Bertha Rico García

Expediente 598/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
598/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Bertha Rico García
  • Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de dos de agosto del año en curso, que en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que negó el amparo de la justicia de la unión, el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. En tal sentido, se ordena el archivo del presente juicio de garantías como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, atento a la resolución que puso fin al presente juicio, y a lo dispuesto en los numerales 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, se declara que el mismo es depurable, por lo que se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, así como la de la fecha de archivo. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por la licenciada Cintya Aracely Suarez, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente controvertido constitucional. Atento a lo solicitado, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición del artículo 2° de la ley de la materia, y para estar en aptitud de expedir a su costa las copias certificadas solicitadas, previa constancia que de su recibo otorgue en este juicio. Para tal efecto, la parte deberá realizar las acciones siguientes: 1. Primeramente se hace de su conocimiento que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte que ha solicitado la consulta del expediente electrónico, tiene la posibilidad descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el expediente, e incluso, cuando éstas incluyan evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente; de ahí que se exhorta al ocursante para que de ser posible, su solicitud la encamine por dicha vía. 2. Al margen de lo anterior, para el caso de que no se solicite la consulta establecida en el párrafo anterior, para la expedición de las copias deberá la parte quejosa generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. 3. Dado que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial, y en virtud de que el sistema de fotocopiado no está actualmente funcionando en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, Chihuahua, se exhorta a la quejosa, que en caso de generar su código QR y agendar cita presencial ante este órgano jurisdiccional, deberá de establecer contacto con el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, y le explique de cuáles constancias en particular requiere las copias. O bien, de estimarlo conveniente la promovente, cuenta con la posibilidad de proporcionar un correo electrónico con la finalidad de que le sea enviada la digitalización de la copia certificada que insta, mismo quede deberá acusar de recibo. Notifíquese personalmente la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de dos de agosto del año en curso, que en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que negó el amparo de la justicia de la unión, el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. En tal sentido, se ordena el archivo del presente juicio de garantías como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, atento a la resolución que puso fin al presente juicio, y a lo dispuesto en los numerales 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, se declara que el mismo es depurable, por lo que se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, así como la de la fecha de archivo. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por la licenciada Cintya Aracely Suarez, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente controvertido constitucional. Atento a lo solicitado, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición del artículo 2° de la ley de la materia, y para estar en aptitud de expedir a su costa las copias certificadas solicitadas, previa constancia que de su recibo otorgue en este juicio. Para tal efecto, la parte deberá realizar las acciones siguientes: 1. Primeramente se hace de su conocimiento que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte que ha solicitado la consulta del expediente electrónico, tiene la posibilidad descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el expediente, e incluso, cuando éstas incluyan evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente; de ahí que se exhorta al ocursante para que de ser posible, su solicitud la encamine por dicha vía. 2. Al margen de lo anterior, para el caso de que no se solicite la consulta establecida en el párrafo anterior, para la expedición de las copias deberá la parte quejosa generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. 