Blanca Argelia Rodriguez Cirne
Expediente 931/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Blanca Argelia Rodriguez Cirne
- Titular del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio 34142/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual comunica que por auto de tres de octubre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia legal planteada por este Juzgado Federal y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 931/2022, de nuestro índice; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
(publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 22 DE septiembre DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS. Agréguese a los presentes autos la comparecencia llevada a cabo con la promovente Blanca Argelia Rodríguez Cirne, quien en cumplimiento a lo requerido el ocho de septiembre del año en curso, reconoce como suya la firma que calza el escrito registrado con el número de folio 15710, así como su contenido; ahora bien, en atención al escrito aclaratorio de demanda, se provee lo siguiente: Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento preventivo formulado el treinta de agosto de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa Blanca Argelia Rodríguez Cirne, reclama lo siguiente: Autoridad responsable: 1. Agente del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, con sede en la ciudad de Puebla. Acto reclamado: a) Integración de carpeta de investigación. b) Omisión de las actuaciones violatorias de las garantías individuales. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, POR LO QUE HACE AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA INTEGRACIÓN DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías y del escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa Blanca Argelia Rodríguez Cirne, reclama la integración de una carpeta de investigación en su contra. Por tanto, respecto del referido acto reclamado, el suscrito juez de Distrito estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;(.)." Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación:"INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Y, en relación con dicho numeral debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece:"Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio, la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, el alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios, que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Resulta importante reiterar que la parte quejosa promovió esta instancia constitucional, además de contra otros actos, contra la integración de una carpeta de investigación en su contra, lo que hace que el juicio de amparo resulte improcedente por cuanto hace a dicho acto. Es así, porque la sola integración e investigación que realiza el Ministerio Público no le genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no le afecta, aún en el caso que sea el peticionario de amparo quien está sujeto a investigación. Efectivamente, el desahogo de diligencias para la integración de una carpeta de investigación, en su caso, la orden de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, pues ello ocurrirá, en su caso, hasta que dicha indagatoria sea consignada y el juez del proceso, a quien le corresponda resolver sobre el pedimento de la representación social, determine librar una orden de aprehensión, citación o comparecencia, pues hasta entonces se afectaría la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior se robustece, si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público emana directamente del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en lo que interesa, señala: "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial..)" Así, las diligencias que, en su caso, se realizan para la investigación de los delitos que le fueron comunicados al representante social, constituye no solo el ejercicio de tal facultad, sino también el cumplimiento del mandato constitucional aludido, lo cual representa actos de orden público e interés social, al tratarse de la práctica de diligencias que resulten necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos presuntivamente constitutivos de algún delito, por lo que tales actuaciones no generan una afectación al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de delitos; de ahí, que no le asista derecho alguno al quejoso para defender el acto destacado (integración de carpeta de investigación), en vía de amparo, pues tales actos de investigación no le afectan, aun cuando sea el quejoso quien está sujeto a investigación. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional la representación social goza de las facultades de investigar los delitos y tiene la obligación de acreditarlos, el acto reclamado que ahora se analiza, consistente en la integración de una carpeta de investigación en contra de la aquí quejosa, no le irroga perjuicio alguno, pues ello se materializará, como ya se dijo, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, citación o comparecencia, pues estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al representante social, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Ilustran lo anteriormente considerado, los criterios jurisprudenciales, de rubro y tenor siguientes:"CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.""MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." INCOMPETENCIA. En otro aspecto, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por Blanca Argelia Rodríguez Cirne, en contra del acto y autoridades responsables siguientes: Autoridades responsables: 1. Titular del Desarrollo Integral de la Familia Estatal. 2. Personal actuante del Departamento Jurídico del DIF Estatal. Acto reclamado: a) Omisión de las actuaciones violatorias de las garantías individuales, así como el abuso de poder sobre su persona por parte del personal actuante del Desarrollo Integral de la Familia Estatal. Sin que pase inadvertido, que mediante proveído de treinta de agosto del año en curso, este juzgado Federal previno a la parte quejosa, para efecto de que precisara diversos puntos de prevención de su escrito inicial de demanda. Por lo que, mediante escrito presentado el siete de septiembre de la presente anualidad, la parte quejosa desahogó el requerimiento efectuado por el suscrito. Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado, ya precisado, por la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud que una vez analizada la demanda de amparo y atenta la naturaleza jurídica del acto reclamado, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, estima que corresponde ello al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno. Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece:"ARTICULO 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el particular, la promovente de amparo reclama al 1. Titular del Desarrollo Integral de la Familia Estatal, y al 2. Personal actuante del Departamento Jurídico del DIF Estatal, la omisión de las actuaciones violatorias de las garantías individuales, así como el abuso de poder sobre su persona por parte del personal actuante del Desarrollo Integral de la Familia Estatal; ello no significa que dicho acto sea de naturaleza penal, puesto que, respecto de dichos actos, resulta inconcuso que los mismo son de naturaleza administrativa, pues los mismos no consiste como tal en la integración de una carpeta de investigación o averiguación previa, sino en actuaciones por parte de autoridades administrativas; luego que, el mismo no tiene su naturaleza en la materia penal. Por ende, conforme al análisis de la naturaleza del acto reclamado, se estima que el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo. Es aplicable por las razones que informa la tesis aislada, de rubro y texto:"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS O DEL MEDIO IMPUGNATIVO RELATIVO, CONTRA ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, AJENOS A LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUZGADOR DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El Ministerio Público, al llevar a cabo los actos que integran la averiguación previa, orientados a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal, actúa como autoridad en uso de la atribución de perseguir los delitos depositada en dicha institución por los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de la actividad que realiza dentro del proceso, cuando actúa como parte. Ahora bien, dado que la averiguación previa integra, junto con las diligencias judiciales, un todo indivisible que constituye el proceso penal, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a la materia penal, aunque provengan de autoridad administrativa, porque ésta desarrolla una actividad materialmente penal, tendente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del inculpado, para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por exclusión, cuando el representante social emite actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos son meramente administrativos, emitidos además por autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no fue motivada por denuncia o querella específica, ni se realizó como parte de alguna indagatoria penal; de ahí que el conocimiento de la demanda de garantías promovida en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponda al juzgador de amparo en materia administrativa, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 57 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece:"Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta legalmente competente por materia, para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional, con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, y remítase la demanda de amparo, sus copias y anexos, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Al efecto, se solicita al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, que corresponda, el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por oficio al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales el escrito al parecer signado por la quejosa Blanca Argelia Rodríguez Cirne, mediante el cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta de agosto del actual. Sin embargo, toda vez que la firma que aparece en el escrito inicial de demanda y en el diverso de cuenta, a simple vista difieren notoriamente, como se advierte de las siguientes capturas: FIRMA DE LA DEMANDA. FIRMA DEL ESCRITO ACLARATORIO. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese acordar lo conducente a su contenido y requiérase a la promovente, para que en el término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta. Apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho ocurso; hágase del conocimiento de la promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé una sanción de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días, para la quejosa, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En la inteligencia que, se deberá atender al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el referido Acuerdo General en su artículo 6, fracción I, incisos b) y e), se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que la promovente acuda a las instalaciones de este recinto judicial y estén en aptitud de reconocer la firma indicada. Para tal efecto, -dado que la notificación del presente proveído se realizará de manera personal a la parte promovente- se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que al momento de realizar la misma, anexe el Código QR generado (s) respectivo; lo anterior, a fin de que los demandantes constitucionales estén en aptitud de poder comparecer ante este órgano jurisdiccional en la hora y fecha señaladas en el párrafo que antecede. Sin embargo, hágasele del conocimiento de la promovente, que si es su deseo comparecer a este órgano jurisdiccional, a desahogar la diligencia para la que es requerida, en una fecha anterior, a la programada para tal fin y respecto de la cual este Juzgado generó la cita respectiva, entonces, el propio quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar la cita correspondiente a la fecha en que desee comparecer, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permite a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; en la inteligencia, que la cita respectiva estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, en cuyo supuesto, quedará bajo su estricta responsabilidad cumplir el requerimiento que le es efectuado en este proveído, dentro del plazo establecido. Notifíquese personalmente a la promovente.
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