Bertín Fedérico Pérez Jiménez

Expediente 409/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
409/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Bertín Fedérico Pérez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintidós. Causa estado determinación. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de queja contra el auto dictado el once de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por *****, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con el oficio signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, mediante el cual remite la demanda de amparo, que promovió Bertín Federico Pérez Jiménez contra actos del Presidente del Tribunal Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en esta localidad y otra autoridad, toda vez que declinó competencia a este órgano jurisdiccional por los motivos expuestos; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 409/2022. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Expediente Electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Se acepta competencia. Ahora, debido a que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, declaró carecer de competencia legal por cuestión de conocimiento previo; lo anterior, porque este juzgado conoció previamente del juicio de amparo 801/2019, el cual fue promovido por **** y *****, contra diversos actos derivados del juicio agrario ****, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y, toda vez que en la demanda de cuenta el promovente ***** reclama actuaciones dictadas en el juicio agrario **** por citado Tribunal Unitario Agrario; por tanto, este Juzgador comparte el criterio del homólogo declinante y acepta la competencia planteada. Por tanto, se ordena acusar el recibo correspondiente vía interconexión. Compensación. En otra tesitura, envíese atento oficio a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, para que, este asunto sea contabilizado y realice la compensación correspondiente, por el sistema computarizado de tal oficina; lo anterior, a fin de compensar la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional; por ello, solicítese la boleta correspondiente. Estudio de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, tomando como base que, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa ***** viene a juicio en su calidad de concubino de *****; asimismo, reclama de la autoridad ordenadora la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil diecinueve, así como las consecuencias, por no haber sido llamado a juicio en el expediente agrario **** tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, entre ellas la ejecución forzosa de dicha sentencia y el auto de treinta de marzo de este año, dictado en dicho expediente. En ese sentido, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Pues bien, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acredita su interés jurídico, consistente en el derecho que le asiste para reclamar en la vía constitucional, la violación a sus derechos sustantivos, ya que no demuestra con documento idóneo la titularidad del predio que reclama. Ahora, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la materia, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y en contra de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Antes de analizar la citada causal de improcedencia, es menester establecer que en la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce un nuevo presupuesto procesal para la promoción del juicio de amparo, que se encuentra inmerso en el artículo 107 de la Carta Magna, conforme al siguiente texto: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De cuyo contenido se colige que se requiere: a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales (con contenido jurisdiccional) en que se continúa exigiendo contar con el primero; y, b) Que ese interés jurídico o legítimo se vea agraviado; respecto de un derecho subjetivo público, o bien, de manera directa o en su especial situación frente al orden jurídico, respectivamente. Ahora bien, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. En efecto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.4o. 17 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en la página 3074 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, registro 2005381, cuyo rubro: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN" En ese sentido, la noción de interés legítimo, presupone que éste, se encuentre reconocido tanto por la Constitución Federal, como por las leyes ordinarias, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para instar al órgano jurisdiccional correspondiente, a fin de que se reconozca una situación individualizada y de ser el caso, sea resarcido de los daños y perjuicios ocasionados. Luego, es la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos reclamados, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del gobernado, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, lo que lo legítima para deducir la acción constitucional. De lo que se colige que podrá promover el juicio de protección de derechos humanos quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre que el acto reclamado vulnere sus derechos fundamentales previstos en el artículo 1° de la Carta Magna y, con ello, se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Bajo esa premisa y con el propósito de dilucidar bajo qué reglas de procedencia se resolverá el presente juicio (entendiéndose por ello la acreditación que debe demostrar el peticionario de amparo por cuanto hace a la afectación de un derecho subjetivo tutelado por la norma o la existencia de un interés cualificado que proviene de la afectación de su esfera jurídica derivada de su situación particular respecto del orden jurídico), resulta indispensable analizar el tipo de acto que se reclama y el procedimiento del que emana, con la finalidad de determinar cuál requisito de procedibilidad se necesita demostrar en el presente asunto (interés jurídico o interés legítimo). Así las cosas, el quejoso *****, reclama a la autoridad responsable la falta de llamamiento al juicio agrario *****, del índice del Tribunal responsable; la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil diecinueve, así como las consecuencias, entre ellas la ejecución forzosa de dicho fallo y el auto de treinta de marzo de este año. El promovente basa su pretensión en hecho que es concubino de ******, parte demanda en el juicio de origen y que ejecutaran la sentencia de dicho procedimiento en el domicilio donde habita con su concubina, ubicada en la casa marcada con el número *****. Por lo que, en ese supuesto, y al no ser parte en dicho asunto, resulta indispensable que el inconforme acredite contar con un interés jurídico para que resulte procedente la contienda de control constitucional. Antecedentes del acto reclamado Ahora bien, de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que este juzgado se tramitó el juicio de amparo 801/2019, que promovió por**** y ****, contra diversos actos derivados del juicio agrario ****, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; constancias que se traen a la vista para emitir esta determinación, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, ya que es un hecho notorio para el suscrito las resoluciones capturadas en dicho sistema (S.I.S.E.), tal como lo dispone la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Luego, de las constancias que obran en el expediente electrónico 801/2019, del índice de este juzgado, y del contenido de la demanda de amparo, resulta conveniente citar los antecedentes del acto reclamado: Mediante escrito presentado ante el Tribunal responsable ****, por propio derecho, presentó demanda en contra de **** y ****, para el derecho de mejor poseer y usufructuar la fracción del solar para casa habitación ubicada en la parte norte de la comunidad de San Juan Bautista Guelache, Distrito de Eltla, Oaxaca, mismo que se tramitó bajo el número ****. La fracción del sitio solar controvertido, tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte.