Blanca Elena Muñoz Caballero

Expediente 877/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
877/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Blanca Elena Muñoz Caballero

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoquisecretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo ********************-VII, promovido por ********************, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficialía de Partes Común el trece de septiembre de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado al día siguiente hábil, ********************, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quien reclama la dilación de declarar herederos en términos del artículo 421 en relación con el 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en el expediente ********************, de su índice. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente ********************-VII, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso reclama a la autoridad responsable Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la dilación de declarar herederos en términos del artículo 421 en relación con el 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en el expediente ********************, de su índice. TERCERO. Existencia de acto reclamado. La autoridad responsable, Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado; por ello, se tienen por cierto los actos reclamados. Dicha certeza se corrobora con las documentales que remitió la autoridad responsable, las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la citada causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto la quejosa ********************, reclama al juez responsable el retardo en dictar el acuerdo de declaración de herederos en el juicio sucesorio intestamentario ********************. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que el juez responsable se pronunció sobre la omisión reclamada, pues de las constancias que adjuntó en copia certificada, se aprecia que en el expediente ********************, dictó un acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, donde se emitió la declaración de herederos en esa controversia (fojas 21 y 22). De ahí que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Sin que pase inadvertido para la suscrita que aún no transcurre el plazo de ocho días concedido a la quejosa en auto de trece de los actuales; sin embargo, al actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta y notoria a nada práctico conduciría esperarse a que fenezca dicho plazo, pues no cambiaría dicho sobreseimiento, inclusive se faculta a la suscrita a sobreseer fuera de audiencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 61, 62, 63, 73 a 76 y 124 de la Ley de Amparo, se, Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la presente sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.- Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado y anexo, rendido por el Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y la documental que se adjuntó al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma Claudia López López, la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.lavh

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Registro y admisión de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por *** contra actos del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 877*2023-VII. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, ***, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Toda vez que la parte quejosa no lo solicitó, ni se está en presencia de algún supuesto que amerite una apertura oficiosa, es innecesario ordenar que se abra expediente incidental, para proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Juez y la secretaria en forma autógrafa, electrónica o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que lo justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional **10,374.00). Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional **. Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional ($3,112.20). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios Se tiene a la parte quejosa autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, al licenciado Richard Márquez Hernández, toda vez que se encontró inscrito en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, atendiendo la tesis VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2021840, del tenor siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley en cita, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda. Respecto al correo electrónico y número telefónico que menciona dígasele que se autoriza únicamente para comunicaciones no procesales. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, ***. Doy fe.

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