Blanca Aurora López Pérez y Otros.

Expediente 433/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
433/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Blanca Aurora López Pérez y Otros.
  • Blanca Aurora López Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que, en atención a lo solicitado en proveído de veintitrés de agosto del año en curso, remite un disco de almacenamiento magnético denominado DVD. Ahora, tomando en consideración que el referido dispositivo fue remitido por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, San Cristóbal de las Casas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esa ciudad, al oficio que al efecto se libre, devuélvansele dicha unidad de almacenamiento digital, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que en la guía de mensajería respectiva, se deberá hacer constar su remisión. Finalmente, como se encuentra ordenado en autos, devuélvase el presente expediente al archivo definitivo. Cúmplase.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley, de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por el cual, acusa recibo del oficio 15593/2021, de quince de julio de la presente anualidad, con el que se devolvió el original del Toca Penal *** (un tomo) y, copia certificada de la causa penal *** (un tomo), que remitió con su informe justificado y solicita se le remita un disco compacto que contiene la audiencia de veintidós de marzo del año en curso. Se tiene a la autoridad de cuenta acusando recibo de las constancias que refiere. Ahora, en atención al disco compacto que contiene la audiencia de veintidós de marzo del año en curso, remitido en apoyo a su informe justificado rendido por oficio 1181/2021, se precisa que no fue recibido por este órgano jurisdiccional, como se advierte de la papeleta de turno, sin embargo, de autos se observa que si fue enviado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien conoció primeramente del juicio de amparo directo ***, promovido por ***. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, por atento oficio que al efecto se libre, solicítese a la superioridad, para que en caso de no existir inconveniente legal alguno, tenga a bien de remitir el aludido disco compacto. Lo anterior, para que se esté en aptitud de remitirlo a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, San Cristóbal de las Casas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esa ciudad. Finalmente, como se encuentra ordenado en autos, devuélvase el presente expediente al archivo definitivo. Cúmplase.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de expediente. En atención a que en el presente sumario obra original del Toca Penal *** (un tomo) y, copia certificada de la causa penal *** (un tomo), remitidos por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, San Cristóbal de las Casas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esa ciudad, al oficio que al efecto se libre, devuélvansele dichas constancias, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que en la guía de mensajería respectiva, se deberá hacer constar su envío. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de junio de dos mil veintiuno. COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el cual remite el acuerdo de veinticinco de junio del año en curso, dictado dentro del amparo directo ***, de su índice; informes justificados rendidos por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, San Cristóbal de las Casas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esa ciudad, dos más rendidos por la actuaria adscrita a la mencionada sala, y el del Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, constancias de emplazamiento de los terceros interesados, índice cronológico, certificación, escrito de demanda de amparo promovida por ***, así como original del toca *** (un tomo) y copia certificada de la causa penal *** (un tomo). Acúsese recibo. Dada la voluminosidad de los tomos que remite la superioridad fórmense dos anexos, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contienen; los cuales quedan en la Secretaría de este Juzgado. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 37 y 45, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, se tiene por recibida la demanda promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Segunda Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Actuaria Judicial adscrita a la Segunda Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 3. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Bochil y San Cristóbal de las Casas, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Contra el acto reclamado consistente en: La resolución emitida el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 San Cristóbal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esa ciudad, dentro del toca penal ***, en la cual confirmó el auto de apertura a juicio pronunciado el siete de diciembre de dos mil veinte, por el Juez de Control Región 02, San Cristóbal y Bochil, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en la causa penal ***, en el que se admitió como medio de prueba copia certificada de un acta de defunción, la cual será incorporada a través del testimonio de ***. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 433/2021-4-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, analizada la demanda de amparo en su integridad y las constancias remitidas por la superioridad, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, mismos que disponen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ".Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La fracción XXIII del artículo 61 inserto, no prevé de manera específica una causal de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional; por ello, fijó una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, misma que es ciertamente justificada, puesto que existen motivos de improcedencia no definidos concretamente, sino que emanan de la intelección de la Constitución Federal y la Ley de la Materia. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos en cita, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V, de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquéllos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales (sustantivos) que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Consecuentemente, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; status jurídico que alcanzaran cuando se demuestre que producen consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Asimismo, la jurisprudencia 3a. 43 de la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal del país, del epígrafe: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la resolución emitida el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 San Cristóbal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esa ciudad, dentro del toca penal ***, en la cual confirmó el auto de apertura a juicio pronunciado el siete de diciembre de dos mil veinte, por el Juez de Control Región 02, San Cristóbal y Bochil, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en la causa penal ***, en el que se admitió como medio de prueba copia certificada de un acta de defunción, la cual será incorporada a través del testimonio de ***. Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, debe decirse que la admisión de medios de prueba dentro de la etapa intermedia, así como su consecuente fijación en el auto de apertura a juicio oral, no constituye un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos. Para dilucidar lo anterior, conviene mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre dicho tópico al resolver el Amparo en Revisión ***. En dicho asunto, se dijo que por la naturaleza misma del nuevo sistema de justicia penal, para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; mismas que tienen una finalidad específica en el procedimiento. La primera, busca realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. En ese orden de ideas, la Primera Sala sostuvo que la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Un punto a destacar de la ejecutoria invocada, es el hecho de que si bien el juez o tribunal oral conservaran en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. En ese sentido, el Máximo Tribunal de la nación, concluyó que el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. Sobre el tenor expuesto, resulta patente la actualización de la causal de improcedencia invocada, toda vez que de acuerdo al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión del medio de prueba indicado en párrafos precedentes, no genera una afectación irreparable que amerite un análisis constitucional inmediato, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Ciertamente respecto de la documental que será incorporada a través del testimonio de ***, su admisión no irroga un daño irreparable actual a la quejosa, pues dada su propia y especial naturaleza, atendiendo al esquema del sistema penal acusatorio, su desahogo no ocurre en forma automática, sino que requiere de su incorporación a través de la oralidad a efecto de patentizar el principio de contradicción entre las partes. Luego entonces, resulta evidente pues, que la incorporación de documentos a través de los órganos de prueba, necesariamente implica la existencia de un debate y la consecuente valoración por parte del tribunal de enjuiciamiento, quien desde luego, en uso de su arbitrio judicial, puede determinar su eficacia probatoria o no. Ante lo expuesto, se impone desechar el presente juicio de amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Sin que pase inadvertido para quien ahora resuelve, la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), igualmente sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL." Dicho criterio tiene su génesis en lo resuelto por la referida Sala en el Amparo Directo en Revisión 669/2015, mismo que fue reiterado en los diversos ***, dando lugar a la jurisprudencia indicada. Ahora, de la revisión de los precedentes que aquí se citan, es decir, del que sirvió de base para decretar el desechamiento y del que diera pie a la formación de la jurisprudencia mencionada, no se desprende que estos riñan entre sí, pues en primer lugar, ambos fueron resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la misma sesión, esto es, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Luego, si bien uno deriva de un amparo promovido en la vía indirecta, y el otro se originó vía directa; juicios cuya materia de estudio y trámite son notoriamente distintos, es de precisarse que en su conjunto forman parte de la doctrina constitucional que poco a poco ha ido construyendo nuestro Alto Tribunal con la finalidad de dar operatividad al sistema penal acusatorio y no perder de vista las bases sobre las que se fundó, ni los principios y características que lo distinguen. Así, con la intención de dar mayor nitidez a lo expresado, es dable traer a colación algunas consideraciones fundamentales que la ya citada Primera Sala plasmó en la ejecutoria relativa al Amparo Directo en Revisión 669/2015, respecto a la etapa intermedia del sistema penal acusatorio, las cuales se reproducen a continuación: ".el objeto del debate durante la etapa intermedia y el juicio oral es completamente distinto; en tanto que en la primera se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales y, en consecuencia, si debe excluirse algún medio probatorio derivado de dicha violación; la finalidad del juicio oral consiste en esclarecer los hechos sobre existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión. En esta línea, pueden presentarse casos en los que el debate en el juicio oral relativo a la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado se encuentre estrechamente vinculado con argumentos sobre violaciones a derechos fundamentales planteados en etapas previas. Con todo, el hecho de que la exclusión de pruebas producto de la violación a derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, de ninguna manera impide que la defensa del acusado cuestione el valor de las pruebas, con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de la acusación. Lo anterior puede ocurrir cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado o surgen dudas sobre esa cuestión, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares. En esta línea, una cosa es que el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia; y otra distinta es que la defensa pueda plantear argumentos que cuestionen el valor de las pruebas que se desahogan durante la audiencia de juicio oral en las que la acusación pretende basar la condena. Esto último puede ocurrir especialmente en aquellos escenarios en los que del desahogo de las pruebas durante la audiencia de juicio oral se desprendan elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos las pruebas afectadas no podrán ser valoradas por el tribunal de enjuiciamiento." [Énfasis añadido] Como puede apreciarse, ambos asuntos, en lo atinente a la etapa intermedia, guardan cierta identidad en la sustancia de los razonamientos ahí plasmados, toda vez que el Tribunal Constitucional del país fue contundente en establecer que si bien el debate relativo a la admisión o exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia no puede reabrirse en la de juicio oral, lo cierto es que la determinación que se sustente en esta última fase, como ya se dijo, no deriva de un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. Tampoco se soslaya que los precedentes en comento hayan derivado del análisis de la legislación procesal penal para el Estado de México, toda vez que la doctrina jurisprudencial y doctrinal generada mantiene su vigencia, precisamente porque la estructura del sistema penal acusatorio es básicamente la misma. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada en términos amplios a ***, y en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que menciona, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Por otra parte, respecto a los números telefónicos y correo electrónico que señala, no ha lugar a tenerlos como medios para oír y recibir notificaciones, ya que estos no se encuentran establecidos, ni reconocidos por la Ley de Amparo, para tales efectos; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento de los mismos para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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