- mide 66.35 metros y colinda con el solar de los señores *** y ***.- Al Sur.- mide 66.75 metros y colinda con el solar de su hermano ****.- Al Oriente.- mide 10.12 metros y colinda con solar de ****; y Al Ponente.- mide 08.59 metros y colinda con solar de la señora *****. En audiencia de cinco de julio de dos mil diecisiete, compareció ****, como sucesora legal de la extinta ****, quien hizo suya la demanda, la ratificó y ofreció pruebas de su interés. Seguido de juicio, se dictó la sentencia el diez de mayo de dos mil diecinueve, en la que se declaró que la actora ****, como sucesora legal de la extinta ****; acreditó parcialmente los hechos constitutivos de su acción, condenó a las ahí demandadas**** y *****, a que le respeten el mejor derecho de posesión que tiene respecto de la fracción de solar que le fue reclamada; ordenándose a las citadas demandas para que en plazo de quince días naturales, posteriores al siguiente al que cause ejecutoria la citada resolución cumplieran voluntariamente con esa sentencia, con el apercibimiento que se no hacerlo se procedería a su ejecución utilizando los medios de apremio previstos por la ley. De igual manera se declaró que era improcedente la pretensión consistente en la nulidad del contrato público de compraventa de veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, del instrumento notarial número *****, así como de los instrumentos números*****. Inconforme con la sentencia, **** (concubina del aquí quejoso), promovió el juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con el número ****. Mediante sentencia engrosada el diez de septiembre de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla (que actuó en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito), negó el amparo a la aquí quejosa. El aquí quejoso señaló que el día cinco de marzo de dos mil veintidós le comentó su concubina **** que querían desalojarla en cumplimiento a una sentencia dentro de un expediente agrario, mismo que habita con ella. Expuesto lo anterior, en el caso a estudio, el quejoso para acreditar que la actuación de las responsables vulneran sus derechos fundamentales, ofreció como pruebas, las copias certificas el cinco de abril de este año, por el Notario Público número 38 en el Estado, siguientes: Constancia de avecindado expedida a favor de quejoso, de veinte de febrero de dos mil veintidós, expedida por la Presidenta Comunitaria del Municipio de San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca. Constancia de declaración de existencia de concubinato de veinticinco de enero de dos mil veintidós, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Instrumento notarial número catorce mil cuatrocientos ocho del volumen doscientos cincuenta y nueve de veinte de abril de dos mil siete, pasado por la fe del Notario Público número 73 en el Estado, en el que hace constar el contrato de compra venta y la constitución de usufructo vitalicio celebrado entre el señor Filemón Cruz Castellanos o Plácido Filemón Cruz Castellanos, como vendedor y Ricarda Cruz López, como compradora, respecto de un terreno rústico, ubicado en la población de San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca, con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte.- mide 72.00 metros y colinda con propiedad de los señores Aurelio Regino, Gloria Regino, Asunción Cruz Bautista y Antonio Ruiz; Al Sur.- mide 72.22 metros y colinda con propiedad del señor Aurelio Peralta.- Al Oriente.- mide 20.90 metros y colinda con propiedad de la señora Rosa Martínez, camino de por medio; y Al Ponente.- mide 17.10 metros y colinda con propiedad de la señora Eustolia Pérez. Instrumento notarial número catorce mil cuatrocientos tres del volumen doscientos cincuenta y ocho de veinte de abril de dos mil siete, pasado por la fe del Notario Público número 38 en el Estado, en la que se hace constar la rectificación de medidas y colindancias de un terreno rústico, ubicado en jurisdicción de San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca. Sin embargo, independientemente del valor probatorio que dichas documentales, se estima que las misas son insuficientes para justificar el interés jurídico del quejoso para promover el amparo, por las siguientes razones: El quejoso afirma que tiene una relación de concubinato con Ricarda Cruz López, parte demandada en el juicio agrario de origen, desde hace veinte años, para acreditarlo exhibe la documental marcada en el inciso b) de los párrafos que anteceden. Aduce que dicha relación de concubinato, es la causa generadora de la posesión del inmueble, el cual está ubicado en la casa marcada con el número cinco de la calle de Primera Rayón en la población de San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca; lo anterior, porque manifiesta que en dicha casa habita con su concubina [documental marcada con el inciso b)], y que de acuerdo con el Código Familiar tiene derecho sobre el cincuenta por ciento del inmueble en cuestión Refiere que tiene conocimiento que ejecutaran la sentencia dictada en el juicio agrario 1408/2013, del índice del Tribunal Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en esta localidad, en el domicilio citado, donde habita con su concubina En ese sentido, es de señalarse que la relación de concubinato con la parte demandada en el juicio de origen, no es suficiente para acreditar el interés jurídico que aduce tener el solicitante del amparo. Esto es así, porque no por ser concubino de la demandada en el juicio de origen, como lo señala el propio quejoso, pueda presumirse que a los concubinos les sea aplicable el régimen de sociedad conyugal del matrimonio, pues éste implica la unión voluntaria de los patrimonios de las partes que celebran dicho acto, es decir, se hacen copartícipes voluntaria y expresamente de sus derechos y obligaciones; mientras que en el concubinato esta presunción no tiene una fuente de la cual pueda derivarse, ya que para el establecimiento de un régimen patrimonial se requiere la declaración de voluntad de las partes, considerar lo contrario, atentaría contra la propia naturaleza del concubinato como una relación de hecho, pues se le estaría considerando como una figura creadora de consecuencias jurídicas complejas que las partes no manifestaron querer y podría implicar una mayor carga. Es aplicable el criterio contenido en la tesis 1a. CCCXVII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1645, del Libro 23, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2015, Décima Época, con registro 2010269, que establece: "CONCUBINATO. NO PUEDE PRESUMIRSE QUE LE SEA APLICABLE EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL MATRIMONIO. No puede presumirse que a los concubinos les sea aplicable el régimen de sociedad conyugal del matrimonio, pues éste implica la unión voluntaria de los patrimonios de las partes que celebran dicho acto, es decir, se hacen copartícipes voluntaria y expresamente de sus derechos y obligaciones. Además, aun en el