3. Dado que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial, y en virtud de que el sistema de fotocopiado no está actualmente funcionando en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, Chihuahua, se exhorta a la quejosa, que en caso de generar su código QR y agendar cita presencial ante este órgano jurisdiccional, deberá de establecer contacto con el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, y le explique de cuáles constancias en particular requiere las copias. O bien, de estimarlo conveniente la promovente, cuenta con la posibilidad de proporcionar un correo electrónico con la finalidad de que le sea enviada la digitalización de la copia certificada que insta, mismo quede deberá acusar de recibo. Notifíquese personalmente la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta Ciudad, y por razón de turno al día siguiente hábil, le tocó conocer a este Juzgado Sexto de Distrito, Bertha Rico García, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por la autoridad mencionada, a quien reclamó el acto que a continuación se precisa: "4- ACTO RECLAMADO. - Lo es la resolución de fecha treinta de noviembre del dos mil veinte, dentro del cuadernillo 69/2017 por el cual niega la apertura de la acción penal privada que se le solicita, por las razones que más adelante se expondrá. Notificado al suscrito por el sistema de notificaciones del Tribunal Superior de justicia del Estado de Chihuahua el día 11 de diciembre de 2020". SEGUNDO. Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado desechó la demanda de amparo; sin embargo, la quejosa estando en tiempo y forma, interpuso el recurso de queja en contra de dicha determinación, el cual se proveyó en acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, mismo que se remitió a la Superioridad para su sustanciación y resolución; por lo que, con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió testimonio de resolución, en el que el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en la localidad, declaró fundado el recurso de queja y ordenó admitir la demanda de amparo. Así, por auto de misma fecha se admitió a trámite el juicio de amparo, 598/2020-III-B; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno. De igual forma, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, seguido el juicio en su trámite se inició conforme al acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia. TERCERO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa estimó que los actos reclamados son violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; en virtud de que el acto que reclama a las responsables tendrá ejecución en los límites territoriales en que este juzgado ejerce jurisdicción. Y con apoyo, además, en los Acuerdos Generales 13/2020, 21/2020, 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitidos con motivo de las circunstancias de pandemia de Covid-19. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, la Titular de este órgano jurisdiccional, procede a fijar y precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto; por lo que, de acuerdo al contenido íntegro de la demanda de amparo y el informe justificado rendido por la responsable, la presente litis constitucional versa en determinar si es legal o no: --- La resolución de fecha treinta de noviembre del dos mil veinte, dentro del cuadernillo 69/2017 por el cual niega la apertura de la acción penal privada que se le solicita. Así pues, bajo esa perspectiva se analizará el presente asunto. Es aplicable a lo anterior, la tesis P. VI/2004, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia de los actos. La responsable JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, residente en la localidad, al rendir su informe justificado aceptó el acto a ella reclamado, como se advierte de autos; y, para acreditar la constitucionalidad del mismo, remitió copia certificada de constancias del cuadernillo 69/2017, por el delito de fraude procesal, cometido en perjuicio de la víctima antes mencionada, mediante el cual con fundamento a los artículos 426, 429, fracción IV, 430 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 21 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 de la misma carta fundamental, relativas a que desde el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis presentó la denuncia penal al que correspondió el número 37-20160028983 de carpeta de investigación, y se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del presente asunto, procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 814, que establece: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. - Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, al haberse analizado y valorado previamente las constancias que integran el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo a la inejercitabilidad de la acción de amparo, por ende, debe analizarse el estudio del fondo de la cuestión debatida. QUINTO. Conceptos de violación. La peticionaria de amparo precisa como conceptos de violación los formulados en su escrito de demanda, los cuales no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, de acuerdo con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Así como, la tesis de jurisprudencia número 58/2010, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo al análisis de los conceptos de violación, resulta necesario destacar los siguientes antecedentes: 1. Que con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, presentó denuncia penal ante el Agente del Ministerio público correspondiente, quedando registrada bajo carpeta de investigación 37 20160028983, en la cual solicitó la intervención de ese Tribunal de Control, dado que allegó diversos datos a la carpeta de investigación, referida al considerar que los hechos tienen la apariencia de delito, antijurídico y culpable. 