Blanca Chuy Pérez Arce y Otros.

Expediente 609/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
609/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Blanca Chuy Pérez Arce y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 3. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 18, del acuerdo general en comento, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con el oficio signado por la Directora de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con residencia en la Ciudad de México, y anexo, que remite en alcance a la misiva ***, de quince de febrero de dos mil veintiuno, y anexa diversas constancias a fin de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, sin realizarse mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que el uno de marzo de dos mil veintiuno, se recibió dicha información y se proveyó lo conducente. Cúmplase.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con el oficio signado Directora de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con residencia en la Ciudad de México, y anexo, que remite el oficio ***, de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, y anexa diversas constancias a fin de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, sin realizarse mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que el diecisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido y se proveyó lo conducente. Cúmplase.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, residente en la Ciudad de México, que remite en vía de alcance al diverso ***, de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, y anexa diversas constancias a fin de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. No obstante, no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que el diecisiete de febrero del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la sentencia constitucional. Asimismo, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujo haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El veintidós de octubre de dos mil veinte, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Por oficio ***, recibido en este órgano jurisdiccional el treinta de octubre del año próximo pasado, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada del auto de ocho de octubre de dos mil veinte, con el cual adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.  En proveído de tres de noviembre de ese año, se tuvo por recibida la comunicación anterior, reservándose acordar sobre su contenido, hasta en tanto la sentencia de amparo quedara firme.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de quince de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria, y se dio visita a la parte quejosa, con el cumplimiento que dijo dar la autoridad responsable y sus anexos.  El doce de enero de dos mil veintiuno, la autorizada de la parte quejosa, realizó manifestaciones en las que objetó el cumplimiento dado por la responsable.  En veinte de enero de dos mil veintiuno, se determinó que con las constancias remitidas por las autoridad responsable, no se cumplió con cabalidad la sentencia concesoria de amparo, razón por la cual se requirió de nueva cuenta su cumplimiento.  Por oficio registrado con el folio 1715, la autoridad responsable remitió las constancias con las que adujo cumplir con la sentencia de amparo, por lo que auto de diecisiete de febrero del año en curso, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes por un término de tres días.  En auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidas las manifestaciones de la parte quejosa, en las que objetó el cumplimiento dado por la responsable. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintidós de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la la autoridad responsable 1. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con sede en la Ciudad de México, realizara lo siguiente: "a) De contestación congruente, por escrito y en breve término a la solicitud formulada por la quejosa el veintinueve de enero de dos mil veinte; y, b) Haga de su conocimiento el acuerdo o acuerdos que contengan la contestación relativa a dicho escrito, con la misma prontitud, en el domicilio que haya señalado para tal efecto." Sin que lo anterior implique que la responsable de mérito deba de resolver en determinado sentido, esto es, que se encuentre constreñida a proveer de conformidad a las pretensiones del quejoso, pues tal como ha sido puesto de relieve en párrafos que anteceden, la observancia del derecho de petición no tiene el alcance de que la autoridad provea en sentido favorable a los intereses del gobernado, sino únicamente que dé respuesta congruente a la solicitud, por lo que está en libertad de resolver de conformidad con el ordenamiento que resulta aplicable al caso. TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Ahora, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se recibió el oficio ***, suscrito por la Directora General de Asuntos Jurídicos, en representación de la autoridad responsable Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la Ciudad de México, al cual anexó copia certificada del acuerdo emitido el doce de febrero de dos mil veintiuno por el Comité Interdisciplinario Evaluador de la citada Comisión; por medio del cual -indica- se dio respuesta a la solicitud de la quejosa, presentada por escrito de veintinueve de enero del año próximo pasado. En esa tesitura, para determinar si la autoridad responsable analizó de manera congruente la petición de la parte quejosa, es necesario precisar que ésta consistió en dos aspectos: A) La atracción de la recomendación ***, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas (fundando su petición en el artículo 88 Bis de la Ley General de Víctimas). B) La inscripción de su menor hijo de iniciales *** (cuyas iniciales se omiten para proteger su identidad), al Registro Nacional de Victimas y al Registro Federal de Víctimas, a fin de que pueda acceder a los fondos de apoyo. En primer lugar el Comité mencionado atendió el segundo inciso y al efecto señaló que a fin de llevar a cabo la transmisión de los datos de las víctimas al RENAVI, primeramente debe contar con su inscripción en el registro local, a efecto de que sea la Comisión Ejecutiva Estatal o la Secretaría General de Gobierno de la entidad quien solicite dicha transmisión del Registro Estatal al Nacional. Indicó que de ser así, dicha transmisión deberá formalizarse a través de un convenio, porque ante la existencia de un hecho víctimizante de carácter local es obligación de la Comisión Ejecutiva Estatal o la Secretaría General de Gobierno, la inscripción en el registro de la entidad federativa que corresponda, así como el otorgamiento de las medidas de ayuda asistencia y en su caso reparación integral que correspondan. También expuso que la migración de los casos inscritos en el Registro Estatal de Víctimas al Registro Nacional de