BLANCA ELVIRA JIMENEZ GAMIÑO y Otros.

Expediente 236/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
236/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • BLANCA ELVIRA JIMENEZ GAMIÑO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a las impetrantes del amparo ***, por su propio derecho, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo y en la Tesis de Jurisprudencia de datos de localización y rubro siguiente: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a/J 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante escrito recibido el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de la Federación, ***, por su propio derecho, promovieron demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial de Gobierno del Estado, todos con residencia en la ciudad de Guanajuato, así como Tesorera Municipal de Celaya, todos del Estado de Guanajuato; por violaciones a las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 16, 31 fracción IV, 103 fracción I y 115 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos que describieron de la forma siguiente: IV.- Actos reclamados: a). De las ordenadoras: 1.- Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, reclamo el Decreto número 279, que contiene la LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018, en lo que respecta al artículo 7, que comprende la manera en que se causará y liquidará el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles que, después de ser sancionado por el Gobernador del Estado y refrendado por el Secretario General del Gobierno, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de fecha 26 de diciembre de 2017. 2.- Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato reclamo la sanción y publicación, con efectos promulgatorios, de la referida LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018, difundida mediante el citado decreto número 279. 3.- Del Secretario General de Gobierno reclamo el refrendo que hizo de la LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018. b) De las ejecutoras: 1.- Del Director del Periódico Oficial del Estado reclamo la publicación que, en fecha 26 de diciembre de 2017, hizo de la LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018. 2.- De la Tesorería Municipal del municipio de Celaya, Guanajuato reclamo la recaudación y/o cobro, en su carácter de organismo y/o entidad administradora del monto de lo recaudado por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, cuyo precepto que regula su generación y liquidación, se tilda de inconstitucional. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (f. 26-27), se admitió a trámite la demanda promovida y substanciado que fue el procedimiento en todas sus partes, el veintidós de mayo del apuntado año (f. 97-115), se emitió la sentencia respectiva en la que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En auto de veinte de noviembre de dos mil dieciocho (f. 231), se recibió el oficio número P.B. 877, por el cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, remitió testimonio de la resolución emitida el treinta y uno de octubre de la citada anualidad, al resolver el amparo en revisión administrativo número 142/2018, en la cual se revocó la sentencia recurrida; y en acatamiento a la resolución de Alzada, entre otros aspectos, se ordenó reponer el procedimiento, se mandó notificar personalmente a la parte quejosa el contenido del informe justificado y anexos rendido por la Tesorera Municipal de Celaya, y se previno a la parte quejosa para que en el plazo legal correspondiente, en relación con el acto y datos contenidos en el aludido informe, ampliara su demanda de amparo. Asimismo, en auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (f. 248-249), previo cumplimiento a la indicada prevención, se amplió la demanda de amparo y se tuvo como autoridad responsable al Encargado del Despacho de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del Municipio de Celaya, Guanajuato; y el doce de febrero de dos mil diecinueve (f. 293-320), se emitió la sentencia respectiva en la que por una parte sobreseyó, por otra negó el amparo y en otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en los términos siguientes. Por todo ello, al haberse puesto de manifiesto que en contra de la parte quejosa en el acto concreto de aplicación y cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles existe violación de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 primer párrafo, primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para que la autoridad responsable Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato, lisa y llanamente deje insubsistentes las facturas 43767 y 43765, ambas de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, expedidas la primera a favor de ***, y la segunda a favor de ***; con lo cual quedaría cumplido el amparo y restituida la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que al acto concreto de aplicación que se reclamó a la mencionada autoridad responsable se refiere. Así también, la protección Constitucional se concede para que la autoridad responsable Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, lisa y llanamente deje insubsistente el acto que se le reclamó consistente en el cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, relativo a la cuenta ***, realizado el trece de febrero de dos mil dieciocho, en el que aplicó la tasa del 0.002000; con lo que de igual forma, se tendría por cumplido el amparo y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que a dicho acto reclamado y autoridad responsable se refiere. Lo anterior sin perjuicio de que cada una de las autoridades responsables mencionadas, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, de estimarlo procedente, calculen y cobren el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a las quejosas derivado de la adquisición del inmueble a que se refiere la escritura 5113 de treinta de enero de dos mil dieciocho; es decir, realicen una nueva liquidación respecto del referido impuesto, en razón de que la concesión del amparo no exime a las quejosas del pago del aludido impuesto; en el entendido de que, en la nueva liquidación pueda actualizarse la hipótesis de la compensación, caso en el que de existir saldo y/o remanente a favor de las quejosas, sea puesto a su disposición por la