petición de la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se sustentan en los datos que se contienen en la carpeta de investigación que al efecto integra el Ministerio Público. De lo anterior, refiere que el objetivo de la solicitud del dictado de una orden de aprehensión es traer al imputado ante el juez de control para poder iniciar los actos posteriores de investigación; y por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso; de ahí, respecto del contenido de la carpeta de investigación debe considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del Juez. Dado lo antes expuesto, señala, se puede colegir que bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, el dictado de la resolución sobre la vinculación o no del imputado al proceso, se debe basar en el estudio de los datos en que se sustente la imputación, así como en la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social, que deben resultar suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el Juez de garantía. Además, acotó que solo en el caso de que exista controversia entre los intervinientes respecto del contenido de la carpeta de investigación, el Juzgador podrá verificar su contenido. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 160950, Décima Época, Materias Común, Penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, de octubre de 2011, Tomo 2, página 689, que a la letra dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor. Así, con base en las consideraciones expuestas, infundados como resultan los conceptos de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio de la quejosa **********, y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos que reclamó (auto de vinculación a proceso en el proceso penal **********/2020) a la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, por los razonamientos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario, se notifica a la parte tercero interesada la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, mismo que en lo conducnte dice: SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2021-V, promovido por la licenciada **********, en su carácter de defensora particular de **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por la licenciada **********, en su carácter de defensora particular de **********, la cual fue recibida el ocho siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, de la que reclamó: [.] auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal **********/2020, dictado en mi contra el día doce de febrero de 2021, como probable responsable del delito de USURPACIÓN DE PROFESIONES [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de nueve de marzo del año en curso, la demanda de amparo se registró con el número **********/2021-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público que interviene en el proceso penal de origen **********/2020 y a Mirna Patricia Herrera Escalante y Víctor Alejandro López Estrada, y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. El auto de vinculación a proceso dictado el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal **********/2020, en contra de **********, por los hechos que la ley señala como delito de usurpación de profesiones, previsto y sancionado por el artículo 319, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, convino en la existencia del acto de que se duele la justiciable, a saber, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal **********/2020, por el injusto penal descrito con antelación. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez responsable, así como las videograbaciones de las audiencias celebradas el ocho y doce de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal **********/2020, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertirse causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional del escrito de demanda. QUINTO. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los cuales, en síntesis, dicen:1. Que se violentaron en contra de su representada las garantías de debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, contenidas en los numerales 1º, 14, 16, 17 y 19 Constitucionales; pues por lo que hace al primer hecho que se le imputa, de los datos de prueba aportados por la Representación Social, no se advierte que la justiciable se haya ostentado como profesionista médico en la red social denominada Facebook, pues no se citó alguna dirección electrónica.2. Continúa diciendo la defensa, que en lo relativo al segundo hecho, la Juzgadora de origen debió realizar un criterio de razonabilidad, al advertir que la formulación de la imputación fue deficiente, pues no se citaron las circunstancias de tiempo del hecho materia del reproche; por lo que al ir más allá coadyuvó con la Fiscalía.3. Finalmente, la letrada refiere que la agente del Ministerio Público formuló imputación por el injusto penal contemplado en el ordinal 319 del Código Penal Estatal; sin embargo, dicho ordinal fue reformado con anterioridad a febrero de dos mil veinte, de ahí que el auto de vinculación a proceso no cumple con los parámetros establecidos en la ley. Luego, como a la quejosa **********, le resulta el carácter de imputada, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Los conceptos de violación esgrimidos, son infundados, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas: En principio debe puntualizarse que los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. (.) Código Nacional de Procedimientos Penales 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa.De la interpretación armónica de dichos preceptos se obtiene que, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO REQUISITOS FORMALES REQUISITOS DE FONDO A) Que se haya formulado imputación. 1) En la resolución correspondiente, se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de delito. B) Se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. 2. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. C) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que podrá duplicarse a petición del imputado. 3. Que no esté plenamente comprobada en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Tomando como punto de partida lo anterior, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional reúne los requisitos anotados.Así, por lo que hace a los requisitos formales, obtenemos lo siguiente:A) Que se haya formulado imputación.Este requisito se encuentra cumplido pues del registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, se advierte que (14:44) se individualizaron los defensores particulares designados, **********, quienes se identificaron con cédulas profesionales **********, respectivamente, aceptando el cargo conferido.Enseguida, la Representante Social actuante (14:48), formuló imputación contra la aquí quejosa, **********, para lo cual realizó una exposición detallada de los hechos que se le atribuyen y que se desprenden de los registros de la investigación, en los términos siguientes:La agente del Ministerio Público le comunicó a **********, que entre el veintiséis de enero al dieciocho de febrero de dos mil veinte, se ostentó como profesionista médico, a través de la red social denominada Facebook; lo anterior, sin haber cursado la carrera de medicina en alguna escuela autorizada, además de no contar con el título que le permitiera ejercer la profesión; consultando a diversas personas y expidiendo recetas médicas a nombre de la doctora **********, con el número de cédula ********** (sic) misma que corresponde a diversa profesionista en técnico químico industrial a nombre de **********, hechos ocurridos en el consultorio denominado **********, ubicado en el cruce de las calles **********, en esta ciudad.Asimismo, que en el mes de febrero de dos mil veinte, ofreció servicios de médico general en el consultorio mencionado, a ********** (el nombre correcto es **********), a quien revisó físicamente, tomándole temperatura y utilizando un aparato para escuchar el corazón; luego, le expidió una receta a nombre de **********, con el número de cédula profesional citado con antelación.Atento a ello, la Representación Social le indicó que el ilícito materia de la imputación, se encuentra comprendido en el numeral 319, fracciones I y II (usurpación de funciones), en términos de los ordinales 17, fracciones I y III, 18, fracción I y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua.Además, que las personas que deponen en su contra son **********, en su carácter de Directora Estatal de Profesiones, representada por el licenciado ********** agente de la Policía de Investigación adscrito a la Unidad de Delitos contra la Paz.En este sentido, (14:58) a solicitud de la defensa, la agente del Ministerio Público realizó la clasificación jurídica del hecho imputado; el primero se clasifica en el artículo 319, fracción II, de consumación dolosa, autor material y continuo; mientras que el segundo 319, fracción I, de consumación dolosa, autor material e instantáneo.Por lo tanto, es inconcuso que el requisito que nos ocupa está plenamente cumplido.B) Que se haya dado a la imputada la oportunidad de declarar.Este requisito se cumple en tanto que, de la videograbación, se obtiene que, en la audiencia de formulación de la imputación (14:57), la Juez de Control se aseguró de que la imputada estuviera debidamente informada de sus derechos y con la asistencia técnica y adecuada de un defensor.Asimismo, hizo de su conocimiento el derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de toda persona imputada y la cuestionó sobre si era su deseo declarar, aclarándole que tenía el derecho de no hacerlo, conforme a la garantía que le otorga dicho precepto constitucional; a lo que, previa consulta con su defensa, manifestó su voluntad de reservarse.En ese tenor, puede colegirse que la resolución reclamada efectivamente cumple con el requisito objeto de estudio, en virtud de que la quejosa **********, tuvo la oportunidad de declarar respecto de los hechos que se le imputan.C) Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que la inculpada sea puesta a disposición de la Juez de Control o dentro de la duplicidad de dicho término.Este elemento se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso; lo anterior con excepción de que la imputada solicite la duplicidad de dicho plazo constitucional.Ahora, siguiendo con la reproducción de la audiencia de formulación de la imputación, se advierte que la Juez de Control hizo saber a las partes que la audiencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se dictaba en cumplimiento a la sentencia pronunciada por esta Juzgadora en diverso juicio de amparo, a efecto de resolver la situación jurídica de ********** dentro de la causa penal **********/2020; luego, en uso de la palabra, la agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de la aquí quejosa citando el contenido de los datos de prueba (13:02); acto seguido, la Juez de Control explicó a la imputada dicha circunstancia y le hizo saber que podría solicitar que su situación jurídica se resolviera en la propia audiencia, dentro del término de setenta y dos horas o dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas (15:52).De lo que se sigue que, previa consulta con su defensa solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que la Juez de origen fijó las nueve horas del doce de febrero de dos mil veintiuno para tal efecto.Así, a las nueve horas con treinta y un minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, el Juez resolvió vincular a proceso a la justiciable, en los términos que más adelante se precisaran.Por lo que es dable colegir que la Juez de Control, resolvió la situación jurídica de la aquí quejosa, dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, con lo que el requisito que nos ocupa está colmado.D) Debe estar debidamente fundado y motivado.Ahora bien, debe acotarse que como requisito fundamental de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo - motivar- que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión.Siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro.Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, Materia Común, página 162, de la Novena Época, registro 176546, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Así, la fundamentación y motivación no puede soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, pues aun cuando los Jueces de Control no tienen acceso a la carpeta de investigación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, ante las partes presentes en la audiencia.En ese contexto, una vez analizado el disco versátil que contiene la audiencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, se advierte que la Juez de Control cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y los ordinales 319, en vinculación con el 18, fracción I, 17, fracciones I y III, y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, los datos de prueba y argumentos puestos a su consideración por las partes. Así también, de la reproducción audiovisual correspondiente, puede advertirse que expuso en su resolución, los razonamientos que consideró oportunos, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la imputada y su defensa pudieron conocer los preceptos legales que facultaron a la juzgadora a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico-jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantiza su derecho a una debida defensa. Por tanto, es dable colegir que la Juez de Control, sí cumplió con el requisito formal de que toda resolución debe estar fundada y motivada. Para una mayor comprensión de dicho requisito formal, conviene distinguir entre lo que es la falta de fundamentación y motivación, de la indebida fundamentación y motivación. Por lo primero, debe entenderse la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; lo cual puede dispensarse, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia, sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las funden, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. En tanto que, la indebida fundamentación y motivación, se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste, por lo que se constituye como un requisito de fondo, mismo que, en el caso que nos ocupa, será materia de estudio en párrafos subsecuentes. Sin embargo, en el caso concreto, la Juez del proceso, citó los preceptos legales que sirvieron de sustento para emitir el auto de vinculación a proceso en contra de **********; aquellos relacionados con la valoración de los datos de prueba aportados por la Fiscalía; y los que prevén el injusto penal materia de la imputación. Ahora, por lo que respecta a los requisitos de fondo, de la resolución que constituye el acto reclamado se obtiene: 1. Que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito consiste en que en la resolución se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito en comento, mismo que se cumple, ya que, de la videograbación relativa a la audiencia vinculatoria, se advierte que la Juez responsable, en este tópico retomó en sus términos los hechos materia de formulación de imputación y la clasificación jurídica establecida por la agente del Ministerio Público, y fueron precisamente los hechos comprendidos por la imputada. Atento a ello, se da respuesta al concepto de violación esgrimido por la defensa, en el sentido de que no se cumplió con las circunstancias de tiempo, respecto de los hechos imputados; pues contrario a su decir, la Juez de origen, por lo que hace al primer hecho narrado por la agente del Ministerio Público, estableció que en las fechas comprendidas del veintiséis de enero al dieciocho de febrero de dos mil veinte, la justiciable se ostentó como profesionista médico, a través de la red social denominada Facebook, lo anterior, sin haber cursado la carrera de medicina en alguna escuela autorizada; asimismo, no contaba con el título correspondiente que le permitiera ejercer la profesión, consultando a diversas personas y expidiendo recetas médicas a nombre de doctora **********, con número de cédula ********** (sic), misma que corresponde a diversa profesionista en técnico químico industrial a nombre de Mirna Patricia Herrera Escalante, ello en el consultorio denominado **********, ubicado en la calle Pradera de Urique, cruce con calle L********** en esta Ciudad. Del mismo modo, en lo que respecta al segundo hecho, destaco que en el mes de febrero de dos mil veinte, ofreció servicios de médico general en el consultorio denominado Marcial, ubicado en el domicilio precisado con antelación, pues ostentándose como médico, sin contar con título expedido por la autoridad correspondiente, revisó a Víctor Alejandro López Estrada, a quien le tomó la temperatura y utilizó un aparato para escuchar el corazón, luego le expidió una receta a nombre de la doctora **********, con numero de cedula ********** (sic), la cual pertenece a la profesionista **********, que la acredita como técnico químico industrial. Además, la Juez del proceso refirió que aún y cuando **********, manifestó no recordar la fecha exacta en que ocurrieron los hechos, lo cierto es que indicó que ello fue en el mes de febrero, lo cual es concordante con lo expuesto por Mirna Patricia Herrera Escalante, prima de **********, periodicidad en la cual aquélla se da cuenta de que su cédula estaba siendo utilizada por la imputada. De ahí que la Juez de origen cumplió con dicho requisito -citar las circunstancias de tiempo- en que ocurrieron los hechos materia de la imputación; sin que con ello se vulnere el derecho de defensa de la quejosa, pues Víctor Alejandro López fue enfático en precisar que los hechos ocurrieron un día martes del mes de febrero de dos mil veinte, además de hacer entrega de la receta que le fue expedida al departamento de profesiones, con lo queda en aptitud de ofertar las probanzas que a su interés corresponda, tal y como lo precisó su defensa en audiencia de doce de febrero pasado.2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Ahora, a fin de verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con tal requisito resulta necesario acudir a la descripción del delito que se imputa a la justiciable **********. Al respecto, el título vigesimoprimero, capítulo segundo, artículo 319, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, establecen: TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CAPÍTULO II USURPACIÓN DE PROFESIÓN Artículo 319. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2019) Se impondrán de dos a seis años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa, a quien: (ADICIONADA, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2019) I. Se atribuya el carácter de auxiliar, técnico o profesionista u ostente postgrado, especialidad o certificación, sin haber cursado los estudios correspondientes en instituciones educativas con reconocimiento de validez oficial y obtenido el título, grado académico, certificación o autorización respectivos conforme a las leyes aplicables, y ofrezca o desempeñe sus servicios con ese carácter; o (ADICIONADA, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2019) II. Sin atribuirse ninguna de las calidades anteriores, lleve a cabo actividades que, de acuerdo con la ley, solo pueden desempeñar quienes cuenten con cédula profesional o de especialidad, certificación o autorización expedidas por la autoridad competente u organismos legalmente facultados para ello. (ADICIONADO, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2019) Si como consecuencia de las actividades que, en los supuestos descritos, realice el sujeto activo, se causan otros delitos, las penas correspondientes a ellos se agregarán a las que establece este artículo. Por lo que previo a establecer los razonamientos por los que esta Juzgadora arriba a la conclusión de que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía, se establece que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que existe la probabilidad que la imputada lo cometió o participó en su comisión; es necesario acotar que en sus motivos de disenso, la parte quejosa señaló que dicho ordinal fue reformado con anterioridad al año dos mil veinte, de ahí que consideró la Juez se equivocó al vincular a proceso a su representada. Dicho concepto de violación es infundado, pues la Juzgadora del proceso, de manera textual, indicó que el numeral 319, en su fracción I, refiere que se comete el delito de USURPACIÓN DE PROFESIONES cuando una persona se atribuye el carácter de auxiliar, técnico o profesionista u ostente posgrado, especialidad o certificación sin haber cursado los estudios correspondientes en instituciones educativas con reconocimiento de validez oficial y obteniendo el título grado académico, certificación y autorización respectivos conforme a las leyes aplicables, y ofrezca o desempeñe sus servicios con ese carácter.Y por lo que hace a la fracción II, del numeral 319, del Código Penal, refirió que reza de la siguiente manera: sin atribuirse ninguna de las calidades anteriores se lleve a cabo actividades que de acuerdo con la ley solo pueden desempeñar quienes cuenten con cédula profesional o de especialidad, certificación o autorización expedidas por la autoridad competente o por los organismos legalmente facultados para ello. Si como consecuencia de esas actividades que, en los supuestos descritos, realice el sujeto activo, se causan otros delitos, las penas correspondientes a ello se agregaran a las que establece el artículo". De lo que se tiene, que la Juez responsable realizó el estudio del injusto penal materia de la formulación de la imputación, que se encontraba vigente al momento de la comisión del hecho, según Decreto LXVI/RFCOD/0381/2019 I.P.O, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el nueve de noviembre de dos mil diecinueve,Una vez resuelto lo anterior, de la lectura de los preceptos transcritos tenemos que efectivamente los hechos reconocidos por la ley como el delito de usurpación de profesión, para ser susceptible de originar el dictado de auto de vinculación a proceso, implica que los datos de prueba aportados por la fiscalía hagan referencia a que alguien, teniendo conocimiento