Betsave Olivia Sánchez Velasquez

Expediente 1482/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1482/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Betsave Olivia Sánchez Velasquez
  • Betsave Olivia Sánchez Velasquez y Otros.
  • H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio número 822/2023, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual, la Presidencia de dicho Tribunal acusa recibo de la diversa comunicación, con la cual le fue enviado el recurso de revisión interpuesto la parte quejosa; asimismo, en lo que interesa, informa que admitió dicho medio de impugnación, registrándolo con el número 147/2023. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, aún no queda notificado de los oficios 26915/2022 y 851/2023, por medio de los cuales se le transcribió el acuerdo de radicación y el fallo dictados en este asunto, respectivamente. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en la integración de este expediente, se instruye a la actuaria adscrita para que notifique vía electrónica los oficios de referencia, a la institución bancaria de que se trata, por conducto de su apoderado legal a través del usuario proporcionado en autos. Notifíquese por lista electrónica y vía electrónica al Banco Nacional de México; cúmplase. -----------INSERCIÓN DE OFICIOS------------ OFICIO 26915/2022.---------- 1. 26915/2022 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (CITIBANAMEX) (AUTORIDAD RESPONSABLE) En el juicio de amparo número 1482/2022, promovido por ****, contra actos de usted, en esta fecha se dictó el siguiente acuerdo: ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Radicación y formación del expediente. Con el oficio número 46788/2022-BIS, signado por el secretario adscrito al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que acompaña el juicio de amparo número 1406/2022 de su índice, promovido por ***, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. con el número 1482/2022. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Se acepta competencia. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que mediante resolución pronunciada el veinte de diciembre de esta anualidad en el juicio de amparo 1406/2022, el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, por considerar que: ".Sin que obstaculice esta consideración el acto consistente en la omisión de darle contestación a la solicitud que presentó mediante escrito de veinte de julio de dos mil veintidós, en la sucursal 913, Plaza del Valle Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, en que solicitó el pagaré y contrato de apertura de la cuenta, cliente 106582078, cuenta 9496003541 y cuenta perfiles 9496003538. Lo anterior, porque a través de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, la parte quejosa ataca esencialmente ese acto primigenio, al considerar que la autoridad bancaria no debió retirar el monto de su cuenta y transferirlo a la cuenta de la institución financiera, porque no cumplió con el aviso previo que la norma establece. Asimismo, alega que es aplicable el tercer párrafo del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, pretende que la institución bancaria retire de su cuenta el monto que transfirió de la cuenta de la quejosa y se lo entregue. En efecto, lo que la parte quejosa estima es que se deje insubsistente la transferencia del numerario de su cuenta, a la de la institución bancaria y se le entregue, a efecto de que no vaya a pasar a la beneficencia pública. Mientras que, a través del escrito que le presentó y, de cuya omisión se duele, solicitó del banco los documentos que le permitan acreditar la titularidad de la cuenta, porque refiere que los extravió por descuido. Este aserto revela que el reclamo respecto a dicho acto carente de ejecución material, está vinculado con la citada cuenta bancaria. Razones por las que se considera que resulta aplicable la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues el acto que conlleva ejecución y que dio origen a los demás actos reclamados se ejecutó materialmente en aquella ciudad. En efecto, como se ha expuesto previamente, el artículo 37 de la Ley de Amparo, fija la competencia en función de la ejecución del acto reclamado; por tanto, si como en el caso acontece, la quejosa reclama distintos actos, uno que no tiene ejecución material y otros que sí la tienen o la tendrían y, dicha ejecución se actualizó en la sucursal 913, Plaza del Valle Oaxaca, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, porque es justamente aquel territorio en donde se abrió la cuenta de la que, refiere la quejosa, la institución bancaria transfirió su dinero, es indefectible que la competencia se surte ante un juez de Distrito en donde tuvo ejecución el acto reclamado, se insiste, en donde se abrió la cuenta bancaria. (.) En efecto, corresponde conocer del presente asunto a un Juez de Distrito con jurisdicción en el Municipio de Oaxaca de Juárez Oaxaca, Estado de Oaxaca; máxime que no existe diverso acto reclamado que tenga ejecución en otro o en este territorio en que se ejerce jurisdicción, por lo que, no es aplicable alguna de las otras reglas previstas en el citado artículo 37 de la Ley de Amparo. No es obstáculo a la consideración arribada, la circunstancia de que se hubiere admitido a trámite la demanda de amparo, ya que al ser la competencia una cuestión de orden público y de pronunciamiento preferente, el Juez está facultado para examinarla en cualquier estado del juicio y, en su caso, resolver lo que proceda conforme a derecho. (.)". En consecuencia, se acepta la competencia planteada y se avoca el conocimiento del presente asunto; por lo que se convalidan las actuaciones realizadas por