Blanca Estela Martínez
Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Blanca Estela Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciséis de octubre del presente año. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, ordenándose distribuir copia de los agravios entre las partes. En ese tenor, deberá solicitarse a la Oficina de Correspondencia Común respectiva, la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la superioridad el escrito de agravios de manera digitalizada. Finalmente, se hace del conocimiento del Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación de mérito, que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario y que, en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1259. Por otra parte, agréguese el escrito del tercero interesado, atento a su contenido, dígase que deberá estarse a lo ordenado en párrafos que anteceden, ya que la parte quejosa recurrió la sentencia emitida en este juicio. Notifíquese; vía electrónica al tercero interesado, personalmente a la Agente del Ministerio Público y por oficio a las responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 726/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El ocho de junio de dos mil veintitrés, mediante escrito depositado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, el cual fue recibido en este órgano jurisdiccional el doce siguiente, a quien le correspondió el conocimiento del asunto por razón de turno, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de trece de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo respecto del Secretario del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, por no tener el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; asimismo, admitió la demanda a trámite respecto de las restantes autoridades señaladas como responsables; ordenó la apertura del incidente de suspensión respectivo; dio la intervención que legalmente le compete a la representación social federal adscrita a este juzgado; fijó hora y día para la celebración de la audiencia de ley; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se reservó acordar el emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto las autoridades responsables rindieran sus informes justificados. Posteriormente, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, tanto el Juez como el ejecutor, adscritos al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, respectivamente, rindieron sus informes justificados, los cuales se acordaron de conformidad el veintiséis de junio siguiente, en donde se ordenó dar la vista correspondiente a las partes; asimismo, en proveído de diez de julio de la misma anualidad, se tuvo por recibido el informe justificado del Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México, con el cual también se ordenó dar vista a las partes. Por otra parte, en auto de trece de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por apersonado al juicio en su calidad de tercero interesado a Guillermo Aldaco García. Finalmente, la audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto impugnado fue emitido por una autoridad residente dentro del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento a lo establecido por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se realiza el estudio integral de la demanda de amparo, así como de las constancias allegadas para la substanciación del asunto, para fijar de forma clara y precisa la autoridad responsable y el acto reclamado, consistentes en: La falta de emplazamiento, así como todo lo actuado en el juicio de acción proforma 30587/2022, del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, tramitado por Guillermo Aldaco Díaz en contra de Patricia Elizabeth Palmas Velasco y César Daniel Fuentes Herrera, respecto del inmueble ubicado en Calle Valle de Sungari, Mza. 20 veinte, lote 901 novecientos uno, Col. Valle de Aragón Tercera Sección, Código Postal 55280, en el Municipio de Ecatepec, Estado de México. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que así lo expusieron en sus informes justificados, razón por la que se tiene por acreditada su existencia. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que adjuntaron a sus informes justificados, las cuales por tener el carácter de actuaciones judiciales, gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" A su vez, los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Por su parte, la ley de la materia, en su artículo 6°, señala lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos transcritos se obtiene que para la procedencia del juicio amparo es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y ese interés se vea afectado. En el caso particular, sólo se analizará el interés jurídico, pues al presentar la demanda de amparo, la parte quejosa no alegó la titularidad de un interés legítimo para accionar la vía constitucional, máxime que los actos reclamados emanan de un proceso jurisdiccional, respecto del cual, sólo es oponible ostentar un interés jurídico. En ese contexto, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, dado que si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" -como suele llamarse a aquél-, que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. Por lo anterior, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general, cuando demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. No está por demás destacar que la procedencia del juicio de amparo requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones. Sobre el particular, se cita la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 170500, de contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el presente sumario constitucional, la quejosa reclama la falta