de que no contaba con título profesional o autorización para ejercer una profesión reglamentada, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5º Constitucional, como lo es la profesión de medicina; se atribuyó el carácter de profesionista, sin haber cursado los estudios correspondientes en instituciones educativas con reconocimiento de validez oficial y obtenido el título, grado académico, certificación o autorización respectivos conforme a las leyes aplicables, además de ofrecer y desempeñar sus servicios con ese carácter (fracción I); además de llevar a cabo actividades que, de acuerdo con la ley, solo pueden desempeñar quienes cuenten con cédula profesional o de especialidad, certificación o autorización expedidas por la autoridad competente u organismos legalmente facultados para ello (fracción II).La agente del Ministerio Público (horario 13:02), citó como datos de prueba los siguientes:(resumen de los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público, lo cual se trascribe en cursiva)1. Oficio DEP 162/2020, de doce de febrero de dos mil veinte, signado por la Directora Estatal de Profesiones y dirigido al Fiscal de Distrito Zona Norte, mediante el cual remitió siete anexos, e informó que ante esa Dirección se presentó Mirna Patricia Herrera Escalante, a interponer una queja en contra de **********, informando que vía Facebook, se percató que su cédula profesional número **********, se utiliza con el nombre de Doctora **********, como médico general, usurpando funciones que no le corresponden, misma que labora en esta ciudad, en la denominada Farmacia Marcial, ubicada en calle P**********.Asimismo, se agregó una impresión de la receta médica que en la red social Facebook publicó **********; y en la parte superior aparece Doctora **********, medicina general, UACJ, cédula profesional **********, seguido del logotipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; asimismo en la parte inferior aparece el domicilio Pradera de Urique, número nueve mil cuatrocientos dos, colonia Pradera de la Sierra, Ciudad Juárez, Chihuahua; en la esquina superior derecha aparece un sello donde enuncia Doctora Blanca Escalante, medicina general, UACJ, cédula profesional ********** (sic) y el número de teléfono **********.El segundo anexo, consiste en copia de una cédula profesional con la leyenda en la parte superior cédula **********, las siglas SEP, la fotografía de una femenina, así como la firma del titular; en el anverso, reza Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, cédula **********, en virtud de que **********, cumple con los requisitos exigidos por la ley reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y su Reglamento, se le expide en Educación de tipo media superior la cedula personal con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de técnico como químico industrial.Búsqueda realizada el once de febrero de dos mil veinte, por la Directora Estatal de Profesiones, en el Registro Nacional de Profesionistas, respecto de **********, la cual arrojó registros coincidentes de **********, pero ninguno con el nombre de aquélla.Asimismo, se realizó la búsqueda de la cédula profesional número **********, arrojando como resultado el nombre de Mirna Patricia Herrera Escalante, en el rubro de profesión técnico químico industrial, expedida en el año dos mil nueve.Receta médica expedida al paciente Víctor López, y en la parte superior del documento aparece Doctora **********, medicina general, UACJ, cédula profesional **********, dentro de la cual le prescribe diversos medicamentos así como las indicaciones para su consumo, y en la parte inferior la dirección calle **********, Ciudad Juárez, Chihuahua, México; seguido de un sello de Doctora **********, medicina general UACJ, cédula profesional **********, así como el número de teléfono celular ********** y lo que al parecer es una firma.Copia del oficio DEPCJ 28/2020, dirigido al Maestro **********, abogado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, solicitándole información respecto de si ********** y/o **********, cuenta con registros de estudios en ese plantel.Oficio 10091-2020 de trece de febrero de dos mil veinte, dirigido a la Secretaría de Educación y Deporte, Dirección de Profesiones, Supervisora Administrativa de la Dirección Estatal de Profesiones, signado por el Abogado General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por medio del cual dio respuesta al oficio DEPCJ 28/2020, comunicando que en la Dirección de Servicios Académicos no cuenta con registro o antecedente de **********, ni que haya estado inscrita en alguno de los programas que ofrece esa Institución.2. Oficio UIDVAR-548/2020, de veintidós de julio de dos mil veinte, suscrito por la Coordinadora de la Unidad de Investigación, Acusación y Ejecución de los Delitos Varios, en Parral, Chihuahua, mediante el cual remite la denuncia presentada el seis del citado mes y año, en la que aparece como víctima ********** y la sociedad, y como imputada **********, ello con motivo de que los hechos ocurrieron en esta ciudad, la cual generó la carpeta de investigación 32 2020/1627.3. Denuncia presentada por **********, quien manifestó: que el veintiséis de enero de dos mil veinte, se encontraba en la red social Facebook, percatándose que su prima **********, quien reside en esta ciudad, realizó una publicación en la que aparecía como doctora, acompañándola de un número de cédula, lo cual le llamó la atención, toda vez que su prima no cuenta con estudios profesionales, reconociendo el número de cédula como suyo, y una vez que lo comparó se percató que efectivamente es su número de cédula; por lo que acudió a la oficina estatal de profesiones en la ciudad de Chihuahua, donde la entrevistaron y proporcionó copia de los documentos con los que contaba.Asimismo, refiere que solicitó la ayuda de su amiga Mónica, a efecto de que acudiera al domicilio que aparecía en la receta; por lo que el dieciocho de febrero, Mónica se presentó en el inmueble ubicado en la calle Pradera de Urique, número nueve mil cuatrocientos, de la colonia Praderas de la Sierra, en esta ciudad, informándole que el mismo se encuentra habitado como consultorio, entró a consulta y le extendieron una receta donde aparece el número de cédula 6011548, y el nombre de su prima.4. Declaración ante el agente del Ministerio Público de treinta de junio de dos mil veinte, a cargo de Víctor Alejandro López Estrada, quien manifestó: que en el mes de febrero, sin recordar la fecha exacta, solo que era un martes, tenía un fuerte dolor de cabeza, por lo que acudió a la farmacia denominada "Marcial", la cual se encontraba pintada en color azul y señalaba que era farmacia y consultorio, ubicada frente a un supermercado González, ahí preguntó por el doctor y le indicaron que se encontraba enseguida de la farmacia; por lo que ingresó en una puerta contigua a la farmacia y detrás de un escritorio estaba una mujer sentada, con bata color blanco, la cual tenía bordado el nombre de Doctora Blanca Escalante, misma que era de estatura media de aproximadamente un metro con cincuenta y ocho centímetros y cabello teñido rubio, quien le preguntó los síntomas que tenía, diciéndole que le dolía mucho la cabeza, luego lo pasó a una cama que se encontraba a un costado, donde le tomó la presión y la temperatura, se puso el aparato para escuchar el corazón, diciéndole "ok, te