Blanca Cecilia Vázquez Arroyo
Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Blanca Cecilia Vázquez Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento en relación a la valoración del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó, por no haberse solicitado.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...SENTENCIA Visto, para resolver, el juicio de amparo 320/2021, promovido por Blanca Cecilia Vázquez Arroyo, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Cuarto Menor en materia Civil de esta ciudad: La sentencia interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitida con motivo del incidente de prescripción de ejecución de la sentencia promovida por la parte demandada, dentro del juicio ejecutivo mercantil 288/2013, promovido por la quejosa frente al Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán. TERCERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado es susceptible de ejecutarse en el lugar donde este Juzgado ejerce jurisdicción. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. El Juez Cuarto Menor en materia Civil de esta ciudad aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que se tiene como cierto. Lo que se corrobora con las constancias allegadas con su informe, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, poseen valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte que se actualice ninguna causa de improcedencia que impida el estudio de fondo del este asunto. SEXTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. SÉPTIMO. Estudio de fondo del acto reclamado. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación. I. Antecedentes 1. El dieciocho de febrero de dos mil trece, el Juez Cuarto Menor en materia Civil de esta ciudad, recibió la demanda ejecutiva mercantil promovida por Blanca Cecilia Vázquez Arroyo, por conducto de sus apoderados jurídicos frente al Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán, asimismo, la radicó bajo el número 288/2019. 2. Previo emplazamiento de la parte demandada y trámite del procedimiento correspondiente, el veinticuatro de junio de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la acción cambiaria directa ejercitada y se condenó al demandado al pago de lo reclamado. 3. El siete de agosto de dos mil trece, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió a la demandada su cumplimiento voluntario, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa. 4. El dieciséis de agosto de dos mil trece, la parte actora promovió incidente de liquidación, el cual se resolvió parcialmente procedente el veintitrés de septiembre de dos mil trece, y se declaró firme el tres de octubre siguiente, además, se requirió su cumplimiento voluntario a la parte demandada, bajo apercibimiento de ejecución forzosa, en caso de no hacerlo. 5. El veintiuno de noviembre de dos mil trece, se ordenó el embargo de bienes de la demandada, el cual se ejecutó el veinticinco de febrero de dos mil catorce; no obstante, derivado del juicio de amparo indirecto 255/2014, del índice de este Juzgado, promovido por la parte demandada respecto de la orden de embargo y su ejecución, en el que se otorgó la protección constitucional solicitada, el diecisiete de julio de dos mil catorce, se dejó sin efectos el auto de veintiuno de noviembre de dos mil trece y se ordenó levantar el embargo trabado en autos; asimismo, se giró oficio al Ayuntamiento demandado para que incluyera en las partidas presupuestales de éste, el pago de lo adeudado. 6. El catorce de enero de dos mil dieciséis, la parte actora formuló planilla de liquidación, que se resolvió en sentencia interlocutoria de nueve de febrero de dos mil quince, declarándose parcialmente procedente; determinación que quedó firme por auto de veinticuatro de febrero siguiente, requiriéndose, además, su cumplimiento voluntario. 7. El siete de febrero de dos mil diecisiete, el actor formuló actualización de planilla de liquidación, la que se aprobó parcialmente por interlocutoria de dos de marzo de dos mil diecisiete. 8. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo provisional del expediente al archivo judicial, el cual, se devolvió a petición de la parte actora, el nueve de octubre de dos mil diecinueve. 9. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la parte actora solicitó se girara oficio al Congreso del Estado de Michoacán, para que informara al juez de origen sobre el presupuesto autorizado al Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, quedando a cargo de la solicitante hacerlo llegar al destinatario, sin que lo hubiera hecho. 10. El veinte de noviembre de dos mil veinte, el apoderado jurídico de la parte actora formuló incidente de liquidación, respecto del cual se dio vista a la demandada, quien la desahogó el nueve de diciembre siguiente y a su vez, hizo valer la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, la cual se admitió en la vía incidental y se corrió traslado a la parte actora, quien contestó la vista otorgada respecto de tal incidencia. 11. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el Juez responsable dictó sentencia interlocutoria en dicho incidente, en la que lo declaró fundado y prescrito el derecho de la parte actora para ejecutar la sentencia definitiva de veinticuatro de junio de dos mil trece. Resolución que constituye el acto reclamado. II. Estudio de los conceptos de violación. En sus conceptos de violación, la quejosa refiere que la resolución reclamada, en la que la responsable consideró que no existe una explotación del hombre por el hombre, sino un desinterés de la actora para ejecutar la sentencia, transgrede sus derechos porque desconoció que ésta no puede realizar actos de ejecución o providencia de embargo, al ser el demandado el Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán, a quien no se le puede exigir el cumplimiento forzoso de la sentencia, por tanto, al tener que esperar su cumplimiento voluntario, no puede ejercerse la acción de ejecución de la sentencia y no puede computarse la prescripción negativa. Lo anterior es infundado porque la quejosa confunde la imposibilidad de embargar al demandado, al ser un ente público, con el desinterés en la ejecución de actos para la obtención del pago de lo condenado. Es así, pues como lo sostuvo la responsable en la resolución reclamada, la quejosa no fue constante en la prosecución de la ejecución de la sentencia, pues incluso realizó actuaciones inconclusas que impidieron llegar a su objetivo, así, si bien, no es permisible practicar actos de embargo respecto de entes como la demandada, dada su naturaleza, eso no conlleva su exclusión en el cumplimiento de las obligaciones de condena, considerarlo así, se traduciría en tornar nugatorio cualquier procedimiento de naturaleza mercantil contra un ente gubernamental. Por ello, existen procedimientos específicos a efecto de obtener el pago proveniente de los entes públicos o gubernamentales, como el demandado, los cuales son del conocimiento de la parte actora, pues incluso en algún momento dentro del procedimiento de ejecución, los solicitó, sin embargo, al no haberlos concluido, originó que no tuvieran la fuerza de una interpelación judicial aptos para interrumpir la prescripción negativa, como lo es el caso en que solicitó al juez responsable que se requiriera al Congreso del Estado el presupuesto asignado al Ayuntamiento demandando, sin que dicho oficio se hubiera recibido por la parte actora ni mucho menos entregado al destinatario. Por otra parte, en diverso concepto de violación, la quejosa argumenta que el Juez responsable soslayó que la quejosa ha tratado de obtener el pago de la condena a través de negociaciones con las diversas administraciones del referido Ayuntamiento, quienes se han comprometido a gestionar el pago, y además, porque ha esperado que de manera voluntaria cumplan con los requerimientos sobre el cumplimiento voluntario a la sentencia y a la liquidación de intereses. Además, sostiene que lo anterior ha propiciado un acto desigualitario entre el ente público y el particular y que el juzgador natural debió tomar en cuenta otros aspectos para el dictado de la resolución reclamada, como lo son: el origen material y la finalidad del acto respectivo; el carácter de la relación entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación); el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. Que de ahí, derivó una excepción al principio de igualdad procesal de las partes, a favor de la instituciones y entes de la administración pública, ya que el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece la prohibición de dictarse en su contra providencias de embargo y los exenta de la obligación de prestar garantías, al considerarlos solventes. De ahí, sostiene, se genera un trato desigualitario por no ser sujetos de ejecución forzosa. Lo anterior deviene inoperante, porque dichos argumentos no fueron expuestos ni probados ante la autoridad responsables, razón por las que no fueron materia de pronunciamiento en la resolución impugnada; consecuentemente, devienen inoperantes, porque son novedosos y no constituyen la materia de la litis en la vía constitucional que ahora nos ocupa. De tal suerte que la autoridad responsable no se encontró en posibilidad de realizar pronunciamiento alguno acerca de los aspectos ahora alegados por el quejoso y por ende no constituyeron la materia de la resolución que se reclama, imposibilitando por ello su análisis en esta vía constitucional. En efecto, ante la autoridad responsable, la quejosa centró la contestación de la vista del incidente de prescripción de ejecución de sentencia en destacar aspectos dogmáticos relativos a las diferencias entre la caducidad y la prescripción negativa; asimismo destacó las características de la interpelación judicial, enfocando su argumento a acreditar que con la planilla de liquidación que promovió y que fue acordada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se había interrumpido la prescripción negativa de la ejecución de la sentencia; así como el diverso en el que sostuvo que el oficio que se ordenó girar al Congreso del Estado de Michoacán, para conocer el presupuesto asignado al Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán, también era apto para suspenderla; argumentos que fueron atendidos por la responsable; sin embargo, los resaltados con antelación no fueron expuestos ante el juez responsable, por tanto, no pudieron ser materia de estudio y pronunciamiento en la resolución reclamada. De ahí que al no introducir dichas cuestiones al incidente cuya resolución ahora reclama, sus motivos de queja resultan novedosos y por lo tanto, inoperantes para conceder la tutela federal solicitada. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 150/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto: 'AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.' Igualmente, orienta lo antes determinado el criterio emitido por el Alto Tribunal, a través de su otrora Tercera Sala, cuyos rubro y texto son: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE INTRODUCEN ARGUMENTOS NO HECHOS VALER EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo se introducen razonamientos ajenos a los que se expresaron en la contestación a la demanda en el juicio natural, los mismos resultan inoperantes pues no pudo haberse incurrido en violación de garantías por el tribunal responsable al no examinar razonamientos ajenos a la litis.' Aunado a ello, de los conceptos de violación no se advierte que la quejosa impugne o cuestione los argumentos torales que sostienen dicho fallo y que se centran en determinar que la prescripción negativa se consumó desde el siete de marzo de dos mil diecisiete y que los actos realizados posteriormente, no eran aptos para interrumpir la prescripción ya consumada, derivado de que ello se traduciría en el desconocimiento del término fatal que establece el artículo 1039 de la legislación mercantil; asimismo, que la prescripción se originó por el desinterés de la actora en lograr la ejecución de la sentencia. Por tanto, si el quejoso no atacó las consideraciones esenciales que rigen el sentido de la resolución reclamada, sino que se limitó a reiterar cuestiones que ya le fueron estudiadas por la autoridad responsable y a pretender introducir cuestiones noveddosas, es inconcuso que sus conceptos de violación devienen inoperantes, porque es necesario que se impugne el soporte jurídico de la resolución reclamada, so pena de que tales consideraciones continúen rigiendo el sentido de la misma en caso contrario. Tienen aplicación a lo señalado, la tesis siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si en los conceptos de violación no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando éstos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar supliendo la deficiencia de la queja en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho". Así, como la tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya". De ahí que, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, procede NEGAR a la promovente de amparo la protección constitucional solicitada. Alegatos. Finalmente, respecto a los alegatos formulados por la parte tercera interesada, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales manifestaciones, porque no está obligado a pronunciarse al respecto. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Blanca Cecilia Vázquez Arroyo contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con veinte minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo III-B-320/2021; estando en audiencia Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de la Secretaria Cristina García Maya, que da fe, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, la declara abierta sin la asistencia de las partes, ni persona alguna que las represente, en términos de la circular SECNO/12/2020 (respuesta a pregunta catorce), emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la Secretaria da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." PRUEBAS Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el período probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas; y al no existir diversa pendiente por desahogar, se cierra este período. ALEGATOS Se continúa con la fase de alegatos, en la que se hace constar que únicamente la parte tercera interesada los formuló. A lo que el Juez acuerda: Se tiene a la referida tercera con interés formulando alegatos y al resto de las partes por perdido su derecho a hacerlo. Por tanto, se da por cerrada dicha etapa. Al no haber promoción o diligencia pendiente de acuerdo o desahogo, se da por concluida la presente, por lo que dispuso que cuando las labores del juzgado lo permitan, se procederá a emitir la sentencia respectiva.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de Juan Carlos Sereno González y Ramón Fernández Hurtado, quienes comparecen a juicio en cuanto apoderados de la persona moral oficial tercera interesada Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán, carácter que se les reconoce en términos de la copia cotejada del instrumento notarial que al efecto exhiben, el cual les fue otorgado por el plazo de siete meses a partir del veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Atento al contenido del ocurso de cuenta, se tiene al tercero interesado apersonado en este juicio y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia de ley. Asimismo, se le tiene señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que Gerardo Jesús Sereno Arriaga y José de Jesús Pedro Alonzo gozarán de la amplitud de facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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