Blanca Estela Sandoval Lugo
Expediente 1008/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Blanca Estela Sandoval Lugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Segunda Sala Regional de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, atento a su contenido dígase que por oficio 1652/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, fueron devueltos los anexos que solicita, misiva que se encuentra en proceso de entrega, dada la voluminosidad de las constancias remitidas. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente de la Segunda Sala Regional de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, atento a su contenido devuélvanse los anexos consistentes en copia certificada y original del juicio administrativo ***, que remitió como complemento a su informe con justificación en dos tomos, sin que sea necesario el acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra el acuerdo de catorce de julio pasado, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el término de veinte días otorgado a la quejosa mediante auto de ocho de junio pasado, para recoger los edictos ordenados a fin de emplazar a la tercera interesada Verónica Hernández Hernández, entregarlos para su publicación y acreditar ante este juzgado su entrega, feneció en su totalidad sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, pues al no concurrir una de las partes al juicio de amparo, se incumple con uno de los requisitos de la demanda de amparo, estipulado en el artículo 108 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 108 fracción II y 63 fracción II, todos de la ley reglamentaria. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, a página 27, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Cabe precisar que el emplazamiento de la tercera interesada está condicionado a que la parte quejosa recoja, pague la publicación de los edictos respectivos y acredite dicha circunstancia ante el órgano jurisdiccional dentro del término otorgado para tal efecto, por haber sido conminada a ello. Además, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional, puesto que de ser así y en caso de resultar sentencia favorable para la parte agraviada, afectaría el derecho subjetivo del cual goza la gobernada, aquí señalada como tercera interesada, con los actos reclamados a las autoridades responsables. Por ello, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la impetrante del amparo, por no comparecer a recoger los edictos, o habiéndolo hecho, no acredite haberlos entregado para su publicación, dentro del término concedido, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio, pues constitucionalmente no es válido que un Tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Lo anterior es así ya que al quedar paralizado el juicio constitucional por no acreditarse el pago y gestiones de la publicación de los edictos a costa de la promovente del juicio constitucional para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, pues entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia parte agraviada, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, dado que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita, tal y como lo ordena el artículo 17 Constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 108/2010 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 416, tomo XXXII, Agosto de 2010, de registro digital 164074 que establece: "EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Lo anterior en atención a que en el presente asunto la quejosa no manifestó encontrarse en imposibilidad para cubrir los gastos de la publicación de los edictos ordenados, lo cual denota su falta de interés en la prosecución del presente juicio, aunado a que en autos no se advierte que la quejosa tuviera un impedimento para sufragar el pago de los edictos respectivos, pues ésta estuvo representada por licenciados en derecho particulares, lo que permite válidamente inferir que cuenta con la solvencia suficiente para pagar por sus servicios; de ahí que pueda presumirse que sí cuenta con los medios suficientes para efectuar el pago de los edictos en cuestión. Máxime que en el caso no existe prueba que permita desvirtuar tal estimación. Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional prevista para nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Notifíquese, personalmente a la quejosa.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
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