Blanca Estela Cardenas Tamayo
Expediente 317/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Blanca Estela Cardenas Tamayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles, concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por la jueza Cuarto Penal de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato, lo cual le fue notificado el seis de diciembre último, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento del auto de referencia, y conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, con base en las constancias que obran en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En esas condiciones, se tiene que el quince de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa. Inconforme con dicha determinación la quejosa ***, interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, quien en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, pronunció la resolución ejecutoria correspondiente, dentro del amparo en revisión penal número *** de su índice, por unanimidad de votos de los magistrados integrantes de dicho tribunal. Cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Con la precisión señalada en esta ejecutoria se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO. Se concede el amparo y protección de la justicia federal en el juicio de amparo 317/2018, del índice del jugado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, promovido por ***." En cumplimiento a la determinación pronunciada por la superioridad, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, este juzgado de Distrito, requirió al juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, a fin de que diera cumplimento a la misma, aclarando que dicha responsable, debería realizar el cumplimiento en los siguientes términos: 1. Dejar sin efecto el proveído de dos de abril de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal ***; y, 2. Dicte otro en el que con libertad de jurisdicción debidamente motivado y fundado, provea lo relativo a la fijación de la garantía de la reparación del daño a efecto de que la quejosa goce de la libertad provisional." INFORME DE CUMPLIMIENTO. En atención a lo anterior, la jueza del Juzgado Cuarto Penal de Partido, con sede en esta ciudad, remitió el oficio registrado bajo el número 9311, adjuntado una copia del proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciado en el proceso penal número 86/2015 instruido en contra de la aquí quejosa, informando lo siguiente: ".En mérito de lo anterior y conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo y toda vez que la Justicia de la Unión amparó y protegió a Blanca Estela Cárdenas Tamayo contra el acto emitido por esta autoridad, para el efecto de que este juzgado Cuarto Penal de Partido, deje sin efecto el proveído de fecha 02 dos de Abril del 2018 dos mi dieciocho, para emitir otro debidamente fundado y motivado en donde se provea lo relativo a la fijación de la garantía de la reparación del daño al efecto de que la inculpada goce de la libertad provisional. En esa tesitura, SE DEJA INSUBISTENTE el auto de fecha 02 dos de Abril del 2018 dos mil dieciocho, para en plenitud de jurisdicción dictar otro debidamente motivado y fundado para prever lo relativo a la fijación de la garantía de la reparación del daño, a efecto que *** goce de la libertad provisional. Por lo que en atención a la petición formulada por la inculpada Blanca Estela Cárdenas Tamayo en el sentido de que se le fije caución, a fin de que pueda disfrutar de su libertad provisional es por lo que resulta necesario hacer las siguientes precisiones: Debe decirse que el artículo 387 (trescientos ochenta y siete) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, señala que para que un encausado pueda gozar de su libertad provisional bajo caución, se deben reunir los siguientes requisitos: I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. II. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que la ley establece en razón del proceso; y III. Que no se trate de algunos de los delitos señalados como graves contemplados en el artículo 11 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. IV. En la presente causa penal, en torno a las referidas fracciones I y II, es de precisar que tales garantías podrían consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda o hipoteca formalmente constituida. En ese contexto, este juzgado estima procedente señalar a la inculpada ***, la cantidad de *** para garantizar su libertad personal y el cumplimiento de sus obligaciones procesales a su cargo; así como no se le fija cantidad alguna por concepto de reparación del daño por lo siguiente: En primer término y por lo correspondiente a su libertad personal, se fija en ese quantum porque se toma en consideración la gravedad y las circunstancias del delito que se le imputa y la demás condiciones que se prevén en el artículo 390 (trescientos noventa). Por lo que hace a la reparación del daño, no se fija caución alguna en atención a que el presente delito no de naturaleza patrimonial." Por lo anteriormente expuesto, dígasele a la inculpada de mérito que tiene el derecho de gozar de su libertad provisional bajo caución, siempre y cuando exhiba la cantidad precisada, acorde a los artículos 387 (trescientos ochenta y siete) 390 (trescientos noventa ) y 391 (trecientos noventa y uno) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato." (fojas 127 a 129). ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. De lo anterior, se encuentra acreditado fehacientemente que el juez responsable dio cumplimiento en los términos precisados, toda vez que dejó insubsistente el proveído de dos de abril de dos mil dieciocho y siguiendo los lineamientos establecidos por la superioridad el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, pronunció otra determinación en la cual le fijó a la inculpada aquí quejosa, una caución, por la suma de *** para garantizar su libertad personal y el cumplimiento de sus obligaciones procesales a su cargo, siempre y cuando exhiba la cantidad precisada. Por ende, conforme al numeral 196 , de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. EXPEDIENTE ES DEPURABLE. Toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, misma que fue confirmada por la superioridad, quien precisó los efectos de la sentencia, se hace constar que el presente expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE ES DESTRUIBLE. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, toda vez que en el presente asunto aparece que le fue negada la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, glósese el original del cuaderno incidental para mejor resguardo al presente expediente. DUPLICADO DEL INCIDENTE DESTRUIBLE. Finalmente, atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de catorce de diciembre actual, que en lo conducente dice: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles, concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por la jueza Cuarto Penal de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato, lo cual le fue notificado el seis de diciembre último, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento del auto de referencia, y conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, con base en las constancias que obran en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En esas condiciones, se tiene que el quince de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa. Inconforme con dicha determinación la quejosa ***, interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, quien en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, pronunció la resolución ejecutoria correspondiente, dentro del amparo en revisión penal número *** de su índice, por unanimidad de votos de los magistrados integrantes de dicho tribunal. Cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Con la precisión señalada en esta ejecutoria se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO. Se concede el amparo y protección de la justicia federal en el juicio de amparo 317/2018, del índice del jugado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, promovido por ***." En cumplimiento a la determinación pronunciada por la superioridad, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, este juzgado de Distrito, requirió al juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, a fin de que diera cumplimento a la misma, aclarando que dicha responsable, debería realizar el cumplimiento en los siguientes términos: 1. Dejar sin efecto el proveído de dos de abril de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal ***; y, 2. Dicte otro en el que con libertad de jurisdicción debidamente motivado y fundado, provea lo relativo a la fijación de la garantía de la reparación del daño a efecto de que la quejosa goce de la libertad provisional." INFORME DE CUMPLIMIENTO. En atención a lo anterior, la jueza del Juzgado Cuarto Penal de Partido, con sede en esta ciudad, remitió el oficio registrado bajo el número 9311, adjuntado una copia del proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciado en el proceso penal número 86/2015 instruido en contra de la aquí quejosa, informando lo siguiente: ".En mérito de lo anterior y conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo y toda vez que la Justicia de la Unión amparó y protegió a Blanca Estela Cárdenas Tamayo contra el acto emitido por esta autoridad, para el efecto de que este juzgado Cuarto Penal de Partido, deje sin efecto el proveído de fecha 02 dos de Abril del 2018 dos mi dieciocho, para emitir otro debidamente fundado y motivado en donde se provea lo relativo a la fijación de la garantía de la reparación del daño al efecto de que la inculpada goce de la libertad provisional. En esa tesitura, SE DEJA INSUBISTENTE el auto de fecha 02 dos de Abril del 2018 dos mil dieciocho, para en plenitud de jurisdicción dictar otro debidamente motivado y fundado para prever lo relativo a la fijación de la garantía de la reparación del daño, a efecto que *** goce de la libertad provisional. Por lo que en atención a la petición formulada por la inculpada Blanca Estela Cárdenas Tamayo en el sentido de que se le fije caución, a fin de que pueda disfrutar de su libertad provisional es por lo que resulta necesario hacer las siguientes precisiones: Debe decirse que el artículo 387 (trescientos ochenta y siete) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, señala que para que un encausado pueda gozar de su libertad provisional bajo caución, se deben reunir los siguientes requisitos: I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. II. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que la ley establece en razón del proceso; y III. Que no se trate de algunos de los delitos señalados como graves contemplados en el artículo 11 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. IV. En la presente causa penal, en torno a las referidas fracciones I y II, es de precisar que tales garantías podrían consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda o hipoteca formalmente constituida. En ese contexto, este juzgado estima procedente señalar a la inculpada ***, la cantidad de *** para garantizar su libertad personal y el cumplimiento de sus obligaciones procesales a su cargo; así como no se le fija cantidad alguna por concepto de reparación del daño por lo siguiente: En primer término y por lo correspondiente a su libertad personal, se fija en ese quantum porque se toma en consideración la gravedad y las circunstancias del delito que se le imputa y la demás condiciones que se prevén en el artículo 390 (trescientos noventa). Por lo que hace a la reparación del daño, no se fija caución alguna en atención a que el presente delito no de naturaleza patrimonial." Por lo anteriormente expuesto, dígasele a la inculpada de mérito que tiene el derecho de gozar de su libertad provisional bajo caución, siempre y cuando exhiba la cantidad precisada, acorde a los artículos 387 (trescientos ochenta y siete) 390 (trescientos noventa ) y 391 (trecientos noventa y uno) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato." (fojas 127 a 129). ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. De lo anterior, se encuentra acreditado fehacientemente que el juez responsable dio cumplimiento en los términos precisados, toda vez que dejó insubsistente el proveído de dos de abril de dos mil dieciocho y siguiendo los lineamientos establecidos por la superioridad el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, pronunció otra determinación en la cual le fijó a la inculpada aquí quejosa, una caución, por la suma de *** para garantizar su libertad personal y el cumplimiento de sus obligaciones procesales a su cargo, siempre y cuando exhiba la cantidad precisada. Por ende, conforme al numeral 196 , de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. EXPEDIENTE ES DEPURABLE. Toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, misma que fue confirmada por la superioridad, quien precisó los efectos de la sentencia, se hace constar que el presente expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE ES DESTRUIBLE. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, toda vez que en el presente asunto aparece que le fue negada la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, glósese el original del cuaderno incidental para mejor resguardo al presente expediente. DUPLICADO DEL INCIDENTE DESTRUIBLE. Finalmente, atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.
- Principal
INFORME DE CUMPLIMIENTO. Por recibido el oficio firmado por la jueza del Juzgado Cuarto Penal de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Por tanto, previamente a tener o no a la referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante.
- Principal
RECEPCIÓN DE TESTIMONIO. Por recibido el oficio firmado por el licenciado ***, secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 317/2018-II.2 del índice de este juzgado federal, promovido por la quejosa ***; así como cinco tomos de pruebas relativos a dicho expediente, adjuntado además copia certificada de la resolución ejecutoria emitida el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión penal número **** de su índice, por unanimidad de votos de los magistrados integrantes del tribunal colegiado oficiante. Cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Con la precisión señalada en esta ejecutoria se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO. Se concede el amparo y protección de la justicia federal en el juicio de amparo 317/2018, del índice del jugado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, promovido por ****." Acúsese recibo de estilo a la superioridad, glósese el cuadernillo de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro correspondiente y notifíquese a las autoridades responsables en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual se les envía copia del testimonio emitido por la superioridad. Ahora bien, toda vez que la superioridad confirmó la sentencia de quince de mayo de dos mil dieciocho, pronunciada por este juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ***, aunque aclarando que el juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efecto el proveído de dos de abril de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 86/2015; y, 2. Dicte otro en el que con libertad de jurisdicción debidamente motivado y fundado, provea lo relativo a la fijación de la garantía de la reparación del daño a efecto de que la quejosa goce de la libertad provisional." REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Por tanto, en acatamiento a la determinación emitida por la superioridad, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase al juez Cuarto Penal de Partido, con sede en Celaya, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia pronunciada por este tribunal federal, confirmada por la superioridad, con la precisión indicada. Y hecho lo anterior, remita a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se le impondrá una multa que se determinará desde luego; aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia. NO TIENE SUPERIOR JERÁRQUICO. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, toda vez que al actuar esta con plenitud de jurisdicción y autonomía, no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTALES A JUEZ RESPONSABLE. Por último, toda vez que resulta innecesaria la retención de las documentales remitidas por la Jueza de Partido Cuarto Penal, con sede en Celaya, Guanajuato, consistentes en copia certificada del proceso penal número *** de su índice, constantes de cinco tomos de pruebas, mismos que se ordena devolver a su lugar de origen, ordenándose glosar al presente expediente las carátulas respectivas, para los fines legales conducentes. Se le solicita a dicha autoridad, el acuse de recibo correspondiente.
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