voy a recetar unos piquetitos", se dirigió a su escritorio, observando que tenía una libreta con recetas, llenó la receta que le dio, firmándola y sellándola, diciéndole que la surtiera en la farmacia "**********", a lo que él le preguntó si podía hacerlo en otro lugar, cobrándole la cantidad de cincuenta pesos, entregándole la receta, por lo que se retiró del lugar.Sin embargo, le pareció extraño lo recetado para un simple dolor de cabeza, de ahí que decidió verificar en la página de profesiones el número de cédula que aparecía en la receta, advirtiendo que la misma corresponde a otra persona, motivo por el cual no surtió el medicamento; luego acudió al departamento de profesiones en esta ciudad, comunicando lo sucedido, haciéndoles entrega de la receta original que le fue proporcionada.5. Reconocimiento realizado el dos de julio de dos mil veinte, ante el agente del Ministerio Público, por parte de **********, diligencia en la que se le puso a la vista un documento que tiene los logotipos del escudo de la ciudad de Chihuahua, así como de la Universidad de Ciudad Juárez, con el nombre de la Doctora Blanca Escalante, mismo que fue remitido por la Secretaría de Profesiones, realizándole las siguientes preguntas: ¿Que manifieste si lo reconoce?, contestó: que lo reconoce por la firma y los logotipos de la universidad y del escudo, y por todos los medicamentos que le recetó. ¿Quién se la expidió?, contestó: la Doctora **********. ¿Por qué se la expidió?, Contestó: porque le dolía mucho la cabeza y acudió a esa farmacia donde ella se encontraba. ¿Usted vio si ella escribió la receta?, contestó: Sí, yo miré cuando ella me estaba anotando todos los medicamentos que me recetó. ¿Vio si ella firmó la receta?, contestó: Sí la miré cuando la firmó y también la selló. ¿Cómo era la persona que emitió la receta?, contestó: femenina, de estatura media de un metro cincuenta y ocho, treinta y cinco a cuarenta años de edad, complexión rellena, cabello teñido rubio, vestía una bata en color blanco, con un bordado que decía Doctora Blanca Escalante.6. Parte informativo de dos de julio de dos mil veinte, realizado por el agente de la policía de investigación, **********, en el que proporcionó una serie de tres fotografías de la denominada farmacia "**********", ubicada en la calle ********** (sic), en las cuales se observan los cruces de las calles, la fachada de la farmacia "servicio médico y farmacia contamos con doctora los domingos"7. Oficio 4689 de tres de julio de dos mil veinte, remitido por la Coordinación Jurídica y Consultiva de la COESPRIS, remitiendo el expediente de la farmacia "**********", obrando el aviso de funcionamiento y como médico adscrito a dicha farmacia a la licenciada **********; sin aparecer dato legítimo de **********.8. Reconocimiento por fotografía realizado ante el agente del Ministerio Público, en el que **********, a quien se le preguntó si podía reconocer a través de fotografía a la persona que le expidió la receta mencionada en su declaración, manifestando que sí podía hacerlo ya que la tuvo frente a él el día de la consulta por un lapso de ocho a diez minutos, describiéndola como quien vestía una bata blanca, bordada con el nombre de Doctora **********, de estatura media de un metro cincuenta y ocho, treinta y cinco a cuarenta años de edad, complexión rellena, cabello teñido rubio, agregando que solamente ese día la vio.Así, una vez que tuvo a la vista un conjunto de fotografías de personas del sexo femenino, con características físicas similares, obtenidas del sistema denominado "qubus" y numeradas del uno al cuatro, siendo éstas, en el número uno **********; número, dos **********; número tres ********** (no proporcionó datos del número cuatro) identificando a la número tres como la persona que lo consultó en la farmacia, coincide su peinado y forma de cejas, y que no presenta ninguna diferencia al día que lo atendió.9. Parte informativo de veintidós de julio de dos mil veinte, signado por **********, quienes señalaron que, en esa misma data, a las doce horas con veintiséis minutos el radio operador, reportó una usurpación de profesiones en el domicilio ubicado en calle Pirineos, número tres mil diecisiete, interior cuatro, de la colonia **********; una vez constituidos en dicho sitio a las doce horas con cuarenta minutos, localizaron a un grupo de personas en un domicilio sin pintar y barandal negro, dirigiéndose a ellos una femenina que vestía camiseta blanca y pantalón de mezclilla, de nombre **********, manifestándole que su madre le pidió llevarla con un médico, llamándole a una persona que le habían recomendado como doctora, la cual, vía telefónica le comunicó que la consultaría en su domicilio; una vez en el inmueble la doctora de nombre ********** le informó que tenía covid-19.En este acto, la defensa precisa que este último antecedente corresponde a una investigación distinta, que no guarda relación con los hechos materia de la imputación, circunstancia con la que manifiesta su conformidad la Representación Social.Ahora bien, de un ponderado análisis de los datos de prueba expuestos por la Representación Social, se estima que la autoridad responsable actuó apegada a derecho, en cuanto a que son aptos y suficientes para establecer que se han cometido los hechos determinados como delito de USURPACIÓN DE PROFESIONES, así como la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, en tal sentido, la Juez de Control responsable consideró que con los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público (transcritos en párrafos precedentes), se presumen acreditados los hechos que ley prevé como el delito precisado con antelación, y que se atribuye a **********.Lo anterior es así, pues puede advertirse claramente que la Juez de Control, al resolver la situación jurídica de la quejosa **********, concretizó la imputación que la agente del Ministerio Público le atribuyó, estrictamente en cuanto al primer hecho, estableció que en el periodo comprendido del veintiséis de enero al dieciocho de febrero de dos mil veinte, **********, se atribuyó el carácter de profesionista médico a través de la red social denominada Facebook, sin haber cursado la carrera de medicina en alguna escuela autorizada; pues no contaba con el título correspondiente que le permitiera ejercer la profesión, consultando a diversas personas y expidiendo recetas médicas a nombre de doctora **********, con número de cédula ********** (sic), misma que corresponde a ********** y que la acredita como técnico químico industrial, hechos ocurridos en el consultorio denominado **********, ubicado en la calle Pradera de Urique, cruce con calle ********** en esta Ciudad.Lo anterior, tal y como lo refiere la Juez, quedó establecido con lo manifestado ante la Representación Social en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, por **********, quien en lo medular manifestó: que el veintiséis de enero de dos mil veinte, se encontraba revisando su página en la red social denominada Facebook, percatándose que su prima **********, quien vive en Ciudad Juárez, hizo una publicación donde aparece como doctora, acompañada de un número de cédula; publicación que le llamó la atención, ya que su prima no cuenta con estudios profesionales, además de que reconoció el número de cédula, ya que corresponde al de ella. Por lo que acudió a la ciudad de Chihuahua, donde le tomaron una entrevista