de emplazamiento y, derivado de ello, todo lo actuado en el juicio de acción proforma 30587/2022, del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, tramitado por Guillermo Aldaco Díaz en contra de Patricia Elizabeth Palmas Velasco y César Daniel Fuentes Herrera, respecto del inmueble ubicado en Calle Valle de Sungari, Mza. 20 veinte, lote 901 novecientos uno, Col. Valle de Aragón Tercera Sección, Código Postal 55280, en el Municipio de Ecatepec, Estado de México, pues aduce que con motivo de dicho proceso judicial se ordenó que se escriture a favor del tercero interesado Guillermo Aldaco Díaz el bien inmueble descrito, mismo que aduce la quejosa es de su propiedad desde el quince de agosto de dos mil uno, sin que se le diera la oportunidad de ser oída y vencida en el procedo de origen. En ese sentido, debe precisarse que la agraviada no es parte en el juicio ordinario civil 30587/2022 -sobre otorgamiento y firma de escritura-, por lo que comparece a este juicio con el carácter de tercera extraña. Ahora, de las constancias del expediente de origen, como se dijo, el tercero interesado Guillermo Aldaco Díaz demandó de Patricia Elizabeth Palmas Velasco y César Daniel Fuentes Herrera, en la vía ordinaria civil, el cumplimiento del contrato privado de compraventa, celebrado entre las partes el ocho de marzo de dos mil veinte; consecuentemente, el otorgamiento y firma de la escritura correspondiente ante notario público, la entrega material del inmueble respectivo, además del pago de gastos y costas; acción que encuentra apoyo legal en el artículo 2.1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que literalmente establece: "Artículo 2.1.- La acción procede en juicio aún cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad, la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción." Por otra parte, los numerales 7.1, 7.2, 7.32 y 7.74 del Código Civil del Estado de México, disponen: "Artículo 7.1.- Obligación es la relación que se establece entre acreedor y deudor, con facultad el primero de exigir al segundo, el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer." "Artículo 7.2.- Las obligaciones pueden ser: personales, reales o naturales." "Artículo 7.32.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes; excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, a la costumbre o a la ley." "Artículo 7.74.- La falta de formalidad exigida por la ley origina la nulidad del contrato, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal." Este último dispositivo establece que cuando la ley exija determinada forma para la celebración de un contrato, éste no será válido entre tanto no revista dicha forma, pero si la voluntad de las partes consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede pedir que se le dé la forma legal. En ese orden de ideas, se tiene que el juez responsable, al resolver el juicio ordinario civil 30587/2022, determinó que el actor probó la acción ejercida contra los demandados y los condenó a firmar la escritura pública correspondiente a favor de Guillermo Aldaco Díaz, respecto del contrato de compraventa celebrado el ocho de marzo de dos mil veinte, en relación con el inmueble ubicado en Lote novecientos uno (901), manzana veinte (20), supermanzana cero dos (02), del Fraccionamiento Valle de Aragón, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo de manera voluntaria, él lo haría en su rebeldía. De tal modo que la autoridad responsable ordenadora se concretó al análisis de la acción proforma hecha valer, la cual es de naturaleza personal y tiene como finalidad únicamente que se condene a los demandados a que se dé la forma exigida por la ley a un acto jurídico, de acuerdo con los dispositivos transcritos con antelación, los cuales disponen que las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto, y que el perjudicado por falta de título tiene acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente, como aconteció en el juicio natural. Resulta ilustrativa la tesis II.2o.C.410 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, localizable con el registro digital 184237, que establece: "ACCIÓN PROFORMA O DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. REGLAMENTACIÓN EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1662 del anterior Código Civil para el Estado de México (cuyo texto es similar al numeral 7.74 del actual código sustantivo), entrelazado con el diverso 500 del código procesal de la materia abrogado, cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no la revista no será en definitiva válido, salvo disposición en contrario, pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma requerida por la ley, pudiendo el perjudicado por falta de título legal ejercitar acción para exigir que el obligado le extienda la escritura correspondiente. Así, conforme al texto de las invocadas normas, la acción que de ello se deriva es precisamente la de la formalización a través de la escritura correspondiente del acto jurídico realizado de modo informal, denominándose a ello acción proforma; consecuentemente, si en el juicio de otorgamiento y firma de escritura la autoridad alude a dicha pretensión con la designación de "acción proforma", ello no significa la aplicación de alguna ley privativa, por tratarse de un aspecto debidamente reglamentado." De lo que se sigue que la acción intentada -pro forma- por el tercero interesado versó sobre una acción personal que se ejerció con el objeto de que la parte demandada otorgara la escrituración a la actora, del inmueble respecto del cual habían celebrado un contrato de compraventa, por lo que en este caso en particular el objeto del juicio sólo interesa a las partes, debido a que la sentencia que en éste se dicte