supuesto de que no se estipule el régimen conyugal al momento de la celebración del matrimonio, se entiende que los contrayentes conocen -porque así lo dispone expresamente la ley- que dicha omisión hace presumir la decisión de vivir bajo un régimen compartido; es decir, en el matrimonio existe la manifestación expresa de la voluntad de las partes de sujetarse al cúmulo de obligaciones y derechos que la ley le atribuye a dicha institución, mientras que en el concubinato esta presunción no tiene una fuente de la cual pueda derivarse. Así, para el establecimiento de un régimen patrimonial se requiere la declaración de voluntad de las partes. Considerar lo contrario atentaría contra la propia naturaleza del concubinato como una relación de hecho, pues se le estaría considerando como una figura creadora de consecuencias jurídicas complejas que las partes no manifestaron querer y podría implicar una mayor carga para finalizar su relación que como empezó -de manera fáctica-. Lo anterior no implica, de manera alguna, que los concubinos -al igual que los cónyuges- que se encuentren en situación de desventaja económica -como por ejemplo, haberse dedicado preponderantemente al hogar- respecto de la otra parte no deban ser atendidos por el sistema jurídico. No obstante, ello no se trata de un régimen patrimonial, sino de una medida compensatoria y/o del derecho de alimentos." Además, porque debe reiterarse que el agraviado se ostenta con el carácter de tercero extraño al juicio natural en sentido estricto, esto es, como aquélla persona que sin ser parte formal y material del procedimiento, distinta de los sujetos que forman parte de la controversia, se ve afectada por un acto de autoridad dictado dentro o fuera de este; y la causa generadora de la posesión a título de propietario que defiende, la hace derivar de la relación de concubinato que lo une con la demandada del asunto litigioso, el cual si bien, al igual que el matrimonio es una institución cuya finalidad es proteger las relaciones de pareja, esto es, son instituciones similares, no existe un fundamento legal que obligue a regular idénticamente tales instituciones y menos tratándose de un régimen patrimonial que requiere de la declaración de voluntad de las partes. En ese orden de ideas, no puede considerarse a una persona como poseedor de un inmueble, como lo pretende hacer valer el peticionario de amparo, si no existe un acto jurídico a través del cual haya adquirido la posesión y el hecho de que el peticionario de amparo ocupe el bien con motivo de una relación de concubinato y que sea su residencia actual, indica que sólo lo detenta en virtud de una situación de dependencia, ineficaz para la procedencia de la acción constitucional, al no contar con la posesión que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales. Apoya a lo anterior, la tesis 1a. CCCLXXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 620, del Libro 11, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2014, Décima Época, con registro 2007804, que establece: "SOCIEDAD DE CONVIVENCIA, MATRIMONIO Y CONCUBINATO. EL HECHO DE QUE CONSTITUYAN INSTITUCIONES SIMILARES CUYA FINALIDAD ES PROTEGER A LA FAMILIA, NO IMPLICA QUE DEBAN REGULARSE IDÉNTICAMENTE. El artículo 2 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal prevé que dicha sociedad es un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas físicas, de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. En este sentido, es indiscutible que la sociedad referida, al igual que el matrimonio y el concubinato, es una institución cuya finalidad es proteger relaciones de pareja, basadas en la solidaridad humana, la procuración de respeto y la colaboración. Ahora bien, el hecho de que la sociedad de convivencia, el matrimonio y el concubinato constituyan instituciones similares, no equivale a sostener que existe un derecho humano que obligue a regular idénticamente tales instituciones, ya que éstas tienen sus particularidades y no pueden equipararse en condiciones ni en efectos; sin embargo, el derecho a la igualdad implica que no pueden permitirse diferencias de trato entre personas que se hallen en situaciones análogas o notablemente similares sin que exista un ejercicio legislativo de motivación y justificación, por lo que tal juicio de relevancia es aplicable para la sociedad de convivencia respecto de las instituciones del matrimonio y concubinato, por tratarse de vínculos familiares." Se estima que solo detenta el inmueble con motivo de la relación de concubinato, toda vez que de las copias certificadas de los instrumentos notariales exhibidos [documentales marcada con los incisos c) y d)], específicamente del número catorce mil cuatrocientos ocho del volumen doscientos cincuenta y nueve de veinte de abril de dos mil siete, pasado por la fe del Notario Público número 73 en el Estado, se desprende que el contrato de compra venta y la constitución de usufructo vitalicio, se celebró entre el señor Filemón Cruz Castellanos o Plácido Filemón Cruz Castellanos, como vendedor y la señorita Ricarda Cruz López, como compradora, respecto de un terreno rústico, ubicado en la población de San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca, con las medidas y colindancias ahí descritas. De esta manera, la manifestación del impetrante del amparo de ser concubino de Ricarda Cruz López, y las documentales que aporta a su demanda de amparo, no resultan suficientes para acreditar el interés jurídico que lo legitime para acudir a esta instancia constitucional. Máxime que, como ya se destacó, el derecho que se protege a través del juicio constitucional es aquella posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada, luego, es claro que cuando se reclamen actos de desposeimiento y el impetrante de garantías se ostente como tercero extraño, para acreditar su interés jurídico debe demostrar no sólo la posesión material o tenencia simple del inmueble, sino también la causa generadora de esa posesión, para evidenciar si ésta es jurídica, originaria o derivada, según se disfrute en concepto de dueño o en calidad de usufructuario, arrendatario o cualquier otro título análogo, y que tales derechos los adquirió con antelación a los actos reclamados, lo que en el caso no aconteció a la fecha de emisión del acto reclamado. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 187733, del rubro siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Asimismo, cobra aplicación en lo conducente, la tesis VI.2o.C.618 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1072, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, Novena Época, con registro digital 169129, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCUBINATO. NO ORIGINA UNA POSESIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCUBINA O DEL CONCUBINARIO SUSCEPTIBLE DE SER PROTEGIDA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 42 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala dispone que hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros se unen, sin estar casados, para vivir bajo un mismo techo, como si lo estuvieren; esto es, se trata de un hecho humano voluntario y lícito, el que conforme a los artículos 1241 y 1242 de la codificación en cita, consiste en un acontecimiento realizado con la acción y voluntad del hombre, que se encuentra permitido por la ley; hecho que si bien es cierto que produce consecuencias jurídicas, también lo es que la voluntad de las personas no se dirigió precisamente a la creación de esas consecuencias, como