respecto del documento que proporcionó, siendo éste la cédula profesional número **********, con el cual ********** se promocionaba en la página de Facebook, ofertando servicios médicos como doctora; motivo por el cual su denuncia fue canalizada a esta ciudad.Continúa diciendo la denunciante, que solicitó el auxilio de su amiga Mónica, quien el dieciocho de febrero del presente año, acudió al domicilio ubicado en calle **********, en esta ciudad, informándole que se encontraba habitado como consultorio, que entró a consulta y que le expidieron una receta en donde aparecía precisamente el número de su cédula profesional.De ahí que la Juzgadora de origen, acertadamente determinó que por tener ese parentesco consanguíneo es que **********, pudo percatarse de que la imputada estaba utilizando una cédula que no le correspondía, además de que no contaba con estudios profesionales para publicarse u ofertar servicios en el área médica; además de que **********, sí se aceptaba como doctora, pues contrario a lo que manifestó la defensa, en razón de que hizo un análisis técnico jurídico en cuanto al vocablo respecto a la formulación de la imputación ("atribuirse"-"ostentarse"), al momento de una persona publicarse en una página pública como es la red social denominada Facebook y ofertar trabajos o servicios en el área de la medicina, y además acompañar un respectivo número de cédula, se advierte que pretende dar confianza a la ciudadanía para tener ese catálogo o cartera de cliente y poderlos atender.Concatenado a lo expuesto por la denunciante, la Juzgadora del proceso, a fin de establecer que la imputada no cursó ningún grado académico, tomó en consideración los anexos allegados por la Dirección Estatal de Profesiones, incluso el oficio DEP 162/2020 de doce de febrero de dos mil veinte, dirigido al Fiscal Zona Norte, a través del cual, la Directora Estatal de Profesiones informó que **********, acudió ante su presencia a interponer una queja por el mal uso de una numeración, la cual le fue asignada al haber cursado la carrera de técnico químico industrial; así como que su prima **********, se estaba anunciando en la página denominada Facebook, como médico o doctora, y que el domicilio en el cual estaba laborando se ubica en la calle **********.Además de la impresión de la receta médica que publicó ********** en la red social de Facebook, advirtiendo que en la parte superior aparece doctora **********, medicina general UACJ, cédula profesional **********, seguido del logotipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la parte inferior aparece el domicilio precisamente en la cual fue consultada **********, amiga de la denunciante, y en la esquina superior derecha un sello donde se anuncia doctora ********** medicina general UACJ, cédula profesional la mencionada y el número telefónico **********.El segundo anexo consistió en una copia de una cédula profesional en la cual en la parte superior del lado de enfrente se anuncia la cédula 6011548, siglas SEP, fotografía de una femenina y firma del titular, por el lado anverso, copia de la cédula profesional, Secretaria de Educación Pública y Dirección General de Profesiones y número de cédula **********, en virtud de que Mirna Patricia Herrera Escalante cumple con los requisitos exigidos por la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y se expide en educación tipo superior medio, cédula profesional en efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de técnico químico industrial.Igualmente, se presentó la búsqueda llevada a cabo el once de febrero de dos mil veinte en el Registro Nacional de Profesionistas, por la directora general de Profesiones, respecto de **********, la cual arrojó como resultado diversos nombres, los cuales fueron coincidentes con **********, pero ninguno con BLANCA EVELDA ESCALANTE LUCERO; así como de la cédula profesional ********** (sic), la cual corresponde a **********, en el rubro de profesiones aparece técnico químico industrial, expedida en el año dos mil nueve.Además de la receta médica, expedida a nombre del paciente Víctor López; el oficio DEPCJ 28/2020 enviado al abogado general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la respuesta que recayó al mismo, en el que informó que una vez que se hizo una búsqueda sobre los registros y antecedentes de esa institución, no encontró registro de que ********** haya cursado alguno de los programas que ofrece dicha universidad, es decir, en ninguna rama académica, ni de medicina, ciencias sociales, ingeniería o alguna otra; lo que como bien lo estableció la Juez, corrobora el dicho de **********.Así, la Juez concluyó que con los datos de prueba aportados, se puede establecer, que **********, no cuenta con los requisitos para poder ejercer la profesión de médico, pues la Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua, en su artículo 5º, establece las profesiones que requieren título para su ejercicio, es decir, para ejercer en el Estado cualquiera de las profesiones reconocidas oficialmente como carreras completas dentro de los planes de estudio en las instituciones de educación media superior y superior, es necesario contar con el título correspondiente, y que esas profesiones serán determinadas conforme a las normas que expidan las autoridades competentes con relación a los planes de estudio de dichas escuelas legalmente autorizadas por el Estado de Chihuahua, por la Federación o por otros Estados sujetos a la reciprocidad del lugar de residencia del profesionista en los términos del artículo 121 de la Constitución Federal.Aunado a lo expuesto, la Juez de origen, destacó, que acorde a lo establecido en el artículo 28 bis, fracción I y segundo párrafo, de la Ley General de Salud, los profesionistas que pueden prescribir medicamentos son los médicos, los cuales deberán de contar con cédula profesional expedida por autoridades educativas competentes, los pasantes en servicio social de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros, ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría.Hechos que, correctamente consideró la Juez, encuadran en el numeral 319, fracción II, del Código Penal, por hechos acaecidos del veintiséis de enero al dieciocho de febrero de la presente anualidad.Sin que cambie el sentido de dicha determinación lo expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que no se mencionó la dirección electrónica en la que aparece la publicación en la página de Facebook que se atribuye a **********; pues como ya se dijo,********** fue enfática en señalar que ella vio dicha publicación, lo cual hizo del conocimiento de la Dirección Estatal de Profesiones, incluso se llevó a cabo la impresión de la receta que aparecía publicada en dicha página; además, de que obra la receta médica que le fue expedida a **********, lo que hasta este momento procesal, resulta suficiente para establecer que la imputada participó en la comisión del hecho que se le atribuye.Luego, en lo relativo al segundo hecho materia de la imputación, la Juez determinó que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía, se tenía por acreditado el hecho respecto a que en el mes de febrero de dos mil veinte, ********** ofreció servicios de médico general, sin contar con el título expedido por la autoridad correspondiente, en el consultorio mencionado denominado Marcial, en el domicilio ubicado en la calle Pradera