Tesorera responsable; liquidación en la que en todo caso, deberá atenderse lo establecido por el artículo 16 primer párrafo, primera parte de la Carta Magna; esto es, por escrito en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Posteriormente, mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (f. 332), se declaró que la sentencia emitida causó ejecutoria; por tanto, se procedió a requerir su cumplimiento. En atención a ello, mediante oficio registrado con el folio 2071 (f. 337-338), la Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato, en cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo, adjuntó, constancia de ocho de marzo de dos mil diecinueve (f. 339), suscrita por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esa misma sede, en la que dejó sin efectos el cálculo y cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, cobrado el trece de febrero de dos mil dieciocho y pagado mediante facturas 43767 y 43765, ambas de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho; así como oficio DIIC-361/2019 de ocho de marzo de dos mil diecinueve (f. 340-342), suscrito por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, que contiene la determinación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles respecto de la cuenta predial ***; y oficio 281.TMDI.2019 de siete de marzo de dos mil diecinueve (f. 343), firmado por el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, por el que informó al Director de Impuestos Inmobiliarios, que se envió solicitud de cancelación de las facturas 43767 y 43765 por medio de buzón tributario. Mediante auto de doce de marzo de dos mil diecinueve (f. 354), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, término que ha transcurrido de acuerdo con la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación. En suma, si la protección constitucional fue otorgada para el efecto de que la Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato, dejara insubsistente las facturas 43767 y 43765, ambas de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, y por su parte el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esa misma sede, dejara insubsistente el cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, respecto de la cuenta **, realizado el trece de febrero, en el que se aplicó la tasa 0.002000; y al respecto, existe constancia en autos que se dejaron insubsistentes las indicadas facturas, así como el cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles relacionado con la aludida cuenta; se arriba a la conclusión de que la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por los razonamientos expuestos, ESTÁ CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a/J 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Comuníquese lo anterior a las partes, así como a la Presidenta Municipal de Celaya, Guanajuato, autoridad en su oportunidad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y por tratarse de un asunto totalmente concluido, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 202 primer párrafo, en relación con el diverso numeral 201 fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en términos artículo 196 tercer y cuarto párrafos, del citado ordenamiento legal; previas las anotaciones respectivas en el libro de control. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio por una parte se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Por último, requiérase a la parte quejosa para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Decimoprimero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltas las documentales y memoria USB que se adjuntaron a la demanda de amparo, previa copia simple que de las documentales exhiba, para el cotejo correspondiente, conforme al numeral 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En la inteligencia que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos y memoria USB seguirán la suerte del presente expediente.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintidós de marzo actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a las impetrantes del amparo ***, por su propio derecho, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo y en la Tesis de Jurisprudencia de datos de localización y rubro siguiente: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a/J 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante escrito recibido el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de la Federación, ***, por su propio derecho, promovieron demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial de Gobierno del Estado, todos con residencia en la ciudad de Guanajuato, así como Tesorera Municipal de Celaya, todos del Estado de Guanajuato; por violaciones a las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 16, 31 fracción IV, 103 fracción I y 115 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos que describieron de la forma siguiente: IV.- Actos reclamados: a). De las ordenadoras: 1.- Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, reclamo el Decreto número 279, que contiene la LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018, en lo que respecta al artículo 7, que comprende la manera en que se causará y liquidará el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles que, después de ser sancionado por el Gobernador del Estado y refrendado por el Secretario General del Gobierno, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de fecha 26 de diciembre de 2017. 2.- Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato reclamo la sanción y publicación, con efectos promulgatorios, de la referida LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018, difundida mediante el citado decreto número 279. 3.- Del Secretario General de Gobierno reclamo el refrendo que hizo de la LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018. b) De las ejecutoras: 1.- Del Director del Periódico Oficial del Estado reclamo la publicación que, en fecha 26 de diciembre de 2017, hizo de la LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018. 2.- De la Tesorería Municipal del municipio de Celaya, Guanajuato reclamo la recaudación y/o cobro, en su carácter de organismo y/o entidad administradora del monto de lo recaudado por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, cuyo precepto que regula su generación y liquidación, se tilda de inconstitucional. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (f. 26-27), se admitió a trámite la demanda promovida y substanciado que fue el procedimiento en todas sus partes, el veintidós de mayo del apuntado año (f. 97-115), se emitió la sentencia respectiva en la que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En auto de veinte de noviembre de dos mil dieciocho (f. 231), se recibió el oficio número P.B. 877, por el cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, remitió testimonio de la resolución emitida el treinta y uno de octubre de la citada anualidad, al resolver el amparo en revisión administrativo número 142/2018, en la cual se revocó la sentencia recurrida; y en acatamiento a la resolución de Alzada, entre otros aspectos, se ordenó reponer el procedimiento, se mandó notificar personalmente a la parte quejosa el contenido del informe justificado y anexos rendido por la Tesorera Municipal de Celaya, y se previno a la parte quejosa para que en el plazo legal correspondiente, en relación con el acto y datos contenidos en el aludido informe, ampliara su demanda de amparo. Asimismo, en auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (f. 248-249), previo cumplimiento a la indicada prevención, se amplió la demanda de amparo y se tuvo como autoridad responsable al Encargado del Despacho de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del Municipio de Celaya, Guanajuato; y el doce de febrero de dos mil diecinueve (f. 293-320), se emitió la sentencia respectiva en la que por una parte sobreseyó, por otra negó el amparo y en otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en los términos siguientes. Por todo ello, al haberse puesto de manifiesto que en contra de la parte quejosa en el acto concreto de aplicación y cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles existe violación de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 primer párrafo, primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para que la autoridad responsable Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato, lisa y llanamente deje insubsistentes las facturas 43767 y 43765, ambas de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, expedidas la primera a favor de ***, y la segunda a favor de ***; con lo cual quedaría cumplido el amparo y restituida la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que al acto concreto de aplicación que se reclamó a la mencionada autoridad responsable se refiere. Así también, la protección Constitucional se concede para que la autoridad responsable Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, lisa y llanamente deje insubsistente el acto que se le reclamó consistente en el cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, relativo a la cuenta ***, realizado el trece de febrero de dos mil dieciocho, en el que aplicó la tasa del 0.002000; con lo que de igual forma, se tendría por cumplido el amparo y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que a dicho acto reclamado y autoridad responsable se refiere. Lo anterior sin perjuicio de que cada una de las autoridades responsables mencionadas, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, de estimarlo procedente, calculen y cobren el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a las quejosas derivado de la adquisición del inmueble a que se refiere la escritura 5113 de treinta de enero de dos mil dieciocho; es decir, realicen una nueva liquidación respecto del referido impuesto, en razón de que la concesión del amparo no exime a las quejosas del pago del aludido impuesto; en el entendido de que, en la nueva liquidación pueda actualizarse la hipótesis de la compensación, caso en el que de existir saldo y/o remanente a favor de las quejosas, sea puesto a su disposición por la Tesorera responsable; liquidación en la que en todo caso, deberá atenderse lo establecido por el artículo 16 primer párrafo, primera parte de la Carta Magna; esto es, por escrito en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Posteriormente, mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (f. 332), se declaró que la sentencia emitida causó ejecutoria; por tanto, se procedió a requerir su cumplimiento. En atención a ello, mediante oficio registrado con el folio 2071 (f. 337-338), la Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato, en cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo, adjuntó, constancia de ocho de marzo de dos mil diecinueve (f. 339), suscrita por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esa misma sede, en la que dejó sin efectos el cálculo y cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, cobrado el trece de febrero de dos mil dieciocho y pagado mediante facturas 43767 y 43765, ambas de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho; así como oficio DIIC-361/2019 de ocho de marzo de dos mil diecinueve (f. 340-342), suscrito por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, que contiene la determinación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles respecto de la cuenta predial ***; y oficio 281.TMDI.2019 de siete de marzo de dos mil diecinueve (f. 343), firmado por el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, por el que informó al Director de Impuestos Inmobiliarios, que se envió solicitud de cancelación de las facturas 43767 y 43765 por medio de buzón tributario. Mediante auto de doce de marzo de dos mil diecinueve (f. 354), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, término que ha transcurrido de acuerdo con la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación. En suma, si la protección constitucional fue otorgada para el efecto de que la Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato, dejara insubsistente las facturas 43767 y 43765, ambas de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, y por su parte el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esa misma sede, dejara insubsistente el cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, respecto de la cuenta **, realizado el trece de febrero, en el que se aplicó la tasa 0.002000; y al respecto, existe constancia en autos que se dejaron insubsistentes las indicadas facturas, así como el cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles relacionado con la aludida cuenta; se arriba a la conclusión de que la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por los razonamientos expuestos, ESTÁ CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a/J 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Comuníquese lo anterior a las partes, así como a la Presidenta Municipal de Celaya, Guanajuato, autoridad en su oportunidad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y por tratarse de un asunto totalmente concluido, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 202 primer párrafo, en relación con el diverso numeral 201 fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en términos artículo 196 tercer y cuarto párrafos, del citado ordenamiento legal; previas las anotaciones respectivas en el libro de control. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio por una parte se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Por último, requiérase a la parte quejosa para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Decimoprimero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltas las documentales y memoria USB que se adjuntaron a la demanda de amparo, previa copia simple que de las documentales exhiba, para el cotejo correspondiente, conforme al numeral 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En la inteligencia que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos y memoria USB seguirán la suerte del presente expediente.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio sin número, registrado con el folio 2071, firmado por la Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato, por el cual rinde informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Por tanto, previamente a tener o no a las autoridades responsables Tesorera Municipal y Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos de Celaya, Guanajuato, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos su legal notificación, manifieste lo que a su interés convenga. Por otra parte, glósese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio sin número, registrado con el folio 2048, firmado por la Presidenta Municipal de Celaya, Guanajuato, por el que realiza las manifestaciones a que se contrae el comunicado que se recibe, y remite por la misma vía, copia de los oficios 330/2019 y 331/2019, dirigidos a la Tesorera Municipal y Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos de Celaya, Guanajuato, por los que ordena a sus destinatarios den cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución pronunciada el doce de febrero de dos mil diecinueve (f. 293-320), que por una parte sobreseyó, por otra negó el amparo y por otra concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria. Ahora bien, la sentencia de referencia concedió la protección constitucional solicitada en los términos siguientes: Por todo ello, al haberse puesto de manifiesto que en contra de la parte quejosa en el acto concreto de aplicación y cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles existe violación de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 primer párrafo, primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para que la autoridad responsable Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato, lisa y llanamente deje insubsistentes las facturas 43767 y 43765, ambas de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, expedidas la primera a favor de ***, y la segunda a favor de ***; con lo cual quedaría cumplido el amparo y restituida la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que al acto concreto de aplicación que se reclamó a la mencionada autoridad responsable se refiere. Así también, la protección Constitucional se concede para que la autoridad responsable Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, lisa y llanamente deje insubsistente el acto que se le reclamó consistente en el cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, relativo a la cuenta US001295001, realizado el trece de febrero de dos mil dieciocho, en el que aplicó la tasa del 0.002000; con lo que de igual forma, se tendría por cumplido el amparo y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que a dicho acto reclamado y autoridad responsable se refiere. Lo anterior sin perjuicio de que cada una de las autoridades responsables mencionadas, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, de estimarlo procedente, calculen y cobren el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a las quejosas derivado de la adquisición del inmueble a que se refiere la escritura 5113 de treinta de enero de dos mil dieciocho; es decir, realicen una nueva liquidación respecto del referido impuesto, en razón de que la concesión del amparo no exime a las quejosas del pago del aludido impuesto; en el entendido de que, en la nueva liquidación pueda actualizarse la hipótesis de la compensación, caso en el que de existir saldo y/o remanente a favor de las quejosas, sea puesto a su disposición por la Tesorera responsable; liquidación en la que en todo caso, deberá atenderse lo establecido por el artículo 16 primer párrafo, primera parte de la Carta Magna; esto es, por escrito en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Tesorera Municipal y Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos de Celaya, Guanajuato, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que reciban el oficio de notificación correspondiente den cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo en los términos indicados y remitan constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos indicados dentro del plazo concedido; o no exponer el motivo legal que le impida hacerlo, se impondrá una multa desde luego y de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que continúe el trámite de la inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y su consignación de la autoridad contumaz. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar y requerir al Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables Tesorera Municipal y Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, de esa misma sede, para que ordene a éstas cumplan con la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en la Ley de Amparo; y además, incurrirá en las mismas responsabilidad de las autoridades responsables.

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