Víctimas no les confiere el carácter de Federal. Luego, concluyó que toda vez que el menor de iniciales ***, ya cuenta con Registro Estatal de Víctimas, motivo por el cual determinó girar oficio a la Dirección General de Desarrollo Institucional y Registro Nacional de Víctimas, con copia certificada de su expediente, para que de reunir los requisitos exigidos por los ordenamientos aplicables al caso concreto se proceda a su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, en los términos que regula la ley general aplicable. Ahora bien, del análisis de la respuesta de la autoridad referente al inciso b), se advierte que atendió de manera congruente la solicitud de la quejosa, en tanto que emitió el pronunciamiento sobre la inscripción de su menor hijo en el Registro Nacional de Víctimas; ello, con independencia que lo haya sujetado a la satisfacción de diversos requisitos, pues lo que concierne a los efectos del amparo es que se haya emitido un pronunciamiento que atendiera la petición de la amparista, sin que corresponda a este Juzgado sujetar a la responsable a iniciar o concluir el trámite de la citada inscripción, ya que ello excedería los efectos del fallo constitucional. Por otra parte, en cuanto al primer aspecto del escrito de veintinueve de enero de dos mil veinte, esto es, la atracción de la recomendación ***, a que se refieren los artículos 88, fracción XXXVI y 88 bis, de la Ley General de Víctimas, el Comité Interdisciplinario Evaluador la desestimó en los términos pretendidos por la aquí quejosa, en tanto que determinó que para poder realizar un pronunciamiento al respecto, se tienen que realizar diversas gestiones, entre ellas, acreditar que la autoridad no cuente con el fondo respectivo pare cubrir las atenciones necesarias para las víctimas. Expuso que además, no pasaba inadvertido que el veinte de mayo de dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, la Ley de Victimas Estatal, la cual contempla en su Título Sexto, artículos 69 y 61, fracción I; la creación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el cual tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas y que se conforma con los recursos previstos expresamente para dicho fin en el presupuesto de Egresos del Estado, el cual, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno es de diez millones, trece mil ciento quince pesos 13/100 moneda nacional. Adicionalmente, señaló que en acatamiento a lo ordenado en la sentencia emitida por esta juzgadora y en atención a los principios de debida diligencia, enfoque transformador, gratuidad, interés superior de la niñez, máxima protección y participación conjunta, mediante oficio *** de ocho de octubre de dos mil veinte, la Comisión solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, que en el ámbito de su competencia realizara las gestiones pertinentes a fin de cubrir las necesidades a que tienen derecho los peticionarios. Por otra parte, del oficio ***, de diecisiete de febrero del año en curso, se advierte que el Director General de Desarrollo Institucional del Registro Nacional de Víctimas, comunicó a la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno en el Estado de Chiapas, que con fundamento en los artículo 46, 57, 80, 96, 98, 113, 117, 118 y 120 de la Ley General de Victimas esta Dirección General procedió a realizar la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de *** y *** y le otorgó los folios *** y ***, respectivamente; ello, porque indicó lo siguiente: ".Toda vez que en el caso para su atención se encuentra en el orden local de conformidad con los artículos 46, 57, 80, 96, 98, 113, 117, 118 y 120 de la Ley General de Victimas, en donde se establece la obligación compartida entre entidades públicas federales y estatales como partes integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas de garantizar los derechos de las víctimas de dichos numerales se desprende también que las entidades federativas contarán con sus propios registros y estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que generen en materia de víctimas, se advierte que *** ya cuenta con registro estatal siendo ***, no así para el caso de ***, por lo que se solicita que a la brevedad posible se pueda transmitir dicho registro estatal al registro Nacional de Víctimas. No omito mencionar que ante la existencia de un hecho victimizante de carácter local, es obligación de la Comisión Estatal de Victimas o en su caso la Secretaría General de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Víctimas la inscripción en el registro propio, así como el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia y en su caso reparación integral que correspondan; la migración de los casos inscritos en el Registro Estatal de Víctimas al Registro Nacional de Víctimas no les confiere el carácter federal para su atención..". Por ende, la autoridad responsable también atendió la segunda petición de la quejosa, congruente y por escrito; además, que ordenó la notificación de dicha determinación como lo dispuso en su punto séptimo del acuerdo al que se alude. Luego, en atención al inciso b) de los efectos de la ejecutoria de amparo, las aludidas determinaciones se hicieron del conocimiento de los solicitantes, por conducto del Actuario Judicial de la adscripción, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J.16/99 sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO." Lo antes reseñado, pone de manifiesto que el actuar de las responsables sí se ajustó a lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, pues como se indicó con anterioridad, los efectos de ésta se hicieron consistir en dar contestación congruente y por escrito, a las solicitudes formuladas por la parte quejosa en el ocurso de veintinueve de enero de dos mil veinte, y hacer de su conocimiento dicha contestación, lo que en el caso aconteció. CUARTO. Finalmente, respecto de la objeción realizada por la autorizada de la parte quejosa, deberá estar a lo determinado en líneas antecedentes. Lo anterior, en tanto que aduce que la contestación realizada por la responsable a la solicitud que le presentó es incongruente, pues no es clara y puntual respecto de los puntos sometidos a su consideración, además de que no demuestra la notificación de su respuesta. Lo cual, a su juicio, evidencia una indebida fundamentación y motivación. Ahora, como se advierte de los párrafos precedentes la autoridad responsable, aplicó los preceptos legales que estimó convenientes y motivó la determinación a la que llegó; además contestó los dos aspectos del escrito de veintinueve de enero de dos mil veinte que presentó la quejosa y según se expuso, es evidente el conocimiento que tiene respecto de la resolución con la que se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintidós de octubre de dos mil veinte, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

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