de Urique, cruce con calle ********** en esta Ciudad.Lo que se acreditó con el deposado de **********, quien indicó que sin recordar la fecha exacta, pero fue en el mes de febrero, a él le dolía la cabeza, que era muy fuerte el dolor y acudió al médico en una farmacia denominada Marcial, la cual estaba pintada de color azul y ahí se mencionaba que existía un consultorio; también, para ubicar o dar mayor credibilidad a su dicho, señaló que frente a ese lugar se encontraba un super mercado denominado González, él decidió ingresar y preguntar por el doctor, le informaron que sí había un doctor a un lado de la farmacia y a un lado estaba una puerta contigua a la farmacia.Refirió que, al ingresar, se encontraba detrás de un escritorio una mujer sentada, quien llevaba una bata blanca que tenía bordado el nombre de ********** y el adjetivo de doctora; describiendo a la mujer como estatura media, aproximadamente de un metro con cincuenta y ocho centímetros, cabello color teñido de rubio, quien lo atendió, por lo que el confió de que estaba ante una profesionista del área médica, la cual lo interrogó respecto de los síntomas que tenía, lo cual a él le generó confianza, en virtud de que obviamente al ingresar a un consultorio en el cual le habían dicho en la farmacia que se encontraba enseguida, al estar una persona con una bata blanca, lo cual es un instrumento propio para las personas que pertenecen al área médica y máxime a los médicos; incluso el examen fue más haya toda vez que lo pasó a una camilla, que tenía a un costado, le tomó la presión, la temperatura y ella se puso el aparato para escuchar el corazón y le dijo "te voy a recetar unos piquetitos", advirtiendo que efectivamente tenía un libro de recetas, le expidió una receta firmando la persona y le refirió que tenía que surtirla en la farmacia Marcial.Sin que la Juez dejara de atender que la consulta se pagó a un precio muy bajo -cincuenta pesos-; con todo, ello dio cuenta de la franqueza del testimonio de dicha persona, en cuanto a que no pretendió alterar lo que vivió y padeció; pues no obstante que puso en riesgo su salud al ser atendido por una persona que se dijo ser médico, que se ubicaba a un costado de un consultorio, con la indumentaria propia de una doctora, quien le recetó diversos medicamentos, además de que en dicho documento aparecía como médico y contaba con un número de cédula, documento que una vez que tuvo a la vista lo reconoció como el mismo que se le expidió, con lo cual precisamente acreditó su dicho en cuanto a los hechos que padeció .Lo cual acertadamente engarzó con la noticia criminal que dio Mirna Patricia Herrera Escalante y las documentales aportadas por la Directora Estatal de Profesiones; pues las constancias en comento, dan certeza al dicho de Mirna Patricia, en cuanto a que el número de cédula que era utilizado de manera dolosa por ********** no le pertenece, toda vez que no existe dato fehaciente de que haya acreditado los estudios para ostentarse como médico general, tal y como lo hacía saber a los pacientes que recibía en el domicilio antes mencionado, como en el caso particular ocurrió con **********; lo que acredita el supuesto jurídico establecido en el numeral 319, fracción I, del Código Penal Estatal.Sin soslayar que la defensa hace referencia a que el tipo penal contenido en la fracción I, del numeral 319, en estudio, hace referencia que se sanciona al sujeto activo que se atribuya el carácter de auxiliar, técnico o profesionista u ostente postgrado, especialidad o certificación; empero, la imputada no ostentó contar con un posgrado, entendiéndose como tal los estudios de especialización que se cursan tras la graduación de la licenciatura.No obstante, dicha diferencia lingüística, no redunda en beneficio de su representada, pues con los datos de prueba aportados al sumario, se establece de manera probable, que se ostentó como profesional médico, pretendiendo así atribuirse la emisión de una cédula, sin que exista documento fehaciente que lo acredite.De ahí que este Juzgadora considera acertado lo resuelto por la resolutora de origen, pues la Representación Social, en ejercicio de su quehacer investigador, llevó a cabo las actuaciones necesarias para aportar los datos de prueba que fueron valorados por la Juez de Control, a saber, las declaraciones de ********** y **********, que se ven corroborados a través de las documentales aportadas por la Dirección Estatal de Profesiones.Datos de prueba que son aptos y suficientes, para pronunciar el auto de vinculación a proceso en contra de la justiciable por los hechos ilícitos que se le imputan.De ahí que la Juez de Control responsable haya considerado, de manera correcta y justificada que esos datos de prueba, interpretados en su conjunto, resultaban idóneos por lo menos para esa etapa procesal, que se ha cometido el hecho tipificado por la norma penal como usurpación de profesiones, previsto y sancionado en el artículo 319, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de ********** y **********, respectivamente; y también que existe la probabilidad de que ********** lo cometió, atribuyéndole una participación de autora material, de conformidad con el numeral 21, fracción I, comisión dolosa de conformidad con el numeral 18, fracción I, respecto del hecho en perjuicio de Mirna Patricia Herrera Escalante, este es de conformidad con el numeral 17, fracción III y el cometido en perjuicio de Víctor Alejandro López Estrada, de conformidad con el numeral 17, fracción I, todos del Código Penal del Estado; ello, en el grado de probabilidad que es el estándar que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto son suficientes para que emitir un auto de vinculación a proceso, pues para ello ponderó, de manera preponderante, los deposados de los denunciantes que conocieron los hechos que expusieron ante la agente del Ministerio Público, de manera directa, sin que se advierta que hayan emitido su versión de los hechos con una finalidad distinta a la de hacer del conocimiento del ministerio público los hechos que les constaron, tampoco se advierte que hayan sido con el afán de perjudicar a la imputada, por lo que se desprenden indicios que permiten establecer la actualización de la conducta que se le reprocha.De ahí que sea dable colegir que, de acuerdo con la pretensión ministerial, es manifiesto que la conducta investigada se trata de un actuar doloso, en cuanto a que existen datos de que la sujeto activo actuó con conocimiento de los elementos de los hechos con apariencia de delito, pues se advierte que conocía los elementos objetivos del hecho y no obstante quiso su realización.Así, los datos de prueba y medios de prueba se estiman correctamente ponderados por la Juez de Control, al haber sido considerados idóneos por ser actuaciones realizadas por personal en ejercicio de sus facultades legales, expresando detalles, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar.En este orden, es infundado lo sostenido por la quejosa en el concepto de violación sintetizado, en el sentido de que la Juez del proceso violentó su derecho al debido proceso, las garantías jurídicas y de legalidad.Se dice lo anterior, pues para el dictado de la vinculación a proceso, no se requiere de un cumulo probatorio amplio, porque el representante social no presenta pruebas formalizadas para el hecho y menos la responsabilidad de la imputada, sino solo hace referencia a los datos que establezcan en grado de probabilidad que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que la imputada lo cometió o participó en su comisión.En efecto, el auto de vinculación a proceso es una fase previa al juicio oral, pues forma parte de la etapa de investigación en la que la imputada es informada de que existen hechos por los cuales la autoridad ministerial realiza una investigación sobre su persona; sin embargo, al ser un acto procesal que afecta derechos fundamentales, debe satisfacer estándares mínimos de protección judicial, por lo que en la decisión de vinculación a proceso se debe precisar la fundamentación y motivación de los datos de investigación por los que se ha llegado a ese convencimiento.Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, para decidir sobre la vinculación a proceso el juzgador debe emplear un grado de razonabilidad, a partir del contraste entre lo expuesto por la representación social y por la defensa o por el indiciado en vía de réplica, teniendo como normas rectoras la legalidad (la cita de hechos tipificados como delitos y datos de información), la confrontación (entre las versiones y la información que pueda confirmarlas); la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por las partes) asegurando con ello el interés del Estado en la impartición de justicia y salvaguarda de los derechos de las partes.La valoración razonable se vincula al deber de fundar y motivar adecuadamente la determinación judicial. Esto implica que el juzgador no puede limitarse a la enunciación genérica de los datos de la carpeta de investigación, sino que debe justificarlos y ponderarlos de forma pormenorizada, exponiendo de manera particular el alcance y peso de cada uno de los datos de investigación, encuadrando la conducta a la norma penal, permitiendo identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable.Además, entre el sistema tradicional y el actual (acusatorio y oral), en éste cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión.Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión **********/2013 en sesión de doce de febrero de dos mil catorce, señaló que de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primer párrafo del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución General, y del análisis de la exposición de motivos de dicha reforma, se advierte que el Constituyente reformador determinó, en principio, que la investigación en el procedimiento penal y la consecuente acusación se apoyarían solo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido, y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos, y la existencia de la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión.También precisó que en el sistema penal acusatorio, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se encuentran regulados dentro de la etapa de investigación que da inicio al procedimiento penal, cuya finalidad tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos constitutivos del delito y la determinación sobre la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por lo que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito lo investigará y en su caso promoverá la persecución penal.Ello, dijo, porque de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional reformado, el Agente del Ministerio Público promoverá y dirigirá la investigación, quien podrá realizar por sí mismo -o encomendar a la policía-, todas las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, pudiendo allegarse para ello de diversos medios de investigación.Por tanto, señala la Superioridad, debe considerarse a la etapa de investigación como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, y es por ese motivo que el registro de los medios anteriormente señalados, de considerarse idóneos, pertinentes y suficientes para formular la acusación, se llevará a cabo en la carpeta de investigación que al efecto integre el Ministerio Público; sin embargo, tales actuaciones carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia, por disposición expresa de la fracción III del Apartado A del artículo 20 Constitucional, salvo que se autorice el anticipo de prueba o la incorporación por lectura o reproducción en la audiencia de juicio oral.En tal virtud, refiere la Primera Sala, el Ministerio Público, para solicitar el dictado de una orden de aprehensión o formular la imputación, solo hará una recolección de los datos; siendo relevante destacar que el Agente Investigador está obligado a no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable y, sobre todo, cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso.Así, la petición de la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se sustentan en los datos que se contienen en la carpeta de investigación que al efecto integra el Ministerio Público.De lo anterior, refiere que el objetivo de la solicitud del dictado de una orden de aprehensión es traer al imputado ante el juez de control para poder iniciar los actos posteriores de investigación; y por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso; de ahí, respecto del contenido de la carpeta de investigación debe considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del Juez.Dado lo antes expuesto, señala, se puede colegir que bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, el dictado de la resolución sobre la vinculación o no del imputado al proceso, se debe basar en el estudio de los datos en que se sustente la imputación, así como en la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social, que deben resultar suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el Juez de garantía.Además, acotó que solo en el caso de que exista controversia entre los intervinientes respecto del contenido de la carpeta de investigación, el Juzgador podrá verificar su contenido.Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 160950, Décima Época, Materias Común, Penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, de octubre de 2011, Tomo 2, página 689, que a la letra dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor.Así, con base en las consideraciones expuestas, infundados como resultan los conceptos de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio de la quejosa **********, y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos que reclamó (auto de vinculación a proceso en el proceso penal **********/2020) a la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, por los razonamientos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el ocurso de cuenta, se tiene a la secretaria adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, remitiendo el exhorto **********/2021 del sumario de este órgano jurisdiccional, del cual se desprende que la tercero interesada, **********, quedó debidamente notificada del proveído de veintisiete de mayo pasado; sin que se haga necesario acusar de recibo, toda vez que el sistema lo genera. En este sentido, toda vez que la tercero interesada de referencia tiene su residencia fuera del lugar donde este Juzgado ejerce jurisdicción, a efecto de que esté en aptitud de imponerse de los autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del doce de agosto de dos mil veintiuno, para su celebración. En tal sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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