Blanca Aurora Lagúnes Crespo
Expediente 1078/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Blanca Aurora Lagúnes Crespo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado electrónicamente por Manuel Alejandro Navarro Alanís, en su carácter de autorizado en términos amplios de la quejosa Blanca Aurora Lagunes Crespo, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, y toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa exhibió copias certificadas y simples de diversos documentos anexos al escrito inicial de demanda en el presente juicio de amparo como prueba de su parte, en atención al artículo 20, primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor proveído el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, del que se advierte la imposibilidad de entregar el siguiente oficio: OFICIOAUTORIDAD RESPONSABLERAZÓN DE IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA69495. InverCap Afores, con sede en Monterrey, Nuevo León Mal dirigido En virtud de que mediante proveídos del pasado treinta de marzo y dieciocho de abril, se tuvo al apoderado legal de 5. AFORE INVERCAP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con residencia en Boca del Río, Veracruz, dando cumplimiento a lo requerido en proveído de diecisiete de marzo del presente año. Se estima innecesario que se agregue el oficio contenido en el sobre de cuenta, en virtud de que ya obra la minuta respectiva, por lo que únicamente se glosa el sobre devuelto para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1078/2022, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado el veintidós siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa ********************por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Prevención. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (fojas 47-49) se previno para el efecto de que la quejosa precisara el lugar de residencia de la autoridad 3. ********************, al no haber citado el lugar de su residencia, y que se consideró necesario conocer para el efecto de correr traslado en términos del artículo 17 Constitucional y, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Instituto Mexicano del Seguro Social, y de ser así, señalara cuál es su domicilio y qué acto es el que le reclama. TERCERO. Admisión. Luego de haber atendido la aludida prevención en los términos que le fue requerido (fojas 51-52) mediante auto de dos de diciembre de dos mil veintidós (fojas 68-71) se ordenó admitir la demanda; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó requerir a las autoridades responsables su informe justificado en relación con los actos reclamados a las autoridades que fueron señaladas como responsables, en su respectiva esfera de sus facultades, y que corresponde a los siguientes: a).- La discusión, aprobación y expedición del último párrafo de la fracción II del artículo 192 de la Ley del Seguro Social. b).- El oficio sin número de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se negó a la parte quejosa la petición que hizo para retirar parcialmente los recursos de la Subcuenta de retiro de la afore a su nombre, por no cumplir con los parámetros a que hace referencia el artículo 191, fracción II, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, según la certificación de improcedente identificado con el número 521 que expidió el Instituto Mexicano del Seguro Social, y c).- La certificación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que realizó en el sentido de que, a la fecha de la solicitud presentada por la parte quejosa, no habían transcurrido cinco años a partir del último retiro realizado en la subcuenta de ahorro para el retiro a nombre de la quejosa, según lo dispuesto en el artículo 191, fracción II, último párrafo, de la Ley del Seguro Social. CUARTO. Requerimiento a la quejosa. Mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés (fojas 128-129) y atendiendo a que el Titular de la Subjefatura de División de Juicios Laborales II de la Coordinación Laboral de la autoridad señalada como responsable, 4. Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, quien solicitó que la parte quejosa indicara cuál es la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual atribuye los actos reclamados, y el domicilio correcto, a fin de que se encontrara dicha autoridad aptitud de canalizar el requerimiento del informe al área correspondiente, y dado que de las constancias remitidas por la diversa autoridad 5. AFORE INVERCAP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con residencia en Boca del Río, Veracruz, no se apreció que alguna otra autoridad le haya dado respuesta a lo solicitado por la parte quejosa, entonces se requirió a la parte quejosa, para que manifestara cuál es la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual atribuye los actos reclamados (como concreto de aplicación de la norma impugnada) y el domicilio correcto de ésta, a fin de estar en aptitud de requerir el informe justificado al área u autoridad correcta; con lo cual se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se tendría por inexistente la autoridad marcada con el número 4, y se suspendería toda comunicación con dicha autoridad. QUINTO. Audiencia e inexistencia de Autoridad responsable. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 62-64, 99-107 y en forma electrónica); así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado (foja 61) el cuatro de mayo de dos mil veintitrés tuvo verificativo la audiencia constitucional en la cual se hizo efectivo el apercibimiento a que se hace referencia en el resultando anterior y, por lo cual, se tuvo por inexistente al 4. Instituto Mexicano del Seguro Social, quedando el expediente en estado de resolución. Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción I y II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 04/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa promueve el presente juicio reclamando preceptos de una ley federal, con motivo de su primer acto concreto de aplicación que provienen de autoridades administrativas; por lo que se trata de actos impugnables en amparo indirecto en términos de los artículos 107, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, con base en lo previsto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, atento a que los efectos de los actos concretos de aplicación que la parte quejosa reclama se producen en la circunscripción territorial en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, lo que dota de competencia al suscrito para resolver en definitiva este asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: Del 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y 3. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias: a).