exclusivamente surte efectos entre ellas, por lo que no existe razón legal para que se llamara a juicio a la aquí quejosa, ya que a ésta no le resulta el carácter de parte interesada en lo que fue materia del referido litigio y, por ende, la resolución que se dictó no le irroga ningún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, a través de sus derechos fundamentales, y menos aún el de audiencia, porque para que su otorgamiento se haga procedente es indispensable que se pretenda privar o se prive al gobernado de alguno de los derechos enunciados en el artículo 14 Constitucional, lo que no ocurre con la sentencia dictada en el juicio natural, pues ésta no puede afectar los derechos de propiedad o posesión que algún tercero haya adquirido respecto del inmueble de cuya escrituración se trate, porque los efectos de dicha sentencia sólo se limitan al derecho de la actora de que se le otorgue la escrituración, pero no prejuzga ni nulifica la existencia de los derechos de terceros ajenos al juicio en que se emita. Además, si la acción que nos ocupa únicamente tuvo como finalidad lograr que se obligara a los demandados de Patricia Elizabeth Palmas Velasco y César Daniel Fuentes Herrera, a otorgar un contrato que, aunque existente, adolecía del vicio de falta de la forma exigida por la ley, no puede ser materia de juicio el derecho de propiedad de la parte vendedora respecto del bien materia del contrato de compraventa, por lo que la sentencia dictada en ese procedimiento solamente substituirá al instrumento que los propios contratantes pudieron haber obtenido de un Notario Público, tan es así que la referida acción se extingue al firmarse la escritura correspondiente. De lo que se obtiene que lo actuado en el juicio ordinario civil 30587/2022 surtió efectos únicamente entre las partes y no afecta derecho alguno de la peticionaria del amparo, de tal guisa que no haya razón legal para que fuera llamada al juicio primigenio, máxime que en éste sólo se debatió y decidió lo relativo a la escrituración de la compraventa celebrada entre Guillermo Aldaco Díaz con Patricia Elizabeth Palmas Velasco y César Daniel Fuentes Herrera, sin que se afectara la acción de dominio de la quejosa o algún otro derecho, por lo que resulta inconcuso que no hay afectación a su garantía de audiencia. Entonces, en razón que la instauración del proceso 30587/2022 sólo versó sobre una acción personal de otorgamiento y firma de escritura, por la propia naturaleza de la acción pro forma, no se privó a la quejosa de sus derechos de propiedad, lo que implica que carece de interés jurídico en el presente juicio de amparo; máxime que tampoco se demostró que los actos de autoridad hayan causado afectación en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta como el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. En sustento a lo anteriormente expuesto, se invoca la Jurisprudencia 1a./J. 67/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, identificable con el registro digital 2027189, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PROFORMA). NO LO TIENE LA PERSONA QUE RECLAMA SU FALTA DE LLAMAMIENTO OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron decisiones opuestas al determinar si tiene o no interés jurídico la persona que, al ostentarse como propietaria del inmueble, reclama la falta de llamamiento al juicio de otorgamiento y firma de escritura (acción proforma). Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no tiene interés jurídico en el juicio de acción proforma la persona que se ostenta como propietaria del inmueble para reclamar su falta de llamamiento, ya que no le genera ningún perjuicio, pues en el juicio no se está dirimiendo un derecho real de propiedad sobre el inmueble, sino un derecho personal para la formalización de un contrato de compraventa, a través de una escritura pública. Justificación: La acción proforma prevista en los artículos 1833 y 2232 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en el diverso 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se refiere a la facultad que tienen cualquiera de las partes -si el consentimiento consta de manera fehaciente en un contrato-, a exigir que se le dé la forma legal a éste y en caso de que el demandado no lo haga, lo hará el Juez en su rebeldía. Esta acción es de naturaleza personal, ya que bajo ese título se pide el otorgamiento y firma del contrato -en el caso de compraventa de inmuebles-, porque aún se carece de la forma para ejercer el derecho y para su ejercicio debe regir el principio jurídico res inter alios acta, que significa que el contrato base de la acción sólo obligaría a las partes contratantes y no a terceras ajenas; en tanto que el fin que se busca con su tramitación es únicamente dar forma al contrato con la obtención de la escritura relativa y obtener el pleno derecho sobre la cosa, no de manera directa, sino con base en el documento en el que se describa el acto jurídico, el cual es necesario para contar con un derecho real y poder ejercer otro tipo de acciones. Luego, si al tener conocimiento de alguna resolución dictada por autoridad judicial competente, una persona considera que le puede causar algún perjuicio y por ello pueda ser parte en un juicio de acción proforma, es necesario que se satisfaga el requisito de interés jurídico en dicho juicio, esto es, debe generarle algún perjuicio el acto reclamado; lo cual no sucede cuando ésta se ostenta como propietaria del inmueble, porque el fin que se busca con la tramitación de la acción proforma es que se dé forma al contrato con la obtención de la escritura relativa, pero no que se reconozca un derecho real de propiedad del inmueble, que es lo que sí le generaría perjuicio." De igual forma, resulta aplicable la tesis (V Región) 5o.10 C (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable con el registro digital 2005906, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. CARECE DE ÉSTE EL QUEJOSO QUE, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO SUMARIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PRO FORMA). Conforme a la doctrina judicial, el interés jurídico en el juicio de amparo se entiende como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa afectación cese; por tanto, carece de éste el quejoso que, ostentándose como tercero extraño a juicio, reclama la falta de emplazamiento al juicio sumario civil de otorgamiento y firma de escritura, pues aun cuando resultara ser propietario del bien inmueble que fue materia de ese procedimiento, el efecto de la sentencia que ahí se pronuncia, por la propia naturaleza de la acción pro forma, no lo priva de derecho de propiedad o posesión alguno, pues su única finalidad es lograr que se obligue al demandado a otorgar un contrato que, aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley, sin prejuzgar sobre el mejor derecho de propiedad del vendedor (demandado en el juicio natural) o de algún tercero." No se soslaya que la quejosa también alegue en su demanda aspectos relacionados con un conflicto de propiedad, ya que tales cuestiones deben, en su caso, ser resueltas previamente ante la autoridad judicial correspondiente. Así lo ha sostenido el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.1o.48 K, localizable con el registro digital 199708, que estipula: "PROPIEDAD, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA VIOLACIONES AL DERECHO DE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia, en el sentido de que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por las autoridades judiciales correspondientes; esto significa que en aquél no puede determinarse a quién de las dos partes contendientes corresponde la propiedad de un bien cuestionado; en tal circunstancia el contrato de compraventa respecto a bienes embargados, de fecha posterior a la diligencia respectiva practicada sobre éstos, es indudable que es un título apto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, sin que se deba analizar su validez o eficacia contra terceros, pues esto no es propio en la vía constitucional, la que tiene por objeto no el reconocimiento del derecho de propiedad, sino el impedir que sin juicio se desconozcan derechos de tal naturaleza." Por otra parte, respecto de los actos de ejecución atribuidos tanto al ejecutor adscrito al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, como al Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ecatepec, Estado de México, se considera oportuno realizar las precisiones siguientes: El ejecutor adscrito al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, sin hacer mayor pronunciamiento respecto del mismo; por su parte, el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ecatepec, Estado de México, al realizar lo propio, precisó que en atención al oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, el personal a su cargo, realizó lo siguiente: ". el día veintitrés de mayo de la presente anualidad, siendo las 07:00 horas, se constituyó en el domicilio, el Policía Tercero Alejandro Arias Matamoros, Encargado de Auxilios de la Fuerza Pública de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México, con personal a su cargo, quienes refieren lo siguiente: ". nos constituimos en el domicilio citado en dicho oficio para llevar acabo la diligencia de lanzamiento y el ejecutor nos indica que no se puede llevar acabo toda vez que no se encuentra nadie en el domicilio y no cuenta con depositario, nos razona nuestro oficio y nos retiramos del lugar." ." El oficio a que hace referencia la citada autoridad ejecutora -Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ecatepec, Estado de México-, esencialmente, indica: ". solicito a Usted, designe elementos para que auxilien Ejecutor del Juzgado a mi cargo, en la práctica de una diligencia de carácter judicial, que se llevará a cabo el VEINTITRÉS DE MAYO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, A LAS SIETE HORAS, en el domicilio ubicado en INMUEBLE UBICADO EN LOTE NOVECIENTOS UNO (901), MANZANA VEINTE (20), SUPERMANZANA CERO DOS (02) DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE ARAGÓN, ESTADO DE MÉXICO." Ahora bien, de las constancias remitidas por el juez responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, al tener el carácter de actuaciones judiciales, de acuerdo con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo; se advierte como documento base de la acción del juicio ordinario civil -otorgamiento y firma de escritura- 30587/2022, el contrato de compraventa celebrado el ocho de marzo de dos mil veinte, por Patricia Elizabeth Palmas Velasco y César Daniel Fuentes Palmas, en su carácter de vendedores, y Guillermo Aldaco Díaz -tercero interesado-, como comprador, respecto del inmueble ubicado en lote 901, de la manzana 20, supermanzana cero dos, del fraccionamiento "Valle de Aragón", Estado de México; con una superficie de 84 metros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: al Nor-Oeste: en siete metros con lote 20, al Nor-Este en 12 metros con andador zona Jardinada, al Sur-Este, en siete metros calle Valle de Sungari y al Sur-Oeste en 12 metros con lote dos, con clave catastral 094 30 266 01 00 0000, inscrita en el Instituto de la Función Registral con folio real 00196651. Por su parte, en el juicio de amparo que nos ocupa la quejosa exhibió como documento para tratar de acreditar su interés jurídico, un contrato de compraventa celebrado el quince de agosto de dos mil uno, por