2) Que, debido a la omisión por parte de la Representación Social en ejercer la acción penal, se acercó en diversas fechas, que no recuerda plenamente, pero se ofrecieron pruebas al respecto, a peticionarle al Juez del control, ejerciera control sobre el proceso e indagatoria de la carpeta de investigación para que le indicara al Ministerio público, en la que no ha ejercitado acción penal y en torno a ello, no ha judicializado los hechos imputados para solicitar audiencia inicial. 3) Que el ministerio publico argumentó ante el Juez de control que faltaban algunos datos probatorios, como informes del Registro Civil competente, lo que a la postre, el órgano investigador continúa siendo omiso en judicializar la carpeta de investigación ante el Juez competente. 4) Que por ello en busca que se le brinde justicia, ha solicitado desde hace muchos años por conducto del Ministerio Publico, sin que lo haya hecho. Por ello, solo por el camino y/o por los conductos legales se le de justicia, y nunca hacer justicia por propia mano, es que procedió en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, a ejercer acción penal privada, a que el escrito se contrae y el Juez penal de control, proveyó el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, negándose a activar la acción penal privada que le fue solicitada. En contra de los actos reclamados la quejosa, entre otros conceptos de violación, en esencia, señaló que: A). Que el actuar del Juez responsable es contrario al acceso a la justicia, ya que se observa que la autoridad responsable no revisa lo propuesto, en el sentido de que el Ministerio Publico investigador y acusador, no ejerce acción penal pese a la insistencia de la ofendida, agraviada y aquí quejosa, siendo lo más sensato en un estado democrático y de derecho, escuchar a la gobernada en audiencia de la naturaleza que se solicita, escuchando sus argumentos y resolver en consecuencia, lo que no ha realizado, poniendo fin a la instancia. B) Que la autoridad responsable debe pronunciarse respecto al planteamiento formulado por la aquí quejosa BERTHA RICO GARCÍA, porque está dejando las cosas, como han estado hasta entonces, no da acceso a la justicia -vía acción penal privada-, para escuchar su postura y con ello da por terminado el procedimiento, cuando el Juez en el ejercicio de sus funciones constitucionales, tiene el deber de escuchar a todo gobernado en audiencia pública y resolver al respecto. C). Que el Código Nacional de Procedimientos pénales en el caso que nos ocupa, no permite la interposición de medio de defensa que combata esa decisión. Lo que hace procedente, de manera invariable, la acción de control constitucional concentrado, el juicio de amparo en la vía que se propone; puesto que además en el escrito fechado y recibido por la responsable el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se le expone que se denunciaron penalmente los hechos con apariencia de delitos ante el Ministerio público y se señaló el número de carpeta de investigación, también se sostuvo que a pesar de haber solicitado en varias ocasiones al Ministerio Publico ejerciera acción penal, debió proceder a la judicialización de la carpeta y no lo hizo, por lo que, tuvo que acudir ante este órgano jurisdiccional de control constitucional a solicitar su intervención. D). Que el Juez responsable solo se limitó a señalar que: no ha lugar a su petición de ejercer acción penal por sí misma, debido a que ya existen actos de investigación realizados por el Agente del Ministerio Publicó lo cual quien tiene la potestad de ejercer acción penal es la Representación Social, puesto que además interpuso la querella ante esa autoridad, es entonces que no se reúnen los requisitos del 428 y 429 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Siendo que debió admitir y escuchar en audiencia pública los argumentos de la quejosa como fue solicitado, lo que no realizó el juez responsable al tenor de las normas antes señaladas y dando una indebida motivación como lo establece el artículo 432 del mismo ordenamiento. E). Que además el artículo 17 constitucional, establece: "la administración de justicia corresponde a los tribunales, los cuales estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes", emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita", actuando de conformidad con los artículos 428, 429 y 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo ese tenor, este órgano de control constitucional advierte que los disensos hechos valer por la garante, mismos que se sintetizaron con antelación como A), B), C), D) y E), resultan infundados, los cuales se analizarán en su conjunto dada la estrecha relación que guardan entre sí, en atención a las consideraciones siguientes: En efecto, los artículos 426 y 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan la actuación en la especie, son del tenor literal siguiente: "Artículo 426. Acción penal por particulares. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, pero podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido en los casos y conforme a lo dispuesto en este Código. Artículo 428. Supuestos y condiciones en los que procede la acción penal por particulares. La víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión. La víctima u ofendido podrá acudir directamente ante el Juez de control, ejerciendo acción penal por particulares en caso de que cuente con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tal caso deberá aportar para ello los datos de prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al Ministerio Público. Cuando en razón de la investigación del delito sea necesaria la realización de actos de molestia que requieran control judicial, la víctima u ofendido deberá acudir ante el Juez de control. Cuando el acto de molestia no requiera control judicial, la víctima u ofendido deberá acudir ante el Ministerio Público para que éste los realice. En ambos supuestos, el Ministerio Público continuará con la investigación y, en su caso, decidirá sobre el ejercicio de la acción penal.". En efecto, de la interpretación sistemática, teleológica, gramatical y sociológica de los artículos transcritos, se obtiene que el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos que se regulen en la normativa secundaria. Luego, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, señala que el Ministerio Público es la autoridad competente para ejercer la acción penal ante los tribunales competentes. Sobre tal cuestión, previo a la citada modificación constitucional, el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía tres principios fundamentales: a) el Ministerio Público tenía el monopolio de la investigación del hecho punible y de la responsabilidad de sus autores; b) gozaba a su vez del poder exclusivo para valorar los resultados de la averiguación previa y determinar si quedaba acreditada o no la probable responsabilidad de la persona al comprobarse los elementos del tipo penal; y, c) el propio Ministerio Público tenía la facultad de ejercer la acción penal ante las autoridades judiciales competentes e instar su actuación jurisdiccional (consignación). Así, la reforma al artículo 21 constitucional de 2008 moduló parcialmente dichos principios, al añadir el supuesto de ejercicio de la acción penal por parte de los particulares; sin embargo, mantuvo el contenido base de los aludidos principios rectores. Esto es, de conformidad con la normativa constitucional reformada, el Ministerio Público conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados e instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal y la remisión de la averiguación previa a la autoridad competente. Por lo tanto, el que al Ministerio Público Federal o Local se le asigne el poder para ejercer la acción penal no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino que constituye un requisito que actualmente sólo admite dos modulaciones: 1) la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2) el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos que se regulen en la normativa secundaria. En consecuencia, el artículo 21 constitucional no tiene una delimitación a cierto ámbito competencial y sirve como parámetro de actuación para todas las autoridades de la República, por lo que funciona en todos los órdenes jurídicos (federal, estatal y del Distrito Federal) como una garantía para la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal y el debido proceso. Puntualizado lo anterior, con fecha treinta noviembre de dos mil veinte, el juez responsable, proveyó respecto al escrito recibido y que le fuera presentado por la aquí quejosa Bertha Rico García, quien es víctima, relativo al cuadernillo 69/2017, por el delito de fraude procesal, cometido en perjuicio de la víctima antes mencionada, en el que le manifiesta que desde el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, presentó la denuncia penal al correspondido el numero 37 20160028983, y a pesar de haber solicitado diversas audiencias ante ese Tribunal de Control y ante las actuaciones ministeriales derivadas de la omisión del Agente del Ministerio público en ejercer acción penal por los hechos que le expone, solicita se fije fecha y hora para llevar acabo audiencia Inicial. Luego, en su determinación la juez responsable determina: "Visto lo anterior, dígasele a la promovente que no ha lugar a su petición de ejercer acción penal por sí misma, en razón de que ya existen actos de investigación realizados por el Agente del Ministerio Publico lo cual quien tiene la potestad de ejercer acción penal es la Representación Social, puesto que además interpuso la querella ante esa autoridad, es entonces que no se reúnen los requisitos del 428 y 429 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, para no dejarla en estado de indefensión, se apercibe al Agente del Ministerio Publico para que en un plazo de 48 horas a partir de su legal notificación, se pronuncie respecto al planteamiento formado por la C. BERTHÁ RICO GARCÍA, en caso de no hacerlo será acreedor de una multa consistente en 40 Unidades de medida y actualización de conformidad con el artículo 104 fracción II inciso b). del código procedimental, NOTIFÍQUESE.