Blanca Esthela Escobedo Bracamontes

Expediente 2117/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2117/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Blanca Esthela Escobedo Bracamontes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con el oficio aludido y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el trece de noviembre del año en curso; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, lapso durante el cual formuló manifestaciones. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia terminada de engrosar el veinticinco de noviembre de la anualidad próxima pasada, se determinó por una parte sobreseer y por otro lado, conceder a **, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "1. El artículo 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documento, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos excedente del pago por inscripción de documento, realizado con sustento en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa, respecto de lo que erogó por inscripción de documento. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de y $290.00 pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 1244, del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: 'SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, confirmó, por lo que en acuerdo de doce de marzo del presente año, se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que se realizó una transferencia bancaria a la empresa quejosa por la cantidad de $12,927.85 pesos. En ese tenor, del recibo de pago exhibido por la parte quejosa, se advierte que, por concepto de inscripción de documento, la quejosa enteró la cantidad de $7,140.00 pesos, a que debe sumarse las cantidades respectivas por impuestos adicionales en relación con esa cantidad, a razón de $1,785.00 pesos por impuesto por fomento a la educación, $1,071.00 pesos por impuesto a la asistencia social y $856.80 pesos por impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; por tanto, la parte quejosa erogó la cantidad de $10,852.80 pesos por los conceptos materia de concesión. Ahora bien, de acuerdo con la concesión otorgada, se relevó al quejoso del pago de la cantidad total enunciada para que únicamente hiciera el pago de $290.00 pesos, sin impuestos adicionales; en consecuencia, a los $10,852.80 pesos pagados por la parte quejosa debe restarse la cantidad de $290.00 pesos, lo que da la cantidad $10,562.80. Monto que, además, debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve; en tanto que, el veinticinco de septiembre de este año se ordenó hacer la devolución mediante transferencia bancaria a la peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecinueve a agosto de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecinueve fue 103.687; y para el mes de agosto del año en curso 107.867. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.040313. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $10,988.61 pesos. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $10,988.61 pesos; sin embargo, éste reintegró la diversa de $12,927.85 pesos, es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $1,939.24 pesos. Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Consecuentemente, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos. En ese contexto, en sus manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia, la parte quejosa argumenta que no se le hizo devolución de las cantidades que erogó, debidamente actualizadas; sin embargo, como se explicó, se advierte que la cantidad devuelta por la autoridad recaudadora es suficiente para cubrir la cantidad que debía devolverse a la impetrante, debidamente actualizada, como se demostró con las operaciones respectivas. Ahora bien, se observa que, en el comprobante de pago de contribuciones que la parte quejosa allegó con su demanda, efectivamente realizó pago total por la cantidad de $13,324.96 pesos, la cual resulta mayor que los $10,988.61 pesos determinados como el monto actualizado que debía devolverse a la quejosa. Sin embargo, la diferencia apuntada se debe a que, en dicho comprobante, además del pago por inscripción de documento e impuestos adicionales relativos, se incluye el pago de otras contribuciones que no forman parte de la concesión otorgada en el presente juicio de amparo; de ahí que estos últimos tampoco fueron materia de devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con el oficio aludido y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el trece de noviembre del año en curso; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, lapso durante el cual formuló manifestaciones. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia terminada de engrosar el veinticinco de noviembre de la anualidad próxima pasada, se determinó por una parte sobreseer y por otro lado, conceder a **, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "1. El artículo 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documento, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos excedente del pago por inscripción de documento, realizado con sustento en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa, respecto de lo que erogó por inscripción de documento. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de y $290.00 pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 1244, del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: 'SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, confirmó, por lo que en acuerdo de doce de marzo del presente año, se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que se realizó una transferencia bancaria a la empresa quejosa por la cantidad de $12,927.85 pesos. En ese tenor, del recibo de pago exhibido por la parte quejosa, se advierte que, por concepto de inscripción de documento, la quejosa enteró la cantidad de $7,140.00 pesos, a que debe sumarse las cantidades respectivas por impuestos adicionales en relación con esa cantidad, a razón de $1,785.00 pesos por impuesto por fomento a la educación, $1,071.00 pesos por impuesto a la asistencia social y $856.80 pesos por impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; por tanto, la parte quejosa erogó la cantidad de $10,852.80 pesos por los conceptos materia de concesión. Ahora bien, de acuerdo con la concesión otorgada, se relevó al quejoso del pago de la cantidad total enunciada para que únicamente hiciera el pago de $290.00 pesos, sin impuestos adicionales; en consecuencia, a los $10,852.80 pesos pagados por la parte quejosa debe restarse la cantidad de $290.00 pesos, lo que da la cantidad $10,562.80. Monto que, además, debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve; en tanto que, el veinticinco de septiembre de este año se ordenó hacer la devolución mediante transferencia bancaria a la peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecinueve a agosto de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecinueve fue 103.687; y para el mes de agosto del año en curso 107.867. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.040313. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $10,988.61 pesos. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $10,988.61 pesos; sin embargo, éste reintegró la diversa de $12,927.85 pesos, es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $1,939.24 pesos. Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Consecuentemente, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos. En ese contexto, en sus manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia, la parte quejosa argumenta que no se le hizo devolución de las cantidades que erogó, debidamente actualizadas; sin embargo, como se explicó, se advierte que la cantidad devuelta por la autoridad recaudadora es suficiente para cubrir la cantidad que debía devolverse a la impetrante, debidamente actualizada, como se demostró con las operaciones respectivas. Ahora bien, se observa que, en el comprobante de pago de contribuciones que la parte quejosa allegó con su demanda, efectivamente realizó pago total por la cantidad de $13,324.96 pesos, la cual resulta mayor que los $10,988.61 pesos determinados como el monto actualizado que debía devolverse a la quejosa. Sin embargo, la diferencia apuntada se debe a que, en dicho comprobante, además del pago por inscripción de documento e impuestos adicionales relativos, se incluye el pago de otras contribuciones que no forman parte de la concesión otorgada en el presente juicio de amparo; de ahí que estos últimos tampoco fueron materia de devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado A***, en su calidad de autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por el cual realiza manifestaciones en torno al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, las cuales serán tomadas en consideración al realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con lo dispuesto el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, y anexo que adjunta, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que acompaña al ocurso de mérito; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano