Beverly Alejandra Altamira Valerio
Expediente 521/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Beverly Alejandra Altamira Valerio
- Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Actuaciones
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Iria Cárdenas Lozano, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo indirecto promovida Beverly Alejandra Altamira Valerio, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, por violación de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, con fundamento en el artículo 108, 112 y 113 de la Ley de Amparo se provee lo siguiente. Fórmese el expediente físico y electrónico, asimismo regístrese tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), como en libro de gobierno de este juzgado, como expediente 521/2022-V-A. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Asimismo, conforme al numeral 62, de la propia ley de la materia se advierte la diversa obligación del Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo, debe examinar de modo preferente la procedencia del juicio de amparo, por ser un cuestión de orden público. En ese tenor, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Sirven de apoyo a lo anterior, las consideraciones de la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro: 180663, Tesis I.13o.A. J/6, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo. Pues bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la misma contiene motivo manifiesto e indudable de improcedencia y bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse por notoriamente improcedente. En caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama de la responsable, los siguientes actos: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIAD SE RECLAMA.- Del C. MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA CIVIL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo la RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA dictada en el toca número 119/2022 de fecha 24 DE MAYO DEL AÑO 2022 PÚBLICADO EN LA ISTA EL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO 2022 Y QUE SURTIÓ EFECTOS EL DÍA 26 DE MAYO DEL AÑO 2022 misma que confirma EL AUTO DE FECHA 24 DE MARZO DEL AÑO 2022, CON EL NÚMERO 58, dictado por el C. JUEZ DÉCIMO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS en el expediente 997/2021, del JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN INTRDICTAL PARA RECUPERAR LA POSESIÓN formado por la reclamación de DAGOBERTO ALTAMIRA GÓMEZ, a través de sus apoderados legales, Licenciados ERIC LORENZO CASILLAS TAPIA y/o GILBERTO DÍAZ VALERIO en contra de la hoy quejosa la C. BEBERLY ALEJANDRA ALTAMIRA VALERIO misma que le causa a la suscrita hoy quejosa un agravio personal y directo en mis bienes, propiedades, posesiones y derechos materia del litigio." En atención a lo antes expuesto y del contenido integró de la demanda de amparo, se aprecia, que el acto materia de reproche por la parte quejosa, es el atinente a la resolución de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, dictada en el toca 119/2022, por la autoridad responsable, en la cual se confirma el auto de veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, emitido en el juicio oral ordinario civil 997/2021, por el A quo primario, mediante le indicó a la parte demandada, aquí quejosa, que no había lugar a tenerla por interponiendo la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Precisado lo anterior, quien esto resuelve, estima que respecto al acto materia de reclamo, se advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, 170 y 172 de la Ley de Amparo, que establecen los dos primeros lo siguientes: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados o convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyas consecuencias ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el desahogo de pruebas que ya no se puedan obtener, como la testimonial o confesional, a cargo de una persona física muerta, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que daña de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus resultados pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia respectiva, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso combatirlos en la vía de amparo que corresponda. Así, los actos procesales que sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el destinatario obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo benéfico a sus intereses. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación determinar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que fue taxativo al señalar en que consiste dicha cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, el acto aquí combatido, por su naturaleza, carece de tales efectos, pues se trata de una actuación procesal que no tiene consecuencias materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad de que la resolución que ponga fin, sea favorable a la parte quejosa, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado el acto reclamado desaparecerían, pues sólo serían de carácter formal o adjetivo, que inciden en la conducta que ha tomado en el procedimiento de primer grado con vista a obtener un fallo favorable. Precisado lo anterior, y analizados los datos del juicio de amparo, se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, dictada en el toca 119/2022, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la propia impetrante en contra del auto veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, en el cual el juez de origen no acordó de conformidad llamar a Luis Osvaldo Altamira García y a la moral Fraccionadora La Cuesta, Sociedad Anónima de Capital Variable, como litisconsorte pasivo necesario dentro del juicio oral ordinario civil 997/2021. Cabe destacar que el auto apelado que dio nacimiento a la resolución reclamada fue pronunciado dentro del trámite del juicio oral ordinario civil de origen, en el que aún no se ha dictado la sentencia definitiva correspondiente, según se advierte de los antecedentes que respecto del acto reclamado expone la impetrante del amparo en la demanda. Así, se tiene que en la resolución materia de reclamo, se determinó que no se actualizaba el litisconsorcio pasivo necesario interpuesto como excepción por la parte demandada en el juicio de origen, aquí quejosa, lo cual se trata de un acto dictado dentro del juicio de marras, que no produce efectos de imposible reparación, puesto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federación o tratado internacional del que sea parte el Estado Mexicano. En efecto, la figura del litisconsorcio consiste en una modalidad procesal en la que existe una pluralidad de partes que deben o pueden actuar juntas en el proceso. Así, el litisconsorcio implica pluralidad de partes en el juicio, es pasivo si se está en el caso de dos o más demandados, es necesario cuando lo impone la naturaleza del derecho que se dilucida en el litigio; así, el litisconsorcio