Blanca Andrea Ramos Jimenez
Expediente 1220/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Blanca Andrea Ramos Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, misma que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para que comparezcan para la devolución de documentos originales. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra negó la suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por último, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1220/2016-III-B, promovido por Blanca Andrea Ramos Jiménez, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que fueron señaladas las trece horas con cuarenta minutos del trece de septiembre de dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, es evidente que los ocho días que deben mediar entre la vista del informe aludido en líneas precedentes y dicha fecha no ocurrirá; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada y se señalan las once horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con quince minutos del cinco de septiembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1220/2016-III-B (foja treinta y nueve), María Eugenia Gómez Villanueva, jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Rafael Torres Campos, Secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Blanca Andrea Ramos Jiménez (fojas 1 a 6), auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (fojas 7 a 12) e interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 35 a 39). A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Jueza acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita exhibió el pedimento 406/2016, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos. A lo anterior, la jueza acuerda: Ténganse por formulados los alegatos planteados por la representante social y por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1220/2016-III-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Blanca Andrea Ramos Jiménez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Blanca Andrea Ramos Jiménez, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. SEGUNDO. La presente interlocutoria se resuelve únicamente respecto a las autoridades responsables 4. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla y 7. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, pues mediante diversa resolución de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se resolvió lo relativo a las demás autoridades responsables, negándose la medida cautelar solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - La orden de aprehensión, presuntamente girada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 4. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 48 7. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 49 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daño o perjuicio de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Blanca Andrea Ramos Jiménez, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.
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