- La discusión, aprobación y expedición del último párrafo de la fracción II del artículo 192 de la Ley del Seguro Social. De 5. ********************, ambas con sede en la Ciudad de México: b).- El oficio sin número de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se negó a la parte quejosa la petición que hizo para retirar parcialmente los recursos de la Subcuenta de retiro de la afore a su nombre, por no cumplir con los parámetros a que hace referencia el artículo 191, fracción II, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, según la certificación de improcedente identificado con el número 521 que expidió el Instituto Mexicano del Seguro Social, y También reclamó, sin precisar la autoridad específica que lo emitió: c).- La certificación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que realizó en el sentido de que, a la fecha de la solicitud presentada por la parte quejosa, no habían transcurrido cinco años a partir del último retiro realizado en la subcuenta de ahorro para el retiro a nombre de la quejosa, según lo dispuesto en el artículo 191, fracción II, último párrafo, de la Ley del Seguro Social. La parte quejosa adujo que tuvo conocimiento del acto concreto de aplicación de la norma impugnada, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós (foja 46). Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia del acto reclamado antes señalado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables manifestaron que son ciertos los actos reclamados que se les atribuyeron en la respectiva esfera de sus facultades (fojas 62-64, 99-107 y en forma electrónica). Tal aceptación se robustece si se toma en cuenta que, tratándose de normas generales, leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no es necesario probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el medio de difusión oficial correspondiente, en este caso, el Diario Oficial de la Federación, para que se tomen en cuenta, dada su naturaleza pública y obligatoriedad, atendiendo al criterio jurídico contenido en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTODE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por otra parte, respecto del acto concreto de aplicación este queda corroborado con la documental que exhibió la parte quejosa (foja 46) a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de una documental privada cuyo contenido no fue redargüido de forma alguna por las partes del presente juicio. CUARTO. Consideraciones previas al estudio de causas de improcedencia y antecedentes del acto reclamado. Las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y a fin de proceder al análisis de las que se hicieron valer en el presente asunto, se estima necesario hacer las precisiones siguientes. En principio debe decirse que el estudio de la ley no se puede desvincular del que concierne al acto concreto de aplicación, porque en todo caso, dicha aplicación es la que causa perjuicio al promovente del juicio, y no la ley, por sí sola, considerada en abstracto. En ese sentido, el máximo tribunal del País ha explicado que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, hace que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprenda a la ley si el juicio de amparo es improcedente contra los actos de aplicación de las disposiciones que reclama. Es aplicable la jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. De igual forma, resulta aplicable la diversa jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Finalmente, también sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. IMPROCEDENCIA. Tratándose de una ley que sólo puede afectar los intereses de los particulares mediante un acto de aplicación, la procedencia del juicio de amparo para el estudio de la constitucionalidad de la ley combatida, deberá relacionarse con la procedencia del propio juicio para resolver sobre la legalidad del acto de aplicación impugnado; en consecuencia, si el juicio de amparo resulta improcedente respecto al acto de aplicación, también lo es respecto a la constitucionalidad de la ley." En esos precisos términos, por cuestión de técnica y previo al eventual estudio de la ley combatida se procederá al análisis de las diversas causas de improcedencia que se hacen valer en relación con el acto concreto de aplicación de la misma, y aún de las que se adviertan de oficio; razón por la que se estima conveniente anticipar la relatoría de los antecedentes que giran en torno a los actos reclamados en el presente asunto, mismos que se desprenden de la demanda de amparo (fojas 5-14) los anexos que a ésta se acompañaron (fojas 43-46) y que, en lo que al caso importa, destacan los que son del tenor siguiente: ANTECEDENTES La quejosa se encuentra registrada ante el Instituto Mexicano de seguro Social con el número de afiliación ********************, por lo que tiene en su favor la cuenta individual identificada con ese mismo número, según el "CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA EL RETIRO CELEBRADO ENTRE ********************. Y LA C. ********************" suscrito el once del mes de marzo del año dos mil quince (fojas 43-45 y constancias anexas que se allegaron electrónicamente el diecisiete de abril de dos mil veintitrés). También aparece de las documentales enviadas por 5. ********************, que el día treinta de agosto de dos mil dieciocho la aquí quejosa solicitó a la persona moral señalada como autoridad responsable en el presente juicio, esto es, 5. ********************, el retiro parcial de los fondos que tiene en la Subcuenta de Retiro, edad avanzada y vejez que ésta administra en su favor. En respuesta a aquella primer petición se configuró la entrega de recursos el tres de septiembre del año dos mil dieciocho, por el importe de ********************; según aparece en la captura de "CONSULTA DE DATOS DEL AFILIADO" del once de abril de dos mil veintitrés, misma que se obtuvo de los sistemas informáticos y electrónicos de la citada 5. ********************, respecto de la cuenta individual identificada bajo el Número de Seguridad Social ******************** a nombre de la quejosa ********************. Posteriormente, sin precisar fecha y bajo la manifestación de encontrarse desempleada, la quejosa solicitó nuevamente a la persona moral señalada como autoridad responsable en el presente juicio, esto es, 5. ********************, el retiro parcial de los fondos que tiene en la Subcuenta de Retiro, edad avanzada y vejez que ésta administra, la cual se registró bajo el folio ********************(constancias anexas que se allegaron electrónicamente el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés). Para efectos de emitir la respuesta correspondiente, 5. ********************, obtuvo la certificación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la cual concluyó sustancialmente que a ese momento no habían transcurrido cinco