pasivo necesario implica una pluralidad de demandados y unidad de acción. Por ello, el efecto principal de la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario es que al juicio sean llamados todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí con el derecho litigioso, deben ser afectados en conjunto por la sentencia que se dicte, ya que no sería correcto condenar a uno sin que la condena alcance a los demás. Por tal motivo, la existencia del litisconsorcio debe ser examinada oficiosamente por los tribunales. En esa virtud, el litisconsorcio pasivo necesario tiene por objeto la búsqueda de la integración de la relación jurídico procesal, y se presenta cuando las cuestiones litigiosas atañen a más de dos personas, lo que impedirá pronunciar sentencia sin previo llamado a juicio de todas ellas. De ahí que el litisconsorcio pasivo necesario constituya un presupuesto procesal, es decir, es uno de los requisitos o condiciones que deben cumplirse para que pueda dictarse una sentencia de fondo, y está vinculado a la relación jurídico procesal que tiene carácter público, siendo esta condición la que debe caracterizar al juicio para que sea posible dictar sentencia completa, que no es otra que la certeza de oír a todos los integrantes del litisconsorcio, ya que no es posible condenar a una parte, sin que esta condena trascienda a las demás. Precisamente por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario es un presupuesto procesal cuya figura jurídica debe ser analizada por los que administran justicia para que se pueda dictar una sentencia válida sobre las pretensiones de las partes. Ejemplos de esos presupuestos procesales son la competencia, la personalidad de las partes y la procedencia de la vía. Lo anterior, evidencia que la resolución que en el caso particular se trata, no produce de manera directa e inmediata afectación material alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que solamente trasciende al ámbito procesal, en tanto que la resolución que determina que no se actualiza la institución del litisconsorcio pasivo necesario, no impide que siga el juicio por la demandada solicitante, y se dicte la sentencia correspondiente, la que incluso puede favorecer a sus intereses, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto y, de esta manera, no dejaría huella en su esfera jurídica. Sobre esa base jurídica, se considera que la resolución reclamada es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede ocurrir que el afectado obtenga al final una sentencia favorable a su interés con la que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado con la determinación de no llamar al juicio natural a Luis Osvaldo Altamira García y a la moral Fraccionadora La Cuesta, Sociedad Anónima de Capital Variable. Al respecto es aplicable, la tesis de registro digital: 2006576, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: II.1o.C.4 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 2075, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." En consecuencia, al tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, 170 y 172 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de mérito por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en el numeral 113 de la ley citada. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que dice así: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y como autorizados en términos restringidos tanto a los pasantes de derecho que indica, como al licenciado Erick Alberto Hernández Peña, por no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
QUEJOSO: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo indirecto promovida Beverly Alejandra Altamira Valerio, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, por violación de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, con fundamento en el artículo 108, 112 y 113 de la Ley de Amparo se provee lo siguiente. Fórmese el expediente físico y electrónico, asimismo regístrese tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), como en libro de gobierno de este juzgado, como expediente 521/2022-V-A. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Asimismo, conforme al numeral 62, de la propia ley de la materia se advierte la diversa obligación del Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo, debe examinar de modo preferente la procedencia del juicio de amparo, por ser un cuestión de orden público. En ese tenor, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Sirven de apoyo a lo anterior, las consideraciones de la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro: 180663, Tesis I.13o.A. J/6, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo. Pues bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la misma contiene motivo manifiesto e indudable de improcedencia y bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse por notoriamente improcedente. En caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama de la responsable, los siguientes actos: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIAD SE RECLAMA.- Del C. MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA CIVIL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo la RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA dictada en el toca número 119/2022 de fecha 24 DE MAYO DEL AÑO 2022 PÚBLICADO EN LA ISTA EL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO 2022 Y QUE SURTIÓ EFECTOS EL DÍA 26 DE MAYO DEL AÑO 2022 misma que confirma EL AUTO DE FECHA 24 DE MARZO DEL AÑO 2022, CON EL NÚMERO 58, dictado por el C. JUEZ DÉCIMO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS en el expediente 997/2021, del JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN INTRDICTAL PARA RECUPERAR LA POSESIÓN formado por la reclamación de DAGOBERTO ALTAMIRA GÓMEZ, a través de sus apoderados legales, Licenciados ERIC LORENZO CASILLAS TAPIA y/o GILBERTO DÍAZ VALERIO en contra de la hoy quejosa la C. BEBERLY ALEJANDRA ALTAMIRA VALERIO misma que le causa a la suscrita hoy quejosa un agravio personal y directo en mis bienes, propiedades, posesiones y derechos materia del litigio." En atención a lo antes expuesto y del contenido integró de la demanda de amparo, se aprecia, que el acto materia de reproche por la parte quejosa, es el atinente a la resolución de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, dictada en el toca 119/2022, por la autoridad responsable, en la cual se confirma el auto de veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, emitido en el juicio oral ordinario civil 997/2021, por el A quo primario, mediante le indicó a la parte demandada, aquí quejosa, que no había lugar a tenerla por interponiendo la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Precisado lo anterior, quien esto resuelve, estima que respecto al acto materia de reclamo, se advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, 170 y 172 de la Ley de Amparo, que establecen los dos primeros lo siguientes: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados o convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyas consecuencias ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el desahogo de pruebas que ya no se puedan obtener, como la testimonial o confesional, a cargo de una persona física muerta, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que daña de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus resultados pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia respectiva, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso combatirlos en la vía de amparo que corresponda. Así, los actos procesales que sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el destinatario obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo benéfico a sus intereses. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación determinar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que fue taxativo al señalar en que consiste dicha cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, el acto aquí combatido, por su naturaleza, carece de tales efectos, pues se trata de una actuación procesal que no tiene consecuencias materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad de que la resolución que ponga fin, sea favorable a la parte quejosa, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado el acto reclamado desaparecerían, pues sólo serían de carácter formal o adjetivo, que inciden en la conducta que ha tomado en el procedimiento de primer grado con vista a obtener un fallo favorable. Precisado lo anterior, y analizados los datos del juicio de amparo, se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, dictada en el toca 119/2022, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la propia impetrante en contra del auto veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, en el cual el juez de origen no acordó de conformidad llamar a Luis Osvaldo Altamira García y a la moral Fraccionadora La Cuesta, Sociedad Anónima de Capital Variable, como litisconsorte pasivo necesario dentro del juicio oral ordinario civil 997/2021. Cabe destacar que el auto apelado que dio nacimiento a la resolución reclamada fue pronunciado dentro del trámite del juicio oral ordinario civil de origen, en el que aún no se ha dictado la sentencia definitiva correspondiente, según se advierte de los antecedentes que respecto del acto reclamado expone la impetrante del amparo en la demanda. Así, se tiene que en la resolución materia de reclamo, se determinó que no se actualizaba el litisconsorcio pasivo necesario interpuesto como excepción por la parte demandada en el juicio de origen, aquí quejosa, lo cual se trata de un acto dictado dentro del juicio de marras, que no produce efectos de imposible reparación, puesto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federación o tratado internacional del que sea parte el Estado Mexicano. En efecto, la figura del litisconsorcio consiste en una modalidad procesal en la que existe una pluralidad de partes que deben o pueden actuar juntas en el proceso. Así, el litisconsorcio implica pluralidad de partes en el juicio, es pasivo si se está en el caso de dos o más demandados, es necesario cuando lo impone la naturaleza del derecho que se dilucida en el litigio; así, el litisconsorcio pasivo necesario implica una pluralidad de demandados y unidad de acción. Por ello, el efecto principal de la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario es que al juicio sean llamados todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí con el derecho litigioso, deben ser afectados en conjunto por la sentencia que se dicte, ya que no sería correcto condenar a uno sin que la condena alcance a los demás. Por tal motivo, la existencia del litisconsorcio debe ser examinada oficiosamente por los tribunales. En esa virtud, el litisconsorcio pasivo necesario tiene por objeto la búsqueda de la integración de la relación jurídico procesal, y se presenta cuando las cuestiones litigiosas atañen a más de dos personas, lo que impedirá pronunciar sentencia sin previo llamado a juicio de todas ellas. De ahí que el litisconsorcio pasivo necesario constituya un presupuesto procesal, es decir, es uno de los requisitos o condiciones que deben cumplirse para que pueda dictarse una sentencia de fondo, y está vinculado a la relación jurídico procesal que tiene carácter público, siendo esta condición la que debe caracterizar al juicio para que sea posible dictar sentencia completa, que no es otra que la certeza de oír a todos los integrantes del litisconsorcio, ya que no es posible condenar a una parte, sin que esta condena trascienda a las demás. Precisamente por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario es un presupuesto procesal cuya figura jurídica debe ser analizada por los que administran justicia para que se pueda dictar una sentencia válida sobre las pretensiones de las partes. Ejemplos de esos presupuestos procesales son la competencia, la personalidad de las partes y la procedencia de la vía. Lo anterior, evidencia que la resolución que en el caso particular se trata, no produce de manera directa e inmediata afectación material alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que solamente trasciende al ámbito procesal, en tanto que la resolución que determina que no se actualiza la institución del litisconsorcio pasivo necesario, no impide que siga el juicio por la demandada solicitante, y se dicte la sentencia correspondiente, la que incluso puede favorecer a sus intereses, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto y, de esta manera, no dejaría huella en su esfera jurídica. Sobre esa base jurídica, se considera que la resolución reclamada es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede ocurrir que el afectado obtenga al final una sentencia favorable a su interés con la que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado con la determinación de no llamar al juicio natural a Luis Osvaldo Altamira García y a la moral Fraccionadora La Cuesta, Sociedad Anónima de Capital Variable. Al respecto es aplicable, la tesis de registro digital: 2006576, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: II.1o.C.4 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 2075, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." En consecuencia, al tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, 170 y 172 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de mérito por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en el numeral 113 de la ley citada. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que dice así: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y como autorizados en términos restringidos tanto a los pasantes de derecho que indica, como al licenciado Erick Alberto Hernández Peña, por no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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