- al Ministerio Público, así como a la Víctima de la forma por ellos autorizada; a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga. Lo anterior en los términos de los numerales Nacional de Procedimientos Penales.". Ahora, la quejosa, le relató al Juez los hechos siguientes: 1) Que con fecha once de mayo de dos mil once, firmó demanda de prescripción positiva, en un juicio ordinario civil, en contra de Mario Alberto Trujillo Barrera, como albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Mario Trujillo Sánchez y en contra de Luz María Barreda Ricoy, sobre dos predios descritos en la propia demanda. 2) Que con fecha diecisiete de mayo de dos mil once, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta dándosele como número de expediente el 619/11 del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. 3) Que con fecha primero de diciembre de dos mil once, la suscrita solicitó dentro del expediente número 619/11 del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se emplazó a juicio a Luz María Barrera Ricoy, ya que también aparecía como propietaria de los inmuebles materia de la prescripción. 4) Que con fecha dos de diciembre de dos mil once, el juez adscrito ordenó se corriera traslado y emplazamiento personal a Luz María Barrera Ricoy. 5) Que es el caso que Luz María Barrera Ricoy, dentro del expediente 619/2011 del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se identificó con una licencia de conducir del Gobierno del Estado de Chihuahua, con fecha de nacimiento 09/Mayo/1952, tal y como costa a foja 477 del mismo expediente. 6) Que en fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, compareció la imputada Luz María Barrera Ricoy a través de apoderados. 7) También hizo alusión a que el artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua, a la letra dice: "Se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el salario a quien con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive perjuicio de alguien o un beneficio indebido o mayor del que le corresponde, con independencia de la obtención del resultado, simule actos jurídicos o altere elementos de prueba". Que de verificarse el perjuicio o los beneficios a que se refiere el primer párrafo, las penas se incrementaran hasta en dos tercios. Que de conformidad a que no tengo elementos y pudieren ser primo delincuentes, la penalidad que solicita (3 años de prisión). Y además de la precisión de los anteriores hechos, ofertó los siguientes datos de prueba, mismos que se advierten de las constancias que allegó el juez responsable a su informe justificado y que son: 1) Acta de matrimonio entre Mario Trujillo Sánchez y Luz María Barreda Ricoy. 2) Actas de nacimiento de Mario Alberto y Mariana ambos de apellidos Trujillo Barreda. 3) Copias certificadas del expediente 619/2011, del índice administrativo del Juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, que contiene las actuaciones que aquí refiero. 4) Constancia de inexistencia de registro de la imputada Luz María Barreda Ricoy en el estado de Chihuahua. 5) Copia certificada de pasaporte de la imputada Luz María Barreda Ricoy con fecha de nacimiento 9 de mayo de 1952 y fecha de nacimiento Hidalgo del Parral Chihuahua. 6) Copia certificada del Poder otorgado ante el Licenciado Francisco Burciaga Molinar, Notario Público número 30 en Ciudad Juárez Chihuahua, en el cual señala la imputada Luz María Barreda Ricoy, sus generales ser originaria de la ciudad de México y de su fecha de Nacimiento 9 de mayo de 1952. 7) Copia certificada de credencial para votar de la imputada Luz María Barreda Ricoy con clave del estado donde es originaria 08, que le corresponde al estado de Chihuahua. 8) Copia certificada de la solicitud de pasaporte de la imputada Luz María Barreda Ricoy ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde manifiesta que es originaria de Parral Chihuahua. 9) Copia certificada de Constancia de Inexistencia de registro con folio 00023277723, de la imputada Luz María Barreda Ricoy, expedida por el Gobierno de las Ciudad de México en fecha 12 de septiembre de 2016, 10) Oficio de la oficina 05 del registro civil de Chihuahua, con folio 17/2018 en el que manifiesta que no encontró registro alguno de la imputada Luz María Barreda Ricoy. 11) Constancia de inexistencia de una CURP de la imputada Luz María Barreda Ricoy, emitido por el sistema que tiene implementado para tal efecto la Secretaría de Gobernación. 