Blanca Estela Moron González

Expediente 423/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
423/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Blanca Estela Moron González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Documentos exhibidos por la parte quejosa. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a las parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó al escrito aclaratorio, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 3.1. Trámite de devolución. Ahora bien, a efecto de materializar la entrega de la documental que se solicite, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con la licenciada Cristina García Maya, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico de este órgano jurisdiccional 44 33 22 69 60 extensión 1162, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver.

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 423/2021, promovido por Blanca Estela y Monserrat Gabriela, de apellidos Morón González1 , por alegada violación a los artículos 1, 8, 13, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior al tenor de las siguientes, CONSIDERACIONES: Primero Consideración previa El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a /J 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo Segundo Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada La parte quejosa reclama lo siguiente:2 ? La omisión de cerrar la instrucción, elaborar el proyecto de laudo, emitirlo y notifícarselo a las partes, dentro del juicio laboral 2C-2398/2019 Tercero Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o , 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación3 , así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que se reclama una omisión a un tribunal laboral que reside dentro de la jurisdicción de este juzgado Cuarto Norma general, acto u omisión cuya existencia se encuentra demostrada Es cierta la omisión que se reclama a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, pues así se desprende del contenido del informe justificado y se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral 2C2398/2019, las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo Quinto Análisis de causas de improcedencia La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como así lo señala el artículo 62 de la ley de amparo; y en el caso, este juzgador advierte que se actualiza, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, Fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sensu, los que disponen: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De la interpretación sistemática de estos normativos, y acorde al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las afectaciones que las personas pueden sufrir en su derechos humanos, no sólo se producen por la actividad que realizan las autoridades del Estado de Mexicano, sino también por omitir realizar un acto, que de verificarse crearía, modificaría o extinguiría una situación jurídica concreta y particular Tratándose de omisiones o dilaciones atribuidas a las autoridades que ejercen actos materialmente jurisdiccionales, el Alto Tribunal estableció que, por regla general el juicio de amparo es improcedente por la omisión de acordar una promoción o de realizar un acto en el procedimiento, no se trata de actos de imposible reparación; a menos que, el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio de amparo será procedente Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 48/2016(10a )4 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "AMPARO INDIRECTO POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o , 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente" Ahora, tratándose de la materia de trabajo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un parámetro de temporalidad, a partir del cual puede considerarse que la omisión de realizar un acto dentro del procedimiento laboral, constituye un acto de imposible reparación, Criterio que quedó enunciado en la tesis de jurisprudencia 33/2019 (10a )5 de la segunda Sala que establece: "AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a /J 48/2016 (10a ), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador" Así del estudio integral del criterio obligatorio enunciado, se advierte que las dilaciones procesales sí pueden ser controvertidas en el juicio de amparo indirecto, cuando la omisión de realizar actos dentro del procedimiento sea de tal magnitud que ello implique una paralización total que equivale a una denegación de justicia En ese orden, para poder identificar cuándo se presenta una excepción a la regla general contenida en la tesis 48/2016 (10a ), debe aplicarse el parámetro objetivo mínimo indicado, que proporciona certeza en cuanto al tiempo que debe considerarse como excesiva la paralización del procedimiento, lapso que se fijó en cuarenta y cinco días naturales dado que ese es el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca paralizado En ese orden, del estudio integral de las constancias que la autoridad responsable acompañó al informe justificado, se advierte que la última actuación realizada en el juicio laboral 2C/2398/2019, Se verificó el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, que remitiera copia de las constancias que previamente habían sido requeridas y que son necesarias para resolver el caso; mientras que, la demanda de amparo se presentó el catorce de mayo de dos mil veintiuno, esto es, dieciséis días después de la última actuación en el juicio laboral Derivado de lo anterior, los supuestos fácticos que se acreditan con la copia certificada del expediente laboral no se pueden subsumir en la hipótesis de procedencia a que alude la tesis de jurisprudencia 33/2019 (10a ) invocada en último término Por tanto, no se trata de una omisión dentro del juicio que sea de imposible reparación; por ende el juicio de amparo es improcedente Consecuentemente, con fundamento en el normativo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dichos actos se refieren Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Blanca Estela y Monserrat Gabriela de apellidos Morón González, en contra de las omisiones que reclamaron de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán

  3. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, siendo las doce horas con cuarenta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 423/2021-I-A; en audiencia pública Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del Secretario Pablo Antonio Munguía Arzate, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaro abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". PRUEBAS A continuación, se abre el período probatorio y el Secretario certifica: Que obran las documentales que la autoridad responsable y la quejosa allegaron al juicio; con lo que se cierra el periodo y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. ALEGATOS En seguida y con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se abre el periodo de alegatos; el Secretario hace constar que no fueron formulados por las partes; por lo cual se cierra el presente período. No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda, una vez que las labores del juzgado lo permitan.

  4. Principal

    Intégrese el informe justificado rendido por las autoridades responsables y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la ley en la materia, se tiene como prueba de las autoridades responsables la documental consistente en un legajo de copias certificadas que acompañan al comunicado que se provee, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia de ley.

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