Blanca Esthela Frias Lopez
Expediente 1355/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Blanca Esthela Frias Lopez
Actuaciones
- Principal
...veintinueve de agosto de dos mil veintidós. ...el auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda promovida... HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido...
- Principal
...Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Blanca Esthela Frías López; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1355/2022-1, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, el auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 67/2022, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de diez de junio del año en curso, mismo que según lo narrado por la promovente, no le fue favorable. Sin embargo, en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:." XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:." V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. En tales condiciones, el auto reclamado no encuadra dentro de las reglas antes apuntadas, porque no es un acto que afecte, por ahora, materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Esto se estima así, dado que no produce de manera inmediata una afectación de algún derecho fundamental, sino únicamente efectos formales o intraprocesales, ya que bien puede ocurrir que en el juicio de origen se dicte una sentencia favorable a la parte quejosa, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado a la parte quejosa con el auto reclamado. En apoyo a lo expuesto se cita la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2006338), del tenor: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Esto es, los efectos perjudiciales del acto reclamado se actualizarían, en su caso, hasta el dictado de la sentencia que se llegue a emitir, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si a causa de la determinación ahora impugnada, se vulneraron las defensas de la parte afectada y, con ese motivo, se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia definitiva, lo que hace evidente que esos actos no tienen una ejecución de imposible reparación. Ello, tomando en consideración de que el auto impugnado y el recurso que recayó, son determinaciones que versan sobre material probatorio exhibido en el juicio de origen, lo que desde luego, puede ser valorado favorablemente o no en la sentencia que se dicte en el juicio de origen. Consecuentemente, se reitera, con las precisiones apuntadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, la resolución reclamada no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, porque no constituye, de acuerdo con los razonamientos antes expuestos, un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Apoya lo considerado, la jurisprudencia XI.2o. J/10 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 61, tomo 52, Abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (registro 219532), cuyo rubro y texto dice: "PRUEBAS. EL AUTO QUE ADMITE A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La indebida admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, no debe reclamarse por medio del amparo biinstancial, ya que la afectación al interés jurídico estaría supeditada a la valoración que de esas pruebas se hiciera en el laudo o sentencia emitida por el juzgador, pues sería hasta ese momento, en que se negaría o se concedería valor a las mismas." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Herón Ramírez, número 326, Local 1, planta alta HR 300, de esta ciudad, asimismo, señala los números telefónicos 833 3 43 37 70 y 899 2 59 25 00, para los mismos efectos, y como autorizados en los términos que señala, a Carlos Eduardo Olvera Gordillo y Santa Esmeralda Negrete Cayetano. Además, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico solicitado, con el nombre de usuario iusceog y el correo electrónico gji.colvera@gmail.com, por lo que se comisiona al Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones administrativas tendientes a dar cumplimiento a esta determinación. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva.Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.
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