Blanca Anais Montero Guevara

Expediente 715/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
715/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Blanca Anais Montero Guevara
  • Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 715/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación secretarial que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós (foja 156), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de cinco de octubre de dos mil veintidós (fojas 115 a 132), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Blanca Anaís Montero Guevara, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente especial hipotecario 1250/2021 de su índice, por lo que hace a la aquí quejosa Blanca Anaís Montero Guevara, a partir de la diligencia de emplazamiento que se le practicó el once de noviembre de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes actuaciones; y 2. Reponga el procedimiento según las leyes que lo rigen. (.) En el mismo orden de ideas, la concesión de amparo se hace extensiva a los actos que se reclaman del 2. Actuario Notificador Adscrito a la Central de Actuarios del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, ya que si bien se impugnaron los actos que llevaron al emplazamiento practicado por este último, lo cierto es que deberá adherirse en su caso a las determinaciones que emita el juez ordenador al cumplimiento que efectúe a la ejecutoria de amparo. (.)" En proveído de veinticinco de octubre siguiente (fojas 148 y 149) causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de Primera Instancia y 2. Actuario Notificador Adscrito a la Central de Actuarios del Décimo Séptimo Distrito Judicial; ambas con sede en Veracruz, Veracruz, posteriormente, en auto de tres de noviembre de la anualidad en curso (foja 156), se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas documentales, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 5578 de veintisiete de octubre de dos mil veintidós (foja 153), el 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, informó que en proveído de la misma data (foja 154), dictado en el juicio especial hipotecario 1250/2021-III de su índice, ordenó dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la diligencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes actuaciones, al tratarse de consecuencias devenidas del emplazamiento, ordenando reponer el procedimiento. Asimismo, se ordenó el emplazamiento en los términos descritos en el auto de radicación de fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, a la parte demandada en el juicio natural, esto es, Blanca Anaís Montero Guevara, en términos del numeral 76, con relación a los diversos 451-A, 451-B y 451-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, por conducto del 2. Actuario Notificador Adscrito a la Central de Actuarios del Décimo Séptimo Distrito Judicial; ambas con sede en Veracruz, Veracruz. En la misma data, por medio del comunicado 3093/2022 se tuvo a la responsable señalada con el arábigo (2), refiriendo estar a la espera que el Juez Natural le remitiera las actuaciones de origen a fin de realizar la diligencia correspondiente (foja 155). En relatadas condiciones, toda vez que el efecto de la sentencia se circunscribe a restituir a la quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en el caso, a que el Juez Natural responsable deje insubsistente la actuación viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en proveído de veintisiete de octubre de la presente anualidad (foja 154), ordenó dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la diligencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, ordenando reponer el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, (fojas 47 a 52 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, del presente asunto se aprecia que la parte quejosa Blanca Anaís Montero Guevara exhibió diversas documentales que acompañó en su escrito inicial de demanda (fojas 14 a 18) -los cuales se tuvieron por acordadas en el auto admisorio de dieciséis de agosto del año en curso (fojas 19 a 24)-. Por su parte, el apoderado legal para pleitos y cobranzas de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su carácter de tercera interesada, ofreció en su ocurso con registro 14866, copia certificada por el Fedatario Público Ciento treinta y cinco de la Ciudad de México, del instrumento número noventa mil ochocientos dos, de trece de mayo de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número Doscientos veintinueve de la Ciudad de México (fojas 43 a 98). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a las partes quejosa y tercera interesada, la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se les notifique personalmente a Blanca Anaís Montero Guevara y Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México que deberán acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibidas que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, y en virtud de que el asunto se encuentra concluido, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte tercero interesada, el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós: Atento a la certificación secretarial que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós (foja 156), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de cinco de octubre de dos mil veintidós (fojas 115 a 132), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Blanca Anaís Montero Guevara, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente especial hipotecario 1250/2021 de su índice, por lo que hace a la aquí quejosa Blanca Anaís Montero Guevara, a partir de la diligencia de emplazamiento que se le practicó el once de noviembre de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes actuaciones; y 2. Reponga el procedimiento según las leyes que lo rigen. (.) En el mismo orden de ideas, la concesión de amparo se hace extensiva a los actos que se reclaman del 2. Actuario Notificador Adscrito a la Central de Actuarios del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, ya que si bien se impugnaron los actos que llevaron al emplazamiento practicado por este último, lo cierto es que deberá adherirse en su caso a las determinaciones que emita el juez