Betzave Olivia Sanchez Velasquez

Expediente 813/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
813/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Betzave Olivia Sanchez Velasquez
  • BETZAVE OLIVIA SANCHEZ VELASQUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Previa su apertura, glósese el sobre cerrado que devuelve Correos de México, el cual contiene el oficio 24480/2021 dirigido al Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex, con la leyenda "REHUSADO EN OFICIALIA DE PARTES"; y, en obvio de dilaciones procesales, dado que de autos se advierte que dicha institución bancaria recibe las comunicaciones oficiales de este asunto en la sucursal 0120 de la Ciudad de Oaxaca, túrnese nuevamente el indicado oficio al área de actuaría para su entrega correspondiente. CÚMPLASE.

  2. Principal

    MESA V "... . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 813/2020; y, . C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Autoridad responsable: Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A, Integrante del grupo "Banamex". Actos reclamados: a).- Transferencia a la cuenta global, de la cantidad de $67.401.52, de conformidad con el artículo 61, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, correspondiente a la cuenta de inversión de la quejosa, con número 9496003538, de la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A, Integrante del grupo "Banamex". b).- Omisión de retirar de la cuenta global, la citada cantidad y devolvérsela. c).- Pretender que ese monto prescriba a favor de la beneficencia pública. d).- Omisión de contestar su escrito de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. e).- El pago de daños y perjuicios. Tercero. Inexistencia del acto reclamado, consistente en la omisión de contestar el escrito de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. La Institución de Crédito señalada como autoridad responsable, no rindió su informe justificado. Sin embargo, no procede presumir cierto dicho acto, en términos del artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, porque la quejosa exhibió únicamente copia simple de la relatada solicitud que dijo haber formulado, misma que no tiene valor probatorio alguno; por lo que no acreditó el ejercicio de la instancia de cuya omisión se duele, lo cual resulta necesario demostrara para considerar que el acto resultaba cierto. Es aplicable al caso, la tesis 2ª. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos sesenta y seis, del Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." También tiene aplicación el criterio sustentado por la otrora Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y nueve, tercera parte del tomo CXXII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." Lo resaltado no es de origen. En esas circunstancias, se tiene por inexistente la omisión reclamada, de modo tal que lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Respecto de los restantes actos, procede presumirlos ciertos, ante la falta de informe de la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Quinto. Causal de improcedencia. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional. En el caso, la quejosa señala como autoridad responsable a la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A, Integrante del grupo "Banamex". Puntualizado lo anterior, se advierte que se surte la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los artículos trascritos, se advierte que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias por normas, actos u omisiones que se susciten entre los gobernados y alguna autoridad; por tanto, al ser un medio de control constitucional de los actos autoritarios, resulta improcedente respecto de aquéllos emitidos por una entidad que carezca de imperio. En ese orden, se impone determinar qué debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual el trascrito artículo 5°, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, señala que es la que dicta, publica, ejecuta o trata de ejecutar u omite el acto reclamado; respecto de este último aspecto, en dicho precepto se precisa que tiene aquélla calidad la que emita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Así, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. ? De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas, deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. ? De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales -garantías individuales-. La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales y los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional, por medio del juicio de amparo. ? De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Tiene aplicación a lo anterior, en la parte de interés, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Así las cosas, la parte quejosa reclama de la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A, Integrante del grupo "Banamex", la transferencia de la cantidad que tenía en su cuenta de inversión, a la cuenta global; la negativa de retirar de esa cuenta dicho monto y devolvérselo; pretender que prescriba a favor de la beneficencia pública y el pago de daños y