Blanca Delia Carreño Camacho
Expediente 13/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Blanca Delia Carreño Camacho
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al que adjunta copia certificada del testimonio de veinticuatro de febrero pasado, pronunciado en el recurso de queja 11/2016, interpuesto por **********, en contra del auto de ocho de enero del año en curso, cuyo punto resolutivo siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja". En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la quejosa, en contra del proveído de ocho de enero del presente año.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa ********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene a la parte quejosa presentando recurso de queja contra el proveído de ocho de enero del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y de la resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó el ocho de los actuales, acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo promovida por *******.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 13/2016-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, establece que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho sustantivo de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Al respecto, debe agregarse debido a la naturaleza del juicio de donde emana el acto reclamado - como se verá más adelante - que los juicios sucesorios son procedimientos especiales que se distinguen de los ordinarios por su tramitación, los cuales se dividen en dos: - testamentarios, en los que existe testamento otorgado por el autor de la sucesión; y, - intestados, que se presentan, por ejemplo, cuando: a) no existe testamento; b) existe testamento pero este no abarca la totalidad de los bienes del de cujus, por lo que se tramitará respecto a éstos; c) el testamento otorgado por el autor de la sucesión es declarado nulo; d) las condiciones que impuso el autor de la sucesión al heredero en el testamento no son cumplidas; e) el heredero muere antes que el autor del testamento, o no es capaz de heredar; y f) el heredero no acepta la herencia. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada. Bajo dicha guisa, la legislación adjetiva civil estatal, en sus preceptos 585 a 589, establecen las cuatro etapas que conforman el juicio sucesorio, mismos que textualmente dicen: "ARTÍCULO 585. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. ARTÍCULO 586. La primera sección se llamará de sucesión, y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y acreedores, y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento o remoción de tutores; y V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. ARTÍCULO 587. La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que forme el albacea; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre el inventario y avalúo. ARTÍCULO 588. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; Las cuentas, su glosa y calificación; III. (Fracción Derogada. P.O. 13 de agosto de 2004) ARTÍCULO 589. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes." De lo anterior, resulta válido destacar que: La fase de sucesión, comprende la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o, declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores; La de inventarios y avalúos, se concentra en todo lo relativo a los bienes de la sucesión, comenzando por el inventario provisional en el caso de que no se presenten los interesados o albaceas y se haya nombrado un interventor judicial, siguiendo con los inventarios y avalúos definitivos y todos los incidentes que al respecto se promuevan; La de administración, debe contener las cuentas de la administración de los bienes hereditarios realizadas por el albacea, los incidentes de inconformidad promovidos por los interesados; y La partición, aquí se formula el proyecto de distribución provisional del acervo hereditario, el concerniente a la partición de los bienes; así como los incidentes que se promuevan en torno a los proyectos anteriores y, las resoluciones que recaigan a éstos. Por ello, el juicio sucesorio -como se dijo- se considera de carácter especial, dada la diferenciación que existe con los ordinarios, por la peculiaridad de su tramitación. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de la demanda que se provee, los cuales son: El veintisiete de diciembre de dos mil tres se dio apertura al juicio sucesorio testamentario a bienes de ******, el cual se radicó con el número de expediente 378/2004 del índice del Juzgado Mixto de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato. En nueve de diciembre de dos mil cuatro, tuvo verificativo la lectura de testamento, en el que se le nombró como albacea a ******. Mediante interlocutoria de veintiuno de junio de dos mil siete fue removido del cargo de albacea *****. El diez de febrero de dos mil once, se designó como albacea de la sucesión a *****. Posteriormente, el Juez Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, se excusó del conocimiento del referido juicio testamentario, turnándosele entonces al Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, quedando registrado bajo el número 229/2013. Así las cosas, el Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad se excusó de conocer del sucesorio en comento, por lo que se turnó el expediente al Juzgado Tercero Civil de Partido de esta urbe, donde se radicó con el número C57/2015, en el cual mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil quince, se tuvo a ***** en su carácter de albacea, rindiendo cuenta anual del periodo 2013-2014. Inconforme con lo anterior la aquí quejosa *****, promovió incidente de oposición a la cuenta anual rendida por la albacea ******, el cual se declaró improcedente mediante resolución de diez de agosto de dos mil quince. En contra la determinación anterior, la quejosa ******* interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, donde mediante fallo de veintisiete de noviembre pasado se confirmó la interlocutoria impugnada; resolución que constituye el acto reclamado. Como puede verse, el acto tildado de inconstitucional en el presente juicio de amparo: Fue dictado dentro de la tercera etapa del juicio sucesorio testamentario de referencia; No tiene por objeto dar por concluida dicha fase; y, No afecta derecho sustantivo alguno de la parte quejosa. En esa tesitura, dicho acto reclamado no constituye un acto en la tercera fase de dicho sucesorio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin a la tercera etapa del juicio sucesorio de origen, si éstas son favorables a los intereses de la accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuestos a los mismos, pueden reclamarlos por el medio ordinario legal de defensa que le otorgue la ley de la materia para impugnarla. Cobra aplicación a lo dicho la jurisprudencia VI.3o. J/20, emitida por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, materia (s) común, de epígrafe y texto: "SUCESIONES,VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario David Montes Esparza Farías, al contar con cédula profesional 2604985 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a las demás personas por no encontrarse en el supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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