Blanca Estela Cárdenas Tamayo

Expediente 466/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
466/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
29/07/2015

Partes del expediente

  • Blanca Estela Cárdenas Tamayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiuno de julio de dos mil quince, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; transcurrió sin que hubiese hecho uso de ese derecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) De las constancias que corren agregadas a los autos se advierte que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Blanca Estela Cárdenas Tamayo, fue para el efecto de que el Fiscal responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, únicamente por lo que se refiere a las pruebas que aquí fueron analizadas y, en su lugar, dictara otra en la que acordara de conformidad el ofrecimiento realizado por la quejosa y recibiera las referidas probanzas. b) Por acuerdo de quince de julio de la presente anualidad, se declaró la firmeza de la sentencia y se procedió a requerir a la responsable para que diera cumplimiento. c) Mediante oficio de diecisiete de los actuales, el Agente del Ministerio Público 8 de la Unidad de Investigación de Tramitación Común Zona "A", con residencia en esta ciudad, allegó copia certificada de la determinación emitida en la misma fecha en la averiguación previa 4946/2015, de su índice. d) Con motivo de lo anterior, el veintiuno de julio pasado, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora del examen de las constancias remitidas por la responsable, las cuales de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada y siguiendo los lineamientos tazados en la ejecutoria de amparo, dictó una nueva en el que se pronunció respecto a las probanzas ofrecidas por la aquí quejosa en la averiguación previa, por lo que: Ordenó girar citatorio a Alfonso Aboytes Figueroa, para que exhibiera la documental con la cual acreditara la posesión desde hacía veintidós años, del inmueble ubicado en calle Jaime Nunó número 108, en la colonia Barrio de la Resurrección de esta ciudad; Giró oficio al Juez Primero Civil de esta ciudad, para solicitarle copias certificadas del juicio civil 116/2010 de su índice; y, Envió oficio al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de esta ciudad, para que investigara sobre los vecinos o testigos de Alfonso Aboytes Figueroa, en cuanto a si estaban dispuestos a testificar en el juicio civil 453/2015, del índice de Juzgado Quinto Civil de Partido residente en esta ciudad. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que es claro que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración de este Juzgado, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiuno de julio de dos mil quince, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; transcurrió sin que hubiese hecho uso de ese derecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) De las constancias que corren agregadas a los autos se advierte que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Blanca Estela Cárdenas Tamayo, fue para el efecto de que el Fiscal responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, únicamente por lo que se refiere a las pruebas que aquí fueron analizadas y, en su lugar, dictara otra en la que acordara de conformidad el ofrecimiento realizado por la quejosa y recibiera las referidas probanzas. b) Por acuerdo de quince de julio de la presente anualidad, se declaró la firmeza de la sentencia y se procedió a requerir a la responsable para que diera cumplimiento. c) Mediante oficio de diecisiete de los actuales, el Agente del Ministerio Público 8 de la Unidad de Investigación de Tramitación Común Zona "A", con residencia en esta ciudad, allegó copia certificada de la determinación emitida en la misma fecha en la averiguación previa 4946/2015, de su índice. d) Con motivo de lo anterior, el veintiuno de julio pasado, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora del examen de las constancias remitidas por la responsable, las cuales de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada y siguiendo los lineamientos tazados en la ejecutoria de amparo, dictó una nueva en el que se pronunció respecto a las probanzas ofrecidas por la aquí quejosa en la averiguación previa, por lo que: Ordenó girar citatorio a Alfonso Aboytes Figueroa, para que exhibiera la documental con la cual acreditara la posesión desde hacía veintidós años, del inmueble ubicado en calle Jaime Nunó número 108, en la colonia Barrio de la Resurrección de esta ciudad; Giró oficio al Juez Primero Civil de esta ciudad, para solicitarle copias certificadas del juicio civil 116/2010 de su índice; y, Envió oficio al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de esta ciudad, para que investigara sobre los vecinos o testigos de Alfonso Aboytes Figueroa, en cuanto a si estaban dispuestos a testificar en el juicio civil 453/2015, del índice de Juzgado Quinto Civil de Partido residente en esta ciudad. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que es claro que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración de este Juzgado, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público 8 de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente asunto; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la citada legislación, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a sus intereses convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad de Investigación de Tramitación Común Zona "A", con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele informando que requirió al Agente del Ministerio Público número 5, con sede en esta urbe, para que de inmediato dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio y remita las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que siguen vigentes los apercibimientos formulados mediante proveído de quince de julio del año en curso, toda vez que de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.9o.A. J/3 (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1380, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y sinopsis siguientes: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito."

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