años a partir del último retiro realizado en la subcuenta de ahorro para el retiro a nombre de la quejosa, según lo dispuesto en el artículo 191, fracción II, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, expidiendo así el oficio sin número de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual negó a la parte quejosa la petición que hizo para retirar parcialmente los recursos de la Subcuenta de retiro de la afore a su nombre, por no cumplir con los parámetros a que hace referencia el artículo 191, fracción II, último párrafo, de la Ley del Seguro Social (foja 46). Hasta aquí los antecedentes que importan a los actos reclamados. QUINTO. Improcedencia del juicio. Bajo la precisión hecha al inicio del considerando anterior, en principio se procede a analizar las causas de improcedencia que se hicieron valer en contra del acto concreto de aplicación que fue señalado como acto reclamado autónomo y destacado y, posteriormente, las que se hayan dirigido en contra de la norma combatida. En la especie, uno de los actos concretos de aplicación lo constituye c).- la certificación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que realizó en el sentido de que, a la fecha de la solicitud presentada por la parte quejosa, no habían transcurrido cinco años a partir del último retiro realizado en la subcuenta de ahorro para el retiro a nombre de la quejosa, según lo dispuesto en el artículo 191, fracción II, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, y que constituye la causa que genera la respuesta que se contiene en el diverso acto concreto de aplicación consistente en b).- el oficio sin número de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se negó a la parte quejosa la petición que hizo para retirar parcialmente los recursos de la Subcuenta de retiro de la afore a su nombre, por no cumplir con los parámetros a que hace referencia el artículo 191, fracción II, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, según la certificación de improcedente identificado con el número 521 que expidió el Instituto Mexicano del Seguro Social. En relación con dicho acto concreto de aplicación se considera que se actualiza la causa de improcedencia señalada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, primer párrafo, y 108, fracción III, de la ley de la materia, toda vez que se omitió señalar como autoridad responsable a aquella que emitió la certificación, con base en la aplicación de la norma impugnada, sobre la cual se sustenta el diverso acto consistente en la respuesta a la solicitud formulada por la quejosa, según se verá enseguida. MARCO JURÍDICO Los preceptos legales antes citados, en su parte respectiva, son del tenor siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.)III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)." Conforme a lo dispuesto en los citados artículos, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclaman actos que la parte quejosa aduce trasgreden su esfera jurídica y, que no obstante haberle requerido que señalara cuál es la autoridad que aplicó la norma impugnada, no la señala como autoridad responsable. Dicha improcedencia se justifica, pues la falta del llamamiento de dicha autoridad al juicio constitucional impide que pueda decidirse acerca del acto concreto de aplicación que sólo se puede atribuir a la misma, y por ser a quien le corresponde defenderlo, ya que es quien conoce los pormenores del acto que sustenta, incluso, la negativa que contiene el diverso acto que comprende también la aplicación del precepto combatido. Orienta a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se cita: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. SUBSUNCIÓN De lo anterior, se destaca que el acto reclamado consistente en c).- la certificación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que realizó en el sentido de que, a la fecha de la solicitud presentada por la parte quejosa, no habían transcurrido cinco años a partir del último retiro realizado en la subcuenta de ahorro para el retiro a nombre de la quejosa, según lo dispuesto en el artículo 191, fracción II, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, no es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, ya que resulta evidente que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, a aquella a la que le corresponde defender la certificación que se le reclama, no obstante el requerimiento que al efecto se hizo a la impetrante de amparo. En tales términos, no es factible jurídicamente examinar la constitucionalidad de la aludida certificación, así como de la respuesta en que se sustenta ésta, porque la autoridad que emitió la primera de las mencionadas no fue señalada como autoridad responsable en el presente juicio. Por tanto, en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, pues no fue señalada la autoridad que, en tal caso, debía ser oída en defensa de su acto, por haber sido quien lo emitió. CONCLUSIÓN En mérito de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, primer párrafo, y 108, fracción III, y con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal citado, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado. En congruencia con lo anterior y dado que en el presente juicio se ha actualizado la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito, se hace innecesario el estudio de las diversas causas de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, ya que resultaría ocioso estudiarlas al quedar demostrada la anteriormente mencionada, y si, en su caso, operará alguna otra causa, ésta no cambiaría el sentido de la presente resolución. Orienta lo anterior la jurisprudencia que es del rubro: "BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Tampoco es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Lo anterior, bajo el entendido de que, al haberse dictado el sobreseimiento del juicio, por estimarse actualizadas las causas de improcedencia sujetas estudio, no implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues si bien es cierto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, también lo es, que corresponde a la parte quejosa cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.C.3 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, del tomo 3, Enero de 2013, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO.EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del año dos mil veinte. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107, fracción I, Constitucional, y 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************, por lo que hace a los actos reclamados señalados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo, en los términos del considerando sexto de este fallo. Notifíquese en términos de ley.
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