perjuicios. Ahora bien, en lo que interesa, debe reseñarse que los particulares, es verdad, también pueden en algunos casos, revestir la calidad de entidades de imperio, sin embargo, ello no sucede así, sino en casos muy particulares, verbigracia, sobre las entidades financieras el artículo 4, fracción XIX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dispone que le corresponde coadyuvar con el Ministerio Público respecto de los delitos previstos en las leyes relativas al sistema financiero. En vinculación con lo anterior, el numeral 44, fracciones I a IV, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, prevé como facultades de la Dirección General de Atención a Autoridades, la atención de requerimientos formulados por autoridades judiciales o ministeriales, entre ellos, los relacionados con los aseguramientos. Por último, en cuanto a las instituciones bancarias, debe señalarse que están reguladas en la Ley de Instituciones de Crédito, de cuyos artículos 1, 2 y 9, se desprende que se trata de sociedades anónimas de capital fijo autorizadas para fungir como institución de banca múltiple, encargadas de la prestación del servicio de banca y crédito, que implica la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. Del contraste de lo anterior, se obtiene que los bancos tienen calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, únicamente cuando ejecutan los aseguramientos de cuentas ordenados por la autoridad ministerial o judicial en el procedimiento penal, al colmarse los extremos que prevé el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, lo que evidentemente no es el caso, considerando que la parte quejosa señaló como autoridad responsable únicamente a la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A, Integrante del grupo "Banamex", a la que le imputa los actos señalados; sin advertirse que dicho aseguramiento se deba en acato de alguna autoridad investigadora o judicial. Además, del artículo 44, fracción II, del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se obtiene que entre la orden de aseguramiento y su materialización por el banco, media la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien una vez que analiza que el requerimiento cumpla los requisitos de procedencia legales, la envía a la institución bancaria. Esto lleva a establecer que se trata de actos de ejecución consecutivos: la comisión analiza el requerimiento de ejecución de aseguramiento y de colmar los requisitos la canaliza; por su parte, la institución bancaria materializa la medida mediante la inmovilización de los recursos y la restricción de cualquier operación financiera. Lo anterior, pues si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el órgano regulador de los bancos, en el caso, dicha comisión no ejerce alguna función de supervisión o vigilancia, sino que se limita a acatar la orden de aseguramiento dictada por una autoridad. Así, el actuar de los bancos al inmovilizar o bloquear las cuentas deriva de un aseguramiento ordenado por alguna autoridad ministerial o judicial, lo que en efecto, es equivalente al acto de una autoridad; sin embargo, al señalarse únicamente como autoridad responsable a la Institución de Crédito es claro que por sí misma, no le asiste el carácter de autoridad responsable. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.P. J/56 P (10a.)3, de rubro y texto siguientes: "INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, señala que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Este segundo supuesto normativo se actualiza cuando los bancos ejecutan aseguramientos de cuentas ordenados en el procedimiento penal por la autoridad ministerial o judicial, pues si bien se trata de personas morales privadas, al inmovilizar o bloquear las cuentas, su actuación es equivalente al acto de una autoridad, porque ejerce facultades de ejecución como lo haría cualquier otra autoridad para materializar una medida cautelar, y su actuar es unilateral y obligatorio, ya que se ejerce sin que medie voluntad de la persona afectada, derivado de lo cual afectan los derechos del gobernado, al crear una situación jurídica que restringe la disposición de bienes o recursos, e impide la realización de cualquier otra operación financiera en sus cuentas bancarias. Además, las funciones del banco en la ejecución del aseguramiento de cuentas están determinadas en una norma general, como son los artículos 4, fracción XIX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como 44, fracciones I a IV, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que les confieren atribuciones para actuar con imperio como una autoridad ejecutora, en tanto disponen que los bancos están obligados a acatar lo solicitado, de forma que la inmovilización de las cuentas no surge por impulso de su parte, sino mediante autorización del Estado, en virtud de la norma general referida." En consecuencia, este Juzgado Federal, considera que el señalamiento que hace la quejosa de autoridad responsable a la Institución de Crédito citada, no se ubica en el supuesto de aplicación del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo. Por supuesto, no