Bertha Eugenia Hernandez Avendaño

Expediente 856/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
856/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Bertha Eugenia Hernandez Avendaño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia que concedió a ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes.****************************************Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Jefatura de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que cumpla con la sentencia y remita copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realizan, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento.****************************************Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para los siguientes efectos:****************************************"Efectos de la sentencia. ****************************************En términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina con precisión que se concede el amparo a ******************** para que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: ****************************************a) En el término de veinticuatro horas, de contestación al escrito con sello de recibido de tres de mayo de dos mil veintitrés; y, ****************************************b) Notifique en el mismo término de manera personal esa determinación a la parte quejosa."****************************************Apercibido que de no cumplir, en términos del artículo 237 fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), que constituye la Unidad de medida referida; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación.****************************************Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MESA ".. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 856/2023, ... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, d... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De un estudio integral de la demanda de amparo, se observa que el acto reclamado consiste, en esencia, en la omisión de dar respuesta al escrito de tres de mayo de dos mil veintitrés TERCERO. Presunción de existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante haber quedado legalmente notificada de esa petición el veinte de septiembre del año en curso; en cuya razón, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se PRESUME CIERTO el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, ante en las oficinas que ocupa el Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, la aquí quejosa refirió que actualmente se encuentra activa y laborando en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y que de conformidad con el artículo 51, fracción II, inciso c), de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12 de su Reglamento, está en el supuesto de incompatibilidad de pensión, lo que le impide disfrutar de la pensión de viudez de su extinto cónyuge José Juan Maldonado Avendaño. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que expresa: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone el concepto de violación, que la omisión reclamada transgrede en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que su solicitud no ha sido atendida. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Es FUNDADO el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, en el que esencialmente sostiene que se transgrede su derecho fundamental contenido en el numeral 8 constitucional, ya que no ha obtenido respuesta por escrito, fundada y motivada por parte de la autoridad responsable, respecto a su escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, ante el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, en el cual solicitó se dejen sin efectos los dispositivos que establecen la incompatibilidad de pensión por viudez, así como el pago en una sola exhibición a partir del día siguiente del fallecimiento de su extinto cónyuge; es decir, desde el cuatro de julio de dos mil veintiuno. En principio, conviene señalar que el derecho fundamental que el peticionario del amparo estima infringido, se encuentra previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Dicho numeral dispone que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impera la obligación de las autoridades a acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado de su petición. En síntesis, el precepto constitucional analizado, consagra el derecho de petición bajo las siguientes premisas: -La facultad del gobernado para acudir ante cualquier autoridad o funcionario público para formular una solicitud; -Dicha solicitud debe de ser de forma escrita, pacífica y respetuosa; y, -Como consecuencia de la solicitud, la autoridad debe de emitir un acuerdo congruente a lo planteado en breve término y hacerlo de su conocimiento. Apoya lo expuesto, jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2167, con registro 162603, que expresa: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." En ese orden, válidamente puede concluirse que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable analizar si la parte quejosa demuestra la existencia de la petición y la autoridad responsable haber dictado el acuerdo correspondiente, que sea congruente a la cuestión planteada y que lo haya notificado fehacientemente al promovente. Ahora bien, la parte quejosa refiere que se transgreden sus derechos fundamentales, pues no ha obtenido respuesta por escrito, fundada y motivada por parte de la autoridad responsable, respecto de su escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, en el cual, solicitó se dejen sin efectos los dispositivos que establecen la incompatibilidad de pensión por viudez, así como el pago en una sola exhibición a partir del día siguiente del fallecimiento de su extinto cónyuge; es decir, desde el cuatro de julio de dos mil veintiuno. Dicha manifestación, quedó corroborada con el acuse de recibo de dicho ocurso exhibido por la parte quejosa, pues con tales constancias se evidencia que efectivamente presentó su petición ante la autoridad responsable Jefe de Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca. Con lo anterior, queda de manifiesto, que existe solicitud por parte de la quejosa; esto es, que elevó la petición de que se duele a la responsable, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de agosto de dos mil veintitrés), incluso durante la tramitación de este sumario y hasta la data en que se dicta la presente resolución, se hubiese allegado constancia alguna de la que se advierta que la responsable se pronunció al respecto; por tanto, asiste razón jurídica a la parte quejosa al afirmar que la responsable, transgrede el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional. Ahora bien, el precitado artículo 8º constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que la autoridad de respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados; sin embargo, en su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término". Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Así, el "breve término" con que cuentan las autoridades para dar respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados se encuentra determinado por las siguientes condiciones: 1. La complejidad que represente el contenido de la petición, ya sea técnica, jurídica o material. 2. La actividad que el solicitante haya desplegado en seguimiento a la petición, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta. 3. La actividad que las autoridades hayan desplegado para agilizar la pronta respuesta a la petición, así como sus cargas de trabajo. En congruencia con lo expuesto, en los casos en los que un gobernado impugne en la vía jurisdiccional la falta de respuesta a una petición formulada en los términos previstos en el artículo 8º constitucional, por parte de una autoridad, corresponderá a esta última justificar su silencio, a través de la demostración de cualquiera de las condiciones apuntadas, sin que pueda aducir válidamente como eximente del cumplimiento de la obligación relativa, el hecho de que aún no haya transcurrido un plazo determinado. En ese sentido, si la autoridad responsable aún no emite respuesta a la solicitud de la parte impetrante, estando obligada a ello, la consecuencia será tener por infringido el derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 8º constitucional; por lo tanto, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que se solicita. Efectos de la sentencia. En términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina con precisión que se concede el amparo a BERTHA EUGENIA HERNÁNDEZ AVENDAÑO, para que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: a) En el término de veinticuatro horas, de contestación al escrito con sello de recibido de tres de mayo de dos mil veintitrés; y, b) Notifique en el mismo término de manera personal esa determinación a la parte quejosa. OCTAVO. Publicación de datos personales. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días señalado en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, transcurre del veintidós de septiembre al trece de octubre del año en curso para que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado rinda su informe justificado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.********************Glósese a los autos el oficio de la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el cual, informa que remitió a la responsable el oficio ******************** para que en el término de cuarenta y ocho horas atienda el requerimiento formulado en auto de veintiocho de agosto del presente año, sin emitir mayor pronunciamiento, toda vez que con el informe rendido por el Encargado del Despacho del Departamento de Pensiones del referido Instituto, se dio trámite a la admisión de la demanda de amparo en proveído de trece de septiembre del año en curso (11161).****************************************Asimismo, refiere que el superior jerárquico inmediato de la responsable es el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto, de lo que se toma nota para los efectos legales subsiguientes.****************************************Notifíquese y cúmplase.********************

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