el juzgado declinante. Acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión, y solicítese al Juzgado declinante, de no existir inconveniente alguno, vincule de manera permanente el expediente electrónico respectivo (1406/2022), con este juicio de amparo 1482/2022. Continuación del juicio. Se ordena continuar con el trámite de la demanda de amparo que promueve ****, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Incidente de suspensión No ha lugar a pronunciarse al respecto, toda vez que el juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1406/2022 de su índice, si bien se declaró impedido para continuar con el conocimiento del asunto, se pronunció respecto a la suspensión solicitada; por lo que, solicítesele remita el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativos a ese juicio de amparo. Audiencia Constitucional Con apoyo en el numeral 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la multicitada ley, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional, la cual será por videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales ; salvo que este órgano jurisdiccional estime necesaria la presencia física de las partes. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 27, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, para lo cual, en preparación para ello, deberán: a) Manifestar su deseo de hacerlo a más tardar cinco días antes de dicha celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, Tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, hágase saber a las partes que si consideran estrictamente necesario acudir a este órgano jurisdiccional, su participación en la audiencia será mediante videoconferencia, a través del equipo de cómputo destinado para tal efecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 261 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el entendido que, de no manifestar su voluntad expresamente, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. Solicitud de informe justificado. Sin que haya lugar a solicitar el informe justificado, toda vez que ya obran en autos (fojas 77, 90, 81, 86, 88, 110 y 128). Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que puede remitir su comunicaciones, mediante el uso de firma electrónica, a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentra imposibilitada para firmar electrónicamente y se cuenten elementos suficientes para tener por acreditada la autenticidad del escrito, acorde con lo establecido en el artículo 52 Bis, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; debiendo confirmar la recepción del mismo al número telefónico 9515023565 ext. 2101, a fin de evitar dilaciones innecesarias. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" , se hace del conocimiento de las autoridades responsables que sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Causales de sobreseimiento Comuníquese a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento en relación al acto reclamado, la deberán comunicar de inmediato, y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, se les impondrá una multa de treinta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo. Intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley en mención, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de publicación de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento del representante social, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la Actuaría de este juzgado. Reiteración de habilitación de días y horas inhábiles, publicación de datos personales, autorización de medios, electrónicos, consulta de expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Se reitera lo relativo a la habilitación de días y horas inhábiles, publicación de datos personales, autorización de medios, electrónicos, domicilio, autorizados y consulta de expediente electrónico y notificaciones por la misma vía, conforme al acuerdo de veintinueve de septiembre de esta anualidad. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Se instruye al oficial judicial "A" (SISE), para que realice la vinculaciones de los usuarios en este asunto (parte quejosa y autoridades responsables). Envío de oficios Se ordena a la actuaria llevadora de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza a la actuaria para que, previa revisión del expediente, entregue los oficios de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Finalmente, toda vez que la resolución emitida el siete de diciembre de esta anualidad, carece de folio, rúbrica y entresello; por tanto, a fin de que este expediente quede debidamente integrado, con fundamento en el numeral 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a le ley de la materia, se ordena el folio, rúbrica y entresello de dichas constancias. Notifíquese por lista electrónica al ministerio público; vía electrónica a la parte quejosa a través del usuario proporcionado; y, por oficio a las autoridades responsables. (...) ------------ OFICIO 851/2023 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (CITIBANAMEX) (AUTORIDAD RESPONSABLE) En el juicio de amparo número 1482/2022, promovido por ***, contra actos de usted, en esta fecha se dictó la siguiente sentencia: ".En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 1482/2022, que promovió por propio derecho; y, VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 1482/2022, promovido por ***, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, el cual fue turnado al día siguiente al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, ***, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por derecho propio, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Le reviste el carácter de autoridades responsables a las siguientes: 1. A La H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 2. A La H. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 3. AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 4. AL C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 5. AL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. 6. AL C. SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 7. A la Institución de Crédito "BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (Citibanamex).". Actos reclamados: "IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN.- De las autoridades responsables en el presente escrito de demanda de amparo indirecto, imputo y reclamo los siguientes actos: 1. De la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, imputo y reclamo la iniciación, discusión, aprobación, sanción y elaboración del dictamen que dio origen al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente; 2. De la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, imputo y reclamo la iniciación, discusión, aprobación, sanción y elaboración del dictamen que dio origen al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente; 3. Del C. Presidente de la República, imputo y reclamo la Iniciativa de ley que le dio origen a la discusión, aprobación, sanción y elaboración del dictamen que dio origen al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente; 4. De C. Secretario de Gobernación, imputo y reclamo la sanción y/o correspondiente firma del decreto expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual entró en vigor el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente; 5. De C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, imputo y reclamo la sanción y/o correspondiente firma del decreto expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual entró en vigor el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente; 6. Del C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, imputo y reclamo la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del decreto expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual entró en vigor el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente; y, 7. De la Institución de Crédito "BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (Citibanamex).imputo y reclamo los actos siguientes: a) El haber abonado y/o transferido a la cuenta global que maneja de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 primer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, la cantidad de $67,000.00 (Sesenta y siete mil pesos 00/100 M. N.), que corresponde al valor de la inversión realizada por la suscrita quejosa con vencimiento al 19 de septiembre de 2019, en términos del contrato ***, relacionada con el número de cliente *** y número de cuenta perfiles ***, sin que previamente se me haya efectuado el aviso por escrito en mi domicilio ubicado en. b) El abstenerse de retirar de la cuenta global que maneja de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, la cantidad de $67,000.00 (Sesenta y siete mil pesos 00/100 M. N.), abonada o transferida a la misma de conformidad al primer párrafo del artículo en mención, que corresponde al valor de la inversión realizada por la suscrita quejosa con vencimiento al 19 de septiembre de 2019, en términos del contrato ***, relacionada con el número de cliente *** y número de cuenta perfiles ***. c) El pretender que la cantidad de $67,000.00 (Sesenta y siete mil pesos 00/100 M. N.), abonada o transferida a la cuenta global que maneja de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 primer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, correspondiente al valor de la inversión realizada por la suscrita quejosa con vencimiento al 19 de septiembre de 2019, en términos del contrato ***, relacionada con el número de cliente *** y número de cuenta perfiles ***, prescriba en favor de la beneficencia pública sin que al respecto se surta el supuesto del cuarto párrafo del artículo en mención. d) La omisión de darle contestación a la solicitud presentada por escrito en fecha 20 de julio de 2022, por conducto de su sucursal 913 Plaza del Valle Oaxaca. e) El que con fundamento en el artículo 61 tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito vigente, por ser procedente conforme a derecho, retire de su cuenta global, y en consecuencia retire de su cuenta global, y en consecuencia me entregue y/o devuelva la inversión original de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 m. n.), más sus intereses en la fecha de cumplimiento ya sea del auto de suspensión definitiva y/o de la sentencia firme que se dicten en el juicio de amparo indirecto. f) El que no se me haya efectuado y/o realizado de manera previa, en mi domicilio ubicado en.con fundamento en el artículo 61 primer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito vigente, aviso por el escrito de que se procedería al abono o transferencia a la cuenta global de esa misma Institución de Crédito de conformidad a lo dispuesto en el mismo párrafo del artículo de Ley en cita, de la inversión original de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 m. n.), más sus intereses, efectuada mediante pagaré y contrato de apertura de cuenta que suscribí, en fecha 05 de septiembre de 2015, en su Sucursal.con número de cliente ***, número de cuenta de inversión a plazo fijo *** y número de cuenta perfiles ***; 3. El que con fundamento en el artículo 142 primer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito vigente me envíe a las cuentas de correos electrónicos.el pagaré y contrato de apertura de cuenta que suscribí con dicha institución de crédito.. g) El pago de daños y perjuicios que se ocasionen en perjuicio de mi persona a consecuencia de los actos reclamados que anteceden. Narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los artículos 8º, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen los derechos fundamentales violados, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. 1. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós , el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México radicó la demanda de amparo con el número 1406/2022; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio intervención al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a dicho órgano jurisdiccional y se citó a las partes a la audiencia constitucional. 2. Por resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós , el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo, y ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio, en turno. 4. Mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós , este órgano jurisdiccional a quien por turno le tocó conocer del asunto; registro el juicio de amparo con el número 1482/2022; aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto; se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y apoyo en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fijan de forma clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: 1. De la institución financiera Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex. a) La omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, en la sucursal 913 Plaza del Valle, Oaxaca. b) La transferencia de sus recursos por la cantidad de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 M. N.), que tenía en la institución financiera Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex, a través del contrato 9496003541, relacionada con el número de cliente 106582078 y número de cuenta perfiles 9496003538, a una cuenta global a favor de la Beneficencia Pública. c) La devolución de sus recursos por la cantidad de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 M. N.), que tenía en la institución financiera Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex, a través del contrato 9496003541, relacionada con el número de cliente 106582078 y número de cuenta perfiles 9496003538, que fue transferida a una cuenta global a favor de la Beneficencia Pública. d) El pago de daños y perjuicios a consecuencia de los actos reclamados que anteceden. 2. De la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y Director del Diario Oficial de la Federación la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones, el procedimiento legislativo (iniciativa, discusión, aprobación expedición, promulgación y orden de publicación), de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Secretario de Hacienda y Crédito Público, al rendir su informe justificado por conducto de la autoridad que lo representa , negó la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa hubiere aportado alguna prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa. Además, dicha negativa se corrobora del contenido de la propia Ley de Instituciones de Crédito, como se advierte de la imagen que a continuación se inserta. De donde se conoce que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, no intervino en el refrendo de la ley de que se trata; por tanto, procede sobreseer en el juicio respecto al acto reclamado a dicha autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y conforme al sexto transitorio de dicha ley, la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que aparece bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. Existencia del acto reclamado. La institución financiera Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex , y las autoridades responsables, Cámara de Diputados , Cámara de Senadores , Presidente de la República, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación , al rendir sus respectivos informes justificados, por conducto de las autoridades que los representan, convinieron en la existencia de los actos reclamados; por tanto, se tienen por ciertos los actos que se les atribuye. Máxime que, respecto a la existencia de la Ley de Instituciones de Crédito no es objeto de prueba y su existencia se desprende de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, registro 191452, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, Materias Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Asimismo, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 233090, visible en la página 15, Volumen 65, Primera Parte, Materias Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, la institución financiera Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, al rendir su informe justificado, indicó que, en el caso, dicha institución financiera no le asiste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Dicha causal de improcedencia se considera fundada. En efecto, este órgano de Control Constitucional, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al artículo 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". Del invocado numeral 5º fracción II, establece que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, sin requerir para ello de acudir ante órganos jurisdiccionales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, la referida disposición normativa establece que los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional; al respecto, es pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014 señaló en qué casos tendrán dicha calidad Dicha ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Materia Común-Administrativa, página 1797, Registro digital: 2010095, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción indicada, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, las AFORES que, en cumplimiento a los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, así como los párrafos tercero, cuarto, quinto y octavo de la Regla I.3.10.5 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año 2013, retienen el impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas, sino como auxiliares del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de los contribuyentes". Conforme al artículo y a las consideraciones de la ejecutoria señaladas, se advierte que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en esos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto, para determinar si un particular realiza actos equivalentes a los de una autoridad, debe atenderse a los tipos de relaciones que existen en el Estado, a saber: de subordinación, supraordinación y coordinación. 1. Las relaciones de subordinación son las que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal. 2. Las relaciones de supraordinación, son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. 3. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más personas físicas o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para resolver esas controversias. De esa manera, tratándose de particulares, los sujetos contra quien es procedente el juicio de amparo, serán aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, apoyados en alguna norma jurídica que les autorice proceder de esa manera. En el caso, respecto de los actos atribuidos a la institución financiera Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex, consistentes en: a) La omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, en la sucursal 913 Plaza del Valle, Oaxaca; b) La transferencia de sus recursos por la cantidad de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 M. N.), que tenía en la institución financiera Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex, con motivo del del contrato 9496003541, relacionada con el número de cliente 106582078 y número de cuenta perfiles 9496003538, a una cuenta global a favor de la Beneficencia Pública; c) La devolución de sus recursos por la cantidad de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 M. N.), que tenía en la institución financiera Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex, con motivo del contrato 9496003541, relacionada con el número de cliente 106582078 y número de cuenta perfiles 9496003538, que fue transferida a una cuenta global a favor de la Beneficencia Pública; y, d) El pago de daños y perjuicios a consecuencia de los actos reclamados que anteceden. La citada institución financiera no actúa como autoridad, ya que, en cuanto al primer acto identificado con el inciso a), éste se deriva de la relación que existe entre la citada institución financiera y la parte quejosa con motivo del contrato 9496003541, relacionada con el número de cliente 106582078 y número de cuenta perfiles 9496003538, pues aun cuando de manera unilateral omite dar contestación a su escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, en la sucursal 913 Plaza del Valle, Oaxaca, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues ello deriva como se dijo, del contrato celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, y en caso de persistir la omisión, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo. Asimismo, dicha omisión por sí misma, no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en la esfera de derechos de la parte quejosa. Por otra parte, respecto de los actos identificados con los incisos b), c) y d), cabe señalar que en eso casos, la institución financiera tampoco actúa en los términos del artículo 5º fracción II y jurisprudencia invocados, esto es, no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria frente a la parte quejosa, sin necesidad de acudir ante órganos jurisdiccionales, ni del consenso del afectado, ya que lo hace en cumplimiento al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que establece lo siguiente: "ARTICULO 61.- El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de crédito. Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo. Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo. Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo dentro de los dos primeros meses de cada año". Del artículo transcrito se deduce lo siguiente: 1. Las instituciones bancarias, respecto del principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros en tres años, deberán dar aviso con noventa días de antelación por escrito al cliente en su domicilio, lo cual deberá constar en el expediente respectivo, y una vez transcurridos los noventa días tanto el principal como los intereses deberán ser abonados a una cuenta global que la propia institución financiera llevará en sus registros. 2. Si con motivo de tal aviso, el depositante o inversionista se presenta para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo. 3. Finalmente, en caso contrario, si no asiste el depositante o inversionista, los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Las instituciones financieras estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del treinta y uno de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto. Como se puede ver, cuando las instituciones bancarias, abonan a una cuenta global que la propia institución financiera lleva en sus registros, respecto del principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros en tres años, en principio, lo hacen en cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, no lo hacen muto proprio, sino en atención a dicho precepto legal. Asimismo, la referida disposición normativa no