ocurre en los actos jurídicos. Por otro lado, de los diversos 1124, 1128 y 1131 del mismo ordenamiento, así como del criterio jurisprudencial P./J. 1/2002, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, con el rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.", en el que sostuvo que para que la posesión fuera objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; se concluye que la concubina no puede considerarse como poseedora de los bienes de su concubinario, ni a éste puede tenérsele como poseedor de los de aquélla, en virtud de que la posesión susceptible de ser protegida mediante el juicio de garantías es la definida por el derecho común, o sea, la que permite al titular de ese derecho ejercer sobre la cosa un poder de hecho, poder que de ninguna manera constituye un hecho con consecuencias jurídicas, como lo es la relación de concubinato, sino que por ese poder debe entenderse la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que necesariamente debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; de manera que si sólo pueden ser objeto de protección constitucional la posesión civil y la precaria, pero no la simple tenencia material o detentación de la cosa, que es en todo caso lo que tendría la concubina respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubinario, y éste respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubina, es inconcuso que aquélla no puede ser objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un juicio del orden civil, al surgir de un simple hecho con consecuencias jurídicas, pero no sustentarse en una figura jurídica contemplada en la ley, como pueden serlo la compraventa, la donación, el comodato, el arrendamiento, etcétera. No es obstáculo a lo anterior, el que la ley civil para el Estado de Tlaxcala determine que en ciertas situaciones jurídicas opera la misma regulación para el matrimonio y para el concubinato, pues ello no ocurre en tratándose de las relaciones patrimoniales de la pareja, ya que no existe disposición legal alguna que establezca que la forma de regular las relaciones patrimoniales entre cónyuges rige para el concubinato, menos aún en el caso de la sociedad conyugal, la que de conformidad con los artículos 60, 66, fracción I y 70, fracción I, del citado Código Civil, para ser constituida requiere de dos requisitos: a) Que se establezca expresamente; y, b) Que se pacten capitulaciones matrimoniales; de manera que si los cónyuges no pactan dichas capitulaciones, el régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes. De ahí que si para establecer la sociedad conyugal, entendida como la formación y administración de un patrimonio común, se requiere que los consortes manifiesten expresamente su voluntad y además formulen capitulaciones matrimoniales, es evidente que no puede existir un régimen similar a la sociedad conyugal en el concubinato, el que por su propia naturaleza de una unión de hecho, excluye toda posibilidad de que haya existido una manifestación de voluntad para formar y administrar un patrimonio común y la formulación de capitulaciones matrimoniales." En tales condiciones, si el supuesto jurídico en que descansa la pretensión del quejoso, es la posesión que dice tener respecto del inmueble donde habita con su concubina, y que aduce será en el que se ejecute la sentencia del juicio agrario de origen; por lo que al no demostrarse dicha posesión, resulta evidente la falta de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Cobra aplicación la Jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 32, agosto de 1990, Octava Época, visible en la página 20, con número de registro 820175, cuyo rubro y texto, son: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985).- De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Por tanto, acorde al principio de tutela judicial efectiva, consagrado por el artículo 17 de la Constitucional, que prioriza que la justicia sea pronta y eficaz, resulta procedente desechar la demanda de amparo en análisis, toda vez que el quejoso basa su pretensión y causa generadora de la posesión del inmueble que defiende, de la relación de concubinato que lo une con la demandada del asunto litigioso y no en algún acto jurídico a través del cual haya adquirido la posesión, y que pudiera ser objeto de análisis en la secuela procesal. Aunado a que se advierte que la promoción de este juicio de amparo podría implicar una práctica dilatoria del juicio agrario 1408/2013, toda vez que en primer término no existe identidad entre el inmueble donde dice habita con su concubina y el descrito en los instrumentos notariales que anexa a su demanda y en los que aduce consta la compra venta del inmueble que defiende, ni tampoco de éstos dos con el que fue materia de controversia en el juicio agrario de origen. Lo anterior, tal como lo manifiesta la quejosa Ricarda Cruz López (parte demandada en el juicio agrario), en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 408/2022 del índice de este juzgado, en la que aduce que la imposibilidad que tiene de dar cumplimiento a la sentencia de diez de mayo de dos mil diecinueve, toda vez que no existe identidad entre el inmueble objeto de la controversia y el inmueble del que es propietaria, esto es el ubicado en la primera de rayón, número cinco, en San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca; dato que se invoca como hecho notorio para los efectos legales correspondientes. Además que los instrumentos notariales exhibidos por el quejoso para acreditar su interés jurídico, marcados en los incisos c) y d), fueron tomados en cuenta por el Tribunal Agrario responsable al dictar sentencia; respecto de los cuales si bien no declaró su nulidad, esto fue porque de los mismos no encontró identidad con el bien reclamado por la actora y se referían a medidas y colindancias distintas (fojas 41 y 42 de la sentencia agraria). En ese contexto, al no acreditarse la vulneración al derecho que aduce la parte quejosa, respecto del inmueble que señala en su demanda de amparo, esto es, el interés jurídico para comparecer al presente juicio; consecuentemente, es clara la actualización de la causal de improcedencia en principio invocada, en esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, Materia Común, página 1631, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio y autorizados. Se tiene como como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, el que indica la parte quejosa. Ahora, debido a que el quejoso proporciona su correo electrónico y número telefónico, para recibir notificaciones, se le informa que las mismas le serán realizadas en el domicilio precisado en su escrito, por lo que si desea que tales notificaciones se realicen en tal correo electrónico, deberán proporcionar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se le tiene proporcionando dicho medio de contacto con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación del expediente. Tomando en consideración que conforme al Acuerdo General 21/2020 existe la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes; sin embargo, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. En consecuencia, se exhorta a las partes, con excepción de la parte quejosa, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), lo que les permitirá presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Adicionalmente, se solicita a las partes autoridades proporcionen un correo electrónico o un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención a las partes mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido por la licenciada Dulce María Cruz Ramírez, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de once de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 409/2022; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con el oficio signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, mediante el cual remite la demanda de amparo, que promovió Bertín Federico Pérez Jiménez contra actos del Presidente del Tribunal Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en esta localidad y otra autoridad, toda vez que declinó competencia a este órgano jurisdiccional por los motivos expuestos; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 409/2022. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Expediente Electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Se acepta competencia. Ahora, debido a que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, declaró carecer de competencia legal por cuestión de conocimiento previo; lo anterior, porque este juzgado conoció previamente del juicio de amparo 801/2019, el cual fue promovido por **** y *****, contra diversos actos derivados del juicio agrario ****, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y, toda vez que en la demanda de cuenta el promovente ***** reclama actuaciones dictadas en el juicio agrario **** por citado Tribunal Unitario Agrario; por tanto, este Juzgador comparte el criterio del homólogo declinante y acepta la competencia planteada. Por tanto, se ordena acusar el recibo correspondiente vía interconexión. Compensación. En otra tesitura, envíese atento oficio a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, para que, este asunto sea contabilizado y realice la compensación correspondiente, por el sistema computarizado de tal oficina; lo anterior, a fin de compensar la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional; por ello, solicítese la boleta correspondiente. Estudio de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, tomando como base que, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa ***** viene a juicio en su calidad de concubino de *****; asimismo, reclama de la autoridad ordenadora la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil diecinueve, así como las consecuencias, por no haber sido llamado a juicio en el expediente agrario **** tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, entre ellas la ejecución forzosa de dicha sentencia y el auto de treinta de marzo de este año, dictado en dicho expediente. En ese sentido, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Pues bien, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acredita su interés jurídico, consistente en el derecho que le asiste para reclamar en la vía constitucional, la violación a sus derechos sustantivos, ya que no demuestra con documento idóneo la titularidad del predio que reclama. Ahora, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la materia, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y en contra de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Antes de analizar la citada causal de improcedencia, es menester establecer que en la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce un nuevo presupuesto procesal para la promoción del juicio de amparo, que se encuentra inmerso en el artículo 107 de la Carta Magna, conforme al siguiente texto: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De cuyo contenido se colige que se requiere: a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales (con contenido jurisdiccional) en que se continúa exigiendo contar con el primero; y, b) Que ese interés jurídico o legítimo se vea agraviado; respecto de un derecho subjetivo público, o bien, de manera directa o en su especial situación frente al orden jurídico, respectivamente. Ahora bien, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. En efecto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.4o. 17 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en la página 3074 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, registro 2005381, cuyo rubro: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN" En ese sentido, la noción de interés legítimo, presupone que éste, se encuentre reconocido tanto por la Constitución Federal, como por las leyes ordinarias, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para instar al órgano jurisdiccional correspondiente, a fin de que se reconozca una situación individualizada y de ser el caso, sea resarcido de los daños y perjuicios ocasionados. Luego, es la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos reclamados, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del gobernado, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, lo que lo legítima para deducir la acción constitucional. De lo que se colige que podrá promover el juicio de protección de derechos humanos quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre que el acto reclamado vulnere sus derechos fundamentales previstos en el artículo 1° de la Carta Magna y, con ello, se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Bajo esa premisa y con el propósito de dilucidar bajo qué reglas de procedencia se resolverá el presente juicio (entendiéndose por ello la acreditación que debe demostrar el peticionario de amparo por cuanto hace a la afectación de un derecho subjetivo tutelado por la norma o la existencia de un interés cualificado que proviene de la afectación de su esfera jurídica derivada de su situación particular respecto del orden jurídico), resulta indispensable analizar el tipo de acto que se reclama y el procedimiento del que emana, con la finalidad de determinar cuál requisito de procedibilidad se necesita demostrar en el presente asunto (interés jurídico o interés legítimo). Así las cosas, el quejoso *****, reclama a la autoridad responsable la falta de llamamiento al juicio agrario *****, del índice del Tribunal responsable; la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil diecinueve, así como las consecuencias, entre ellas la ejecución forzosa de dicho fallo y el auto de treinta de marzo de este año. El promovente basa su pretensión en hecho que es concubino de ******, parte demanda en el juicio de origen y que ejecutaran la sentencia de dicho procedimiento en el domicilio donde habita con su concubina, ubicada en la casa marcada con el número *****. Por lo que, en ese supuesto, y al no ser parte en dicho asunto, resulta indispensable que el inconforme acredite contar con un interés jurídico para que resulte procedente la contienda de control constitucional. Antecedentes del acto reclamado Ahora bien, de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que este juzgado se tramitó el juicio de amparo 801/2019, que promovió por**** y ****, contra diversos actos derivados del juicio agrario ****, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; constancias que se traen a la vista para emitir esta determinación, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, ya que es un hecho notorio para el suscrito las resoluciones capturadas en dicho sistema (S.I.S.E.), tal como lo dispone la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Luego, de las constancias que obran en el expediente electrónico 801/2019, del índice de este juzgado, y del contenido de la demanda de amparo, resulta conveniente citar los antecedentes del acto reclamado: Mediante escrito presentado ante el Tribunal responsable ****, por propio derecho, presentó demanda en contra de **** y ****, para el derecho de mejor poseer y usufructuar la fracción del solar para casa habitación ubicada en la parte norte de la comunidad de San Juan Bautista Guelache, Distrito de Eltla, Oaxaca, mismo que se tramitó bajo el número ****. La fracción del sitio solar controvertido, tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte.- mide 66.35 metros y colinda con el solar de los señores *** y ***.- Al Sur.- mide 66.75 metros y colinda con el solar de su hermano ****.- Al Oriente.- mide 10.12 metros y colinda con solar de ****; y Al Ponente.- mide 08.59 metros y colinda con solar de la señora *****. En audiencia de cinco de julio de dos mil diecisiete, compareció ****, como sucesora legal de la extinta ****, quien hizo suya la demanda, la ratificó y ofreció pruebas de su interés. Seguido de juicio, se dictó la sentencia el diez de mayo de dos mil diecinueve, en la que se declaró que la actora ****, como sucesora legal de la extinta ****; acreditó parcialmente los hechos constitutivos de su acción, condenó a las ahí demandadas**** y *****, a que le respeten el mejor derecho de posesión que tiene respecto de la fracción de solar que le fue reclamada; ordenándose a las citadas demandas para que en plazo de quince días naturales, posteriores al siguiente al que cause ejecutoria la citada resolución cumplieran voluntariamente con esa sentencia, con el apercibimiento que se no hacerlo se procedería a su ejecución utilizando los medios de apremio previstos por la ley. De igual manera se declaró que era improcedente la pretensión consistente en la nulidad del contrato público de compraventa de veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, del instrumento notarial número *****, así como de los instrumentos números*****. Inconforme con la sentencia, **** (concubina del aquí quejoso), promovió el juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con el número ****. Mediante sentencia engrosada el diez de septiembre de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla (que actuó en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito), negó el amparo a la aquí quejosa. El aquí quejoso señaló que el día cinco de marzo de dos mil veintidós le comentó su concubina **** que querían desalojarla en cumplimiento a una sentencia dentro de un expediente agrario, mismo que habita con ella. Expuesto lo anterior, en el caso a estudio, el quejoso para acreditar que la actuación de las responsables vulneran sus derechos fundamentales, ofreció como pruebas, las copias certificas el cinco de abril de este año, por el Notario Público número 38 en el Estado, siguientes: Constancia de avecindado expedida a favor de quejoso, de veinte de febrero de dos mil veintidós, expedida por la Presidenta Comunitaria del Municipio de San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca. Constancia de declaración de existencia de concubinato de veinticinco de enero de dos mil veintidós, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Instrumento notarial número catorce mil cuatrocientos ocho del volumen doscientos cincuenta y nueve de veinte de abril de dos mil siete, pasado por la fe del Notario Público número 73 en el Estado, en el que hace constar el contrato de compra venta y la constitución de usufructo vitalicio celebrado entre el señor Filemón Cruz Castellanos o Plácido Filemón Cruz Castellanos, como vendedor y Ricarda Cruz López, como compradora, respecto de un terreno rústico, ubicado en la población de San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca, con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte.- mide 72.00 metros y colinda con propiedad de los señores Aurelio Regino, Gloria Regino, Asunción Cruz Bautista y Antonio Ruiz; Al Sur.- mide 72.22 metros y colinda con propiedad del señor Aurelio Peralta.- Al Oriente.- mide 20.90 metros y colinda con propiedad de la señora Rosa Martínez, camino de por medio; y Al Ponente.- mide 17.10 metros y colinda con propiedad de la señora Eustolia Pérez. Instrumento notarial número catorce mil cuatrocientos tres del volumen doscientos cincuenta y ocho de veinte de abril de dos mil siete, pasado por la fe del Notario Público número 38 en el Estado, en la que se hace constar la rectificación de medidas y colindancias de un terreno rústico, ubicado en jurisdicción de San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca. Sin embargo, independientemente del valor probatorio que dichas documentales, se estima que las misas son insuficientes para justificar el interés jurídico del quejoso para promover el amparo, por las siguientes razones: El quejoso afirma que tiene una relación de concubinato con Ricarda Cruz López, parte demandada en el juicio agrario de origen, desde hace veinte años, para acreditarlo exhibe la documental marcada en el inciso b) de los párrafos que anteceden. Aduce que dicha relación de concubinato, es la causa generadora de la posesión del inmueble, el cual está ubicado en la casa marcada con el número cinco de la calle de Primera Rayón en la población de San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca; lo anterior, porque manifiesta que en dicha casa habita con su concubina [documental marcada con el inciso b)], y que de acuerdo con el Código Familiar tiene derecho sobre el cincuenta por ciento del inmueble en cuestión Refiere que tiene conocimiento que ejecutaran la sentencia dictada en el juicio agrario 1408/2013, del índice del Tribunal Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en esta localidad, en el domicilio citado, donde habita con su concubina En ese sentido, es de señalarse que la relación de concubinato con la parte demandada en el juicio de origen, no es suficiente para acreditar el interés jurídico que aduce tener el solicitante del amparo. Esto es así, porque no por ser concubino de la demandada en el juicio de origen, como lo señala el propio quejoso, pueda presumirse que a los concubinos les sea aplicable el régimen de sociedad conyugal del matrimonio, pues éste implica la unión voluntaria de los patrimonios de las partes que celebran dicho acto, es decir, se hacen copartícipes voluntaria y expresamente de sus derechos y obligaciones; mientras que en el concubinato esta presunción no tiene una fuente de la cual pueda derivarse, ya que para el establecimiento de un régimen patrimonial se requiere la declaración de voluntad de las partes, considerar lo contrario, atentaría contra la propia naturaleza del concubinato como una relación de hecho, pues se le estaría considerando como una figura creadora de consecuencias jurídicas complejas que las partes no manifestaron querer y podría implicar una mayor carga. Es aplicable el criterio contenido en la tesis 1a. CCCXVII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1645, del Libro 23, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2015, Décima Época, con registro 2010269, que establece: "CONCUBINATO. NO PUEDE PRESUMIRSE QUE LE SEA APLICABLE EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL MATRIMONIO. No puede presumirse que a los concubinos les sea aplicable el régimen de sociedad conyugal del matrimonio, pues éste implica la unión voluntaria de los patrimonios de las partes que celebran dicho acto, es decir, se hacen copartícipes voluntaria y expresamente de sus derechos y obligaciones. Además, aun en el supuesto de que no se estipule el régimen conyugal al momento de la celebración del matrimonio, se entiende que los contrayentes conocen -porque así lo dispone expresamente la ley- que dicha