Blanca Alicia Franco Terrazas

Expediente 196/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
196/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
24/12/2018

Partes del expediente

  • Blanca Alicia Franco Terrazas
  • Congreso del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, en su caso, manifestara si existía alguna inconformidad contra el auto de veintiocho de noviembre último, en el que se declaró cumplida la sentencia emitida en el juicio de garantías 196/2018-I, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 201, fracción I, de la citada ley; en consecuencia, se tiene por consentido el cumplimiento. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, con apoyo en lo previsto en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE 28 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR ESTAR ORDENADO EN AUTOS Visto el estado procesal en que se encuentra este juicio de amparo, se advierte que por auto de quince de los actuales, se tuvo por recibido el oficio signado por el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación, vía delegación de facultades, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, mediante el cual indicó que la quejosa recibió el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el cheque número 0006869 (por la cantidad de veintiocho mil quinientos pesos moneda nacional), a cargo de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por concepto del pago de los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho y anexó copia simple de tal título de crédito; con lo que se dio vista a la amparista por tres días, sin que a la fecha nada haya manifestado. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio en que se actúa, el fallo protector se encuentra o no cumplido, si la responsable incurrió o no en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la quejosa, en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En la sentencia dictada en autos, específicamente en el considerando sexto, se determinó el efecto de la protección constitucional a la quejosa Blanca Alicia Franco Terrazas, al señalarse lo siguiente: "SEXTO (.) Por todo lo anterior, como se adelantó, resulta fundado lo alegado por la parte quejosa, por lo que se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la presente sentencia determina los siguientes: Efectos del amparo La Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, por conducto de la Oficina de Recaudación de Rentas en ciudad Juárez, Chihuahua, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá hacer lo siguiente: 1) Cobrar a la accionante únicamente el 5% (cinco por ciento) de la tarifa total que señala el artículo impugnado, es decir, que sólo deberá pagar la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble, respecto de los certificados de pago con número de operación 1625252 y 1625230, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho; luego, 2) Aplicar porcentaje que corresponda al impuesto adicional universitario, con base en la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); y 3) Devolver a la quejosa, la parte que cubrió en exceso por tales conceptos, debidamente actualizada. Lo anterior, toda vez que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual la quejosa no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva. Es importante enfatizar que se consideró prudente que la autoridad registral le deberá cobrar a la contribuyente por el servicio solicitado, el 5% de la tarifa inicialmente establecida $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n), ya que el artículo decimocuarto, en relación con el numeral 14 del Capítulo IV, de la Tabla para el cobro de Derechos para el ejercicio Fiscal 2017, prevé un estímulo fiscal de hasta el 95% por ciento de la tarifa ordinaria, por dicho servicio. Motivo que pone en evidencia que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 5% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. Cabe precisar que para hacer efectivos los derechos derivados de la sentencia protectora, la accionante deberá ajustarse a la normatividad que rige los procedimientos para la devolución de contribuciones, con el beneficio de tener una declaratoria de inconstitucionalidad en su favor, que el fisco deberá reconocer, a riesgo de incumplir con una sentencia de amparo. Finalmente, no es obstáculo que por lo que ve a la oficina Recaudadora de Rentas de Ciudad Juárez, no fue llamada a juicio; ya que es dable vincularla al cumplimiento de lo resuelto en este fallo, pues al constatarse la intervención de una autoridad ajena al acto reclamado, pero que de alguna manera está dentro de sus funciones participar para el debido cumplimiento de las ejecutorias, es inconcuso que eso hace posible exigirle su cumplimiento, al ser éste de orden público. Así las cosas, este órgano judicial, en auto de diecinueve de julio último, causó ejecutoria al fallo protector y requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas del Gobierno del Estado de Chihuahua, con asiento en esta ciudad y Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, en su carácter de superior jerárquico, su cumplimiento. Precisado lo anterior, este órgano judicial procede a analizar si la sentencia que otorgó el amparo y protección de la justicia federal, se encuentra o no cumplida en los términos para los que fue concedida, si las responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. De acuerdo a los efectos de la ejecutoria de amparo y a lo informado por el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, se advierte que cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; es decir, a) cobró a la accionante únicamente el 5% (cinco por ciento) de la tarifa total que señala el artículo impugnado, es decir, que sólo pagó la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de cada inscripción traslativa de dominio de propiedad de los inmuebles, respecto de los certificados de pago con número de operación 1625252 y 1625230, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho; a) aplicó porcentaje que corresponda al impuesto adicional universitario, con base en la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); y c) devolvió a la quejosa, la parte que cubrió en exceso por tales conceptos, debidamente actualizada. De ahí que, en términos de lo preceptuado en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al advertirse que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable, se declara cumplida la ejecutoria de amparo; asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que dispone de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la quejosa el acuerdo de 15 de noviembre de 2018, por estar ordenado en autos y que dice: Agréguese el oficio firmado por el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal Vía Delegación de Facultades de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con asiento en Chihuahua, capital, mediante el cual informa que la quejosa recibió el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el cheque número 0006869, a cargo de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por concepto del pago de los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho; lo que justifica con la copia simple de tal título de crédito, el cual es anexado. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector de garantías; apercibida que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable.

  4. Principal

    En consecuencia, con el propósito de que este órgano judicial se encuentre en aptitud de determinar si el fallo protector se encuentra o no cumplido, si la responsable incurrió o no en exceso o defecto o si hay imposibilidad para ello; requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas del Gobierno del Estado de Chihuahua, con asiento en esta localidad, para que en el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación que se le haga del oficio que contenga transcrito este proveido, remita copia del cheque 0006869 e informe si a la fecha la amparista xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terrazas, lo ha recibido de conformidad o en su defecto indique la imposibilidad jurídica que haya tenido; lo que deberá acreditar con las constancias necesarias. Notifíquese.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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