debe perderse de vista, que en cualquier circunstancia, el acto de imperio nace del texto de la ley, a saber del numeral 61, primer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito que no fue reclamado, menos atribuido a las autoridades del proceso legislativo en términos del artículo 108, fracciones III y IV de la Ley de Amparo que adminiculado con el diverso numeral 61, fracción XXIII, patentiza y robustece la anterior causal de improcedencia. A mayor abundamiento también se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico, en la medida en que las documentales que exhibió para acreditar la titularidad de la cuenta de donde dice se transfirió la cantidad que asegura corresponde a la inversión que realizó en la institución de crédito de que se trata, consistentes en: copia simple de la constancia de extravío de pagaré original y contrato de apertura de cuenta, de la Institución de Crédito Banamex, con número de cliente 106582078, a nombre de la quejosa; e Impresión del portal de internet del estado de cuenta del periodo dieciséis de julio al quince de agosto de dos mil diecinueve, con el número de contrato 9496003538, a nombre de la quejosa, de la Institución de Crédito Banamex; la primera, carece de valor por ser una copia simple y la segunda, también, pues con independencia de que se diga que se dice se obtuvo de un portal de internet, no tiene ningún otro sustento probatorio que avale que los datos que se reflejan en dicho documento sean fidedignos para crear convicción en el que resuelve, sin que sean desconocidos los criterios sobre los documentos obtenidos por el uso de medios electrónicos, pues en ese caso, la convicción probatoria encuentra respaldo en las cadenas criptográficas, lo que no sucede en el caso. Además, su sólo dicho de que el original de la constancia de extravío se lo quedó el Banco, es insuficiente. Por último, robusteciendo lo improcedente del juicio de amparo y fundado en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, los actos que se reclaman resultan ser actos consentidos, dado que la quejosa, bajo protesta de decir verdad manifiesta en sus antecedentes que tuvo conocimiento de ellos, desde el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, cuando quiso disponer de la cantidad mencionada para gastos médicos, no pudo hacerlo, porque la cuenta de la que dice es cuentahabiente se encontraba bloqueada. De modo que si la demanda la instó con exceso de los quince días que marca la lay de la materia, se hace visible la causa de improcedencia anotada. Así las cosas, al surtirse las causas de improcedencia invocadas, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sexto. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por ...contra actos de la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A, Integrante del grupo Banamex, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. Segundo. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA V "... En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las a las nueve horas con ocho minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado Ramiro García Simón, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3190/2021 de esa data, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, quien actúa ante la licenciada Dionicia Guadalupe Reyes García, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID- 19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso acuerdo 9/2021 del aludido pleno. Relación de constancias. La secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran a) la demanda de amparo promovida por Betzave Olivia Sánchez Velásquez. Asimismo, hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, el secretario en funciones acuerda: a) Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. b) Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que únicamente la parte quejosa ofreció como pruebas: La documental consistente en: 1.- Copia simple de la constancia de extravío de pagaré original y contrato de apertura de cuenta, de la Institución de Crédito Banamex, con número de cliente 106582078, a nombre de la quejosa. 2.- Copia simple del escrito a mano, de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, donde la quejosa solicita el desbloqueo de la inversión a plazo fijo con número de cuenta 9496003541 de Banamex. 3.- Impresión del portal de internet del estado de cuenta del periodo del dieciséis de julio al quince de agosto de dos mil diecinueve, con el número de contrato 9496003538, a nombre de la quejosa, de la Institución de Crédito Banamex. Acto continuo, el secretario en funciones acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se admiten las pruebas documentales, las que se desahogan por su propia naturaleza; con ello se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron, por lo que la secretaria en funciones acuerda: como no se formularon alegatos, se cierra dicho periodo y se procede a dictar la siguiente resolución: EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA LIC. RAMIRO GARCÍA SIMÓN LA SECRETARIA DE JUZGADO LIC. DIONICIA GUADALUPE REYES GARCÍA

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