omisión hace presumir la decisión de vivir bajo un régimen compartido; es decir, en el matrimonio existe la manifestación expresa de la voluntad de las partes de sujetarse al cúmulo de obligaciones y derechos que la ley le atribuye a dicha institución, mientras que en el concubinato esta presunción no tiene una fuente de la cual pueda derivarse. Así, para el establecimiento de un régimen patrimonial se requiere la declaración de voluntad de las partes. Considerar lo contrario atentaría contra la propia naturaleza del concubinato como una relación de hecho, pues se le estaría considerando como una figura creadora de consecuencias jurídicas complejas que las partes no manifestaron querer y podría implicar una mayor carga para finalizar su relación que como empezó -de manera fáctica-. Lo anterior no implica, de manera alguna, que los concubinos -al igual que los cónyuges- que se encuentren en situación de desventaja económica -como por ejemplo, haberse dedicado preponderantemente al hogar- respecto de la otra parte no deban ser atendidos por el sistema jurídico. No obstante, ello no se trata de un régimen patrimonial, sino de una medida compensatoria y/o del derecho de alimentos." Además, porque debe reiterarse que el agraviado se ostenta con el carácter de tercero extraño al juicio natural en sentido estricto, esto es, como aquélla persona que sin ser parte formal y material del procedimiento, distinta de los sujetos que forman parte de la controversia, se ve afectada por un acto de autoridad dictado dentro o fuera de este; y la causa generadora de la posesión a título de propietario que defiende, la hace derivar de la relación de concubinato que lo une con la demandada del asunto litigioso, el cual si bien, al igual que el matrimonio es una institución cuya finalidad es proteger las relaciones de pareja, esto es, son instituciones similares, no existe un fundamento legal que obligue a regular idénticamente tales instituciones y menos tratándose de un régimen patrimonial que requiere de la declaración de voluntad de las partes. En ese orden de ideas, no puede considerarse a una persona como poseedor de un inmueble, como lo pretende hacer valer el peticionario de amparo, si no existe un acto jurídico a través del cual haya adquirido la posesión y el hecho de que el peticionario de amparo ocupe el bien con motivo de una relación de concubinato y que sea su residencia actual, indica que sólo lo detenta en virtud de una situación de dependencia, ineficaz para la procedencia de la acción constitucional, al no contar con la posesión que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales. Apoya a lo anterior, la tesis 1a. CCCLXXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 620, del Libro 11, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2014, Décima Época, con registro 2007804, que establece: "SOCIEDAD DE CONVIVENCIA, MATRIMONIO Y CONCUBINATO. EL HECHO DE QUE CONSTITUYAN INSTITUCIONES SIMILARES CUYA FINALIDAD ES PROTEGER A LA FAMILIA, NO IMPLICA QUE DEBAN REGULARSE IDÉNTICAMENTE. El artículo 2 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal prevé que dicha sociedad es un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas físicas, de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. En este sentido, es indiscutible que la sociedad referida, al igual que el matrimonio y el concubinato, es una institución cuya finalidad es proteger relaciones de pareja, basadas en la solidaridad humana, la procuración de respeto y la colaboración. Ahora bien, el hecho de que la sociedad de convivencia, el matrimonio y el concubinato constituyan instituciones similares, no equivale a sostener que existe un derecho humano que obligue a regular idénticamente tales instituciones, ya que éstas tienen sus particularidades y no pueden equipararse en condiciones ni en efectos; sin embargo, el derecho a la igualdad implica que no pueden permitirse diferencias de trato entre personas que se hallen en situaciones análogas o notablemente similares sin que exista un ejercicio legislativo de motivación y justificación, por lo que tal juicio de relevancia es aplicable para la sociedad de convivencia respecto de las instituciones del matrimonio y concubinato, por tratarse de vínculos familiares." Se estima que solo detenta el inmueble con motivo de la relación de concubinato, toda vez que de las copias certificadas de los instrumentos notariales exhibidos [documentales marcada con los incisos c) y d)], específicamente del número catorce mil cuatrocientos ocho del volumen doscientos cincuenta y nueve de veinte de abril de dos mil siete, pasado por la fe del Notario Público número 73 en el Estado, se desprende que el contrato de compra venta y la constitución de usufructo vitalicio, se celebró entre el señor Filemón Cruz Castellanos o Plácido Filemón Cruz Castellanos, como vendedor y la señorita Ricarda Cruz López, como compradora, respecto de un terreno rústico, ubicado en la población de San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca, con las medidas y colindancias ahí descritas. De esta manera, la manifestación del impetrante del amparo de ser concubino de Ricarda Cruz López, y las documentales que aporta a su demanda de amparo, no resultan suficientes para acreditar el interés jurídico que lo legitime para acudir a esta instancia constitucional. Máxime que, como ya se destacó, el derecho que se protege a través del juicio constitucional es aquella posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada, luego, es claro que cuando se reclamen actos de desposeimiento y el impetrante de garantías se ostente como tercero extraño, para acreditar su interés jurídico debe demostrar no sólo la posesión material o tenencia simple del inmueble, sino también la causa generadora de esa posesión, para evidenciar si ésta es jurídica, originaria o derivada, según se disfrute en concepto de dueño o en calidad de usufructuario, arrendatario o cualquier otro título análogo, y que tales derechos los adquirió con antelación a los actos reclamados, lo que en el caso no aconteció a la fecha de emisión del acto reclamado. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 187733, del rubro siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Asimismo, cobra aplicación en lo conducente, la tesis VI.2o.C.618 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1072, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, Novena Época, con registro digital 169129, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCUBINATO. NO ORIGINA UNA POSESIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCUBINA O DEL CONCUBINARIO SUSCEPTIBLE DE SER PROTEGIDA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 42 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala dispone que hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros se unen, sin estar casados, para vivir bajo un mismo techo, como si lo estuvieren; esto es, se trata de un hecho humano voluntario y lícito, el que conforme a los artículos 1241 y 1242 de la codificación en cita, consiste en un acontecimiento realizado con la acción y voluntad del hombre, que se encuentra permitido por la ley; hecho que si bien es cierto que produce consecuencias jurídicas, también lo es que la voluntad de las personas no se dirigió precisamente a la creación de esas consecuencias, como ocurre en los actos jurídicos. Por otro lado, de los diversos 1124, 1128 y 1131 del mismo ordenamiento, así como del criterio jurisprudencial P./J. 1/2002, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, con el rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.", en el que sostuvo que para que la posesión fuera objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; se concluye que la concubina no puede considerarse como poseedora de los bienes de su concubinario, ni a éste puede tenérsele como poseedor de los de aquélla, en virtud de que la posesión susceptible de ser protegida mediante el juicio de garantías es la definida por el derecho común, o sea, la que permite al titular de ese derecho ejercer sobre la cosa un poder de hecho, poder que de ninguna manera constituye un hecho con consecuencias jurídicas, como lo es la relación de concubinato, sino que por ese poder debe entenderse la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que necesariamente debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; de manera que si sólo pueden ser objeto de protección constitucional la posesión civil y la precaria, pero no la simple tenencia material o detentación de la cosa, que es en todo caso lo que tendría la concubina respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubinario, y éste respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubina, es inconcuso que aquélla no puede ser objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un juicio del orden civil, al surgir de un simple hecho con consecuencias jurídicas, pero no sustentarse en una figura jurídica contemplada en la ley, como pueden serlo la compraventa, la donación, el comodato, el arrendamiento, etcétera. No es obstáculo a lo anterior, el que la ley civil para el Estado de Tlaxcala determine que en ciertas situaciones jurídicas opera la misma regulación para el matrimonio y para el concubinato, pues ello no ocurre en tratándose de las relaciones patrimoniales de la pareja, ya que no existe disposición legal alguna que establezca que la forma de regular las relaciones patrimoniales entre cónyuges rige para el concubinato, menos aún en el caso de la sociedad conyugal, la que de conformidad con los artículos 60, 66, fracción I y 70, fracción I, del citado Código Civil, para ser constituida requiere de dos requisitos: a) Que se establezca expresamente; y, b) Que se pacten capitulaciones matrimoniales; de manera que si los cónyuges no pactan dichas capitulaciones, el régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes. De ahí que si para establecer la sociedad conyugal, entendida como la formación y administración de un patrimonio común, se requiere que los consortes manifiesten expresamente su voluntad y además formulen capitulaciones matrimoniales, es evidente que no puede existir un régimen similar a la sociedad conyugal en el concubinato, el que por su propia naturaleza de una unión de hecho, excluye toda posibilidad de que haya existido una manifestación de voluntad para formar y administrar un patrimonio común y la formulación de capitulaciones matrimoniales." En tales condiciones, si el supuesto jurídico en que descansa la pretensión del quejoso, es la posesión que dice tener respecto del inmueble donde habita con su concubina, y que aduce será en el que se ejecute la sentencia del juicio agrario de origen; por lo que al no demostrarse dicha posesión, resulta evidente la falta de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Cobra aplicación la Jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 32, agosto de 1990, Octava Época, visible en la página 20, con número de registro 820175, cuyo rubro y texto, son: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985).- De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Por tanto, acorde al principio de tutela judicial efectiva, consagrado por el artículo 17 de la Constitucional, que prioriza que la justicia sea pronta y eficaz, resulta procedente desechar la demanda de amparo en análisis, toda vez que el quejoso basa su pretensión y causa generadora de la posesión del inmueble que defiende, de la relación de concubinato que lo une con la demandada del asunto litigioso y no en algún acto jurídico a través del cual haya adquirido la posesión, y que pudiera ser objeto de análisis en la secuela procesal. Aunado a que se advierte que la promoción de este juicio de amparo podría implicar una práctica dilatoria del juicio agrario 1408/2013, toda vez que en primer término no existe identidad entre el inmueble donde dice habita con su concubina y el descrito en los instrumentos notariales que anexa a su demanda y en los que aduce consta la compra venta del inmueble que defiende, ni tampoco de éstos dos con el que fue materia de controversia en el juicio agrario de origen. Lo anterior, tal como lo manifiesta la quejosa Ricarda Cruz López (parte demandada en el juicio agrario), en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 408/2022 del índice de este juzgado, en la que aduce que la imposibilidad que tiene de dar cumplimiento a la sentencia de diez de mayo de dos mil diecinueve, toda vez que no existe identidad entre el inmueble objeto de la controversia y el inmueble del que es propietaria, esto es el ubicado en la primera de rayón, número cinco, en San Juan Bautista Guelache, Etla, Oaxaca; dato que se invoca como hecho notorio para los efectos legales correspondientes. Además que los instrumentos notariales exhibidos por el quejoso para acreditar su interés jurídico, marcados en los incisos c) y d), fueron tomados en cuenta por el Tribunal Agrario responsable al dictar sentencia; respecto de los cuales si bien no declaró su nulidad, esto fue porque de los mismos no encontró identidad con el bien reclamado por la actora y se referían a medidas y colindancias distintas (fojas 41 y 42 de la sentencia agraria). En ese contexto, al no acreditarse la vulneración al derecho que aduce la parte quejosa, respecto del inmueble que señala en su demanda de amparo, esto es, el interés jurídico para comparecer al presente juicio; consecuentemente, es clara la actualización de la causal de improcedencia en principio invocada, en esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, Materia Común, página 1631, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio y autorizados. Se tiene como como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, el que indica la parte quejosa. Ahora, debido a que el quejoso proporciona su correo electrónico y número telefónico, para recibir notificaciones, se le informa que las mismas le serán realizadas en el domicilio precisado en su escrito, por lo que si desea que tales notificaciones se realicen en tal correo electrónico, deberán proporcionar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se le tiene proporcionando dicho medio de contacto con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación del expediente. Tomando en consideración que conforme al Acuerdo General 21/2020 existe la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes; sin embargo, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. En consecuencia, se exhorta a las partes, con excepción de la parte quejosa, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), lo que les permitirá presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Adicionalmente, se solicita a las partes autoridades proporcionen un correo electrónico o un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención a las partes mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido por la licenciada Dulce María Cruz Ramírez, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

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