ordenador al cumplimiento que efectúe a la ejecutoria de amparo. (.)" En proveído de veinticinco de octubre siguiente (fojas 148 y 149) causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de Primera Instancia y 2. Actuario Notificador Adscrito a la Central de Actuarios del Décimo Séptimo Distrito Judicial; ambas con sede en Veracruz, Veracruz, posteriormente, en auto de tres de noviembre de la anualidad en curso (foja 156), se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas documentales, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 5578 de veintisiete de octubre de dos mil veintidós (foja 153), el 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, informó que en proveído de la misma data (foja 154), dictado en el juicio especial hipotecario 1250/2021-III de su índice, ordenó dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la diligencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes actuaciones, al tratarse de consecuencias devenidas del emplazamiento, ordenando reponer el procedimiento. Asimismo, se ordenó el emplazamiento en los términos descritos en el auto de radicación de fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, a la parte demandada en el juicio natural, esto es, Blanca Anaís Montero Guevara, en términos del numeral 76, con relación a los diversos 451-A, 451-B y 451-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, por conducto del 2. Actuario Notificador Adscrito a la Central de Actuarios del Décimo Séptimo Distrito Judicial; ambas con sede en Veracruz, Veracruz. En la misma data, por medio del comunicado 3093/2022 se tuvo a la responsable señalada con el arábigo (2), refiriendo estar a la espera que el Juez Natural le remitiera las actuaciones de origen a fin de realizar la diligencia correspondiente (foja 155). En relatadas condiciones, toda vez que el efecto de la sentencia se circunscribe a restituir a la quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en el caso, a que el Juez Natural responsable deje insubsistente la actuación viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en proveído de veintisiete de octubre de la presente anualidad (foja 154), ordenó dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la diligencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, ordenando reponer el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, (fojas 47 a 52 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, del presente asunto se aprecia que la parte quejosa Blanca Anaís Montero Guevara exhibió diversas documentales que acompañó en su escrito inicial de demanda (fojas 14 a 18) -los cuales se tuvieron por acordadas en el auto admisorio de dieciséis de agosto del año en curso (fojas 19 a 24)-. Por su parte, el apoderado legal para pleitos y cobranzas de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su carácter de tercera interesada, ofreció en su ocurso con registro 14866, copia certificada por el Fedatario Público Ciento treinta y cinco de la Ciudad de México, del instrumento número noventa mil ochocientos dos, de trece de mayo de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número Doscientos veintinueve de la Ciudad de México (fojas 43 a 98). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a las partes quejosa y tercera interesada, la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se les notifique personalmente a Blanca Anaís Montero Guevara y Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México que deberán acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibidas que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, y en virtud de que el asunto se encuentra concluido, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    V. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercera interesada el proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio 5578 y anexo signado por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. En atención a su contenido, se tiene remitiendo la constancia con la que considera ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, glósese el diverso 3093/2022 suscrito por el 2. Coordinador de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. De la lectura integral de su comunicado, refiere estar a la espera que el Juez Natural le remita el expediente de origen, para estar en condiciones de acatar el presente fallo constitucional y emplazar a la impetrante Blanca Anaís Montero Guevara. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, con las promociones con registros 18444 y anexo de cuenta, así como la diversa 18450, por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que, se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a la parte quejosa (fojas 115 a 132), HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz y 2. Actuario Notificador Adscrito a la Central de Actuarios del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, están obligadas a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se les requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realicen los actos señalados en la ejecutoria de mérito, el cual se circunscribe a: "1. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente especial hipotecario 1250/2021 de su índice, por lo que hace a la aquí quejosa Blanca Anaís Montero Guevara, a partir de la diligencia de emplazamiento que se le practicó el once de noviembre de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes actuaciones; y 2. Reponga el procedimiento según las leyes que lo rigen. (.) En el mismo orden de ideas, la concesión de amparo se hace extensiva a los actos que se reclaman del 2. Actuario Notificador Adscrito a la Central de Actuarios del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, ya que si bien se impugnaron los actos que llevaron al emplazamiento practicado por este último, lo cierto es que deberá adherirse en su caso a las determinaciones que emita el juez ordenador al cumplimiento que efectúe a la ejecutoria de amparo. (.)" Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberán informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un cuaderno de pruebas -en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós (fojas 100 y 101)-, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano