Blanca Esthela Cervantes Castillón
Expediente 1032/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 05/06/2018
Partes del expediente
- Blanca Esthela Cervantes Castillón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal el quince de febrero del año en curso (fojas 125 a 127), la autoridad denominada Director General Jurídico la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, en representación del Titular de dicha Secretaría, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (foja 128), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En ese tenor, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia pronunciada dentro del presente sumario constitucional el quince de junio de dos mil diecisiete (fojas 50 a 66), se determinó conceder a la parte quejosa Blanca Esthela Cervantes Castillón, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $2,722.18 (dos mil setecientos veintidós pesos 18/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $2,722.18 (dos mil setecientos veintidós pesos 18/100 moneda nacional), por los conceptos de inscripciones de documento público o privado, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el veinticinco de abril de dos mil diecisiete; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en el Buzón de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 106 a 108), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque 0000087, de seis de noviembre de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Blanca Esthela Cervantes Castillón y del que se advierte que devolvió la cantidad de $2,422.18 (dos mil cuatrocientos veintidós pesos 18/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Luego, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 109 y 110), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida en su totalidad, en razón de que la cantidad devuelta por la autoridad responsable de mérito no se encontraba actualizada, pues únicamente había reintegrado la cantidad erogada por la promovente del amparo pero sin la aludida actualización fiscal respectiva; en consecuencia, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención de lo anterior, mediante diverso oficio y anexos recibidos ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit el catorce de febrero de la presente anualidad (fojas 125 a 127), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria citada, informó que había emitido el cheque con número 0000294, por concepto de actualización y que fue en esa misma data cuando la quejosa acudió a recoger el mismo, Siendo que por auto de dieciséis de febrero del año en que se actúa, se requirió a la referida quejosa, para que manifestara lo conducente al cumplimiento dado por la responsable de previa cita, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $2,722.18 (dos mil setecientos veintidós pesos 18/100 moneda nacional), menos la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $2,442.18 (mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 18/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $2,442.18 (mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 18/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete y el catorce de noviembre de la presente anualidad, se efectuó la devolución mediante cheque a la parte quejosa. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de octubre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de octubre de ese mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de octubre de 128.717. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02085. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $2,442.18 (dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 18/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $2,493.09 (dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 09/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $2,442.18 (dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 18/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $50.91 (cincuenta pesos 91/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $2,533.72 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver a la quejosa era de $2,493.09 (dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 09/100 moneda nacional); sin embargo, se le reintegró en conjunto con los dos cheques la diversa cantidad de $2,533.72 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 72/100 moneda nacional), es decir, le entregaron $40.63 (cuarenta pesos 63/100 moneda nacional) de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal el quince de febrero del año en curso (fojas 125 a 127), la autoridad denominada Director General Jurídico la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, en representación del Titular de dicha Secretaría, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (foja 128), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En ese tenor, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia pronunciada dentro del presente sumario constitucional el quince de junio de dos mil diecisiete (fojas 50 a 66), se determinó conceder a la parte quejosa Blanca Esthela Cervantes Castillón, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $2,722.18 (dos mil setecientos veintidós pesos 18/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $2,722.18 (dos mil setecientos veintidós pesos 18/100 moneda nacional), por los conceptos de inscripciones de documento público o privado, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el veinticinco de abril de dos mil diecisiete; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en el Buzón de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 106 a 108), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque 0000087, de seis de noviembre de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Blanca Esthela Cervantes Castillón y del que se advierte que devolvió la cantidad de $2,422.18 (dos mil cuatrocientos veintidós pesos 18/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Luego, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 109 y 110), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida en su totalidad, en razón de que la cantidad devuelta por la autoridad responsable de mérito no se encontraba actualizada, pues únicamente había reintegrado la cantidad erogada por la promovente del amparo pero sin la aludida actualización fiscal respectiva; en consecuencia, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención de lo anterior, mediante diverso oficio y anexos recibidos ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit el catorce de febrero de la presente anualidad (fojas 125 a 127), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria citada, informó que había emitido el cheque con número 0000294, por concepto de actualización y que fue en esa misma data cuando la quejosa acudió a recoger el mismo, Siendo que por auto de dieciséis de febrero del año en que se actúa, se requirió a la referida quejosa, para que manifestara lo conducente al cumplimiento dado por la responsable de previa cita, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $2,722.18 (dos mil setecientos veintidós pesos 18/100 moneda nacional), menos la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $2,442.18 (mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 18/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $2,442.18 (mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 18/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete y el catorce de noviembre de la presente anualidad, se efectuó la devolución mediante cheque a la parte quejosa. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de octubre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de octubre de ese mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de octubre de 128.717. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02085. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $2,442.18 (dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 18/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $2,493.09 (dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 09/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $2,442.18 (dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 18/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $50.91 (cincuenta pesos 91/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $2,533.72 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver a la quejosa era de $2,493.09 (dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 09/100 moneda nacional); sin embargo, se le reintegró en conjunto con los dos cheques la diversa cantidad de $2,533.72 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 72/100 moneda nacional), es decir, le entregaron $40.63 (cuarenta pesos 63/100 moneda nacional) de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la quejosa con el libelo de cuenta y anexo que acompaña; así como con el diverso comunicado recibido en este Juzgado el cinco de diciembre del año pasado (fojas 106 a 108) para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tienen por recibidos los ocursos de cuenta, signados por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit y Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y anexos que acompaña; la primera autoridad informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso con el libelo de cuenta y anexo que acompaña, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. La segunda autoridad, en cumplimiento al requerimiento de ocho de febrero del año en curso (fojas 88 y 89), informa que ****, desempeñaba el cargo de Presidente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con domicilio en ****, con registro federal de contribuyentes ****; consecuentemente, téngase por cumplido el requerimiento de que fue objeto. Por tanto, con copia del proveído de ocho de febrero del año en curso y del oficio de cuenta, gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit "1", dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a efecto de que por su conducto, de conformidad con el numeral 258 de la Ley de Amparo, haga efectiva la multa impuesta en el presente juicio de garantías al Presidente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit.
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