les otorga la faculta de imperio, pues no pueden actuar de manera unilateral y definitivo, ya que previo a realizar el movimiento financiero indicado, deben dar aviso por escrito en el domicilio del cliente, con noventa días de anticipación, para éste en su caso esté en posibilidad de reclamar dichos recursos. Y solamente en caso de que el depositante o inversionista no asista a reclamar los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses, estos prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Ahora, en caso de que el depositante o inversionista estuviere inconforme con dicho movimiento, puede demandar a la institución financiera en la vía mercantil para resolver la controversia relativa, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, fracciones XIV y XXV , y 1049, ambos del Código de Comercio, la relación que existe entre el cliente (aquí quejoso) y la institución financiera, deriva de actos comerciales, toda vez que se reclama el cumplimiento de las obligaciones bancarias contraídas entre una sociedad financiera y la parte actora, sin importar que una de las partes no sea comerciante, mientras que el acto se refiera a uno de comercio. De ahí que se arribe a la conclusión de que los actos reclamados no pueden considerarse como provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues cuando las instituciones bancarias, abonan a una cuenta global que la propia institución financiera lleva en sus registros, respecto del principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros en tres años, lo hacen en cumplimiento al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Artículo que tampoco las facultad de imperio, pues, como ya se vio, no pueden actuar de manera unilateral, de tal forma que las actividades que desarrollan lo hacen desde un plano de igualdad con motivo del contrato que tienen celebrado de manera voluntaria con sus clientes (depositante o inversionista), es decir, actúan en una relación de coordinación con sus clientes. En tales condiciones, al resultar fundada dicha causal de improcedencia, resulta innecesario el estudio de las otras causales planteadas por las restantes autoridades responsables; por lo que, procede sobreseer este juicio, atento a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 61, fracción XXIII y 5º, fracción II, de la citada ley. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos reclamados a la a) Cámara de Diputados b) Cámara de Senadores c) Presidente de la República, d) Secretario de Gobernación y c) Director del Diario Oficial de la Federación, respecto del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que, conforme a la técnica que rige al amparo contra normas generales, una vez decretado el sobreseimiento en cuanto al acto de aplicación, el mismo debe comprender lo relativo a la inconstitucionalidad de la ley. Lo anterior, ya que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del amparo, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o reglamento, ya que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta al considerar que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, Materias(s): Constitucional, Registro digital: 191311, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Finalmente, lo aquí considerado, trae como consecuencia la imposibilidad jurídica de analizar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. Al caso es aplicable la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, con registro 394465, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete. SÉPTIMO. Anotaciones y firma de oficios. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se faculta al actuario adscrito para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los considerandos sexto y séptimo de esta decisión, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica, y por oficio a las autoridades responsables. (.)

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Glósese el oficio número 4001/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, en atención a las peticiones formuladas en autos, remite el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1406/2022 de su índice. Acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, téngasele informando que se ordenó hacer disponible el expediente electrónico de dicho juicio de amparo (1406/2022 expediente electrónico), con el del expediente en que se actúa. Por lo que se refiere al incidente de suspensión relativo a este juicio, toda vez que la autoridad de amparo oficiante, ya resolvió la suspensión definitiva de los actos reclamados; díctese el acuerdo respectivo en dicho cuaderno incidental. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Se convalidan actuaciones. Como está ordenado en proveído de esta fecha, en los autos del juicio de amparo número 1482/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por ******, se ordena formar el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, por la incompetencia planteada por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Hágase del conocimiento de las partes, que se convalidan todas las actuaciones dictadas por la autoridad declinante, en el diverso incidente de suspensión 1406/2022. Archivo del incidente de suspensión Por otra parte, como no existe asunto pendiente por diligenciar, y con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión provisional y definitiva, el original de este expediente será DESTRUIBLE, conforme al artículo 21, inciso c), del referido acuerdo; cuaderno que se conservará por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta determinación, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

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