12) Copia certificada del acta de nacimiento de la Imputada Luz María Barreda Ricoy, expedida por el Gobierno de la Ciudad de México. Con fecha de nacimiento 9 de mayo de 1951. De lo reseñado con antelación, se advierte que el juez responsable al resolver lo solicitado por la peticionaria del amparo, estuvo en lo correcto al emitir su determinación, dado que estableció concretamente, que es la Representación Social, quien tiene la potestad de ejercer acción, puesto que además la aquí quejosa interpuso la querella ante esa autoridad y por ello, además no se reúnen los requisitos del 428 y 429 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, lo anteriormente determinado, tiene sustento con lo resuelto por nuestro más alto tribunal de la Nación, que estableció que el derecho de las víctimas a ejercer la acción penal directamente debe entenderse como procedente sólo en los casos que la ley determina y según los requisitos que establezca -interpretados de manera estrictamente limitativa y restrictiva. Y que los dos supuestos de procedencia para ejercer la acción penal privada son con la finalidad constitucional de facilitar el acceso a la justicia a las víctimas y dar cabida a la acción penal por particulares en casos excepcionales y donde el interés público sea superado por el interés privado -esto es, cuando se trate de delitos perseguibles por querella-, de manera que se preserva el principio de reserva de la acción penal por parte del Ministerio Público. Y en el caso que nos ocupa, no se dan esos supuesto excepcionales ni se encuentra acreditado que en el caso que nos ocupa, el interés público sea superado por el interés privado. Lo anterior es así, en razón de que el delito por el que, la ahora quejosa pretendió ejercer la acción penal contempla una pena privativa de libertad que merece una punibilidad máxima de seis años, esto es, que excede el máximo permitido por el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como supuesto de procedencia del ejercicio de la acción penal por los particulares, lo que evidencia que el Juez de Control responsable, actuó apegado a legalidad al determinar que, en el caso, debía preservarse el principio de reserva de la acción penal por parte del Ministerio Público conocer del asunto. De ahí, que se estimen infundados los conceptos de violación planteados por la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 45/2020 (10a.), Registro digital 2022355, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Penal, Libro 80, noviembre de 2020, Tomo I, página 864, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR PARTICULARES. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 428 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes interpretaron el sentido gramatical del artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar los supuestos y condiciones de procedencia del ejercicio de la acción penal por particulares. Criterio jurídico: Una interpretación teleológica y gramatical de este último artículo revela que éste contiene dos supuestos diferenciados de procedencia para la acción penal ejercida por particulares: el primero, cuando el delito de que se trate -siempre que sea perseguible por querella- tenga prevista una penalidad alternativa, entre las cuales no contemple alguna privativa de la libertad; el segundo, cuando el delito de que se trate -perseguible por querella- merezca una punibilidad máxima de tres años de prisión. Cumplido cualquiera de los dos supuestos, el particular -en su carácter de víctima u ofendido- podrá presentarse ante el Juez de Control para ejercer acción penal. Justificación: La Primera Sala entiende que dado el grado de restricción que un proceso penal implica sobre los derechos de las personas imputadas, el derecho de las víctimas a ejercer la acción penal directamente debe entenderse como procedente sólo en los casos que la ley determina y según los requisitos que establezca -interpretados de manera estrictamente limitativa y restrictiva. De la construcción gramatical del artículo se desprenden sólo dos supuestos de procedencia para ejercer la acción penal privada. Esta interpretación gramatical corresponde con la finalidad constitucional de facilitar el acceso a la justicia a las víctimas y dar cabida a la acción penal por particulares en casos excepcionales y donde el interés público sea superado por el interés privado -esto es, cuando se trate de delitos perseguibles por querella-, de manera que se preserva el principio de reserva de la acción penal por parte del Ministerio Público". En tales circunstancias, se niega el amparo y protección de la justicia federal, a Bertha Rico García. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA, NI PROTEGE a Bertha Rico García, contra el acto reclamado a la responsable precisada en el resultando primero, y por los razonamientos establecidos en el considerando último de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan. Así atento al contenido del oficio y anexos signado por el Juez de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio, del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta Ciudad, téngasele rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo, así como de la documental que anexa al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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