Blanca Estela Gutiérrez Pérez

Expediente 764/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
764/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Blanca Estela Gutiérrez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que los promoventes interpusieran recurso de queja en contra del auto de siete de junio de este año, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida en favor de Blanca Estela Gutiérrez Pérez y Walter Rolando Cruz Pérez, sin que lo hicieran. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión; asimismo, se hace constar que en este asunto no existen documentos originales importantes o de valor.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a los promoventes en auto de once de mayo del año en curso, sin que dieran cumplimiento a la prevención contenida en el mismo, no obstante que fueron debidamente notificados vía correo electrónico (foja 14). En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en tal acuerdo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida en favor de Blanca Estela Gutiérrez Pérez y Walter Rolando Cruz Pérez, contra actos del Delegado o Responsable de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Hágase las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y dése noticia de ello en la estadística. Notifíquese personalmente a los promoventes. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, se desprende que no fue posible localizar a Blanca Estela Gutiérrez Pérez y Walter Rolando Cruz Pérez, en virtud que al constituirse a las instalaciones de la Estación Migratoria de esta localidad, previa revisión en la base de datos de dicho Instituto fue informada que no se encontró registro de los citados quejosos. Por tanto, se previene a los promoventes de amparo, para que dentro del término tres días manifiesten si a la fecha tienen conocimiento del lugar en que pueden ser localizados los agraviados de referencia, o bien, acudan ante este órgano de control constitucional para constatar su presencia, apercibidos que de no formular manifestación alguna se entenderá que ha desaparecido el estado de incomunicación que dio origen a la demanda de amparo que promovió; y en tal virtud, se procederá en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a los promoventes. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo presentada por los licenciados David Antonio Martínez Cervantes, José Antonio Guerrero Cobos y Ana Victoria Luna Flores, a favor de Blanca Estela Gutiérrez Pérez y Walter Rolando Cruz Pérez, de nacionalidad Salvadoreña, contra actos del Delegado o Responsable de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 764/2022-5, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como acto reclamado la privación de la libertad, deportación, incomunicación o expulsión del país, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por los promoventes se encuentran internos en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que los quejosos directos en su calidad de extranjeros (que gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubiquen en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentra en defensa de sus derechos a través de abogados particulares; este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria" Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable Delegado Local de la Oficina de representación del Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio de los quejosos, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen; asimismo, instruya la inmediata libertad de Blanca Estela Gutiérrez Pérez y Walter Rolando Cruz Pérez, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfaga los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán y no se ausentarán sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que los quejosos puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a los agraviados circular en esta localidad. Sin que se les requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si los quejosos no acreditan que iniciaron el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidos por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. II. Si la privación de la libertad de los quejosos obedeció a la comisión de flagrante delito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de Blanca Estela Gutiérrez Pérez y Walter Rolando Cruz Pérez, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de éstos. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que los justiciables fueron puestos a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerlos a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele esta determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento del quejoso, el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se les permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, con el propósito de que verifique si en dicho lugar permanece Blanca Estela Gutiérrez Pérez y Walter Rolando Cruz Pérez; asimismo, les notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentran, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado en el caso de no estar ahí, se presenten al local de este órgano de control constitucional y manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedaran sin efectos las providencias decretadas. En el caso de que los quejosos hubiesen sido puestos a disposición de una autoridad distinta a la señalada como responsable, la Actuaria deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirlos para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentren; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que los quejosos no entiendan el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que el mismo entienda y comprenda lo que se le está haciendo de su conocimiento. De igual forma, como lo solicita se autoriza al promovente estar presente en la notificación de este auto a los quejosos Blanca Estela Gutiérrez Pérez y Walter Rolando Cruz Pérez, en la inteligencia que si no se encuentra en dicho lugar, esto no será impedimento para que el Actuario de la adscripción realice la diligencia encomendada en este proveído. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a la autoridad responsable, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Como lo solicita los promoventes, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los correos electrónicos damc1377@gmail.com y chefuhugocuellar74@gmail.com. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente a los quejosos directos. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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