Blanca Elizabeth Flores Velázquez

Expediente 143/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
143/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Blanca Elizabeth Flores Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el proveído de cinco de marzo del año en curso, en el que se desechó su demanda de amparo; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido y en su oportunidad remítase al área respectiva de este juzgado para su resguardo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Blanca Elizabeth Flores Velázquez, por derecho propio, contra un acto del Juez Quinto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que sigue es analizar la demanda de amparo para verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "(.) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que respecto del "(.) acuerdo pronunciado por la responsable el día cinco del mes de febrero del año en curso, por medio del cual se DESECHA DE PLANO el Incidente de Nulidad de Actuaciones presentado por la Suscrita en fecha veintinueve de enero de la presente anualidad, bajo el argumento de que resultaba ser notoriamente improcedente (.) Acuerdo éste que bajo protesta de decir verdad manifestó no ha sido notificado personalmente a la Suscrita, ostentándome sabedora de él a partir del día diez de febrero de la presente anualidad (.)"; se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Dentro de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Al efecto, se desprende que los requisitos para que se configure la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Como se señaló previamente, se advierte que la impetrante del amparo Blanca Elizabeth Flores Velázquez reclama el acuerdo de cinco de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario familiar, en que la parte quejosa hizo valer en vía de reconvención el pago y aseguramiento de diversas prestaciones de naturaleza económica derivadas de la relación paterno filial del actor principal - Carlos Valdéz Pérez - y demandado reconvencional, así como la perdida derivada de la patria potestad que éste ejerce respecto de su menor hijo de iniciales S.V.F., emitido por el Juez Quinto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el que se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la agraviada, bajo el argumento de ser notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua. Sin embargo, contra dicho acto la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario señalado en el artículo 226 del ordenamiento adjetivo estatal indicado en el párrafo que antecede, a saber, recurso de apelación, mismo que tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, se confirme, revoque o modifique; medio de impugnación que se tramitará en concordancia con lo referido por los numerales 484, fracción V, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 y 492, todos del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua. Los artículos precitados son del tenor literal siguiente: "Artículo 226. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal. Los que no guarden esa relación serán desechados de plano. La resolución que deseche un incidente será apelable, y la que le dé entrada es irrecurrible. "Artículo 484. La apelación procede en contra de resoluciones: Que pongan fin a la controversia o asunto; Que resuelvan sobre la revisión de medidas provisionales; Las interlocutorias y definitivas; En contra de las que resuelvan excepciones; y, Las demás previstas expresamente en este código. "Artículo 485. La apelación debe interponerse dentro de los seis días siguientes a la notificación, si se trata de sentencia definitiva y dentro de tres para los demás casos. En el escrito en el que se interponga la apelación deberá señalarse por el recurrente las constancias para integrar el testimonio correspondiente. Así mismo, en el auto en el que se admita el recurso, se dará vista a la contraria por el término de tres días para que indique las constancias de su parte, si dejare de hacerlo, se tendrá por perdido el respectivo derecho. "Artículo 486. La apelación solo procede en efecto devolutivo, con excepción de las salvedades previstas en este código. "Artículo 487. La apelación admitida en efecto devolutivo posibilita la ejecución de la resolución apelada. "Artículo 488. Si la sentencia es apelada se debe dejar en el juzgado copia certificada de ella y de las constancias necesarias para ejecutarla, y remitirse el expediente original al tribunal de alzada. "Artículo 489. Si se trata de apelación de un auto, el que la admita debe ordenar remitir al tribunal de alzada copia de dicho proveído, de sus notificaciones y de las constancias señaladas al interponer el recurso, adicionadas con las que señalen las demás partes, dentro de dos días; en todo caso el juzgado debe decidir sobre las constancias necesarias que integren el testimonio. "Artículo 490. Interpuesta oportunamente la apelación, el juzgado la debe admitir siempre que cumpla con los requisitos señalados en este capítulo. "Artículo 491. Interpuesta la apelación en tiempo hábil, el juzgado la admitirá sin substanciación alguna si procede legalmente, expresando el efecto en que la admite y emplazando a las partes para que comparezcan ante el tribunal de apelación. "Artículo 492. Recibidos en el tribunal de apelación los autos o las constancias, sin necesidad de vista o informes, decidirá dentro de los tres días siguientes sobre la admisión del recurso y la calificación del grado hecha por el juzgado de origen. (.)". Lo anterior es así, toda vez que la referida providencia -auto de cinco de febrero de dos mil veintiuno en que se tuvo por desechada de plano el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte quejosa -, es reclamable dentro de los tres días siguientes, de conformidad con el artículo 485 de la codificación legal en cita, al no tratarse de una sentencia definitiva. De lo expuesto, es dable concluir que el acuerdo reclamado en esta vía constitucional, es necesario controvertirlo para así obtener su revocación, nulificación o modificación; por lo que el perjudicado con tal providencia tiene la carga de agotar ese medio ordinario de defensa - recurso de apelación - previo al ejercicio de la acción de amparo. En conclusión, con fundamento en los numerales 62 y 113 todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Blanca Elizabeth Flores Velázquez, por su propio derecho. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por video llamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden, se hace conocimiento de las partes en este expediente que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado -5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx-. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Artículo 24, número cuatrocientos sesenta y siete, colonia Segunda Burócrata, de esta ciudad y designando como sus autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Óscar Olvera Galicia y Germán Mercado Reyes por contar con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que respecta al número telefónico 656 14310260, y el correo electrónico licgermen@gmail.com, ténganse únicamente como nueva forma de contacto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones I y IX del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre las partes y el personal jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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