Mario Hernández Mendoza, en su carácter de vendedor, y ******************** -quejosa- como compradora, respecto del inmueble ubicado en calle Valle de Sungari, manzana veinte, lote novecientos uno, colonia Valle de Aragón Tercera Sección, código postal 55280, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; con una superficie de 85.20 (ochenta y cinco punto veinte) metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte en 12:00 metros Linda con calle uno; al Sur en 12:00 metros Linda con el número veintitrés de la calle Valle de Sungari; al Oriente en 07:10 metros Linda con calle Valle de Sungari; al Poniente en 07:10 metros Linda con el lote 22 de la calle Valle de Solimoes. En ese orden de ideas, de una comparación de los datos de ubicación del inmueble materia de la controversia, tanto de la dirección como de la superficie total, así como de las medidas y colindancias del mismo, se concluye que el inmueble defendido en esta instancia constitucional no coincide con el base de la acción de origen; de ahí que al no haber identidad entre dichos predios, aunado a que en autos no existe un dato fehaciente que desvirtúe esa aseveración, máxime que la peticionaria del amparo no ofreció medio de prueba idóneo tendente a acreditar su acto reclamado, como podría ser la pericial en materia topografía, es que se reitera que el inmueble controvertido es uno diverso del base de la acción de origen. A más que como ya quedó establecido en párrafos anteriores, el lugar al que acudió el personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ecatepec, Estado de México, con la finalidad de auxiliar en sus labores al ejecutor aquí responsable, es el mismo que se estableció en el juicio de origen, pero uno diverso el señalado en el contrato exhibido por la aquí quejosa, motivo por el cual, se insiste en la falta de identidad de los inmuebles controvertidos. A mayor abundamiento, a fojas ciento cuarenta y ocho del tomo de pruebas remitido por el juez responsable, se aprecia la anotación preventiva de la demanda del juicio base de la acción, realizada por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Ecatepec, en la que se asentó lo siguiente: FOLIO REAL ELECTRÓNICO: 00196651, FECHA DE INSCRIPCIÓN: 20/10/2022, FECHA DE INGRESO 12/09/2022 13:23:09, SUPERFICIE: 84.0 m² OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, entre otros datos, lo cual concatenado con lo expuesto con anterioridad, otorga certeza a este juzgador de que el inmueble defendido por la solicitante del amparo es uno diverso del materia de la controversia de origen o, al menos, su identidad no quedó probada en este juicio de amparo. Aunado a lo anterior, los actos tendentes a ejecutar la sentencia de primera instancia son una consecuencia de la misma; por lo tanto, se reclaman en vía de consecuencia, mas no por vicios propios. En las relatadas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61, concatenada con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de ese cuerpo normativo. El sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos atribuidos a las autoridades responsables ejecutoras, al no combatirse por vicios propios. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 50, identificable con el registro digital 239008, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados ni las tesis invocadas por la parte quejosa, como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, con registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo antes expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a la representación social, vía electrónica al tercero interesado, y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor proveído el oficio que remite el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ya que mediante auto de ocho de septiembre se tuvo por recibida idéntica misiva y se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que remite el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual informa que declaró firme el auto de diecisiete de agosto del presente año, por el que desechó por improcedente el recurso de queja 272/2023, interpuesto por el tercero interesado ********************, contra el proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, de lo que se toma conocimiento. En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente, agréguese a los presentes el testimonio de la ejecutoria de mérito. En efecto, la superioridad desechó por improcedente el recurso de queja hecho valer en este juicio de amparo, en contra del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Así, en virtud de que el recurso de queja ya fue resuelto, se levanta la suspensión del presente procedimiento; por lo tanto, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, toda vez que mediante auto de veintisiete de julio del presente año, se reservó proveer lo conducente respecto al escrito con número de registro interno 11073 del tercero interesado ********************, por el que ofreció diversas pruebas, y toda vez que en la misma fecha se reanudó el procedimiento, se acuerda lo conducente. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte tercera interesada las documentales que adjuntó a su escrito de cuenta. Notifíquese.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Bibiana Reyes Leija1210/2018
- Bitia Lizeth Sánchez Irazaba187/2020
- Blanca Alicia Flores Jiménez674/2021
- Blanca Alicia Toscano García161/2021
- Blanca Amalia Borja Molina32/2019
- Blanca Estela Escalera Miranda475/2021
- Blanca Estela Pérez Ballesteros740/2019
- Blanca Estela Sandoval Lugo741/2021
- Blanca Estela Sandoval Lugo1008/2021
- Blanca Estela Sandoval Lugo691/2019
- Blanca Esther Guereca Diego1773/2018
- Blanca Estrella Cedillo Reyes1052/2021